decreto ley

La Alianza Energía y Territorio Aliente, un colectivo formado por más de 200 organizaciones, ha dirigido una carta a los diputados del Congreso solicitando que voten en contra del ‘decreto ley antiapagón’. Este decreto, promovido por el Ministerio de Transición Ecológica, busca reforzar el sistema eléctrico para evitar apagones como el ocurrido el 28 de abril en la Península Ibérica. A pesar de que sus medidas están ya en vigor, necesitan ser ratificadas; de lo contrario, quedarán sin efecto. En su carta, Aliente expresa su profunda preocupación por las medidas que consideran que aceleran la implantación de energías renovables sin respeto por el medio ambiente y el entorno rural. El colectivo argumenta que el decreto «consolida una expansión desordenada y agresiva» del sistema energético, criticando su aprobación mediante una «falsa vía de urgencia». Señalan, además, que se reducen los plazos para autorizaciones administrativas y evaluaciones de impacto ambiental, lo que consideran una amenaza al orden legal medioambiental. Aliente alerta de que esta política «continúa atrayendo fondos de inversión que están destruyendo el país» Uno de los puntos más críticos es la exención de la evaluación de impacto ambiental, calificada por la plataforma como «especialmente grave». Además, Aliente subraya que el ritmo masivo de implantación está promoviendo especulación y desorden, en un contexto de precios bajos durante muchas horas del día. La carta también critica que el debate sobre el modelo energético esté dominado por el lobby industrial renovable, afectando al análisis riguroso y relegando el interés general. La plataforma defiende que un desarrollo sostenible requiere planificación que priorice eficiencia, electrificación del transporte y reducción de combustibles fósiles, sugiriendo que se exploren ubicaciones alternativas para proyectos energéticos. El mundo rural está siendo «agredido como nunca antes se había visto» Aliente denuncia que más de 60 mil hectáreas han sido transformadas, lo…
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerá este jueves en la comisión del Congreso encargada de asuntos de seguridad nacional para explicar el informe sobre las causas del apagón del pasado 28 de abril. Esta presentación se llevará a cabo a puerta cerrada debido a la confidencialidad del contenido, que fue anonimizados por requerimientos de seguridad nacional o a petición de las entidades que brindaron la información. En una reciente rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Aagesen detalló que el cero energético ocurrido en esa fecha fue causado por una cadena de episodios de sobretensión. Esta situación se originó porque el sistema carecía de capacidad suficiente para el control de tensión dinámica, derivado de la planificación de Red Eléctrica, sumado a la incapacidad de otras centrales para estabilizar el sistema. Aagesen puntualizó que la crisis se intensificó cuando Red Eléctrica dejó de operar una central destinada al control de tensión, mientras que las otras nueve centrales en funcionamiento presentaron incumplimientos que no permitieron amortiguar adecuadamente la sobretensión. Estas oscilaciones llevaron a una serie de desconexiones de generación, algunas de las cuales se realizaron, según la normativa vigente, de manera aparentemente indebida. El último desencadenante del apagón fueron las desconexiones de generación cuando empezaron a darse picos de sobretensión, incrementando la tensión y desembocando en el apagón Para prevenir situaciones similares en el futuro, Aagesen anunció la implementación de un decreto ley que mejorará la supervisión del sistema. La aprobación está prevista para el próximo martes. Cambio en la representación del PNV Previo a esta comparecencia, el Congreso procederá al cambio del representante del PNV en la comisión de secretos oficiales, debido a la salida de Aitor Esteban como presidente del partido. Maribel Vaquero, su sucesora, necesitará al menos 176 votos en una votación…
El Parlament de Cataluña se prepara para aprobar la próxima semana el decreto ley del Govern que retrasará la aplicación de la tasa turística hasta octubre. Este aplazamiento se ha conseguido tras un acuerdo con los Comuns, quienes pactaron destinar 60 millones de euros del tercer suplemento de crédito a políticas de vivienda. Las decisión final de esta prórroga surgió después de que los Comuns votaran en contra de un primer intento para posponer la tasa turística, generando la necesidad de un nuevo consenso en el seno parlamentario. El proceso comenzó cuando Junts decidió llevar el decreto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que concluyó que las medidas propuestas no justificaban una tramitación urgente, recomendando su gestión como proyecto de ley. Esta situación llevó al Parlament a fijar el calendario del pleno, que se desarrollará del martes al jueves de la próxima semana, incorporando el control al Govern, ocho mociones y varias interpelaciones. La Junta ha acordado que el pleno incluirá debates de gran relevancia, así como el examen de diversos proyectos de ley. Entre los temas a tratar, destacan el proyecto de ley del Instituto de la Filmoteca de Catalunya, la creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans, la proposición de ley del tercer sector y la modificación de la ley de derechos y oportunidades en la infancia y adolescencia. Esta última, además, se tramitará mediante lectura única. Uno de los temas más esperados será el debate monográfico sobre infraestructuras, propuesto por Junts, que se celebrará del 15 al 18 de julio. Este debate pondrá sobre la mesa la situación y gestión de las infraestructuras catalanas, un aspecto vital para el futuro del territorio. De igual modo, se ha tramitado el decreto del Govern destinado a incrementar la resiliencia del suministro eléctrico. Estos temas refuerzan la complejidad y…
El Congreso de los Diputados ha convalidado recientemente un decreto ley diseñado para mitigar las repercusiones de los aranceles establecidos por la administración de Donald Trump. Esta normativa recibió el apoyo de Junts, mientras que Podemos optó por abstenerse y PP y Vox votaron en contra. El decreto, en vigor desde su publicación en abril, introducirá las primeras medidas del plan del Gobierno ante la guerra comercial y contempla una inyección de liquidez de 7.720 millones de euros mediante avales y créditos. Entre las principales medidas, se destaca una línea de avales ICO de 5.000 millones de euros que estará activa hasta el 30 de junio de 2026, destinada a apoyar a las empresas afectadas y facilitar posibles procesos de reconversión industrial. También se reforzará el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con 720 millones de euros, además de activar otros 2.000 millones a través del Cesce para impulsar la internacionalización empresarial. Por otro lado, el decreto incluye la extensión de la moratoria contable hasta finales de 2025 para aquellas empresas que sufrieron pérdidas en 2020 y 2021 a causa de la pandemia. Garantías en la aplicación de los fondos Una disposición acordada entre el Gobierno y Junts garantiza que los recursos se distribuyan respetando la proporcionalidad territorial en función de las exportaciones a Estados Unidos de cada autonomía. Además, el Gobierno se compromete a remitir informes trimestrales al Congreso desglosando los beneficiarios y sectores por cada instrumento financiero regulado en el decreto. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha manifestado su voluntad de colaboración con los grupos parlamentarios para poder avanzar juntos en este contexto dificultoso. Resaltó que el decreto Ley convalidado es solo una primera fase de un plan que será ampliado y adaptado de acuerdo a las necesidades que surjan. Reacciones…
El Congreso de los Diputados se prepara para convalidar este jueves un decreto ley destinado a paliar las consecuencias de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. La convalidación esperada deberá sortear la abstención de Podemos y el rechazo rotundo de PP y Vox. Este paquete de medidas, en vigor desde el pasado 9 de abril, debe ser sometido a votación en el Congreso para confirmar su validez. En el debate de este jueves, los partidos como PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria se alinean en pro de la convalidación, sumando un total de 174 votos a favor que superarían los 171 en contra de PP, Vox y UPN. Este resultado podría ascender a 175 apoyos si el exministro José Luis Ábalos, actualmente en el Grupo Mixto, decide respaldar el decreto. El Ejecutivo, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha iniciado una ronda de contactos con varios grupos parlamentarios, excluyendo a Vox, para presentar las medidas de apoyo a los sectores afectados por los aranceles. Sin embargo, un intento de consenso inicial por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se vio frustrado tras un acuerdo con Junts que prioriza las ayudas a empresas según su volumen de exportaciones. Este acuerdo, que concede aproximadamente un 25% de las subvenciones a Cataluña, ha generado tensión con el PP, alejándolos de un posible pacto. La oposición ha criticado duramente las medidas incluidas en el decreto, argumentando que la respuesta del Gobierno de Sánchez se basa en deuda, préstamos y avales, en lugar de un plan estructurado para hacer frente a la situación. En este sentido, el decreto prevé movilizar 7.720 millones de euros para ayudar a las empresas afectadas mediante líneas de avales ICO y otros recursos para potenciar la internacionalización. El único plan que conocen…
La Generalitat de Cataluña ha tomado decisiones significativas en materia fiscal con la reciente aprobación de un decreto ley. Una de las principales medidas es la reducción del IRPF en un punto, estableciendo un nuevo tipo del 9,5% para el tramo más bajo del impuesto, que afecta a las rentas inferiores a 33.000 euros. Además, se ha duplicado la tarifa del impuesto turístico en Barcelona, donde el coste oscilará entre 2 y 7 euros por persona y noche, mientras que en el resto de Cataluña variará entre 1,2 y 6 euros. Estas acciones, presentadas tras el Consell Executiu de este martes, tienen como objetivo establecer una fiscalidad más progresiva y beneficiar a segmentos como jóvenes y colectivos vulnerables. El IRPF se ha simplificado al reducir la escala de 9 a 8 tramos, favoreciendo a quienes tienen una base liquidable por debajo de 33.000 euros. Asimismo, se han revisado los requisitos para deducir el alquiler de vivienda habitual, aumentando la edad máxima de acceso de 32 a 35 años, lo que permitirá beneficiar a 16.183 personas adicionales, y elevando el tope de renta de 20.000 a 30.000 euros, que beneficiará a 14.589 personas más. Entre las nuevas deducciones introducidas se encuentran hasta 1.000 euros para alquileres de víctimas de violencia machista, hasta 3.000 euros para aportaciones de capital a cooperativas agrarias y de vivienda, y entre 150 y 300 euros para la acogida de menores. La recaudación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos se destinará en un 25% a políticas de vivienda En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se ha puesto el foco en facilitar el acceso a la vivienda mediante tipos reducidos para ciertos colectivos. La edad de los jóvenes que se beneficiarán de un tipo reducido del 5% en la compra de vivienda…
El Partido Popular (PP) ha exigido al Gobierno la presentación de un plan que garantice la viabilidad económica y financiera de Correos como un decreto ley exclusivo de temática postal, en lugar de integrarlo en un paquete más amplio que incluya diversas materias. Esta solicitud surge tras la decisión del Ejecutivo de incluir una disposición final en el primer decreto ómnibus, el cual fue rechazado por una coalición de PP, Vox y Junts. Dicha disposición modificaba la Ley del Servicio Postal Universal, afectando tanto a los derechos de los usuarios como al mercado postal. Correos, bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano, ha experimentado una pérdida de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años, lo que ha puesto en el centro del debate la necesidad de asegurar su futuro. El texto original del decreto contemplaba la extensión del periodo durante el cual la empresa mantendría el estatus de operador designado para el Servicio Postal Universal, así como la habilitación de Correos para ofrecer Servicios de Interés Económico General (SIEG) de carácter administrativo y financiero. Además, se proponía un sistema de compensación por la prestación de estos nuevos servicios. Sin embargo, la coalición conformada por PP, Vox y Junts logró derogar el decreto en su totalidad, lo cual incluyó las disposiciones que beneficiaban a Correos. Posteriormente, el Gobierno presentó un segundo decreto ómnibus que, aunque recortó algunas medidas, no introdujo nuevas disposiciones relativas al servicio postal. En respuesta a esta situación, el Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley, documentada por Europa Press y firmada por los diputados Celso Delgado y Jaime de Olano. La propuesta sostiene que, si el Ejecutivo busca retomar las modificaciones legales, debe hacerlo mediante la aprobación de un nuevo real decreto ley centrado exclusivamente en temas postales. El PP argumenta que esta…
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha instado al Gobierno español a que apruebe un decreto ley que contemple la subida de las pensiones y la prórroga de las ayudas al transporte público. Estas medidas formaban parte del decreto ómnibus que fue rechazado el pasado miércoles debido al voto en contra de los grupos parlamentarios del PP, Vox y Junts. En una reciente nota de prensa, el BNG subrayó que la continuidad de estas ayudas y la revalorización de las pensiones es esencial y estaba estipulada en el acuerdo de investidura firmado entre el partido y el PSOE. Por lo tanto, el BNG ha exigido al Gobierno que actúe de manera rápida para evitar la pérdida de estas medidas vitales. Consecuencias del rechazo del decreto El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha declarado que el PP es responsable de que más de 689.000 pensionistas estén a punto de ver reducidos sus ingresos en 30 euros a partir de febrero. Además, ha señalado que el rechazo del decreto afectará a más de 80.000 gallegos que utilizan el transporte público. No se puede utilizar el rechazo al real decreto ley como una justificación para desatender a miles de personas en Galicia y en el resto del Estado Asimismo, Néstor Rego ha enfatizado que es una responsabilidad del Ejecutivo asegurar la continuidad de estas medidas, instando a que se presente un nuevo texto que incluya estas ayudas y que se cumpla con el compromiso adquirido con el BNG y la ciudadanía
El Congreso de los Diputados ha llevado a cabo la convalidación del decreto ley que busca optimizar el régimen de compatibilidad entre la pensión y el empleo. Este importante avance recibió el voto favorable de un amplio espectro de partidos, que incluye al PP, PSOE, Sumar, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPN. Notablemente, no se registraron abstenciones en esta votación, mientras que Bildu, Podemos, BNG y Vox se manifestaron en contra. Además, el exministro socialista José Luis Ábalos, quien ahora forma parte del Grupo Mixto, no participó en la votación. Detalles del decreto ley El decreto en cuestión introduce cambios significativos, eliminando el requisito de poseer una carrera de cotización completa para poder acceder a la jubilación activa. En un giro importante, este tipo de jubilación se mostrará compatible con los incentivos de demora, estableciendo que dicha compatibilidad se determinará en función del tiempo que se retrase el acceso a la pensión. Este nuevo enfoque establece un mecanismo en el que cada año de demora en la jubilación activa incrementará el porcentaje aplicable a la cuantía de la pensión. Así, el porcentaje inicial será del 45% después de un año de demora, alcanzando el 100% si el acceso a la pensión se retrasa cinco años o más. Los cambios introducidos en el decreto buscan favorecer una jubilación más flexible y adaptable a las necesidades actuales de los trabajadores
El fin de los descuentos al transporte público en España El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que, tras la derogación del decreto ley omnibús respaldada por el PP, Vox y Junts, a partir de este jueves los usuarios de los transportes públicos ya no contarán con descuentos. «Qué irresponsabilidad», ha lamentado el ministro. «Desde mañana decae el respaldo legal que tenían las ayudas al transporte público. Así, los usuarios de autobuses, cercanías, trenes, etcétera, deberán abonar el importe completo del billete», ha explicado Puente. No obstante, ha aclarado que el fin de los descuentos no afecta a aquellos que ya tienen un abono vigente: «Los abonos ya sacados han generado un derecho y podrán ser utilizados. Lo que ya no se podrá es adquirir nuevos abonos al precio que tenían con las bonificaciones» El ministro ha lanzado duras críticas hacia la oposición, señalando al PP y a Junts como responsables de esta situación. Según Puente, el PP «le importa cero» la ciudadanía, y considera «injustificable» la posición de Junts. «Se puede discrepar en muchos decretos y votaciones, pero dañar a millones de españoles y también a catalanes para perjudicar al Gobierno es incomprensible», ha afirmado. Desconocimiento sobre la reversibilidad de la situación Puente ha manifestado que desconoce cómo se podrá revertir esta situación en el futuro, aunque ha apuntado que llevará tiempo y no ocurrirá antes de mañana. Ha indicado que «era muy difícil» pensar que la oposición tumbaría un decreto que incluía ayudas al transporte, medidas en favor de los afectados por la DANA y la revalorización de las pensiones. «No me cabía en la cabeza», ha reconocido. El ministro también ha expresado su incertidumbre respecto a los puntos que la oposición ha rechazado, ya que no está claro si se trata de las ayudas de la…