comunidades autónomas

El análisis del portal inmobiliario pisos.com revela que el premio del ‘Gordo’ de Navidad permite adquirir una vivienda tipo en 15 de las 17 comunidades autónomas de España, a excepción de Madrid y Baleares. Según el informe, mientras que en algunas provincias el premio permite ahorrar más de 200.000 euros tras la compra, en otras ni siquiera alcanza para un piso de 90 metros cuadrados. El valor del premio y su impacto en la compra de viviendas Un décimo ganador del ‘Gordo’ tiene un valor bruto de 400.000 euros, dejando al ganador con 328.000 euros netos tras impuestos. Con esto, es posible comprar una vivienda que, de media nacional, cuesta 239.627 euros, dejando un remanente de 88.373 euros después de la compra. Ferran Font, portavoz y director de estudios de pisos.com, explica que «es habitual» que los premiados consideren la compra de una vivienda, pero subraya que las diferencias de precio entre territorios son significativas. Comunidades como Extremadura (83.557 euros de media por una vivienda de 90 metros cuadrados), Castilla-La Mancha (94.247 euros) y Galicia (145.801 euros) permiten adquirir un inmueble sin financiación y conservando buena parte del premio. Sin embargo, en Baleares faltarían 178.313 euros para cubrir el coste medio de 506.313 euros por una vivienda, y en Madrid, el déficit asciende a 118.858 euros para alcanzar un valor medio de 446.858 euros. La brecha entre territorios es enorme Provincias destacadas donde el premio proporciona un significativo ahorro son Ciudad Real, Jaén, y Zamora, con viviendas por debajo de los 80.000 euros. En contraste, en lugares como Donostia se necesitarían dos premios del Gordo para adquirir una vivienda tipo, con un valor de 654.111 euros. Desigualdades territoriales en el mercado inmobiliario De las 50 provincias analizadas, en 46 es posible adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados con el…
El presidente de la Mesa de Turismo de España, Juan Luis Molas, destacó en el Forbes Travel Summit 2025 la inmensa contribución del turismo a la economía española, señalando que representa un 21% del PIB. Según sus declaraciones, este porcentaje se compone de un 13,4% de impacto directo generado por el sector turístico y un 7% de impacto indirecto de sectores relacionados como el alquiler de coches y la cervecería. Molas comparó los ingresos turísticos de España con los que Rusia obtiene del petróleo, subrayando este hecho para contrarrestar las críticas relacionadas con la «turismofobia». El presidente aseguró que 2025 será «el mejor año de la historia» para el turismo en España, igualando o incluso superando los logros de 2024. Ante el marco de alcanzar la barrera de los 100 millones de turistas, Molas expresó su entusiasmo por ir más allá, aspirando a recibir hasta 120 millones de visitantes. Sin embargo, puntualizó la importancia de redistribuir este incremento durante los meses de baja ocupación—enero, febrero, marzo y diciembre—con el objetivo de aumentar en cinco millones los turistas en cada uno de estos meses. Molas también se refirió a la concentración de turistas en varias comunidades autónomas. En 2024, el 84% de los 95 millones de turistas se concentraron en solo seis regiones. «Con lo cual, en lugar de 100 millones, que vengan 120 millones en los meses que he dicho y repartido en el resto de comunidades», propuso. Según Molas, se debería incentivar a los turistas a visitar lugares menos tradicionales como Soria, Burgos, Palencia y Zaragoza, entre otros, para fomentar un turismo más equilibrado en todo el territorio. Esto, afirmó, beneficiaría a todas las comunidades autónomas y contribuiría a un crecimiento sostenible del sector.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que busca ofrecer seguridad a los propietarios de viviendas mediante una cobertura especial para protegerlos de eventuales impagos de rentas de alquiler, específicamente para contratos firmados con jóvenes menores de 35 años y personas vulnerables. Esta medida será gestionada por las comunidades autónomas de régimen común, así como por las ciudades de Ceuta y Melilla, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para estos colectivos. Requisitos y gestión de las comunidades autónomas Para optar a esta cobertura, los arrendadores deben cumplir varios requisitos: firmar contratos con los grupos mencionados, asegurar que las rentas no superen el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria y suscribir un compromiso relativo al aval. Además, las comunidades autónomas podrán establecer criterios adicionales si lo consideran necesario, ya que son las responsables de gestionar estos avales y coberturas. El aval cubrirá el impago de rentas y eventuales daños al inmueble, además del coste de los suministros adeudados. Los beneficiarios incluyen no solo personas físicas, sino también comunidades si estas tienen un seguro acordado con los arrendadores. Hasta ahora, no se ha aprobado una línea presupuestaria específica ni se ha detallado el importe disponible, pero los contratos vigentes serán cubiertos hasta el 30 de enero de 2025. Compromiso gubernamental Además, las comunidades autónomas deberán informar semestralmente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre la aplicación de estas coberturas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, expresó que esta medida busca proporcionar garantías reales a los propietarios, evitando discursos que «alimentan el miedo» en el sector inmobiliario. Este real decreto responde a una promesa hecha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras peticiones recibidas de Junts, con una dedicación especial hacia los arrendamientos a segmentos jóvenes y vulnerables de la sociedad.
El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas. Este movimiento implica que el Estado asumirá un total de 83.252 millones de euros, lo que representa una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. Así lo ha confirmado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Plan de ahorro e inversión social El Ejecutivo calcula que los gobiernos regionales podrán llegar a ahorrarse hasta 6.700 millones de euros en intereses. Este ahorro, según el Gobierno, podrá redirigirse a fortalecer políticas sociales en áreas clave como sanidad, educación o dependencia. Impacto y reacciones de las comunidades autónomas Entre las comunidades autónomas más beneficiadas por esta medida se encuentran Andalucía y Cataluña, seguidas por la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, entre otras. Sin embargo, en este reparto no se consideran Euskadi y Navarra debido a su distinto régimen fiscal. No obstante, estas comunidades han expresado su interés en obtener una compensación similar basada en sus regímenes forales. A pesar del escepticismo del Partido Popular, el Gobierno confía en que las comunidades gobernadas por este partido se adherirán eventualmente a la quita. Se espera que la normativa sea presentada al Congreso antes de finalizar el año, con el objetivo de ser aprobada durante el primer trimestre de 2026. Una vez que la ley esté aprobada, se establecerá un período lo suficientemente amplio para que las comunidades autónomas que deseen puedan acogerse a la condonación El Ministerio de Hacienda, por su parte, aún no ha asegurado todos los votos necesarios para el trámite parlamentario, dado que algunos socios, como Junts, han manifestado objeciones al plantear que la medida debería ser más equitativa. La metodología de la condonación…
El reciente estudio de UVE Valoraciones arroja luz sobre el desfase existente entre el crecimiento de los precios de la vivienda y el avance económico a nivel nacional. En el segundo trimestre de 2025, este desfase se situó en un 12,8%, cifra que, aunque moderada, llama la atención en comparación con episodios previos como 2007, cuando alcanzó un 44,2%, y 2020, con un 16,9% debido al impacto del confinamiento. A nivel de comunidades autónomas, los últimos datos del Producto Interno Bruto (PIB) son de 2024. En esa fecha, el desfase entre precios y economía era del 8,87% a nivel nacional, superado por regiones como Cataluña con un 15,28% y Madrid con un 14,74%. Cataluña, por el peso del mercado de Barcelona y la influencia de Girona y Tarragona, y Andalucía, destacando Málaga, Cádiz, Granada y Sevilla, son ejemplos de áreas con un desfase por encima del promedio. Los desfases actuales no justifican hablar de burbuja, pero sí muestran tensiones en áreas concretas donde la oferta es insuficiente o la demanda crece con más rapidez que la economía. Según el estudio, Extremadura y Castilla la Mancha son las únicas comunidades donde los precios han crecido muy por debajo de sus economías. Las zonas que requieren mayor vigilancia son Cataluña, Madrid, Baleares y la provincia de Málaga, mientras que Alicante y Valencia merecen atención por el incremento reciente de sus precios. El análisis de UVE Valoraciones identifica que las dificultades para iniciar nuevas promociones podrían estar influyendo en este «gap». En regiones como Cataluña o Cantabria, la escasez de suelo y obstáculos administrativos han ampliado la brecha entre demanda y precios. No obstante, la relación entre desfases y déficits de vivienda es más evidente, siendo Baleares y Madrid ejemplos de ello, mientras que en la Comunidad Valenciana y Murcia, pese a un…
El Ministerio de Función Pública ha anunciado que un total de 4.853 personas están convocadas para los exámenes que se realizarán el sábado 29 de noviembre. El objetivo es acceder a 1.000 plazas de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, como parte de una oferta de empleo público extraordinaria y adicional. Estas convocatorias distribuyen las plazas de manera proporcional al número de vacantes en cada comunidad autónoma. De las plazas ofertadas, 584 están destinadas a secretarios-interventores, 102 a secretarios y 314 a interventores-tesoreros. El Gobierno aprobó esta oferta con el fin de garantizar el «eficaz» desempeño de las funciones en las entidades locales. Para asegurar la distribución equitativa de las plazas, se negoció con todas las comunidades autónomas. Finalmente, se suscribió un convenio de colaboración interadministrativa con Canarias, Castilla la Mancha y Cataluña. Gracias a este acuerdo, estas comunidades pueden, por primera vez, llevar a cabo todo el proceso selectivo, incluyendo las pruebas de acceso y el curso, en sus sedes autonómicas. El Gobierno autorizó esta oferta extraordinaria con el fin de garantizar el «eficaz» desempeño de las funciones reservadas en las entidades locales Las pruebas se llevarán a cabo el 29 de noviembre a las 10:00 horas (9:00 horas en Canarias) en cuatro sedes provinciales: Barcelona, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.
El mercado inmobiliario español ha registrado un aumento significativo en el precio de la vivienda libre durante el tercer trimestre del año. Según la estadística sobre el valor tasado de la vivienda publicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y citada por Europa Press, el coste medio por metro cuadrado se elevó un 12,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, llegando a los 2.153 euros. Este dato representa un hito histórico desde el inicio de la serie en 1995. En términos trimestrales, el precio de la vivienda libre aumentó un 2,9%, superando así el récord anterior establecido en el primer trimestre de 2008, cuando el precio era de 2.101 euros por metro cuadrado. El análisis por comunidades autónomas revela que ningún territorio experimentó una disminución de precios respecto al año anterior. Las mayores subidas anuales se observaron en Cantabria con un impresionante incremento del 15,1%, seguido por la Comunidad Valenciana e Islas Baleares, ambas con un aumento del 14,5%, y Asturias con un 14,1%. Para el periodo de julio a septiembre, Islas Baleares y Cantabria lideraron los incrementos con un 4,4% en ambos casos. Una única excepción a esta tendencia fue Ceuta y Melilla, donde se registró un pequeño retroceso del 0,2% en el precio de la vivienda Si bien estas cifras indican una tendencia alcista en la mayoría de las regiones, el análisis futuro requerirá vigilar factores económicos que pueden influir en la evolución de los precios. La estabilidad económica, la inflación y las políticas gubernamentales serán determinantes para prever si esta tendencia se mantendrá o se ajustará en los próximos trimestres.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha emitido una advertencia crucial: las comunidades autónomas podrían perder capacidad de gasto por un total de 5.485 millones de euros si el Congreso de los Diputados rechaza dos veces la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo. Esta situación cobra relevancia de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Ministerio de Hacienda, se planteó a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% para los años 2026, 2027 y 2028. Este enfoque permitiría a las regiones un margen fiscal que sumaría los mencionados 5.485 millones. Sin embargo, la ministra Montero ha señalado que, de no aprobarse esta senda, se deberá recurrir al Congreso de nuevo. En caso de rechazarse nuevamente, prevalecerán los objetivos delineados en el plan estructural fiscal remitido a la Comisión Europea, que establece un déficit del 0%. Si no hay senda de estabilidad nueva aprobada por el Congreso, estaríamos al equilibrio presupuestario que se preveía en la ley y que se prevé en el plan estructural fiscal Esto implicaría un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros para 2026, lo que se traduce en la pérdida de 5.485 millones de capacidad de gasto para las comunidades autónomas durante todo el periodo, alterando significativamente sus presupuestos. Entregas a cuenta de un año récord Hacienda también ha comunicado a las comunidades autónomas que recibirán el próximo año un récord de 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que representa un 7% más que en 2025. Este incremento es posible gracias a la buena dinámica económica, superando la previsión previa de 156.990 millones comunicada en julio. Si se suma la previsión de liquidación de 2024, la financiación total para las comunidades alcanza…
El Gobierno ha convocado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para este lunes, con el fin de discutir con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas. El propósito es preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que, al día siguiente, se aprobará el límite de gasto no financiero y los objetivos de estabilidad y deuda pública para su envío a las Cortes Generales. El partido Junts ha emitido una advertencia al Gobierno, señalando que, si se presentan los mismos objetivos de estabilidad que fueron rechazados el año pasado, volverán a ser impugnados. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha declarado que debe existir un mayor reparto entre las comunidades autónomas. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que continuará con su «hoja de ruta» hasta 2027, ya sea con nuevos o sin nuevos Presupuestos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) opina que las comunidades autónomas no necesitan un objetivo mayor de déficit, alegando que la tasa del 0,1% es suficiente. Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, ha indicado que el equilibrio presupuestario podría alcanzarse en 2026, por lo que no es necesario aumentar el margen de déficit. Por otro lado, el Consejo de Política Fiscal también discutirá el estado de la reforma del sistema de financiación autonómica, un tema que lleva más de una década estancado. El Ministerio de Hacienda está trabajando en una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica. Se busca un modelo que garantice ingresos simultáneos del IRPF y del IVA tanto para las comunidades autónomas como para el Estado. Actualmente, las comunidades reciben entregas a cuenta basadas en cálculos previos, lo que ha generado críticas. La…
El Gobierno ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este lunes, 17 de noviembre, para discutir junto a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas. Este diálogo es crucial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. La reunión está programada para las 12.00 horas, y posteriormente, el Consejo de Ministros aprobará el límite de gasto no financiero, conocido como el ‘techo de gasto’, además de los objetivos de estabilidad y deuda pública, que serán enviados a las Cortes Generales, según confirmó María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. En un contexto parlamentario complicado, Junts ha anunciado su intención de bloquear las iniciativas del Gobierno, comprometiendo la aprobación de los Presupuestos. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, destaca que, si se presenta la misma senda, la volverán a rechazar insistiendo en la necesidad de un reparto más equitativo entre las instituciones y comunidades autónomas. A pesar de las dificultades, el presidente Pedro Sánchez ha subrayado que continuará avanzando «con nuevos Presupuestos o sin ellos», manteniendo su «hoja de ruta» hasta el final de la legislatura en 2027. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sostiene que las comunidades autónomas no necesitan un objetivo mayor de déficit que el 0,1% planteado el año pasado y no aprobado. Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, participará en la reunión del CPFF sin derecho a voto. Además del debate sobre los objetivos de déficit, el CPFF también discutirá la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión pendiente desde hace más de una década. El Ministerio de Hacienda trabaja en una propuesta para reformar este sistema, buscando que los ingresos del IRPF, IVA y otros impuestos lleguen «a la vez» al Estado y las comunidades autónomas, eliminando…