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El Congreso de los Diputados se prepara para debatir una iniciativa impulsada por el Partido Popular (PP) esta semana. La propuesta busca que la Cámara inste al Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026. Además, el PP aconseja que este proyecto incluya diversas ayudas y rebajas fiscales en sectores clave como la educación y la vivienda. La moción presentada por el PP surge como consecuencia de una interpelación realizada en la anterior sesión plenaria a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. En esta, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo denuncia que el Ejecutivo ha pasado los últimos tres años sin entregar nuevos presupuestos generales. Actualmente, los presupuestos de 2023 permanecen vigentes y se han prorrogado automáticamente debido a la ausencia de nuevas propuestas. La propuesta del PP urge al Gobierno a elaborar un proyecto presupuestario que incluya medidas para ayudar a las familias y facilitar la recuperación de las clases medias Una de las medidas destacadas dentro de esta propuesta es la financiación para garantizar la gratuidad efectiva de la educación infantil, desde cero hasta tres años, en todos los centros educativos. Esto se plantea como una iniciativa de equidad. También se contemplan medidas específicas para facilitar el ahorro y el acceso a la vivienda, dirigidas especialmente a los jóvenes, junto con una ayuda de 600 euros anuales destinada a personas celíacas. Asimismo, el PP propone ajustar a la inflación el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), modificando al menos los tres primeros tramos. También se sugiere una revisión de las deducciones por maternidad, familia numerosa y personas con incapacidad, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo que provoca la progresividad en frío.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha anunciado la concesión de una sustanciosa ayuda de 241.920.000 euros para un proyecto de hidrógeno renovable liderado por Iberdrola en Puertollano, Ciudad Real. Este proyecto, orientado a la producción de amoníaco y fertilizantes verdes, se desarrolla en colaboración con Fertiberia. Es parte del componente 9 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, y ha sido el más beneficiado en una convocatoria que otorga un total de 794 millones de euros. Este financiamiento será distribuido entre siete iniciativas en España enfocadas en la producción y uso intensivo de hidrógeno renovable a gran escala, seleccionadas por la Comisión Europea bajo el proyecto Hy2Use del Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI). Las comunidades autónomas beneficiadas incluyen Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y el País Vasco, impulsando la creación de cinco valles de hidrógeno y dos aplicaciones industriales innovadoras. El proyecto de Iberdrola tiene como objetivo principal reducir las emisiones mediante una instalación que producirá y suministrará hidrógeno y oxígeno verde para la fabricación de amoníaco y otros usos industriales. Se ejecutará en dos fases, con electrolizadores de una capacidad total de 220 MW, y generará hasta 25.400 toneladas de hidrógeno renovable y 203.200 toneladas de oxígeno renovable anualmente. La energía requerida provendrá de dos plantas solares fotovoltaicas de 35 y 325 MW. El proyecto de hidrógeno renovable busca crear un «clúster» para la integración masiva de producción, transformación y consumo. La inversión total asciende a 471.422.103 euros y las intervenciones deben completarse antes del 30 de septiembre de 2029. Los beneficiarios deben demostrar la inversión dentro de un plazo de seis meses desde la publicación de la resolución y justificar el uso correcto de los fondos. Repsol también ha resultado beneficiaria, captando 315 millones…
El Gobierno ha anunciado la asignación de 839,7 millones de euros procedentes de los fondos europeos Feder 2021-2027 a un total de 143 proyectos preseleccionados en la reciente convocatoria de ayudas a proyectos de inversión en almacenamiento. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, dio a conocer esta importante decisión durante las IV Jornadas Economía Circular y Energías Renovables de ‘elDiario.es’. Éxito de la convocatoria y aumento del presupuesto El éxito de la convocatoria, que recibió un total de 1.750 solicitudes, obligó a aumentar un 20% el presupuesto inicial de 700 millones de euros. El Ministerio informó que se preseleccionaron proyectos en diversas categorías: almacenamiento hibridado (81 expedientes), baterías standalone (42), almacenamiento térmico (17) y bombeos (3). "En total, los proyectos seleccionados contribuirán con 2,4 gigavatios (GW) de potencia adicional y 8,9 gigavatios hora (GWh) de capacidad de almacenamiento" según detalló la ministra Aagesen. Estas nuevas instalaciones, una vez operativas, proporcionarán mayor flexibilidad al sistema eléctrico. Además, favorecerán la integración de energías renovables, acelerando así la descarbonización al asegurar el suministro de energía más barata y sin emisiones. El plazo máximo para la ejecución de estas actuaciones es de 36 meses a partir de la concesión definitiva de la ayuda, y deberán estar concluidas antes del 31 de diciembre de 2029. Distribución de proyectos y mecanismos de financiación El programa de incentivos, conocido como Pinalm, se financia con fondos europeos del programa Feder 2021-2027, gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Las ayudas se distribuyen por comunidades autónomas, asignando más dotación a aquellas consideradas menos desarrolladas o en transición. Andalucía, con 39 proyectos, y Cataluña, con 17, son las comunidades autónomas con el mayor número de proyectos admitidos en la propuesta de resolución provisional.…
La directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Laura Fernández, ha puesto en evidencia que la vinculación de las ayudas y políticas públicas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al índice de precios del alquiler puede resultar «perniciosa». Según Fernández, esta estrategia desincentiva el uso de tales medidas y limita su efectividad, lo que afecta negativamente a los propietarios que buscan beneficiarse de las ayudas para rehabilitar sus propiedades. Implicaciones del índice de precios del alquiler Durante el Foro ‘El Serpavi, a examen: implicaciones para el mercado del alquiler’, organizado por Asval y ACI, se exploraron las limitaciones del Sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda (Serpavi). La presidenta de Asval, Helena Beunza, destacó que el índice no es un verdadero reflejo de los precios de mercado y presenta «limitaciones estructurales». Esto invalida su uso para regular el mercado del alquiler. Ricardo Martí-Fluxá, presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), advirtió acerca de las «deficiencias metodológicas» del índice, puntualizando que este recoge precios que se sitúan un 40% por debajo del mercado en algunos casos. Estas fallas metodológicas derivan de su dependencia de las declaraciones del IRPF, excluyendo así contratos de alquiler de no residentes, personas jurídicas y otras fuentes de ingreso. Posibles efectos adversos en el mercado inmobiliario Los expertos también han expresado su preocupación acerca de la extensión de los topes de precios de alquiler a modalidades de alquiler temporales y por habitaciones, alerta que podría «complicar aún más el acceso a la vivienda». Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada, advierte sobre el impacto negativo de aplicar estos índices a viviendas de uso turístico, recordando su aportación significativa al PIB de ciudades como Barcelona. La respuesta a la disminución de la vivienda debe venir de un incremento exponencial de…
Faconauto ha subrayado recientemente la urgencia de implementar medidas inmediatas y fondos adicionales para apoyar a los compradores de vehículos eléctricos en comunidades donde las ayudas del Plan Moves se están agotando. Estas declaraciones surgen en un momento crítico, ya que algunas regiones se encuentran habilitando listas de espera para las ayudas. Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, ha valorado positivamente que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, haya reconocido el éxito del Plan Moves III y se haya comprometido a desarrollar un sistema más eficaz para el próximo año, un movimiento largamente solicitado por el sector. La patronal de los concesionarios ha advertido que la situación actual necesita soluciones urgentes. Según Blázquez, es fundamental adoptar medidas que mantengan el ritmo de penetración de los vehículos eléctricos, una cifra que ya alcanza el 25%, y evitar que la incertidumbre desincentive a los potenciales compradores. «En lo que resta de año, deben activarse mecanismos claros para reforzar la confianza del comprador», insistió Blázquez. Ahora necesitamos actuar con firmeza y agilidad para asegurar que el mercado no pierda el impulso clave que comenzaba a consolidarse. De cara al futuro, Faconauto propone acompañar el nuevo modelo de ayudas con incentivos fiscales u otras estrategias que amplifiquen el impacto de las próximas convocatorias mencionadas por el ministro. Para la patronal, estos incentivos son esenciales para mantener el nivel de matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en España, dado que la demanda todavía depende considerablemente de las ayudas públicas. Faconauto solicita que se establezca una solución sostenible que ofrezca estabilidad a los compradores de estos vehículos en el país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para fomentar el acceso a la vivienda, destacando un programa de ayudas de casi 30.000 euros para alquileres con opción a compra destinado a jóvenes. Este anuncio se produjo durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso, donde dedicó una parte de su discurso a detallar estas nuevas políticas de vivienda. Sánchez se centró en la creación de una ayuda específica que permitirá a los jóvenes residir durante años en viviendas con protección permanente, con la posibilidad de adquirirlas a futuro. "Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola", afirmó el jefe del Ejecutivo. Además, Sánchez anunció la implementación de un seguro de impago de rentas para jóvenes, una medida previamente revelada en enero y que entrará en vigor durante el presente periodo de sesiones. Asimismo, señaló que se introducirán ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de viviendas situadas en áreas rurales. Una de las propuestas más significativas es el compromiso de triplicar el presupuesto que se transfiere a las comunidades autónomas para asuntos de vivienda. Este aumento de recursos está condicionado a que las autonomías se comprometan a fortalecer el régimen de protección oficial en sus territorios, lo que implicaría un esfuerzo conjunto para garantizar el acceso a viviendas asequibles y sostenibles.
La organización sindical CUT ha lanzado una advertencia significativa: la producción de las furgonetas K-9 de Stellantis en Turquía, tanto en su versión eléctrica como térmica, podría tener un «impacto» en el centro de producción de Vigo. Según un comunicado emitido por el sindicato, el ensamblaje en «exclusiva para todos los mercados mundiales» de modelos como el Citroën Berlingo y el Peugeot Rifter fue un «compromiso explícito y vinculante» cuando la Xunta de Galicia concedió ayudas a la compañía. La exclusividad como base del acuerdo El secretario de la sección sindical de CUT en Stellantis, Vítor Manuel Mariño, señaló que la producción para todos los mercados mundiales en el centro de Vigo «no era opcional». Era «la base» sobre la cual se aprobó la ayuda, resaltando que el Gobierno gallego otorgó a Stellantis ayudas que suman 81 millones de euros en 10 años, además de los fondos del PERTE VEC. Desde la CUT exigimos responsabilidad a la dirección de Stellantis y a las administraciones públicas para con los trabajadores, motor principal del sector en la comarca Este posible desvío de la producción a Tofas en Turquía podría contradecir el compromiso original y generar un impacto grave en el centro de Vigo. Consecuencias de un desvío sistemático de producción Mariño subrayó que las recientes acciones de Stellantis revelan un desvío sistemático de la producción a plantas externas, lo cual compromete el acuerdo inicial. Insiste en que está en manos de la clase política exigir el cumplimiento de esos compromisos asumidos. Además, esta «posible deslocalización» podría significar un «incumplimiento» de la nueva ley de la industria y autonomía estratégica de Galicia.
La Junta de Extremadura ha aprobado medidas para compensar los daños ocasionados por los incendios que asolaron la región durante el verano. Estas ayudas están dirigidas al sector turístico, así como a los agricultores y ganaderos afectados. María Guardiola, presidenta de la Junta, destacó durante un Consejo de Gobierno extraordinario, celebrado en Hervás, Cáceres, que se busca «empezar a construir las soluciones y devolver lo antes posible la normalidad» a las zonas afectadas. Las ayudas directas al sector turístico se han fijado en hasta 3.000 euros por beneficiario. En el sector agrario, los agricultores recibirán 3.000 euros por cada hectárea de cultivo perdida, 500 euros por cada unidad de ganado mayor, 100 euros por colmena, y 37 euros por metro lineal de cerramiento dañado. La presidenta aseguraba que el Ejecutivo regional «no va a dejar solos a los afectados», mientras detallaba la solución a corto plazo para los daños causados por el voraz incendio de Jarilla, uno de los más devastadores para la región. Además, se ha establecido una línea específica de préstamos para agricultores y ganaderos con una bonificación del 100% de los intereses, a pagar en tres años, con el primer año como periodo de carencia. De manera complementaria, se facilitará el aprovisionamiento de paja para las explotaciones ganaderas que han perdido pastos. El Consejo de Gobierno ha aprobado compensaciones para el sector cinegético para «aliviar la carga que los incendios han dejado en tantos municipios» de la región Se han anunciado bonificaciones del 100% en la cuota del Impuesto sobre Aprovechamiento Cinegético para cotos de caza que han perdido sus recursos, aplicables en la temporada 2026/2027. Asimismo, se han comprometido a adoptar medidas para que los afectados no paguen tasas cinegéticas y ganaderas si sus actividades han sido interrumpidas por el fuego.
El Gobierno gallego anunció una reunión extraordinaria este viernes en Ourense, la provincia más afectada por una de las olas de incendios más severas en su historia. El principal objetivo será aprobar ayudas destinadas a mitigar los daños causados por el fuego en viviendas, viñas y granjas afectadas. Según fuentes del Gobierno gallego, el propósito de las ayudas es priorizar la reconstrucción de las viviendas habituales de aquellos vecinos cuyas casas hayan sido dañadas o destruidas por las llamas. No obstante, se prevén también fondos para restaurar edificaciones que funcionaban como segundas o terceras residencias. Este esquema de ayudas recuerda al implementado en 2022, durante la anterior gran ola de incendios que afectó a Galicia, especialmente a O Courel (Lugo) y Valdeorras (Ourense). En aquel entonces, las ayudas de la Xunta cubrieron el 100% del coste de reparación de las viviendas quemadas, hasta un máximo de 122.000 euros para primeras residencias, y hasta 61.200 euros para segundas viviendas. Además de la reconstrucción de hogares, las autoridades han expresado la necesidad de actuar con rapidez para evitar retrasos en la reactivación económica de las áreas afectadas. La restauración de viñas y granjas afectadas se incluirá también dentro del paquete de ayudas que proyecta la Xunta. Las ayudas que aprobará la Xunta serán «plenamente complementarias» con las del Ejecutivo central El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado la necesidad de «agilizar al máximo» estas ayudas. En un comunicado, Rueda se comprometió a que las ayudas del gobierno autonómico estén disponibles a partir del sábado en el Diario Oficial de Galicia (DOG). «Rapidez en convocarlas, sencillez en la tramitación y rapidez en pagarlas», enfatizó, subrayando la urgencia de atender a las personas que han perdido sus hogares lo antes posible.
La catástrofe medioambiental y agrícola provocada por los incendios en Extremadura ha llevado al presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, a exigir una respuesta inmediata de las administraciones. La urgencia radica en el suministro gratuito de paja para los ganaderos, quienes han perdido los pastos esenciales para alimentar a sus animales, en especial a los rumiantes. Asaja solicita que las administraciones locales, como la Junta, la Diputación Provincial y los ayuntamientos, actúen con rapidez en esta situación. Además de la petición de paja, García Blanco solicita ayudas para reparar cobertizos dañados, alambradas, instalaciones y maquinarias afectadas por los incendios. Un elemento crítico para Asaja es la rapidez con la que la Junta de Extremadura determine la calificación agrícola de las superficies quemadas, lo cual es esencial para iniciar reparaciones y solicitar compensaciones. La ayuda «más importante» según Asaja es que el ministro de Agricultura considere excepción total, por causa de fuerza mayor, la superficie afectada a los incendios y se pueda cobrar la PAC Esta consideración es vital, ya que, según la legislación actual, dichas tierras quedarían excluidas de recibir este apoyo financiero. A esto se suma la reciente declaración del Gobierno, que el jueves anunciará una nueva categoría de «zona afectada gravemente por emergencia de protección civil», anteriormente conocida como zona catastrófica. La solicitud de Asaja abarca la implementación de IRPF del 0% para los afectados, condonación de la Seguridad Social durante dos años y exención del IBI en las superficies quemadas. Entre las medidas solicitadas, destaca que los derechos de carbono generados por la reforestación vayan directamente a los agricultores y ganaderos, así como compensaciones económicas por las pérdidas sufridas: 150 euros por hectárea de cultivo herbáceo. 400 euros por hectárea de olivar. 1,200 euros por hectárea de cerezos. En el ámbito ganadero, Asaja pide 1,500 euros…