condiciones laborales

El documento de mejora de las condiciones laborales para los funcionarios ha sido finalmente firmado por CCOO en el Ministerio de Función Pública este viernes. Esta decisión implica un significativo aumento salarial del 11% para casi 3,5 millones de empleados públicos entre 2025 y 2028. Aunque el acuerdo había sido suscrito anteriormente por el Ministerio y los sindicatos UGT y CSIF el pasado 27 de noviembre, la firma de CCOO se había mantenido en espera. El Consejo Confederal de CCOO, el máximo órgano de decisión entre congresos, ha dado su aprobación definitiva al acuerdo. El coordinador general del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, firmó el acuerdo en presencia de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo. Palazzo destacó que el acuerdo mejorará sustancialmente las condiciones retributivas y de empleo, así como los derechos de los empleados públicos. Según él, "este es un paso crucial para reforzar los servicios públicos que se brindan a la ciudadanía". Palazzo añadió que las propuestas de CCOO han sido aceptadas en un 80%, y reiteró el compromiso del sindicato con la clase trabajadora, asegurando que el acuerdo promueve mejoras significativas en derechos y salarios. Esquema de incrementos salariales El acuerdo contempla un aumento salarial total del 11% a distribuirse entre los años 2025 y 2028. Para este año, ya se ha aplicado una subida del 2,5%, que se abonará este diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Durante 2026, los funcionarios recibirán un aumento fijo del 1,5%, con un 0,5% adicional sujeto a la evolución del IPC. En 2027, el incremento será del 4,5% y del 2% en 2028. Por tanto, los empleados públicos podrían experimentar un aumento acumulado cercano al 11,5%, según estimaciones sindicales. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley para asegurar el pago retroactivo desde el…
La Asociación Retail Textil España (ARTE), que aglutina a grandes firmas de moda como Inditex, Mango, Primark y H&M, ha realizado una propuesta que busca revolucionar el sector. En el contexto de la negociación del primer convenio colectivo de grandes cadenas del comercio textil, ARTE ha sugerido un incremento salarial junto con una reducción de la jornada laboral, según ha sido comunicado oficialmente. Recientemente, la patronal textil convocó a los sindicatos para retomar estas conversaciones, lo cual afecta directamente a más de 100.000 trabajadores en el país. La propuesta se presenta como un «avance sin precedentes», mostrando una clara intención de dar un paso decisivo hacia la firma del convenio estatal. Con esta iniciativa, se espera mejorar significativamente las condiciones laborales actuales establecidas por los convenios provinciales. Mejoras salariales y condiciones laborales ARTE ha planteado un incremento general de salarios y una «reducción sustancial» de la jornada laboral. Además, introduce «mejoras significativas» en varias condiciones para los empleados del sector. Los salarios se dividirán en categorías profesionales, con rangos que oscilan entre 17.800 euros y 24.344 euros, incluyendo un aumento anual del 3% durante los tres años de vigencia del convenio. El tramo salarial mínimo para la categoría más representativa de vendedores se establece en 18.800 euros, lo que es un 13% superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 Además, la propuesta garantiza contrataciones mínimas de 24 horas semanales para empleados a tiempo parcial y de seis meses para fijos discontinuos, acciones que mejoran la calidad del empleo en el sector. Conciliación laboral y familiar La propuesta de ARTE también aborda la conciliación laboral y familiar. Se ofrecen mejoras en el régimen de descansos, proponiendo, como regla general, dos días libres a la semana con al menos 10 fines de semana completos al año, aun con la apertura de…
Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo para crear una plataforma digital que actuará como «bolsa de vacantes». Esta iniciativa pretende facilitar la contratación de migrantes antes de su llegada a la Unión Europea y atraer talento a los sectores con mayor demanda. El acuerdo, pendiente de la aprobación del Consejo y del pleno de la Eurocámara, busca emparejar las candidaturas de migrantes desde sus países de origen con empresas europeas que tengan vacantes adecuadas a sus perfiles. Esta plataforma estará abierta a la participación voluntaria de los Estados miembro, quienes podrán agilizar los trámites para la entrada de candidatos que consigan un empleo a través de este sistema. Las vacantes publicadas estarán incluidas en una lista de ocupaciones con escasez de mano de obra en la UE. Cada Estado miembro podrá ajustar esta lista a nivel nacional o regional para contribuir a la competitividad del mercado laboral europeo. El proceso será completamente gratuito tanto para los buscadores de empleo como para los empleadores. Se requiere que los empleadores, incluidas Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y otros intermediarios del mercado laboral, estén legalmente establecidos en la UE y cumplan con todas las legislaciones pertinentes. Los Estados miembro tienen la responsabilidad de garantizar que todas las ofertas de empleo publicadas en la plataforma incluyan condiciones laborales justas y no discriminatorias. En caso de incumplimiento, se tomarán medidas como la suspensión o expulsión del empleador o intermediario . Adicionalmente, las ofertas deben mostrar, como mínimo, el nombre y los datos de contacto del empleador, una descripción del puesto y el lugar de trabajo. Puede añadirse más información, como el salario inicial o una descripción de las actividades de la empresa. Por su parte, los solicitantes de empleo podrán registrarse en la plataforma, creando perfiles visibles para…
El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública retomará las negociaciones con las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, tras las recientes movilizaciones de los funcionarios en diversas ciudades de España. Estas reuniones, programadas para hoy a las 11.00 de la mañana, buscan descongelar la negociación colectiva y evitar así la huelga general que los sindicatos han amenazado llevar a cabo en diciembre. La reunión estará presidida por la Secretaría de Estado de la Función Pública y se centrará en mejorar las condiciones laborales de los 3,5 millones de trabajadores del sector público. Es de destacar que los sindicatos han solicitado al Gobierno una propuesta de subida salarial que considere la inflación y recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos años. A pesar de este avance, los sindicatos han decidido mantener su calendario de movilizaciones. Desde CCOO afirman que «la presión sindical ha dado su primer fruto, pero no vamos a ceder hasta conseguir salarios dignos y servicios públicos de calidad». En relación a esto, CSIF ha exigido que el encuentro comience con una oferta económica concreta, y UGT ha insistido en que la responsabilidad ahora recae sobre el Ministerio liderado por Óscar López. Uno de los puntos clave que los sindicatos presentarán en la Mesa de Diálogo es la garantía de una subida salarial para 2025 y un acuerdo plurianual que asegure incrementos salariales alineados con la inflación. En este contexto, CSIF sugiere que los sueldos se ajusten automáticamente cada año, similar al modelo de pensiones, mientras que UGT y CCOO abogan por una subida «por encima del IPC real». Las organizaciones sindicales han rechazado que la falta de Presupuestos Generales sea una «excusa» para no beneficiar a los empleados públicos y critican la contradicción en el discurso oficial sobre la situación económica del país. Según…
En una demostración de descontento creciente, entre quinientos y mil trabajadores públicos se congregaron este jueves frente al Ministerio de Función Pública en Madrid. Convocados por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, los manifestantes exigen mejores condiciones laborales y un nuevo acuerdo salarial. Esta movilización es parte de una campaña de acciones ascendentes en toda España. «Este ninguneo no se puede soportar», declaró Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, al comenzar las protestas. Junto a él, Miguel Borra, presidente de CSIF, e Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, apoyaron firmemente la reclamación de que la falta de Presupuestos Generales no debería ser una «excusa» para evitar la negociación de un nuevo acuerdo salarial. Araque expresó: «Hoy puede ser el principio de un acuerdo o de una huelga», mientras que Palazzo criticó la contradicción entre afirmar que España «va como un tiro» y mantener congelados los salarios de los empleados públicos. Por su parte, Borra destacó que el Gobierno adeuda ya 2.000 millones de euros este año a los funcionarios y subrayó que en los últimos tres años los trabajadores han perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo, mientras el IPC sigue en aumento. «Nos tienen abandonados», lamentó Borra, exigiendo el desbloqueo inmediato de la mesa de diálogo social para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, expresó sus condolencias a las familias de las cuatro personas que fallecieron en el derrumbe de un edificio en la calle Hileras de Madrid. Durante la sesión de control al Gobierno, la ministra también alertó sobre la alta siniestralidad en el sector de la construcción. Hizo hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de esta industria para evitar tragedias similares en el futuro. En el contexto de la misma sesión, el diputado del Partido Popular, Sergio Sayas, expresó sus condolencias y se sumó al dolor por las víctimas del derrumbe. Sayas aprovechó para reprochar a Rodríguez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió más de 180.000 viviendas durante la campaña electoral, sin que estas se hayan materializado. "¿Dónde están?", cuestionó Sayas. En su turno de réplica, Isabel Rodríguez afirmó haber visitado en las últimas semanas algunas de las promociones prometidas, ubicadas en ciudades como Vitoria, Vigo, Gijón o Lleida. Sin embargo, Sayas mostró escepticismo respecto a las afirmaciones de la ministra, calificando de «cero» el número de viviendas construidas por el Gobierno. Para zanjar el debate, la titular de Vivienda aseguró que el PP solo utiliza ese discurso para «acabar» con el Ejecutivo. Rodríguez declaró que su administración continuará trabajando por el derecho a la vivienda, defendiendo su compromiso para mejorar el acceso a la misma, pese a las críticas de la oposición.
El comité de empresa de Petronor, una filial de Repsol situada en el País Vasco, ha anunciado su intención de movilizarse este viernes en contra de lo que consideran «abusos» por parte de la empresa. Además, están evaluando la posibilidad de convocar una huelga, según se ha comunicado oficialmente. La protesta está programada para las 13:30 horas en el acceso a la refinería de Petronor en la localidad de Muskiz, Vizcaya. Durante la manifestación, el comité de empresa tiene previsto leer un comunicado en el que denunciarán «la situación de abuso e imposición que sufre la plantilla». El comité no descarta aumentar las acciones de presión si no se logra solucionar el conflicto. La opción de ir a la huelga refleja una situación que, según indican, lleva tiempo deteriorándose sin que se tomen medidas correctivas desde la dirección de la empresa. La situación de abuso e imposición que sufre la plantilla es el principal motivo que impulsa estas movilizaciones. El enfoque en mejorar las condiciones laborales es un tema central en las reivindicaciones del comité. Entre las reclamaciones, destacan la exigencia de un entorno laboral más justo y el respeto a los derechos adquiridos por la plantilla. Según los representantes de los trabajadores, la falta de diálogo y acuerdos se ha convertido en una constante que mina las relaciones laborales. La dirección de Petronor, por su parte, aún no ha emitido una respuesta pública sobre la convocatoria de protesta y las posibles acciones de huelga. La comunidad espera que ambas partes puedan llegar a un entendimiento que evite más conflictividad y asegure un entorno laboral positivo y productivo.
Este martes, el Congreso de España abordará un tema de suma importancia para la industria química y del refino: la posibilidad de conceder la jubilación anticipada a sus trabajadores debido a los riesgos asociados a estos sectores. La iniciativa viene de la mano de Esquerra Republicana (ERC), que defenderá su propuesta a través de una proposición no de ley en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. La solicitud de ERC se fundamenta en el reconocimiento del deterioro «físico, mental y social progresivo» que estas actividades profesionales imponen a sus trabajadores, un fenómeno que, según el partido, está «debidamente documentado» por estudios tanto nacionales como internacionales. Condiciones laborales en la industria química y del refino La industria química y del refino es considerada un sector estratégico para la economía española. Sin embargo, las condiciones laborales a las que están sometidos los trabajadores de estos sectores no solo son penosas, sino que también conllevan una alta toxicidad y peligrosidad, características que aumentan con la edad. La legislación española actual ya admite aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación para profesiones con características excepcionalmente peligrosas. ERC sostiene que, a pesar de que la industria química y del refino cumplen con los criterios necesarios para acceder a estos beneficios, hasta el momento no han sido incorporados al listado de colectivos beneficiarios. La formación insta al Gobierno a aprobar un decreto ley que reconozca el derecho de estos trabajadores a una jubilación anticipada equivalente a la peligrosidad y exigencia de su actividad profesional. Propuestas y argumentos de Esquerra Republicana Esquerra Republicana basa su propuesta en la necesidad de equiparar los derechos de los trabajadores de la industria química y del refino con los de otros sectores que ya disfrutan de estas ventajas. Según el partido, la aplicación de coeficientes reductores no solo…
Esquerra Republicana (ERC) ha presentado una iniciativa en el Congreso para solicitar al Gobierno la concesión de la jubilación anticipada a los trabajadores de la industria química y del refino, argumentando los riesgos para la salud presentes en estos sectores. El debate y votación de esta proposición no de ley está programado para este martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. En el documento recogido por Europa Press, ERC detalla que, aunque la industria química y del refino es reconocida como un sector estratégico, sus condiciones laborales implican una exposición a un deterioro «físico, mental y social«. Este deterioro, según el partido, se agrava con la edad de los trabajadores. ERC asegura que este escenario está «debidamente documentado» en estudios nacionales e internacionales Basándose en esta documentación, ERC propone la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para este grupo, similar a lo que ya se establece para otros sectores catalogados como excepcionalmente penosos, peligrosos o tóxicos. La legislación española contempla estos coeficientes para actividades con acreditada penosidad, toxicidad y peligrosidad. A pesar de cumplir con los criterios necesarios, la industria química y del refino aún no ha sido incluida entre las actividades beneficiarias de esta medida. Es por esto que el partido insta al Ejecutivo a desarrollar un decreto ley que establezca la jubilación anticipada para los empleados de estos sectores mediante la aplicación de coeficientes reductores. En palabras de ERC, la acción es necesaria y urgente, considerando el impacto laboral y clínico del entorno de trabajo al que están sometidos los profesionales de la industria química y del refino.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá este viernes en Ourense con representantes sindicales para tratar la situación laboral de los efectivos de extinción de incendios forestales. Este encuentro busca atender las necesidades laborales de estos grupos, un tema en el que Díaz ha insistido sobre la importancia de dignificar sus condiciones y promover políticas de prevención adecuadas. En un reciente acto en Vigo, la ministra calificó de "una barbaridad" el hecho de que los servicios de extinción sean gestionados por entidades privadas. Su interés por este asunto refleja una preocupación genuina por mejorar las condiciones laborales de aquellos que enfrentan el riesgo de los incendios forestales. Además de la reunión con los sindicatos, Díaz también se encontrará con representantes del ámbito de la Economía Social. Este encuentro tiene como objetivo entender de manera directa cómo los incendios han impactado este sector. Ambas reuniones se realizarán en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, ubicada en la calle Parque San Lázaro, programadas a las 10.00 horas y a las 12.30 horas respectivamente. Es fundamental desarrollar políticas de prevención efectivas y dignificar las condiciones laborales de los bomberos forestales Esta jornada subraya el compromiso de Yolanda Díaz con la gestión pública y refuerza su perspectiva de que la gestión de recursos esenciales no debe caer en manos privadas. La ministra sigue abogando por un abordaje integral que incluya tanto el ámbito laboral de los trabajadores como el impacto social y económico que los incendios generan en Galicia. https://capital.es/economia/los-incendios-le-cuestan-a-espana-mas-de-70-000-millones-al-ano/138983/