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La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha presentado una denuncia ante los tribunales por la presunta externalización «fraudulenta» de la inspección tributaria provincial en numerosos municipios. Esta acción ha sido acogida favorablemente por el Juzgado de Lleida, un reconocimiento que la asociación describe como un avance significativo contra el «abandono» que han sufrido las Haciendas Públicas Locales en España durante décadas. El tema cobra especial relevancia a medida que se acerca el XXV Congreso de la Anihpl, previsto para los días 13 y 14 de noviembre en Alicante. La Anihpl, que lleva años denunciando esta problemática, sostiene que la consolidación de esta externalización podría resultar en la «expulsión» de los empleados públicos municipales y provinciales de sus funciones inspectoras. Esta práctica, que ya se ha implementado en cientos de municipios, pone en riesgo los derechos y garantías de los contribuyentes y el interés general. Consecuencias de la externalización en la inspección tributaria Los inspectores argumentan que el involucramiento de personas ajenas a la estructura orgánica y funcional de la Administración Tributaria constituye una «intromisión ilegal» en el ejercicio de sus funciones. La Anihpl subraya que el personal inspector está reconocido como agente de la autoridad, y advierte que el trabajo de las empresas adjudicatarias frecuentemente excede la asistencia a las entidades locales. Las empresas adjudicatarias realizan requerimientos, desarrollan actuaciones inspectoras y sancionadoras, e incluso llegan a conocer y elaborar los planes reservados de la Inspección Además, estas empresas deciden qué contribuyentes pueden ser objeto de una inspección. Ante esta situación, la asociación planea elaborar en 2026 un informe exhaustivo sobre la «Externalización Fraudulenta de los Servicios de Inspección Tributaria Local en España». Este informe será crucial para abordar un fenómeno que afecta gravemente a cientos de municipios que externalizan sus servicios, directa o indirectamente, a…
Sumar ha presentado una denuncia formal contra Ryanair, Vueling, EasyJet e Iberia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Esta acción responde al aumento de los precios de los vuelos entre Galicia y Madrid durante los incendios de este verano. La situación fue planteada inicialmente por el diputado Manuel Lago durante un debate en el Congreso sobre transporte ferroviario en Galicia. El grupo confederal subraya que los incendios en agosto forzaron a miles de personas a usar el avión como único medio de transporte viable entre Galicia y otras regiones. En este contexto, las tarifas aéreas habrían llegado a superar hasta cinco veces el costo normal de los vuelos. Esta práctica se produjo sin información clara, previa ni justificada, y en un momento de fuerza mayor, lo que coloca a los consumidores en una posición de vulnerabilidad extrema que exige una respuesta institucional Sumar enfatiza la necesidad de que la AESA intervenga para evaluar si las tarifas aplicadas fueron «abusivas y desproporcionadas». Además, el grupo busca que se declare la existencia de infracciones en la normativa sobre derechos de los consumidores, la Ley de Navegación Aérea, la Ley de Defensa de la Competencia y la normativa europea. Entre las demandas presentadas, Sumar pide que sean impuestas sanciones a las aerolíneas implicadas y que se implementen acciones correctoras y preventivas. Estas incluyen la compensación o reembolso a los consumidores afectados.
En un nuevo capítulo de tensiones en el sector bancario español, BBVA y Banco Sabadell han presentado denuncias mutuas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por presuntas malas prácticas en el marco de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA sobre Sabadell. Estas acusaciones se centran en la manera en que ambas entidades están gestionando la información y el acceso al canje para sus respectivos accionistas. Por un lado, BBVA ha acusado a Banco Sabadell de poner trabas en su red de oficinas para dificultar a los accionistas el proceso de aceptación al canje propuesto por BBVA. Según ha informado ‘El País’, que ha sido el primero en adelantar la noticia, existen prácticas que estarían entorpeciendo la operación. Se menciona, entre otras cuestiones, que los gestores del Sabadell habrían instado a los clientes a acudir directamente a las oficinas de BBVA, además de no proporcionar la documentación necesaria. Para verificar estas acusaciones, BBVA ha llevado a cabo ‘mystery shoppings’, una técnica que utiliza agentes encubiertos para evaluar la comercialización de productos. Esta estrategia, en contextos bancarios, se emplea para comprobar la aplicación de códigos de buenas prácticas. Según fuentes de BBVA, sus oficinas están habilitadas sin ningún coste para facilitar el proceso de aceptación a todos los accionistas de Sabadell, independientemente de su relación previa con la entidad. En contraste, Sabadell ha contradenunciado a BBVA, acusándolo de proporcionar información limitada sobre el canje a los accionistas interesados. Según fuentes del banco catalán, los ‘mystery shoppings’ realizados en sus entornos han revelado que los gestores de BBVA no estarían informando adecuadamente del impacto fiscal del proceso, a menos que el cliente lo solicite expresamente. Asimismo, se ha señalado que existe desinformación sobre la aplicación de impuestos, sugiriendo erróneamente que solo se aplican cuando el pago es en…
El grupo político Sumar ha tomado la decisión de emprender acciones legales contra Ryanair, Vueling, EasyJet e Iberia. La denuncia será presentada ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea debido al incremento significativo de los precios de los vuelos entre Galicia y Madrid durante los incendios del pasado verano. Manuel Lago, diputado del grupo plurinacional, anunció durante un debate en el Congreso de los Diputados sobre el transporte ferroviario en Galicia que este paso es necesario para enfrentar lo que calificó como «lucro en situaciones de emergencia». Lago hizo hincapié en la falta de protección para los ciudadanos gallegos en momentos críticos. Entre el 14 y el 19 de agosto, la línea ferroviaria que conecta Orense con la meseta fue cerrada debido a los incendios forestales Según el diputado, esto obligó a muchos viajeros a recurrir al transporte aéreo. Lago denunció que las aerolíneas aprovecharon la situación para subir el precio de los billetes hasta en un 600%, lo cual describió como un «saqueo» y una «estafa». Ante estos hechos, la denuncia contra las aerolíneas busca exigir una investigación y posibles sanciones. Lago también ha demandado una regulación urgente para prevenir abusos similares en el futuro y garantizar la protección de los ciudadanos. El objetivo es establecer medidas que frenen este tipo de incrementos desmedidos y protejan el acceso a medios de transporte en situaciones de emergencia.
La página web de la agencia de viajes utopiaviajes.com, promocionada por los conocidos ‘influencers’ Hamza Zaidi, Sara García y Berto Pérez, junto al periodista Vito Quiles, ha sido clausurada por la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos. Al intentar acceder al portal, aparece un mensaje que indica: «Este dominio ha sido incautado por la Oficina Federal de Investigación de conformidad con una orden de incautación emitida de conformidad con el artículo 2323 del título 18 del Código de los Estados Unidos 2323 emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia como parte de una operación de aplicación de la ley llevada a cabo por el FBI y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Países Bajos». Facua-Consumidores en Acción ha intervenido en el caso, presentando una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática debido al gran número de afectados que se han puesto en contacto con la asociación. Estos consumidores han señalado que, tras pagar por servicios turísticos ofertados en la web, no solo no recibieron dichos servicios, sino que además han dejado de recibir respuestas a sus consultas. En un comunicado reciente, Facua alertó de que la web seguía operativa hasta el pasado viernes, captando clientes. Ofrecía viajes a diez destinos en España, 22 internacionales y cuatro cruceros, con precios que oscilaban entre los 299 y los 1.000 euros por persona, promoviendo sus ofertas como «precios increíbles». Testimonios falsos y origen de la empresa Las investigaciones de Facua revelaron que la web presentaba comentarios de supuestos clientes satisfechos. No obstante, «las fotografías utilizadas fueron extraídas de bancos de imágenes». Además, estos testimonios databan erróneamente de enero a marzo de 2024, cuando en realidad la empresa Utopiaviajes fue registrada en mayo de 2025 en el registro mercantil de…
Las entidades de protección animal Arde y Satya Animal han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Baleares contra una granja avícola situada en Llucmajor, Mallorca, acusándola de presuntos delitos contra la salud pública y de estafa. Esta acción legal surge a raíz de una investigación realizada en abril de este año, en la que se documenta una alarmante falta de higiene en la granja, donde se reporta la coexistencia de gallinas vivas con cadáveres en diferentes estados de descomposición, así como la presencia de ratas y otros animales. Las imágenes obtenidas por un informante anónimo han puesto de manifiesto que, además de la suciedad extrema, las instalaciones se encuentran repletas de telarañas y una mezcla de polvo, tierra y plumas. Según la portavoz de Arde, Julia Elizalde, esta granja no solo podría haber incumplido normas de sanidad, sino que también podría estar cometiendo un delito de estafa. «El consumidor paga más por este tipo de huevos pensando que las gallinas tienen acceso al aire libre, pero esta expectativa no se cumple», afirmó Elizalde, haciendo referencia al reglamento 2023/2465 de la Comisión Europea que garantiza el acceso ininterrumpido al aire libre para las gallinas camperas. Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal en una granja en situación totalmente irregular Las organizaciones también han presentado evidencia que indica que la granja fue sancionada en 2024 con una multa de 150.000 euros debido a la falta de una autorización ambiental integrada y por el manejo inadecuado de los excrementos. A pesar de esto, la granja recibió más de 380.000 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para la construcción de un centro de clasificación de huevos. Actualmente, ambas entidades denuncian que la explotación sigue operando de manera ilegal,…
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha dado un paso significativo al presentar este martes una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta acción se fundamenta en la sospecha de una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, lo que podría constituir una violación de la Ley de Defensa de la Competencia y ocasionar un perjuicio económico de hasta 2.800 millones de euros para los olivareros. Durante la presentación, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, destacó la gravedad de la situación, subrayando que los datos son «contundentes y alarmantes». Según su análisis, existe un desfase injustificado de más de dos euros por kilo entre el precio real en origen del aceite de oliva (3,5 euros/Kg) y el valor que debería tener (5,55 euros/Kg), según un estudio exhaustivo realizado por las universidades de Jaén y Córdoba, así como el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). Este análisis ha utilizado una metodología avanzada para detectar desequilibrios en el mercado, evaluando tanto los datos de producción de la campaña 2023/2024 como los aforos previstos para 2024/2025. El estudio se ha centrado en el precio en origen del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y ha identificado márgenes «injustificables» entre el precio real pagado a los productores y su valor de mercado estimado. Esto sugiere un posible «desequilibrio provocado intencionadamente». Si se confirma un pacto de precios o cualquier práctica que limite la competencia, se trataría de una «infracción grave» de la legislación vigente Padilla también hizo hincapié en que, si persiste esta distorsión en los precios, los olivareros podrían perder hasta 2.800 millones de euros en la actual campaña. Reiteró que «no hablamos de percepciones ni de sensaciones, sino de una posible vulneración…
La semana pasada, Iberdrola presentó una denuncia contra Repsol en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por "competencia desleal y publicidad engañosa". Su queja, el "greenwashing", un método que ya está dando que hablar incluso entre las personalidades del gobierno. ¿En qué consiste el "greenwashing"? El término greenwashing tiene su origen en la década de 1980, acuñado por ambientalistas que empezaron a observar prácticas comerciales y de comunicación engañosas en sectores como el de la hospitalidad, si bien tuvo algunos antecedentes como el concepto de “ecopornografía” ya desde el inicio del movimiento ecologista de los años sesenta. Traducido al español significa literalmente "lavado verde", en referencia a cómo ciertas empresas disfrazan sus actividades más cuestionables bajo una fachada de sostenibilidad y ecología para limpiar su imagen o evitar injerencias externas en dichas actividades. La propia Iberdrola explica en su página web de forma detallada en qué consiste esta práctica. Para camuflar estas actividades, las compañías optan por la desinformación, mediante campañas de publicidad y comunicación. Se hace hincapié en la promoción de productos "ecofriendly", se desvía la atención mediante la promoción de una parte residual del negocio, se publicitan los beneficios de un producto cuyos beneficios no son creíbles o se exageran los esfuerzos de la empresa para con la sostenibilidad. Para identificar estas prácticas, basta con buscar las incoherencias utilizadas por el emisor para vender algo como verde, además de comparar dicho método con otros proyectos similares. Si no encontramos fuentes que indiquen que esa empresa está haciendo lo correcto, ni existen indicios de ello, o si los anunciantes han puesto demasiado empeño en recalcar la importancia de la sostenibilidad, es muy posible que esa compañía esté utilizando el greenwashing. Iberdrola contra Repsol Así, llegamos al caso de Iberdrola, que ha demandado a Repsol por "promocionar iniciativas insostenibles, cuando su oferta…
La FEDE ha manifestado su profunda preocupación por la forma en que se están convocando los concursos públicos de publicidad, tanto de medios como de creatividad, desde hace muchos meses y ven en el concurso para el Acuerdo Marco de compra de medios para las campañas de la Administración Central el ejemplo de lo que se está haciendo bajo la justificación de la pandemia. Esta situación hace que se plantee incluso denunciar el abuso de estos mecanismos a instancias europeas para que tomen cartas en el asunto. Una preocupación que no solamente se refiere a la actividad actual de licitaciones públicas, sino que se proyecta hacia el futuro por la esperable avalancha de concursos que se convocarán con fondos europeos en los próximos meses. “Si se mantiene esta evolución, la transparencia de las licitaciones de publicidad desaparecerá completamente, perjudicada por la adjudicación directa basada en motivos de supuesta urgencia, plazos absurdos, y ausencia de oportunidades para las empresas que no sean de gran tamaño, todo ello en contra de los principios que marca la Unión Europea. Con ello perderemos una oportunidad de que estos fondos se empleen correctamente y beneficien a todo el tejido publicitario, incluidos los medios, pues no es de recibo que se excluya sistemáticamente a alguno de ellos, como el medio exterior, sin razón alguna”, ha declarado José Carlos Gutiérrez, presidente de esta asociación. La FEDE se plantea, de seguir esta dinámica, acudir a las instancias europeas pertinentes para denunciar estas prácticas pues los principios de la UE que indican la necesaria promoción de la pequeña y mediana empresa en los contratos públicos, ciertamente se ven vulnerados y menospreciados por el Estado. Asimismo, esta organización afirma haber intentado reunirse con los responsables de la publicidad de la Administración en el Ministerio de Presidencia desde hace meses, sin…
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará este martes una demanda antimonopolio contra Google por violar la ley al usar su poder en el mercado para defenderse de sus rivales, según ha informado Reuters. Al parecer, la matriz de Alphabet puso en desventaja a sus contrincantes para mantener su posición dominante como motor de búsqueda y vender más anuncios. Esta demanda, según el fiscal adjunto del Departamento de Justicia, afirma que “sin una orden judicial Google continuará ejecutando su estrategia anticompetitiva, paralizando el proceso competitivo, reduciendo las opciones de los consumidores y sofocando la innovación”. No solo eso. También incide en que Google sustenta un papel de “principal guardián de acceso” a internet a través de “una red ilegal de acuerdos exclusivos que daña a los competidores”. “Por el bien de los consumidores, anunciantes y todas las empresas que ahora dependen de la economía de internet, ha llegado el momento de detener la conducta anticompetitiva de Google y restaurar la competencia”. El Departamento de Justicia de EEUU también ha señalado que Google controla alrededor del 80% de las búsquedas que se producen en Estados Unidos y que ha llegado a acuerdos con fabricantes de smartphones que utilizan Android para “precargar” el motor de búsqueda de Google en dichos teléfonos con el fin de dificultar el acceso a otros. Esta demanda puede extenderse en el tiempo, no obstante, llega en un momento crucial: las elecciones estadounidenses están a la vuelta de la esquina. Además, podría verse como un gesto político después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, prometiese pedir cuentas a determinadas empresas por sofocar las voces conservadoras.