consumidores

El Tribunal Supremo ha modificado su enfoque respecto a las costas judiciales en los casos que involucran cláusulas abusivas en contratos con consumidores. Según lo establecido en recientes sentencias del alto tribunal, será el banco el que deba asumir las costas judiciales cuando un recurso de apelación o una impugnación interpuesta por un cliente sea estimada total o parcialmente. Esto supone un cambio significativo en la jurisprudencia anterior. Hasta ahora, el Supremo consideraba que los costos de los recursos de apelación debían regirse por diferentes criterios que los de la primera instancia, tal como estipula el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) anterior a 2025. Sin embargo, un dictamen del Tribunal Constitucional, el 121/2025, anuló una sentencia del Supremo que no imponía costas a un recurso de apelación del banco, argumentando que tal interpretación no estaba suficientemente justificada y podía contravenir el Derecho de la Unión Europea y la tutela judicial efectiva. El Constitucional estableció que si un consumidor tiene que recurrir para que se declare la abusividad, y aun ganando el recurso debe pagar costas, esto desanima a recurrir y contradice la protección exigida por la normativa europea Con la modificación actual, si el consumidor eleva su reclamación a segunda instancia y la Audiencia le da la razón, las costas de apelación deberán ser pagadas por el banco. En caso de que el banco presente un recurso que resulte parcialmente favorable para la entidad, deberá cubrir la mitad de las costas causadas al consumidor. Cabe destacar que estas consideraciones sobre las costas de la segunda instancia no se aplican a los recursos extraordinarios por infracción procesal ni al recurso de casación, ya que poseen finalidades procesales distintas. La reciente reforma de 2025 de la LEC aborda esta cuestión, integrando la regla de quien pierde, paga las…
El reciente estudio ‘Cómo afronta el comprador la Navidad’, elaborado por Aecoc Shopperview, revela que el 71% de los consumidores españoles planea mantener o aumentar su gasto navideño en comparación con el año anterior. Esta predicción coincide con las expectativas de un 71% del comercio, que anticipa una campaña positiva. A pesar de que el 52% de los hogares afirma llegar justo a fin de mes, incrementándose respecto al año anterior, los consumidores muestran un claro interés en mantener o incrementar el gasto en categorías clave como alimentación, moda, perfumería y regalos. Para equilibrar sus finanzas, los ciudadanos están implementando distintas estrategias, como adelantar compras, aprovechar promociones, y ajustar sus patrones de consumo. Un dato destacable es que la mitad de los hogares ya aprovechó las ofertas de ‘Black Friday’ para anticipar sus compras navideñas, especialmente en moda y tecnología. Cabe señalar que un 20% de los consumidores planea reducir la compra de carne o pescado, optando por opciones ya elaboradas, principalmente en productos de pescadería y marisco. En la misma línea, la celebración navideña enfatiza el valor de las relaciones personales: un 68% prioriza el tiempo en familia sobre el valor material de los regalos, y un 43% prefiere regalar experiencias antes que productos. El tiempo en casa y la cocina casera serán protagonistas, aunque el 60% de los encuestados prevé salir a consumir fuera de casa durante las celebraciones. La tendencia hacia una alimentación saludable se consolida, con el 68% de los consumidores intentando comer de forma más sana. Durante la Navidad, muchos optarán por reducir su consumo de dulces y alcohol. La innovación también juega un papel relevante: un 44% de los consumidores aprovechó promociones como las del ‘Black Friday’ para probar nuevos productos. El informe concluye que, a pesar de las dificultades económicas, el consumidor afronta…
El Congreso de España ha aprobado la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, tras completar la votación de las enmiendas del Senado. Este trámite concluye el proceso legislativo y el texto se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una de las medidas más destacadas, que inicialmente fue propuesta por el Senado aunque posteriormente vetada por el Gobierno, es la reducción del IVA en productos básicos como alimentos, carnes, pescados y conservas. Esta intervención podría haber supuesto, según el Ejecutivo, una pérdida de ingresos de más de 3.780 millones de euros, por lo que no se sometió a votación. Sin embargo, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, subrayó que, más allá de estos detalles específicos, la ley prioriza un modelo de consumo más justo y responsable. Según Bustinduy, se trata de una normativa que otorga más poder a los consumidores, facilitando que hagan valer sus derechos frente a empresas. Importantes cambios en la gestión de llamadas comerciales y transparencias en precios La ley introduce importantes restricciones a las llamadas comerciales conocidas como ‘spam’. Las empresas deben utilizar un prefijo telefónico específico para sus llamadas comerciales, bloqueándose cualquier llamada que no cumpla con estas especificaciones, o para las que no se haya obtenido consentimiento previo del consumidor. Además, los contratos establecidos a partir de llamadas no consentidas serán declarados nulos. En cuanto a las prácticas de precios, ahora las empresas están obligadas a presentar desde el principio el costo total de un producto o servicio, incluyendo todos los gastos de gestión y otros costes adicionales. Esto garantiza que los consumidores conozcan el precio completo sin incrementos inesperados al final del proceso de compra, asegurando una mayor transparencia y evitando frustraciones comunes del pasado. Asimismo, las empresas no podrán utilizar números con tarificación adicional…
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado que las facturas de electricidad para consumidores reducirán significativamente en 2026. De acuerdo con las proyecciones ministeriales, se espera una disminución de entre un 4% y un 10%, debido a los ajustes en los costes regulados del sistema eléctrico y las previsiones del precio de la energía. Para los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC) se anticipa una baja del 4,66%, mientras que para las pymes con la Tarifa 3.0 TD será del 4,95%. En la industria, correspondiente a las Tarifas 6.xTD, la reducción alcanzará el 8,55%, y para los consumidores electrointensivos, un notable 9,91%. Impacto de peajes y cargos en las tarifas eléctricas Esta reducción en las facturas se origina en gran medida por la competitiva generación de energía renovable, que ha afectado positivamente el coste de la electricidad. A modo de referencia, el precio de la energía según OMIP, al 28 de noviembre, se establece en 56,7 euros/MWh, por debajo del promedio de 2025, que fue de 64,96 euros/MWh. Es importante destacar que tanto los peajes como los cargos experimentarán un incremento en 2026. La propuesta de la CNMC sugiere un aumento del 4% de los peajes para el próximo año. Por su parte, los cargos netos del sistema eléctrico se elevarán más de un 10% comparado con el 2025, principalmente debido al incremento en la demanda, según fuentes del sector consultadas por Europa Press. El importe total de los costes del sistema eléctrico para 2026 se estima en 8.510,447 millones de euros De estos costes, se prevén ingresos por 4.453,023 millones de euros provenientes de figuras impositivas y subastas de derechos de emisión de CO2. Esto deja un saldo de cargos netos a financiar por los consumidores de 4.057,424 millones de euros. Dentro del…
España se ha consolidado como el líder en Europa en cuanto a la preferencia por medios de pago digitales. Según la encuesta ‘Payments and Open Banking’ realizada por Strategy&, la consultora estratégica de PwC, un notable 79% de los consumidores españoles elige tarjetas de débito, crédito, ‘wallets’ y aplicaciones frente al tradicional uso del efectivo. Esta encuesta se llevó a cabo con más de 5.500 entrevistas en 11 países europeos. En 2018, solo el 51% de los españoles se inclinaba por métodos de pago digitales. Este porcentaje ha crecido significativamente, relegando al efectivo de un 49% de preferencia a apenas un 21% en 2024. Este cambio señala una transformación estructural en los hábitos de pago del país. La tarjeta de débito destaca como el medio de pago favorito, incrementando su uso del 24% al 43% en siete años. Por su parte, las tarjetas de crédito han experimentado un ascenso del 18% al 24%, mientras que los pagos a través de ‘wallets’ y aplicaciones han aumentado al 12%, desde un 9% en 2018. Además, España se muestra como un mercado equilibrado en el uso de aplicaciones móviles. El 42% de los consumidores prefieren soluciones tipo xPay, con un 26% utilizando PayPal y un 16% Apple Pay o Google Pay. Los bancos tradicionales y actores locales no bancarios también tienen su papel, con un 25% y un 23% de preferencia, respectivamente. El estudio también resalta la disposición de los españoles a compartir sus datos financieros para impulsar el Open Banking. Un 70% está dispuesto a ceder información a cambio de recompensas, servicios adicionales u ofertas personalizadas. La confianza en los bancos tradicionales como gestores de estos datos ha aumentado, alcanzando un 55%, 37 puntos más que en 2018 De acuerdo con PwC, la regulación europea sobre el acceso a datos financieros y…
El Congreso de los Diputados se prepara para debatir, este martes, una proposición no de ley presentada por Sumar. La iniciativa busca regular los algoritmos utilizados por portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, con el objetivo de hacerlos más transparentes y proteger a consumidores y pequeños propietarios. Tesh Sidi, diputada de Más Madrid integrada en Sumar, registró esta propuesta en marzo alegando que los algoritmos, al basarse en datos como ubicación, fotos del inmueble o precio, pueden introducir distorsiones en la competencia y los precios. Según Sidi, los algoritmos optimizan los anuncios pero también pueden generar una falta de transparencia y afectar a la equidad competitiva. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo manifestó su apoyo a esta iniciativa, mientras que los departamentos de Vivienda y Economía, liderados por Isabel Rodríguez y Carlos Cuerpo respectivamente, sugirieron mejoras al texto pero también trasladaron su criterio favorable. Es imperativo garantizar que la implementación de estos algoritmos respete principios éticos, sea transparente para los usuarios y fomente la competitividad sin excluir a actores más pequeños Sumar propone que los portales inmobiliarios ofrezcan información clara sobre el funcionamiento de los algoritmos de posicionamiento, con auditorías independientes para evitar prácticas discriminatorias. También se sugiere obligar a los portales a informar sobre anuncios cuya visibilidad haya sido impulsada por pago y explicar a los anunciantes la clasificación de sus anuncios. Un aspecto destacado es la creación de un organismo bajo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para supervisar el impacto de los algoritmos en el sector inmobiliario. Este organismo velaría por la libre competencia y garantizaría que pequeños propietarios y agencias tengan las mismas oportunidades de posicionamiento. Adicionalmente, Sumar aboga por formar a desarrolladores y gestores de datos para identificar y corregir sesgos en los algoritmos, y por reconocer a los portales…
El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, marcando un paso significativo en la protección de los derechos de los consumidores en España. La aprobación contó con el apoyo de los partidos en el Gobierno (PSOE y Sumar), junto a ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria, y algunos miembros del Grupo Mixto. Vox fue el único partido en oponerse, mientras que el PP y UPN decidieron abstenerse. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, destacó el objetivo central del proyecto: garantizar una atención justa y personalizada para acabar con abusos de grandes empresas y asegurar el derecho a información clara para los consumidores. La nueva ley establece una serie de normas para empresas con más de 250 empleados, una facturación que supera los 50 millones de euros o que operan en sectores de interés general. Un aspecto destacado de la normativa es la obligación para las empresas de atender en todas las lenguas cooficiales del Estado, pactada entre Junts y el Gobierno. Además, se introducirá un código telefónico específico para identificar llamadas comerciales y evitar el uso de números comunes para la atención al cliente. Respecto al tiempo de espera en las consultas telefónicas, la ley ahora obliga a que todas las consultas se resuelvan en un tiempo medio menor a tres minutos, y permite denunciar a las empresas que excedan este tiempo. La normativa también garantiza que un cliente pueda solicitar atención humana en lugar de automatizada y que dicha solicitud sea atendida en menos de tres minutos. Las reclamaciones deberán ser resueltas en un plazo máximo de quince días, aunque se fija un límite de cinco días para aquellos casos relacionados con cobros indebidos. La ley prohíbe el aumento de precios durante…
El día de hoy, el Congreso de los Diputados se prepara para votar si se da el visto bueno a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, diseñada para mejorar la atención a los consumidores por parte de grandes empresas. La normativa, fruto de un pacto del Gobierno con Junts, exige a las compañías con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros, así como a aquellas que ofrezcan servicios de interés general, asegurar la atención en las lenguas cooficiales del Estado a petición del usuario. La nueva ley subraya la importancia de responder al 90% de las llamadas dentro de un margen inferior a tres minutos, y recalca que los sistemas automatizados no deberían ser el único método de atención al cliente. Este enfoque busca, en especial, que las consultas, quejas y reclamaciones hechas por usuarios en comunidades con lengua cooficial puedan realizarse tanto en castellano como en otra lengua oficial. A solicitud del usuario, deberá asegurarse la atención en el idioma oficial que se solicite Aunque Junts ha expresado su intención de bloquear parte de la actividad legislativa del Gobierno, ha mantenido su apoyo a esta norma debido al acuerdo alcanzado previamente, enfatizando su existencia como una prioridad. La normativa también introduce cambios significativos en el ámbito de los juegos de apuesta. Se añade la figura del influencer a la Ley de Juego de 2011, considerando como tales a personas con «amplio reconocimiento» dentro de la sociedad o grupos específicos. En cuanto a promociones, los operadores solo podrán ofrecerlas a clientes cuya cuenta de juego haya estado abierta y verificada durante al menos treinta días. Además, se implementa la obligación de aceptar solo medios de pago nominativos. En términos de control y supervisión, se establecerá un registro de proveedores de juego…
Un reciente estudio realizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) revela un panorama cambiante en los hábitos de compra de los consumidores. Según el informe, el 72% de los consumidores ha incorporado algún producto nuevo a su cesta de la compra, demostrando una notable apertura hacia nuevas experiencias de consumo. El estudio destaca que la mitad de los consumidores se muestra dispuesto a probar productos novedosos de forma habitual. Además, un 16% se identifica como pionero, considerando que están entre las primeras personas en testar estos productos. Sin embargo, el 50% de los encuestados percibe una disminución en los lanzamientos de productos en sus tiendas habituales en comparación con años anteriores. Asimismo, el 70% opina que muchas de las innovaciones son simplemente extensiones de surtido, como nuevos sabores o formatos. Que el producto sea más saludable y el envase más práctico son elementos clave para que el consumidor sienta que está adquiriendo algo innovador Esta percepción se respalda por el hecho de que un 20% de los consumidores valora la salud como el principal factor innovador, seguido de un 19% que prefiere envases más prácticos. Además, el informe destaca que un 80% de los consumidores se siente satisfecho con los productos nuevos que han probado, y el 75% planea continuar comprándolos en el futuro. No obstante, hay desafíos económicos que influyen en las decisiones de los consumidores. El 76% considera que los productos nuevos son más caros y el 53% opina que dichos productos no siempre cumplen con las expectativas en términos de beneficios. En respuesta a ello, un 66% de los consumidores admite que solo adquiere estos productos si están ofertados o incluyen alguna promoción. Este estudio de Aecoc, basado en 1.500 encuestas a consumidores entre 13 y 79 años, proporciona una visión detallada sobre cómo las…
Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una plataforma para ayudar a aquellos ciudadanos que deseen reclamar a sus municipios la devolución de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR), aplicada de manera «irregular». Según el comunicado emitido por la organización el lunes pasado, se han identificado «irregularidades» en ciudades como Madrid, Badajoz, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora. Facua se encuentra actualmente investigando otros municipios para determinar si la aplicación de la tasa también es «reclamable» allí. Para realizar la reclamación correspondiente, los interesados deben visitar el portal de Facua. En el sitio web encontrarán información detallada y podrán descargar modelos de reclamación para dirigirse a los ayuntamientos de sus ciudades. Los usuarios tienen un plazo de 30 días a partir de la notificación de pago para presentar un recurso de reposición, aunque esto no exime el pago de la tasa, según aclara la organización de consumo. La asociación revela que el impuesto de residuos proviene de la trasposición de una directiva europea incorporada en la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta normativa obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a establecer un sistema que refleje el coste real de la gestión de residuos, promoviendo la reducción y el reciclaje. Como resultado, numerosos ayuntamientos han aprobado tasas nuevas para cubrir los gastos de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, Facua denuncia que en «muchos» de estos municipios, la tasa se ha incrementado sin cumplir los requisitos necesarios. los consumidores acaban pagando «el doble» , ya que durante la compra de productos abonan una cantidad destinada a su gestión y reciclado. Facua advierte que la tasa debe estar justificada económicamente, considerando los ingresos obtenidos por los ayuntamientos a través de los sistemas de ‘Responsabilidad Ampliada del Productor’, que ya…