derechos

En una jornada de protestas, la Plataforma Ciudadana por la Dignidad de los Autónomos ha tomado las calles de 21 ciudades españolas este domingo 30 de noviembre. Entre sus demandas principales destacan la exención del IVA hasta 85.000 euros y la eliminación del papel de los autónomos como recaudadores del Estado. Las manifestaciones se han desarrollado en lugares tan diversos como Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia, por mencionar algunos. Jéssica Garrido, coordinadora de la Manifestación Nacional de Autónomos, expresó en Valencia que los autónomos buscan obtener «los derechos básicamente que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena». Subrayó la precariedad laboral al afirmar que, a pesar de sus contribuciones, carecen de derechos fundamentales como los de bajas por enfermedad o maternidad, y no tienen derecho a huelga. «Yo no soy empleada pero trabajo 24/7», destacó Garrido. La organización, que se define como un colectivo ciudadano independiente, sin afiliaciones partidistas, demanda cuotas de autónomos proporcionales a los ingresos reales mensuales y una reforma completa del cese de actividad (el conocido ‘paro del autónomo’). Otras peticiones incluyen sustituciones por baja médica o por cuidado familiar con cotización reducida, derecho al duelo y protección social al nivel de los trabajadores asalariados. Si no hay autónomos no hay país, no hay riqueza En Valencia, una de las principales ciudades que acogió estas protestas, los participantes exigieron unas «condiciones dignas» para los autónomos, reflejando su descontento con frases como «manos arriba, esto es un atraco» y «unos robando, otros trabajando». Durante la manifestación, los líderes del colectivo hicieron hincapié en la necesidad de una simplificación real de la burocracia y solicitaban el fin del lenguaje incomprensible en los trámites administrativos. La plataforma también aboga por la protección del patrimonio personal y del hogar familiar, la libertad en el pago en efectivo, y una competencia…
Telefónica ha logrado asegurarse, en exclusiva, los derechos para la retransmisión de todas las competiciones de la UEFA en España. Este acuerdo incluye la Champions League, Europa League, Europa Conference League, Youth League y Supercopa de Europa, durante el ciclo de cuatro temporadas comprendido entre 2027/2028 y 2030/2031. El importe total asciende a 1.464 millones de euros, según la información proporcionada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este contrato con un valor de 366 millones de euros por temporada refleja la ambición de Telefónica para consolidarse como el principal proveedor de contenido futbolístico en el mercado residencial español. La adjudicación, aunque provisional, está pendiente de convertirse en definitiva mediante las negociaciones y firma del contrato con la UEFA, una formalidad que la empresa espera culminar en un corto plazo. La adquisición directa de UEFA de este contenido «premium» permitirá a Telefónica continuar diseñando y comercializando sus canales y contenidos con el mejor fútbol europeo. Este movimiento estratégico subraya el compromiso de Telefónica con ofrecer a sus clientes un acceso exclusivo a las principales competiciones de fútbol europeo, asegurando una posición destacada en el competitivo ámbito de la retransmisión deportiva.
El debate sobre los derechos de los autónomos en España ha cobrado nuevo protagonismo después de que Lorenzo Amor, presidente de la organización ATA y vicepresidente de la CEOE, se dirigiera a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a través de su cuenta en X. Amor ha expresado su desacuerdo con la gestión actual, destacando áreas donde a su juicio se requiere mejora. Según Amor, uno de los principales puntos de discordia es el subsidio para mayores de 52 años. Este beneficio, del que disponen los trabajadores por cuenta ajena, no está disponible para los autónomos, lo cual es una responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Amor ha sido claro en su mensaje al señalar que parece incomprensible que esta protección social se les niegue a los autónomos, especialmente cuando este colectivo está mayoritariamente formado por mujeres. Es incomprensible que se abandone y se niegue esta protección social a los autónomos El vicepresidente de la CEOE ha hecho referencia a la quinta recomendación del Pacto de Toledo, criticando que no se haya seguido en lo referente a la inclusión de los autónomos en este tipo de subsidios. Este pacto, que tradicionalmente guía las políticas de seguridad social en España, es visto por muchos como un punto de referencia crucial que no debería ser ignorado. Amor ha invitado a la ministra Díaz a que actúe más y hable menos, sugiriendo acciones concretas para proteger a los autónomos e incorporar mejores beneficios para este grupo dentro de la legislación vigente. La comunidad de autónomos espera que estas palabras provoquen un cambio y se traduzcan en políticas efectivas que reflejen una mejora en sus condiciones laborales y sociales.
Mutualistas x el Futuro ha celebrado la inclusión de una enmienda vital en la Proposición de Ley que regula el futuro de las mutualidades profesionales alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Tras el cierre del plazo para presentar enmiendas, el Congreso ha respaldado que los profesionales puedan seguir eligiendo a partir de 2027 entre el RETA o su mutualidad. Esta decisión es vista como una victoria significativa para aquellos que defienden la alternativa mutualista. Respaldo mayoritario y propuestas clave La agrupación ha expresado su satisfacción por el respaldo mayoritario del Congreso hacia el mantenimiento de la alternatividad. Además de esta enmienda crucial, se han considerado otras propuestas presentadas por Mutualistas x el Futuro, enfocadas en asegurar una transición ordenada hacia el RETA. Esto incluye la permanencia de los fondos en la mutualidad hasta la jubilación, evitando así las pérdidas financieras prematuras. «Estamos realmente contentos de que la mayoría del Congreso haya respaldado el mantenimiento de la alternatividad como venimos defendiendo desde Mutualistas x el Futuro. Seguimos luchando por los derechos adquiridos de la mayoría de los mutualistas que sí defendemos este modelo», ha afirmado Ángel Seisdedos, portavoz del grupo. Revisiones fiscales y salvaguardas económicas Adicionalmente, los mutualistas han insistido en la importancia de otras medidas para garantizar procesos que sean transparentes, justos y beneficiosos. Entre las solicitudes se encuentra la revisión de la fiscalidad de las pensiones de ahorro profesional, sugiriendo que estas no deberían ser gravadas como salarios, sino como un ahorro merecido después de años de esfuerzo. Los mutualistas han pedido proteger el ahorro acumulado, garantizar los derechos de los mutualistas pasivos, facilitar una «pasarela» hacia las mutualidades, el acceso al complemento a mínimos y un cómputo justo de los periodos de cotización El movimiento ha subrayado la necesidad de proteger estos derechos y estructuras económicas…
La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este lunes los avances en la revalorización de las pensiones en España. Desde 2019, las pensiones contributivas han experimentado un aumento del 22,7%, mientras que las no contributivas han crecido entre un 40% y un 50%. Durante un acto en el Congreso organizado bajo el título ‘Blindaje de las pensiones en la Constitución Española’, Saiz subrayó que el sistema público de pensiones es «una expresión concreta de nuestro modelo de país». Explicó que España es un país que «se respeta a sí mismo porque cuida a quienes lo han sostenido». En su discurso, reafirmó que una pensión «no es un regalo ni una concesión, es un derecho» que no debería estar sujeto a la «incertidumbre política». Por ello, defendió las medidas del Gobierno que han permitido esta significativa revalorización de las pensiones, destacando que este cambio ha reducido el riesgo de pobreza en 16,4 puntos y que casi ocho millones de personas se benefician de un sistema de pensiones «público, contributivo y solidario». El sistema público de pensiones es «una expresión concreta de nuestro modelo de país». Saiz aprovechó su intervención para criticar la falta de consenso político en torno a las pensiones, indicando la falta de apoyo del Partido Popular a la ley que asegura la revalorización automática de las jubilaciones. «Votaron en contra de los avances y de la protección y seguridad de los pensionistas. Y no es un matiz, es toda una declaración de intenciones», aseveró la ministra.
Airbnb ha expresado su desacuerdo con la actuación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 al elaborar un listado de anuncios de propiedades, lo que ha derivado en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este auto, hecho público el lunes, ordena la eliminación de 5.800 anuncios de pisos turísticos en la plataforma. Según un portavoz de Airbnb, la compañía impugnará todas las decisiones relacionadas con este caso, argumentando que son contrarias a las normativas tanto españolas como europeas. El portavoz de Airbnb ha señalado que el Ministerio no tiene competencias para hacer cumplir las regulaciones sobre alojamientos turísticos y ha utilizado una “metodología indiscriminada” que incluye anuncios legítimos con licencias y otros que no necesitan ser catalogados como oferta turística, como los arrendamientos de temporada. “El Ministerio ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro”, ha denunciado. Airbnb se presenta como una plataforma regulada por la Ley de Servicios Digitales, que no le impone obligaciones de supervisión Es importante destacar que en diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que establece que Airbnb debe ser considerado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario. En enero de 2022, el Tribunal Supremo en España reafirmó esta postura, indicando que “la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando sea necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia.” En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha notificado a Airbnb sobre 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas. Este lunes, Bustinduy calificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como una “gran victoria”…
Facua-Consumidores en Acción ha instado a los pasajeros afectados por las cancelaciones en las rutas del AVE Madrid-Sevilla durante el domingo 4 y el lunes 5 de abril, a reclamar los gastos de comida y alojamiento ocasionados por estos contratiempos. La organización ha destacado que, según el reglamento europeo que protege los derechos de los viajeros de ferrocarril, tienen derecho a la restitución del importe de sus billetes o a ser reubicados en otros medios de transporte. Adicionalmente, se establece que las empresas deben asegurar la asistencia a los afectados, incluso si los retrasos o cancelaciones se deben a causas extraordinarias. Al menos 10.700 pasajeros se vieron impactados por importantes retrasos y cancelaciones en su trayecto Sevilla-Madrid, atribuibles al robo de cable en cuatro puntos distintos de la línea AVE, lo que, según datos de Renfe, continuará generando retrasos hasta que se restablezca la normalidad en el servicio. Los derechos a asistencia ante cancelaciones o retrasos de al menos 60 minutos están claramente establecidos en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2021/782 Facua ha indicado que el reglamento europeo estipula que, tras una cancelación o un retraso de 60 minutos o más, la compañía ferroviaria debe proporcionar gratuitamente comidas y refrigerios adecuados al tiempo de espera, así como alojamiento y transporte hacia este, cuando sea necesario. Especifica que, si la empresa no informa de opciones de transporte alternativo en un plazo de cien minutos desde la hora programada del tren, los usuarios tienen derecho a organizar su propio viaje y serán reembolsados por los gastos incurridos. Sin embargo, respecto a las indemnizaciones por el coste del billete, Facua aclara que Renfe no está obligada a realizar compensaciones si el retraso es resultado de actos de terceros, como el robo de cables, ya que la normativa europea exime a las empresas…
La Dirección General de Consumo, bajo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha emitido un recordatorio a los consumidores afectados por el apagón eléctrico del lunes 28 de abril, subrayando que tienen el derecho a reclamar el reembolso de diversos gastos. Esto incluye los billetes de avión, tren o autobús, así como entradas para eventos cancelados y los datos móviles no consumidos. En la guía de consumo publicada, se establece que las personas afectadas tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables en el sentido de la normativa de consumo, por lo que sus derechos gozan de especial protección. Ante la cancelación de vuelos, los afectados tienen derecho a recibir el reembolso del coste del billete «en un plazo de siete días» o a ser trasladados en un transporte alternativo, que debe facilitarse «lo más rápidamente posible» y en condiciones comparables. Las cancelaciones de servicios de transportes derivadas de la interrupción del suministro eléctrico tendrían la consideración de «eventos de fuerza mayor» Para los trayectos en tren, si se prevé un retraso de más de 60 minutos o la cancelación del trayecto, la guía indica que el viajero puede optar entre el reembolso total del billete «en un plazo de 30 días» o un traslado por una vía alternativa en condiciones comparables. Además, si el tren está bloqueado, la compañía ferroviaria deberá organizar el transporte de los afectados. En el caso de autobuses, las compañías deben ofrecer la opción de reembolso del billete, que debe ser efectuado en un plazo de 14 días, o una alternativa similar de viaje. Para los trayectos marítimos, también se contempla el reembolso o un viaje alternativo. Si el trayecto no se ha cancelado, pero las personas no pudieron realizarlo debido al corte, se recomienda revisar los términos del contrato correspondiente. La guía…
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado a los sindicatos a movilizarse en favor de la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Durante un acto de Sumar celebrado este sábado en Viladecans (Barcelona), la ministra afirmó: «Así es como se le derrota a la derecha en nuestro país. Se le derrota con derechos, con esperanza, se le derrota con cariño». Un llamado a la acción sindical El evento también contó con la participación de importantes figuras como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, así como la coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, entre otros. Díaz anticipó que la discusión sobre la reducción de la jornada será profunda, considerando que la medida enfrenta múltiples adversarios. La ministra cuestionó al Partido Popular sobre si sus 137 diputados en el Congreso votarán en contra de esta iniciativa como lo hicieron anteriormente con la reforma laboral Díaz enfatizó que un rechazo por parte del PP equivaldría a «golpear» a los trabajadores y a oponerse a la necesaria modernización de España. Esta intervención subraya el interés del Gobierno por fomentar un equilibrio entre la vida laboral y personal, intentando establecer un modelo que garantice más derechos a los trabajadores en el país.
Casi 40 colectivos sociales, unidos en la plataforma Hábitat 24, han convocado una nueva marcha en Madrid para este domingo, día 9, en defensa del derecho a una vivienda digna. Esta protesta tiene como objetivo exigir a las administraciones soluciones urgentes ante lo que consideran una emergencia habitacional. El lema de la marcha es ‘Vivienda digna y sostenible ¡Ya!’, y comenzará a las 12 horas, con un recorrido que irá desde la Glorieta de Carlos V (Atocha) hasta la Puerta del Sol.Los organizadores son los mismos que llevaron a cabo la protesta del 13 de octubre, que reunió a más de 22.000 personas bajo los lemas ‘La vivienda es un derecho, no un negocio’ y ‘Se acabó. Bajemos los alquileres’, según datos de la Delegación del Gobierno. En esta ocasión, los colectivos quieren visibilizar el agravamiento de las condiciones de acceso a la vivienda en los últimos meses y en particular el aumento de los desahucios que afectan a familias vulnerables. Datos alarmantes sobre el mercado de la vivienda Según el Colegio de Registradores, el precio medio de la vivienda en España ha alcanzado en el último cuatrimestre de 2024 un nuevo máximo histórico, registrando un aumento del 12,5% respecto a los niveles máximos de 2007, cifra que se sitúa en 2.164 euros/m2. A nivel regional, la Comunidad de Madrid presenta el precio más elevado, con 3.780 euros/m2, mientras que en la ciudad de Madrid este valor asciende a 4.517 euros/m2. Ante esta situación, los convocantes critican la reacción de las administraciones, particularmente de la Comunidad, que acusan de favorecer los intereses de fondos de inversión y especuladores, incluso en complicidad con algunos ayuntamientos. Denuncian iniciativas como la Ley Ómnibus y un Plan Vive, calificándolo de «fracaso» al priorizar los intereses de los inversores sobre el acceso a una vivienda…