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La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, una propuesta promovida por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, enfrenta un obstáculo significativo en el Congreso. A pesar de haber sido tomada en consideración hace un año, su avance se ha visto bloqueado por la oposición de Junts, lo cual significa que habrá que esperar a 2026 para conocer su destino definitivo. Una propuesta estancada El objetivo de la ley es incluir los contratos temporales bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, alineándolos con los contratos de vivienda habitual. Este cambio busca evitar el uso desregulado de dichos arrendamientos y seguir las pautas de la Ley de Vivienda del 2023, que actualmente no los contempla. La propuesta fue considerada por la Cámara Baja en diciembre de 2024, pero no fue hasta noviembre de 2025 que se reanudó su tramitación parlamentaria, con la convocatoria de una reunión para examinar las enmiendas presentadas. Este avance coincidió con el anuncio de Junts de bloquear la iniciativa legislativa del Gobierno. Apoyo insuficiente a pesar del respaldo del PSOE y PNV A pesar de la oposición de Junts, la propuesta logró superar la fase inicial de revisión gracias al respaldo del PSOE y el PNV, quedando lista para ser evaluada en la Comisión de Vivienda. Sin embargo, el camino para su aprobación no es fácil. El texto sí tendría apoyo suficiente en la comisión al sumar 19 votos a favor frente a los 18 en contra de PP, Vox y Junts Los proponentes consideraron la posibilidad de otorgar a la Comisión de Vivienda competencia legislativa plena para eludir el Pleno, donde PP, Vox y Junts tienen mayoría absoluta. Sin embargo, esta estrategia no prosperó debido a la presidencia del PP en la Comisión de Vivienda, quien no facilitó tal movimiento. Finalmente, el…
El Congreso de España ha aprobado la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, tras completar la votación de las enmiendas del Senado. Este trámite concluye el proceso legislativo y el texto se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una de las medidas más destacadas, que inicialmente fue propuesta por el Senado aunque posteriormente vetada por el Gobierno, es la reducción del IVA en productos básicos como alimentos, carnes, pescados y conservas. Esta intervención podría haber supuesto, según el Ejecutivo, una pérdida de ingresos de más de 3.780 millones de euros, por lo que no se sometió a votación. Sin embargo, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, subrayó que, más allá de estos detalles específicos, la ley prioriza un modelo de consumo más justo y responsable. Según Bustinduy, se trata de una normativa que otorga más poder a los consumidores, facilitando que hagan valer sus derechos frente a empresas. Importantes cambios en la gestión de llamadas comerciales y transparencias en precios La ley introduce importantes restricciones a las llamadas comerciales conocidas como ‘spam’. Las empresas deben utilizar un prefijo telefónico específico para sus llamadas comerciales, bloqueándose cualquier llamada que no cumpla con estas especificaciones, o para las que no se haya obtenido consentimiento previo del consumidor. Además, los contratos establecidos a partir de llamadas no consentidas serán declarados nulos. En cuanto a las prácticas de precios, ahora las empresas están obligadas a presentar desde el principio el costo total de un producto o servicio, incluyendo todos los gastos de gestión y otros costes adicionales. Esto garantiza que los consumidores conozcan el precio completo sin incrementos inesperados al final del proceso de compra, asegurando una mayor transparencia y evitando frustraciones comunes del pasado. Asimismo, las empresas no podrán utilizar números con tarificación adicional…
El Congreso español someterá este jueves, 11 de diciembre, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela a su último examen con la votación de las enmiendas introducidas por el Senado. Sin embargo, la votación no incluirá la polémica reforma propuesta por el Partido Popular (PP) para reducir el IVA en alimentos básicos, lo que fue aprobado anteriormente en la Cámara Alta. El Gobierno ha logrado finalmente vetar la reducción del IVA entre enero y junio de 2026, que incluía carnes, pescados, conservas, leches y huevos. La medida, impulsada por el PP, fue objetada debido a que supondría una pérdida fiscal de 3.780 millones de euros. Aunque el Ejecutivo ya había intentado bloquear esta enmienda en el Senado, el PP, que domina la Mesa de la Cámara Alta, permitió su continuación. La Constitución otorga al Gobierno el poder de impedir medidas legislativas que autoricen “una disminución de los ingresos presupuestarios” No obstante, al llegar al Congreso, controlado por el PSOE y Sumar, se aceptó el veto gubernamental tras una reunión clave de la Mesa posterior a la sesión plenaria. Entre otras modificaciones sometidas a votación, se incluye la rebaja de las obligaciones de las empresas para atender en diferentes lenguas cooficiales. Según la nueva disposición, la atención en lenguas cooficiales solo será exigible dentro del territorio de la comunidad autónoma correspondiente. Asimismo, se han realizado ajustes en la terminología, como cambiar «clientela» por «cliente» y «personas consumidoras vulnerables» por «consumidores en situación de vulnerabilidad». Además, se extiende el plazo máximo para responder a las quejas de clientes de 15 a 30 días hábiles y se trasladan los requisitos para las empresas privadas a la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas. Todas estas medidas, vitales para la implementación de la ley, requieren la ratificación del Congreso para proceder…
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (Ceddd) y su asociada Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) han expresado su preocupación por el proyecto de Ley de Economía Social, recientemente aprobado en el Congreso, pero pendiente de debate en el Senado. Esta normativa excluye del reconocimiento como entidades de la economía social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial, que constituyen más del 68% del total y ofrecen empleo a más de 82.000 personas, de las cuales más de 69.000 tienen discapacidad. El Ceddd ha lamentado que el texto, que enfrentó el rechazo del PP y Vox, avance sin consenso político ni diálogo adecuado con el sector. La organización alerta que la ley podría desarrollar un «monopolio perjudicial para otros CEE», restringiendo las oportunidades de empleo para miles de personas con discapacidad. La legislación también introduce una diferenciación que podría resultar en una «doble banda salarial» y desventajas competitivas para los CEE de iniciativa empresarial en la contratación pública. El Ceddd considera que se debe garantizar en el Senado la igualdad de trato entre todos los modelos de CEE para proteger el empleo de las personas con discapacidad Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en 2022 existían 2.417 CEE, empleando a 106.429 personas con discapacidad. De estas, 61.425 trabajaban en centros sin la calificación de iniciativa social. La CONACEE advierte que el cambio propuesto podría dejar sin empleo a decenas de miles de personas, en un contexto donde solo el 25% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene empleo. El presidente de Conacee, Albert Campabadal Blanco, destacó que los CEE no son solo una fórmula empresarial, sino una herramienta social esencial para la inclusión laboral de personas con discapacidad en España. Por otro lado, la Confederación…
El Pleno del Congreso se reúne este jueves, 11 de diciembre, para decidir sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y la deuda pública de las administraciones para el periodo 2026-2028. Esta votación es un paso esencial antes de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Además, se tratará la convalidación de los decretos relacionados con la subida salarial de los funcionarios públicos y el aplazamiento de la entrada en vigor de ‘Verifactu’. El Gobierno presentó inicialmente la senda de déficit el 27 de noviembre, pero fue rechazada con el voto en contra de partidos como PP, Vox, Junts y UPN, mientras que Podemos y la diputada de Compromís se abstuvieron. La propuesta plantea reducir el déficit, que empezaría en un 2,1% en 2026, bajando al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Para las comunidades autónomas, el objetivo es un déficit del 0,1% del PIB durante los tres años, equivalentes a más de 5.000 millones de euros, y para la Administración Central un 1,8% en 2026 disminuyendo gradualmente. A pesar de proponer los mismos objetivos rechazados en noviembre, los grupos parlamentarios no planean cambiar su postura. Si se desestiman los objetivos, el Gobierno seguirá adelante con los Presupuestos utilizando la senda de estabilidad remitida a la Comisión Europea en 2024 En la sesión también se votará la convalidación del decreto que prevé un incremento salarial del 11% para los funcionarios públicos entre 2025 y 2028. Este aumento es consecuencia del acuerdo marco de mejora laboral firmado con UGT, CCOO y CSIF, que especifica un incremento del 2,5% consolidable en 2025, 1,5% en 2026 que podría llegar al 2% según inflación, un 4,5% en 2027 y 2% en 2028. El Congreso debe decidir acerca de la convalidación de ambos decretos en los próximos 30 días Finalmente, se discutirá el aplazamiento de…
El Congreso ha rechazado la admisión a trámite de una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) destinada a implementar ayudas fiscales para aliviar los costes de producción en el sector agrario. La negativa ha sido encabezada por el voto en contra del PSOE, Sumar y otros partidos de izquierda, a pesar de contar con el apoyo de Junts y UPN. Vox, por su parte, optó por la abstención. El objetivo de la propuesta era promover al sector alimentario español como un pilar fundamental de la economía nacional. Para ello, contemplaba un amplio paquete de medidas fiscales, entre las que destacaba la aplicación del tipo mínimo de IVA permitido a la energía y las compras realizadas por productores agrícolas, ganaderos y forestales. La discusión parlamentaria elevó el tono entre Vox y el PP, con fuertes críticas sobre las políticas actuales en Bruselas. Vox acusó al PP de interferir negativamente en el sector primario, mientras que Javier José Folch, portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, calificó a Vox de «populista». Folch recordó momentos en que Vox tuvo poder de decisión en gobiernos autonómicos y criticó su salida de los mismos, afirmando que preferían la comodidad de la oposición. El PP presentó una ley para defender al sector primario mientras, según Vox, pacta en Bruselas con el PSOE políticas que limitan la actividad agroganadera y menosprecian a los trabajadores españoles. Entre los argumentos del PSOE y sus aliados, Trinidad Carmen Argota, diputada socialista, explicó que el rechazo se debe a que la ley no aporta herramientas nuevas y útiles, calificándola de repetitiva y diseñada para provocar más ruido que soluciones efectivas. En términos similares, Toni Valero de Sumar enfatizó que la propuesta carecía de certeza para agricultores y consumidores y que se basaba en ideologías de mercado engañosas…
La Mesa del Congreso, liderada por la mayoría conformada por PSOE y Sumar, ha decidido aceptar el escrito de disconformidad presentado por el Gobierno contra una enmienda crucial impulsada por el PP. Esta enmienda, que había sido aprobada en el Senado, proponía una reducción del IVA para diversos productos básicos. La propuesta de reducir el IVA afectaba a carnes, pescados, conservas, leche y huevos. Concretamente, planteaba una rebaja del impuesto al 4% para carnes, pescados y conservas, mientras que eliminaba completamente el impuesto para productos como leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio del mismo año. El Gobierno, por su parte, ha intentado bloquear esta iniciativa acogiendo la facultad constitucional que le permite parar cualquier medida legislativa que pueda representar «un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios». Según el Ejecutivo, la aplicación de esta medida traería consigo una pérdida de recursos para la Administración General del Estado valorada en 3.780 millones de euros. Conflictos entre Cámaras y el papel del Tribunal Constitucional A pesar de la inicial resistencia del Gobierno, la Mesa del Senado, donde ejerce mayor influencia el PP, ignoró el veto gubernamental. Con esta actuación, la enmienda continuó avanzando y se ratificó en el Pleno del Senado. Sin embargo, al llegar al Congreso, el escenario volvió a cambiar. La Mesa ha decidido respaldar el veto del Ejecutivo, basándose en las mismas preocupaciones presupuestarias previamente esgrimidas. En otras ocasiones recientes, la Cámara Baja también ha vetado enmiendas aprobadas en el Senado. Casos notables incluyen la Ley de desperdicio alimentaria y la Ley de navegación aérea. Esto ha generado conflictos de atribuciones, los cuales se encuentran actualmente bajo el análisis del Tribunal Constitucional, quien tendrá la última palabra en estos enfrentamientos legislativos.
El Pleno del Congreso ha rechazado admitir a trámite la proposición de ley de Sumar para reformar la Ley de Vivienda, la cual buscaba prohibir la compra de viviendas en España por parte de empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión. Esta propuesta fue respaldada por partidos como Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís, Águeda Micó. No obstante, el PSOE y el PNV optaron por abstenerse, mientras que PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria votaron en contra. Argumentos a favor y en contra de la propuesta Durante el debate, Sumar defendió esta iniciativa argumentando que la compraventa por estos actores es más del doble que durante el auge de la burbuja inmobiliaria en 2008. El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, lideró la defensa del proyecto, criticando otras iniciativas del Ministerio de Vivienda. Por su parte, Gabriel Blanco del PSOE expresó disposición para debatir sobre cualquier medida que aporte soluciones al problema de la vivienda, pero destacó el “inmenso” esfuerzo del Gobierno en esta área y pidió respeto por dicho trabajo. Blanco subrayó que el Gobierno está haciendo un esfuerzo “inmenso” para poner fin a la crisis habitacional El PNV, a través de su portavoz Maribel Vaquero, señaló que la propuesta no es una limitación temporal ni territorial, lo cual complica su justificación dentro del marco jurídico actual. Desde Junts, Marta Madrenas añadió que en vez de resolver problemas, la propuesta implica una “restricción más” que “distorsionará todavía más el mercado”. Críticas de PP y Vox a la reforma El PP, por medio del diputado Carlos Gil, criticó la propuesta de Sumar afirmando que empeora la actual Ley de Vivienda, calificándola de “nociva”. Vox, representado por Carlos Hernández Quero, argumentó que los cambios sugeridos podrían derivar en el “fin” del parque inmobiliario,…
El Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar este jueves sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las administraciones entre 2026 y 2028. Este paso es crucial antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Sin embargo, las posibilidades de aprobación se ven comprometidas debido a la falta de apoyo de varios partidos clave, como el Partido Popular (PP), Vox, Junts, Podemos y la diputada de Compromís, Águeda Micó. El Consejo de Ministros ya ha dado su visto bueno a los objetivos de estabilidad y al límite de gasto no financiero, conocido como el ‘techo de gasto’, que alcanza los 216.177 millones de euros para 2026, un récord histórico. Este límite de gasto no se vota en el Parlamento, pero los objetivos de estabilidad sí, y estos definen la hoja de ruta en materia de deuda y déficit para entidades como la Administración General del Estado, las autonomías, las entidades locales y la Seguridad Social. A pesar de la importancia de estos objetivos, el respaldo parlamentario es escaso. El PP y Vox históricamente se han opuesto a los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno, y Junts tampoco brindará su apoyo. Podemos anunció que se abstendrá y Compromís podría votar en contra, lo que, junto con la oposición de PP, Vox y Junts, conforma una mayoría absoluta en contra de la aprobación en el Congreso. Ante tal panorama, el Ministerio de Hacienda planea someter los objetivos a votación hasta dos veces. Si son rechazados, el Gobierno aún avanzará con los Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad enviada a la Comisión Europea en 2023. Esta estrategia cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado, que ya se enfrentó a un escenario similar en 2024 cuando el Senado…
El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles una propuesta del Partido Popular que solicita al Gobierno la evaluación de mecanismos de ayuda e incentivos fiscales para enfrentar el costo del suministro de carga rápida y ultrarrápida de vehículos eléctricos. Estos incentivos están destinados especialmente a usuarios intensivos, además de profesiones, pymes y autónomos. Aprobación y rechazos en la Comisión Esta iniciativa se presentó a través de una proposición no de ley defendida por el PP en la Comisión de Industria de la Cámara Baja. A pesar de las diferencias partidarias, la propuesta logró avanzar gracias al apoyo del PNV y la abstención de Vox, Sumar, ERC, Bildu y BNG. Sin embargo, contó con la oposición del PSOE. El punto específico sobre ayudas al suministro de carga rápida y ultrarrápida fue el único que prosperó, ya que el resto de la propuesta no consiguió el respaldo necesario. Entre los elementos que no lograron apoyo estaban la aprobación de un plan nacional de renovación de vehículos, que incluía descuentos inmediatos por la compra de vehículos eléctricos y un conjunto de ayudas fiscales que contemplaban desde recortes en el IVA hasta deducciones en IRPF para compradores de vehículos electrificados. Propuestas adicionales aprobadas En la misma sesión, el PP logró la aprobación de otras propuestas no de ley. Una de ellas aboga por un plan nacional para la formación y el reciclaje profesional en el sector turístico español. También se aceptó una solicitud dirigida al Gobierno para desarrollar una estrategia nacional de industria ‘Net-Zero’, con el objetivo de incrementar el peso industrial al 20% del PIB del país.