CSIF

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto-ley que establece una subida salarial del 2,5% para los funcionarios, acordada para este año entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, entrará en vigor este mismo miércoles. El aumento salarial de los empleados públicos en 2025 y 2026 es parte de un incremento global del 11% pactado para el periodo 2025-2028. Este acuerdo fue firmado por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF. Aunque CCOO no rubricó originalmente el acuerdo, ha decidido unirse tras debatirlo en su Consejo Confederal. Subidas salariales distribuidas entre 2025-2028 El aumento total del 11% se desglosará en un 2,5% para 2025, un 1,5% para 2026 con un adicional del 0,5% vinculado al Índice de Precios al Consumo (IPC), un 4,5% para 2027 y un 2% para 2028. La subida de este año se abonará en diciembre, en un solo pago y con efectos retroactivos desde enero. Este pago adicional y único beneficiará a 540.000 efectivos del sector público estatal El Real Decreto-ley también regula el incremento retributivo del personal del sector público para 2025 y 2026. Para 2025, se contempla una subida salarial consolidable del 2,5% sobre los importes vigentes al 31 de diciembre de 2024. En el caso de 2026, se prevé un incremento fijo del 1,5%, más un posible 0,5% adicional si la inflación iguala o supera dicho incremento. Próxima votación en el Congreso El Real Decreto-ley, pese a entrar en vigor de inmediato, será sometido a votación en el Pleno del Congreso la próxima semana, el único programado para diciembre debido a las festividades. Si no es convalidado, quedará derogado. Esta votación será crucial, ya que el Gobierno busca aprovechar…
El Ministerio de Función Pública, junto con los sindicatos UGT y CSIF, ha alcanzado un acuerdo plurianual para aumentar los salarios de más de tres millones de funcionarios en un 11% durante el periodo 2025-2028. CCOO aún está pendiente de evaluar el acuerdo. Este pacto contempla un alza salarial distribuido de la siguiente manera: un 2,5% en 2025, un 1,5% en 2026 con un posible adicional del 0,5% vinculado al IPC, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028, según informan fuentes sindicales. La subida del 2,5% para 2025 se abonará en diciembre de ese año con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026, se ha pactado un incremento fijo del 1,5%, con la posibilidad de sumar un 0,5% adicional si la inflación iguala o supera esa cifra al final del año. Este incrementó adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 de forma retroactiva. El incremento salarial para 2026 es el único que combina una parte fija y variable, mientras que los demás años serán exclusivamente fijos. Aunque el acuerdo establece un alza del 11% en el conjunto de 2025 a 2028, los sindicatos estiman que el aumento salarial acumulado rondará el 11,5% debido al efecto arrastre de los incrementos anuales. Además de la mejora salarial, el acuerdo incorpora distintas mejoras en las condiciones laborales, como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de las plantillas de atención al público. El acuerdo se formalizó tras una nueva reunión, la segunda de esta semana, entre la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y los representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Desde CSIF, el presidente Miguel Borra ha calificado el acuerdo salarial como «el mejor posible en las actuales circunstancias políticas». CSIF suscribe…
El Ministerio de Función Pública se reunirá nuevamente con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF este lunes para discutir una propuesta de subida salarial del 11% para los funcionarios durante el periodo 2025-2028. Esta oferta sigue una primera propuesta del 10% que fue rechazada por las organizaciones sindicales. Aunque UGT ya ha dado su visto bueno, CSIF ha manifestado la necesidad de una nueva oferta para asegurar el poder adquisitivo de los empleados públicos, mientras que se espera que CCOO dé su respuesta tras una reunión previa. La oferta del 11% se distribuirá en los cuatro años del periodo 2025-2028, con un máximo de aumento del 4% entre 2025 y 2026. Este límite es un punto crítico para el CSIF, que considera que los aumentos iniciales deben ser más significativos debido a la posible inestabilidad política futura. CSIF subraya que la subida es insuficiente y está dispuesto a negociar hasta el último momento, buscando que se presente una propuesta más contundente durante la reunión del lunes. Para CSIF la subida salarial es un bloque fundamental y vamos a negociar hasta el último minuto Por su parte, UGT Servicios Públicos sostiene que con los ajustes adecuados, la propuesta podría alcanzar un 11,5% real, lo que permitiría recuperar más de dos puntos de poder adquisitivo. Además, UGT propone un incremento fijo del 5% en 2027 para lograr un aumento significativo en las nóminas en un corto periodo. El último acuerdo salarial, que abarcó de 2022 a 2024, permitió un aumento del 10% en los sueldos, ajustándose a la inflación del momento, lo que supuso un desembolso de aproximadamente 13.000 millones de euros. El encuentro de este lunes podría ser crucial para cerrar un nuevo pacto que aspire a mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, abarcando también otros aspectos…
El Ministerio de Función Pública se prepara para reunir a las principales organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT el próximo miércoles 19 de noviembre. El objetivo es abordar un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores públicos que se extenderá durante los próximos tres años, incluyendo subidas salariales con un componente fijo y otro variable. Esta reunión es parte del compromiso asumido por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, de mantener un diálogo abierto con los sindicatos en respuesta a la campaña de movilizaciones y amenaza de huelga general convocada por estos sindicatos debido al estancamiento en la negociación colectiva. El encuentro de este miércoles es parte de un ciclo de reuniones iniciadas el pasado martes, cuyo foco inicial fue el empleo. Además de mejorar las retribuciones de los empleados públicos, Función Pública busca implementar medidas organizativas que tengan un impacto positivo en los trabajadores y los servicios que prestan a la ciudadanía. Estas medidas serán trabajadas en «bloques» según lo acordado con los sindicatos. Durante la reunión del miércoles, se abordará específicamente el bloque de los salarios. El Gobierno ha presentado un acuerdo salarial plurianual que abarca los años 2026, 2027 y 2028. Sin embargo, los sindicatos han exigido una subida salarial «diferenciada» para 2025, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, para evitar una congelación de sueldos este año. El último acuerdo salarial, que estuvo vigente de 2022 a 2024, permitió incrementos salariales de alrededor del 10%, lo que se tradujo en un gasto cercano a los 13.000 millones de euros. Para la nueva propuesta, el Gobierno se comprometió a llevar un porcentaje de subida salarial a la reunión, como fecha límite el 19 de noviembre en respuesta a las reclamaciones de CSIF y UGT. CSIF ha instado a que el incremento salarial esté alineado…
El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública retomará las negociaciones con las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, tras las recientes movilizaciones de los funcionarios en diversas ciudades de España. Estas reuniones, programadas para hoy a las 11.00 de la mañana, buscan descongelar la negociación colectiva y evitar así la huelga general que los sindicatos han amenazado llevar a cabo en diciembre. La reunión estará presidida por la Secretaría de Estado de la Función Pública y se centrará en mejorar las condiciones laborales de los 3,5 millones de trabajadores del sector público. Es de destacar que los sindicatos han solicitado al Gobierno una propuesta de subida salarial que considere la inflación y recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos años. A pesar de este avance, los sindicatos han decidido mantener su calendario de movilizaciones. Desde CCOO afirman que «la presión sindical ha dado su primer fruto, pero no vamos a ceder hasta conseguir salarios dignos y servicios públicos de calidad». En relación a esto, CSIF ha exigido que el encuentro comience con una oferta económica concreta, y UGT ha insistido en que la responsabilidad ahora recae sobre el Ministerio liderado por Óscar López. Uno de los puntos clave que los sindicatos presentarán en la Mesa de Diálogo es la garantía de una subida salarial para 2025 y un acuerdo plurianual que asegure incrementos salariales alineados con la inflación. En este contexto, CSIF sugiere que los sueldos se ajusten automáticamente cada año, similar al modelo de pensiones, mientras que UGT y CCOO abogan por una subida «por encima del IPC real». Las organizaciones sindicales han rechazado que la falta de Presupuestos Generales sea una «excusa» para no beneficiar a los empleados públicos y critican la contradicción en el discurso oficial sobre la situación económica del país. Según…
En una demostración de descontento creciente, entre quinientos y mil trabajadores públicos se congregaron este jueves frente al Ministerio de Función Pública en Madrid. Convocados por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, los manifestantes exigen mejores condiciones laborales y un nuevo acuerdo salarial. Esta movilización es parte de una campaña de acciones ascendentes en toda España. «Este ninguneo no se puede soportar», declaró Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, al comenzar las protestas. Junto a él, Miguel Borra, presidente de CSIF, e Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, apoyaron firmemente la reclamación de que la falta de Presupuestos Generales no debería ser una «excusa» para evitar la negociación de un nuevo acuerdo salarial. Araque expresó: «Hoy puede ser el principio de un acuerdo o de una huelga», mientras que Palazzo criticó la contradicción entre afirmar que España «va como un tiro» y mantener congelados los salarios de los empleados públicos. Por su parte, Borra destacó que el Gobierno adeuda ya 2.000 millones de euros este año a los funcionarios y subrayó que en los últimos tres años los trabajadores han perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo, mientras el IPC sigue en aumento. «Nos tienen abandonados», lamentó Borra, exigiendo el desbloqueo inmediato de la mesa de diálogo social para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado un requerimiento formal a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El objetivo es abogar por la habilitación de los créditos necesarios para subir las retribuciones de los empleados públicos, alineándolas con el Índice de Precios de Consumo (IPC) y aplicándolas de forma retroactiva a partir del 1 de enero de 2025. Este llamamiento se produce paralelamente a la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. Desde CSIF, se recalca la importancia de estas medidas para optimizar las condiciones económicas de los trabajadores del sector público, lo cual, a juicio del sindicato, repercutirá positivamente en la calidad de los servicios públicos y en el fortalecimiento del Estado de Bienestar. Otras reclamaciones de CSIF El sindicato también exige la recuperación del poder adquisitivo que ha disminuido, situándose en más de un 20%, así como el restablecimiento del régimen retributivo anterior a los recortes de 2010. Esto incluye recibir la cuantía completa de las pagas extra. Además, CSIF plantea la necesidad de una equiparación salarial para todos los empleados públicos del mismo cuerpo y escala sin que el ámbito territorial o administrativo influya en las diferencias retributivas actuales. En cuanto a otros aspectos, CSIF demanda una adecuación en la clasificación de grupos profesionales conforme a la normativa vigente, junto con la implementación de una carrera profesional para todo el personal público. Propone también la actualización de las indemnizaciones por servicio, ajustando tanto las cuantías por manutención y pernocta como por el uso del vehículo propio, y busca la homologación salarial de los trabajadores en el extranjero considerando el poder adquisitivo de cada país. El sindicato también pide la abolición de la…
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado al Gobierno a eliminar la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y a establecer sanciones ejemplares para los gestores públicos que hagan un uso indebido de la temporalidad. Esta solicitud se realiza en el contexto del recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea debido, entre otros motivos, al incumplimiento del mandato de reducir la temporalidad, que actualmente se encuentra estancada en el 30%, mientras la Ley establece un límite del 8%. Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores de nuestras administraciones CSIF ha subrayado que los gestores públicos que incumplan el límite de temporalidad establecido deben ser sancionados y asumir responsabilidad civil, debido a la precariedad laboral que afecta a numerosos trabajadores en las administraciones. Además, el sindicato ha resaltado que la tasa de reposición, mantenida por el Gobierno en la próxima oferta de empleo, obliga a recurrir a puestos temporales en sectores vitales como la sanidad y la educación. El sindicato ha solicitado una reunión urgente con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, con el objetivo de abordar las condiciones laborales del sector público, prestando especial atención a la temporalidad y a la congelación de las nóminas. Según CSIF, el Gobierno debe incrementar un mínimo del 2,8% los salarios para alinearlos al IPC registrado el año anterior, destacando que está pendiente una subida media de 374 euros por empleado público, lo que representa unos 1.112 millones de euros retenidos.
El Ministerio de Función Pública ha convocado para este jueves a las 16:30 horas a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para la primera reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo. El objetivo es iniciar la negociación de la Oferta de Empleo Pública (OEP) de este año, conforme a fuentes sindicales. Dirigido por Óscar López, el Departamento comenzará a negociar la nueva OEP, tras la oferta récord del año pasado de 40.146 plazas, de las cuales un 10% se reservaron a personas con discapacidad. CSIF había anticipado que Función Pública planea abordar la OEP de 2025, después de que el Ministerio reconociera una pérdida neta de 20.046 empleos en la última década. En un comunicado, el sindicato CSIF ha exigido que se atiendan las necesidades de los empleados públicos frente a la «incertidumbre» generada por los recientes casos de corrupción. Según CSIF, estos eventos podrían afectar negativamente la percepción de las administraciones y empresas públicas. En este contexto, el sindicato ha subrayado: Casos como estos demuestran la importancia de contar con servidores públicos independientes que velen por la calidad, el rigor y la profesionalidad . CSIF también ha apuntado a un incremento preocupante en los nombramientos de cargos a dedo. CSIF ha reafirmado su posición sobre la necesidad de aprobar rápidamente el 0,5% adicional pendiente de subida salarial correspondiente a 2024. Además, ha impulsado la negociación de un acuerdo salarial para los próximos años y la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, incluyendo el cobro íntegro de la paga extra. Entre otras demandas, el sindicato aboga por la eliminación de la tasa de reposición de empleos, la jornada laboral de 35 horas en el Estado, y la implementación de la carrera profesional y el teletrabajo en todas las administraciones. También busca la equiparación…
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una concentración este martes, 3 de junio, en Madrid, con el fin de exigir al Gobierno que mitigue el impacto de la sanción de 116 millones de euros impuesta por Renfe a Talgo debido a los retrasos en la entrega de trenes, que se han prolongado por más de dos años. Este acto tendrá lugar a las 12.00 horas frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En un comunicado, el sindicato argumenta que la dilación en el proceso de venta de una parte de Talgo, vinculada a la mencionada multa, está ocasionando «graves perjuicios tanto para el correcto funcionamiento de Talgo como para sus empleados». Esta situación ha tenido repercusiones económicas directas en la plantilla, que se ha visto afectada por la decisión de Talgo de no abonar componentes variables en las nóminas de sus 2.600 empleados, lo que suma un total de 10 millones de euros. CSIF califica la sanción como «desproporcionada e injusta». El 14 de febrero se firmó un principio de acuerdo para la venta del 29,77% de Talgo que poseía el fondo Trilantic, dirigido al consorcio vasco liderado por Sidenor, junto con la colaboración del fondo público vasco, Finkatuz, y las fundaciones Vital y BBK. Sin embargo, el proceso de compraventa aún no se ha completado debido a las dificultades financieras de Talgo, que están asociadas tanto a la multa como a su deuda, además de problemas de financiación y el cumplimiento de trámites regulatorios pendientes. En este contexto, CSIF sostiene que es imprescindible que el Gobierno actúe con celeridad para resolver estos asuntos, con el objetivo de poner fin a la incertidumbre que afecta a la plantilla sobre el futuro de la compañía. Por ello, el sindicato exige al Gobierno que facilite acuerdos que…