Comisión Europea

La Comisión Europea ha reafirmado su postura de haber tomado todas las medidas necesarias para tranquilizar a los gobiernos europeos en relación con el acuerdo de libre comercio con Mercosur, enfatizando su rentabilidad para la Unión Europea (UE). En las próximas semanas, se espera que se disuelvan las dudas que impidieron su firma, lo que permitiría que el pacto pueda ser suscrito a comienzos de enero. Según Olof Gill, portavoz comercial de la Comisión Europea, se han realizado todos los esfuerzos para asegurar a los Estados miembro, consumidores y agricultores, dejando un acuerdo sobre la mesa que los países pueden apoyar con confianza. Aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no pudo formalizar el acuerdo durante la cumbre de Mercosur debido a la resistencia de Francia y las dudas de Italia, existe un compromiso para desbloquear la situación a inicios de enero. Gill ha mencionado que los gobiernos europeos han solicitado más tiempo para evaluar las aclaraciones y convencerse de los detalles -incluidas las salvaguardas acordadas recientemente- antes de otorgar su visto bueno. Bruselas sigue en contacto con los países miembros para avanzar en la aprobación, buscando poder firmar el pacto a principios de 2024. Gill ha concedido que son conscientes de que «la última milla antes de la línea de meta es siempre la más difícil» y consideran «manejable» un retraso de semanas La Comisión Europea está trabajando en medidas de acompañamiento que no reabren el acuerdo, pero que aseguran su correcta implementación. Estas medidas incluyen el refuerzo de controles aduaneros para verificar que los productos que llegan al mercado común cumplen con los estándares fitosanitarios de la UE. Además, se han introducido cláusulas para asegurar iguales estándares de producción en un futuro. El proceso, que ya lleva 26 años en negociación, es considerado de…
La Comisión Europea ha expresado su preocupación por los nuevos aranceles provisionales anunciados por China sobre las importaciones de productos lácteos procedentes de la Unión Europea. Los gravámenes, que oscilan entre el 21,9% y el 42,7%, han sido calificados por Bruselas como «injustificados». A partir de una investigación iniciada en agosto de 2024 por la Asociación Láctea de China y la Asociación de la Industria Láctea de China, el Ministerio de Comercio chino determinó preliminarmente que los productos lácteos importados desde la UE fueron subvencionados, causando así un «daño sustancial» a la industria china. Como resultado, se implementarán «medidas provisionales antisubsidios» a partir del 23 de diciembre. La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado estipuló que estas medidas tomarán la forma de derechos de depósito compensatorios, a ser abonados en la Aduana de la República Popular China según las tasas de subvención ad valorem para cada empresa. Los productos afectados incluyen desde queso fresco hasta leche y nata, con tarifas que alcanzan hasta el 42,7% para ciertas filiales de FrieslandCampina. Entre los productores europeos afectados se encuentran empresas españolas como Campo de San Juan, CAPSA, Innolact, Lácteos Industriales Agrupados e Industrias Lácteas de Mollerusa, enfrentando un arancel provisional del 28,6%. El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, expresó en rueda de prensa que la evaluación de la Comisión Europea considera que la investigación china se basa en «acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes». Por ello, las medidas adoptadas por China son vistas como una violación de las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hacemos todo lo que está en nuestra mano para defender a los agricultores y productores de la Unión, así como a la Política Agraria Común (PAC), del uso injusto que China hace de los instrumentos de defensa comercial. El Ejecutivo comunitario ha indicado…
La Comisión Europea ha dado luz verde este miércoles a la última adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, un documento esencial financiado con los fondos europeos ‘Next Generation EU’. Esta aprobación busca simplificar el despliegue de estos recursos antes de que finalice el plazo del mecanismo, a fines de 2026. El Gobierno, tras su revisión, ha decidido reducir a 22.800 millones de euros los préstamos solicitados, un poco más del 25% de los créditos inicialmente asignados. Para el Ministerio de Economía, este respaldo de la Comisión Europea es una clara señal de la buena marcha del Plan. La recta final de la implementación de los fondos europeos comienza, teniendo presente que, mientras que el 31 de agosto de 2026 es el último día para realizar inversiones, el plazo final para certificar gastos es el 31 de diciembre de 2026. "Gracias a la simplificación del Plan, el Gobierno de España ejecutará el tramo final de los fondos europeos y ultimará las inversiones que garantizan la modernización de la industria, el sector tecnológico y los servicios públicos", según ha destacado el departamento dirigido por Carlos Cuerpo. Aunque el plan mantiene su ambición original, se han revisado 160 medidas con miras a simplificar procesos y disminuir las cargas administrativas. Entre estas medidas, 17 reformas con rango de ley han sido eliminadas; 12 de estas no están relacionadas con recomendaciones específicas para España ni con problemas estructurales identificados. Un ejemplo destacado es la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que ahora se desvincula de los fondos europeos tras estar un año estancada en tramitación parlamentaria. En otros casos, las reformas han sido sustituidas por otras de «similar ámbito y ambición», enfocándose en áreas prioritarias identificadas por la Comisión Europea, tales como vivienda y sanidad. Pese a estos…
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se presentará este miércoles en el Congreso para proporcionar información sobre la reciente revisión gubernamental de los hitos legislativos vinculados a los fondos europeos. El objetivo principal es asegurar que España reciba la mayor cantidad posible de estos fondos antes de que se agoten en 2026. Aunque apenas ha transcurrido un mes desde su última intervención, y en un contexto en el que aún no era obligatorio según la normativa, Cuerpo se presentará nuevamente ante la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para la Unión Europea. La finalidad es ofrecer detalles sobre la adenda que el Consejo de Ministros ha aprobado para revisar un total de 160 medidas del Plan de Recuperación. Cuerpo ha explicado que esta revisión de medidas se centra en simplificar y facilitar el despliegue completo de las transferencias no reembolsables asignadas a España antes del plazo estipulado de agosto de 2026. Esta solicitud específica fue realizada por la Comisión Europea a los Estados miembros. Específicamente en el ámbito de la vivienda, se ha decidido modificar el hito relacionado con la ley del suelo. De esta manera, se desvincula de los fondos europeos y se consideran otros logros, como la creación de una empresa pública del suelo. En cuanto a la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, esta también ha sido separada de los fondos europeos tras permanecer un año atascada en la tramitación parlamentaria. A pesar de las complejidades dentro del Congreso, uno de los hitos que permanece dentro del Plan de Recuperación es el incremento en la fiscalidad al diésel, una medida que debería recibir aprobación antes de finalizar enero. Además de la revisión de hitos, el Gobierno ha decidido utilizar solo el 25% de los créditos asignados a España, que equivalen a unos…
Stellantis ha criticado las propuestas presentadas por la Comisión Europea para el sector automovilístico, al considerar que no abordan adecuadamente los problemas actuales de la industria. El paquete de medidas sugieren eliminar el veto total a los vehículos de combustión para 2035, permitiendo una producción limitada que no supere un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021. Además, incluyen medidas relacionadas con la industria de baterías y vehículos pesados. En este contexto, Stellantis ha destacado que las propuestas no ofrecen una solución viable para los vehículos comerciales ligeros, que enfrentan una situación crítica, ni cumplen con las flexibilidades para 2030 solicitadas por la industria de turismos. Aunque la empresa reconoce que el actual marco reglamentario no es adecuado para una transición energética favorable para la industria automovilística europea, cree que la revisión del objetivo de reducción de CO2 para 2035 es un paso importante. A pesar de esto, Stellantis considera que, tal como está planteado actualmente, el paquete no favorecerá la producción de vehículos asequibles para la mayoría de los clientes. Por otro lado, la compañía ha alabado la creación de una nueva categoría de coches pequeños y asequibles con diversos beneficios, así como el apoyo a la cadena de valor europea de las baterías, que consideran crucial. La iniciativa de flota corporativa verde también proporcionará un impulso útil a la demanda de vehículos con bajas emisiones Stellantis, con profundas raíces industriales en Europa, ha manifestado su apoyo al principio de contenido local. Sin embargo, ha señalado que, sin una definición clara, el paquete continúa incompleto al respecto. La empresa se ha comprometido a colaborar constructivamente con todas las partes interesadas para adoptar la legislación necesaria lo más pronto posible en 2026.
El Partido Popular (PP) ha mostrado su apoyo al nuevo Plan Europeo para la Vivienda Asequible que la Comisión Europea presentará este martes. El enfoque del plan se centra en reducir la burocracia en la construcción de viviendas, una medida que el PP considera como una «reprobación» a las políticas implementadas por el Gobierno actual de Pedro Sánchez. Fuentes del PP han destacado que el plan de Bruselas fomenta la no intervención de precios, la construcción de más viviendas y la simplificación de las regulaciones. Según el partido, estas medidas reflejan una sintonía con las políticas de sus comunidades autónomas, que apuestan por no fijar topes a los precios del alquiler por considerarlos ineficaces y contraproducentes. La Comisión Europea se alinea con nuestras políticas al no intervenir ni fijar los precios de alquiler, abogando por soluciones basadas en análisis y datos Además, la formación política ha señalado que el plan europeo tiene como objetivo acelerar la construcción de viviendas, destinar fondos específicos a la vivienda asequible, y crear una «nueva categoría de vivienda asequible» que permitirá a estas viviendas beneficiarse de ayudas estatales de la Unión Europea. Por otro lado, el Partido Popular ha criticado duramente el balance de gestión del Gobierno de Sánchez, calificándolo de «desolador». La formación asegura que el Ministerio de Vivienda ha dejado sin ejecutar el 68% de su presupuesto y se ha renunciado a 4.000 millones en préstamos de la UE destinados a vivienda social y alquiler asequible. Asimismo, el PP denuncia la creación de la empresa pública Casa47, etiquetándola de «inservible» y argumentando que supone un coste para los ciudadanos de 16.000 millones. Los siete años de Pedro Sánchez en Moncloa solo han servido para reducir la oferta de vivienda y aumentar los precios, que han subido más del 50% señalan desde la formación…
La Comisión Europea ha presentado un ambicioso plan de vivienda asequible para hacer frente a la crisis habitacional en Europa, enfocándose en aumentar la financiación, reducir la burocracia y acelerar la construcción de viviendas. Este plan, sin embargo, no incluye límites a los precios del alquiler ni la creación de un fondo común europeo, demandas de países como España. Aunque el Ejecutivo comunitario no planea intervenir directamente en las zonas tensionadas, sí ofrece a los gobiernos herramientas para actuar en las áreas con mayor presión, especialmente en alquileres de corta duración. La expansión de los alquileres de corta duración ha reducido la disponibilidad de viviendas para residentes locales en varias ciudades, especialmente en zonas urbanas y turísticas. Sin plantear límites europeos, la Comisión se remite al reglamento aprobado en 2024 que entrará en vigor en 2026, buscando reforzar la transparencia y el intercambio de datos entre plataformas y administraciones. Además, se anuncia una futura iniciativa legislativa para ofrecer un marco jurídico claro que facilite la adopción de medidas proporcionales en áreas de alta presión habitacional por parte de autoridades locales. Construcción de 650.000 viviendas adicionales al año Otro pilar del plan de la UE es incrementar la oferta de vivienda. Bruselas estima que es necesario construir 650.000 viviendas adicionales al año durante la próxima década, sumado a las 1,6 millones ya construidas anualmente. Para lograrlo, apuesta por reducir la burocracia, acelerar los procesos de planificación y concesión de licencias, y fomentar normas técnicas más armonizadas para disminuir costes y plazos de construcción. También se impulsa una estrategia europea para la construcción que prioriza la productividad del sector y promueve la vivienda modular y prefabricada, crucial para acortar tiempos y costes. La Comisión Europea reconoce que la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales…
La Comisión Europea ha propuesto este martes modificar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035. La nueva propuesta permite una producción «limitada» de dichos vehículos, que no superen un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021. Esta iniciativa responde a las presiones de la industria y de Alemania, mientras que desoye las peticiones de España y Francia de mantener los objetivos originales. La oferta de Bruselas representa un paso inicial y aún debe ser negociada entre el Consejo y el Parlamento Europeo para su adopción final. Fuentes comunitarias han subrayado que cualquier margen debe ser «compensado completamente» por los fabricantes con «créditos» obtenidos a partir del uso del llamado «acero verde» de la UE o de biocombustibles. Aseveran que esta flexibilidad no altera el objetivo final de alcanzar la neutralidad climática en 2050. El margen del 10% permitirá a los coches híbridos y de combustión interna seguir siendo relevantes junto a los eléctricos e hidrógeno. El vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha definido este cambio como un «salvavidas» para el sector automovilístico de la Unión Europea. «Usamos todos los recursos a nuestro alcance: simplificación, flexibilidad, preferencia europea, apoyo específico e innovación», ha destacado. Por su parte, el comisario económico, Valdis Dombrovskis, ha advertido que la industria automotriz europea se encuentra en una «encrucijada» y ha pedido actuar rápidamente. Alineado con el nuevo enfoque, Bruselas invertirá 1.800 millones de euros en un plan para la producción de baterías para vehículos eléctricos. Esta inversión busca desarrollar una cadena de valor completa dentro de la UE. Además, la Comisión se enfoca en simplificar la legislación para reducir costes y burocracia en el sector automotriz. Estamos decididos a mantener el rumbo, continuar nuestro compromiso y proporcionar a nuestra industria las normas simples,…
La Comisión Europea ha decidido este lunes imponer una multa de 72 millones de euros a cinco entidades del sector de las baterías de arranque, tras descubrir que formaron un cartel ilegal que restringió la libre competencia y elevó los precios en los mercados del automóvil y camiones dentro de la Unión Europea. Las entidades involucradas incluyen a la asociación comercial Eurobat y a los fabricantes Exide, FET –incluyendo Elettra–, Rombat y Clarios (antiguamente conocido como JC Autobatterie). Estas organizaciones, según la investigación, participaron en prácticas ilícitas que se extendieron por un periodo de doce años y medio. Cabe destacar que el fabricante Exide enfrentará la penalización más elevada, superando los 30 millones de euros. Por su parte, Clarios ha sido exonerada de todo pago gracias a su colaboración con la investigación de la Comisión Europea. Este organismo ha otorgado a Clarios «inmunidad» por revelar qué otras empresas formaban parte del acuerdo ilegal. En su investigación, Bruselas constató que los cuatro fabricantes, con la ayuda de la asociación, pactaron crear primas calculadas sobre el precio del plomo Las baterías de arranque para automóviles, primordiales en vehículos con motor de combustión interna como turismos y camiones, resultaron ser el centro de esta investigación de Bruselas. Se descubrió que los involucrados idearon primas basadas en el costo del plomo – principal componente de estas baterías – utilizando estas referencias en sus negociaciones con clientes. Pese a que los márgenes de beneficios son utilizados legítimamente por proveedores para adaptarse a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, la Comisión Europea ha dejado en claro que coordenarse secretamente para convertir esos márgenes en un estándar a nivel industrial es una práctica ilegal y sancionable.
Greenpeace ha intensificado su presión sobre la Comisión Europea para conservar la fecha límite de prohibición para la venta de vehículos nuevos de combustión en 2035, conforme al plan inicial de la Unión Europea sobre emisiones de CO2. La organización ecologista ha señalado con preocupación que esta restricción puede estar en riesgo debido a la influencia de Alemania y otros países. Críticas han surgido desde varios frentes hacia la decisión de la Comisión Europea de reducir solo en un 90% las emisiones de CO2 para vehículos de combustión, en contraste con el compromiso original del 100%. Este cambio podría permitir la circulación de nuevos motores de combustión hasta 2040. Greenpeace alerta que «la supresión de la fecha de caducidad de los vehículos de combustión sólo atiende a los intereses económicos a corto plazo de los fabricantes europeos de coches y perjudica al clima y a toda la sociedad» La organización apoya al Gobierno español, tras la carta enviada por el presidente Pedro Sánchez a Ursula von der Leyen, solicitando que se preserve el nivel actual de ambición en los objetivos de emisiones de CO2 para la industria automovilística. En la próxima semana, Bruselas presentará las conclusiones del Diálogo Estratégico con la industria automovilística europea, y Greenpeace insta al Ejecutivo a ser firme contra cualquier intento de moderar los objetivos en el Consejo Europeo. Desde Greenpeace, enfatizan que «cualquier retroceso es inaceptable y una traición para las generaciones futuras». La responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace España, Cristina Arjona, declaró la importancia de liderar la defensa del 2035 sin excepciones. Esto no solo contribuiría a la protección de la salud pública y la lucha contra la emergencia climática, sino también a evitar el estancamiento de la industria automovilística europea frente a la competencia asiática. El director ejecutivo de Greenpeace…