crisis climática

La ONG ambientalista Greenpeace ha sido condenada a 660 millones de dólares (aproximadamente 605 millones de euros) en daños y perjuicios a la petrolera Energy Transfer. Esta decisión fue tomada por un jurado de Dakota del Norte, que declaró a Greenpeace responsable de difamación en virtud de las protestas contra el oleoducto Dakota Access. El veredicto se emitió tras un juicio que se extendió durante tres semanas, con un jurado compuesto por nueve personas. Greenpeace, que tiene su origen en Canadá y su sede en los Países Bajos, anunció su intención de apelar esta decisión ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte. La indemnización se distribuirá entre sus filiales estadounidenses (Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc) y Greenpeace International. Sushsma Raman, directora ejecutiva interina de Greenpeace USA, afirmó que «este caso debería alarmar a todos, sin importar sus inclinaciones políticas». Forma parte de un renovado esfuerzo por parte de las corporaciones para utilizar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia Raman también expresó que “todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda”, subrayando la importancia de garantizar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión. Agregó que, aunque las grandes petroleras intenten frenar la acción de un solo grupo, «no pueden detener a un movimiento». El director ejecutivo de Greenpeace International, Mads Christensen, criticó el fallo, aludiendo a una tendencia preocupante hacia comportamientos que exacerban la crisis climática y priorizan los intereses de los combustibles fósiles sobre la salud pública. En este sentido, destacó que la administración de Donald Trump había desmantelado importantes protecciones ambientales y había intensificado los esfuerzos para silenciar las protestas. Por su parte, Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, calificó el fallo como un «momento triste para el activismo y la desobediencia civil». Sin embargo, enfatizó que…
“Hay que ampliar el foco, y tener en cuenta que la realidad del país no es la que se vive en los grandes núcleos urbanos”  El sector transporte representa en España el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, y casi el 40% de las emisiones de los sectores difusos. Esto debería ser suficiente para que la prioridad fuese tomar medidas urgentes para generar un cambio radical en la sostenibilidad de la movilidad nacional, y europea. Sin embargo, lo que se ha evidenciado durante el 2022 es que los Estados Miembros de la Unión Europea se han centrado en tomar distintas medidas principalmente económicas y cortoplacistas para paliar los efectos de la inflación en lugar de implementar los marcos de actuación indispensables propuestos por la Comisión Europea para conseguir un sistema de transporte más justo, eficiente y ecológico.   Miremos por ejemplo a Alemania, que estableció un abono de transporte ilimitado por 9 euros al mes. Durante el verano en el que estuvo la medida vigente, se emitieron 52 millones de suscripciones que ahorraron 1.8 millones de toneladas de CO2. Pero gran parte de ese ahorro vino de viajes de ocio puntuales, y no se observó un gran impacto en el tráfico por carretera ni en el cambio modal. A eso hay que sumarle las quejas de la ciudadanía por la falta de trenes y el caos que generó la medida en el sistema de transportes, contraproducente cuando lo que se busca es un cambio de actitud respecto al uso del transporte público. Todo esto demuestra que, aunque beneficiosa en términos monetarios (el Instituto de Investigación Económica de Colonia estima una reducción de la inflación del 2%), la medida no es suficiente para generar un cambio de comportamiento que suponga la reducción paulatina de las emisiones de CO2. …