Fedea

La riqueza media de los hogares en España ha experimentado un significativo aumento del 80,9% en los últimos veinte años, según revela un estudio reciente de Fedea, realizado por José Ignacio Conde-Ruiz y Francisco García-Rodríguez. Este aumento se ha visto impulsado principalmente por la revalorización de los activos inmobiliarios y, más recientemente, por el crecimiento de los activos financieros. Una riqueza desigual A pesar del marcado crecimiento en la riqueza de los hogares entre 2002 y 2022, el estudio subraya que esta evolución ha sido “muy desigual”. Fedea destaca que el progreso se ha concentrado desproporcionadamente en los percentiles más altos de la población. Mientras que, en 2002, el 1% más rico acumulaba el 13% del patrimonio total, en 2022 su proporción aumentó a más del 21%. Esto ha llevado a un aumento del índice de Gini de la riqueza, que ha pasado de 0,57 a 0,69, confirmando un incremento estructural de la desigualdad patrimonial. El informe también destaca una profunda fractura generacional. Las cohortes nacidas entre 1956 y 1975 han consolidado altos niveles de riqueza, apoyadas en un contexto de empleo estable y fuerte apreciación inmobiliaria. En contraste, los millennials, nacidos después de 1986, enfrentan barreras significativas para acceder a la vivienda y cuentan con una tasa de propiedad inferior al 40%. El análisis por edad revela una estructura patrimonial condicionada por el ciclo vital: los jóvenes acumulan principalmente deuda, especialmente hipotecaria, mientras los mayores concentran la mayor riqueza neta Consecuencias y recomendaciones Conde-Ruiz y García-Rodríguez advierten que esta tendencia hacia la desigualdad puede tener consecuencias duraderas en la equidad intergeneracional y la movilidad patrimonial. La limitada capacidad de los jóvenes para acceder a la vivienda o al ahorro financiero podría perpetuar desigualdades económicas y sociales a largo plazo. El ‘think tank’ Fedea hace un llamado a las políticas…
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha instado a reconsiderar «de inmediato» la última reforma de pensiones, advirtiendo que esta podría «agravar» los problemas de sostenibilidad financiera del sistema. Según Fedea, la reciente reforma aumentará «considerablemente» el gasto en pensiones sin introducir medidas compensatorias adecuadas. El informe elaborado por Alfonso Sánchez, Ángel de la Fuente y Miguel Ángel García para Fedea indica que, bajo las actuales medidas, el gasto en pensiones podría superar el 18% del PIB alrededor de 2050. Este incremento se debe en gran medida a la revalorización de las pensiones con el IPC y a las medidas de la segunda fase de la reforma, como subidas de cotizaciones y la introducción de un modelo dual para calcular la pensión. Fedea prevé que, aunque los ingresos del sistema también suban, solo alcanzarán el 10,35% del PIB para 2050, lo que generará un gran déficit en el sistema contributivo, que podría superar el 8% del PIB. Si a esto le añadimos el hecho de que nuestra situación actual en términos de déficit y deuda del conjunto de las administraciones públicas no es particularmente boyante, resulta difícil evitar la conclusión de que necesitaríamos prestar más atención al control del gasto en pensiones Fedea critica que el actual enfoque gubernamental suponga «un cheque en blanco» con cargo a la Administración General del Estado. Propone, en cambio, buscar un equilibrio más razonable entre el gasto en pensiones y otras necesidades fiscales. Esto incluiría una revisión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para establecer un límite máximo al déficit del sistema de pensiones. La Fundación aboga por reducir la tasa de prestación a niveles comparables a otras economías europeas y considerar la posibilidad de adoptar un modelo de cuentas nocionales como el sueco. Fedea también sugiere financiar las aportaciones necesarias al…
Un reciente análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha revelado datos significativos sobre el sistema de financiación autonómica (SFA) en España correspondientes al año 2023. Según este estudio, solo las comunidades de Madrid, Cataluña y Baleares se posicionaron como contribuyentes netas al SFA, en contraste con el apoyo financiero que otras comunidades han recibido. El informe, elaborado por Ángel de la Fuente, destaca que el sistema ha movilizado cerca de 24.000 millones de euros en recursos adicionales para las comunidades con menor renta. Este apoyo financiero extraordinario fue compuesto por fondos estatales, que aportaron alrededor de 13.000 millones, y por contribuciones significativas de Madrid, Cataluña y Baleares, que sumaron 10.600 millones. Madrid, en particular, lideró esta contribución con más de 7.975 millones de euros, seguida por Cataluña con 2.266 millones y Baleares con 358 millones. El informe señala que estas aportaciones suponen entre el 7% y el 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Cataluña y Baleares, llegando hasta un 26% en Madrid Por el otro lado, las comunidades receptoras, tales como Extremadura y Canarias, han registrado transferencias que exceden significativamente sus ingresos tributarios homogéneos, superando el 78% y el 99% respectivamente de su recaudación por tributos cedidos. En 2023, el volumen total de financiación para las comunidades de régimen común aumentó en cerca de 2.900 millones de euros, marcando un incremento del 1,94% respecto al año anterior. Sin embargo, la tasa de inflación del 3,4% en el mismo período conlleva a una disminución del poder adquisitivo de esta financiación, un punto crucial resaltado por Fedea. La desaceleración del crecimiento del PIB y una caída del 8% en las transferencias estatales son factores que han influido en esta dinámica, mientras que el año anterior se experimentó un robusto crecimiento del 14% De la Fuente también destacó…
La reciente publicación de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) pone de manifiesto las consecuencias económicas de una política arancelaria por parte de Estados Unidos. Según el informe, elaborado por Jorge Alonso Ortiz del ITAM-CIE y José María Da Rocha de la Universidade de Vigo, si EE.UU. impusiera un arancel uniforme del 10% a sus importaciones, esto resultaría en un recorte del 0,82% en el PIB de EE.UU., del 0,73% en la economía mundial y del 0,74% en España durante el primer año. Este análisis resalta la interconexión de las economías globales y la forma en que un cambio en las tarifas puede impactar múltiples regiones. El estudio explora las posibles repercusiones de un shock arancelario iniciado por EE.UU. en 2018 y que se estremece en 2025. En el escenario base, el impacto negativo se distribuye no solo en EE.UU., sino también en sus principales socios comerciales. Canadá, China, México y la Unión Europea verían reducciones en sus rentas de entre medio y casi tres cuartos de punto porcentual. Esto se debe a que cuando un componente cruza una frontera con un costo elevado, las consecuencias se transmiten a través de las cadenas de suministro internacionales. En un sistema de producción tan imbricado como el actual, las guerras comerciales no se ganan, se financian con menores salarios reales y con inflación importada El informe también considera un escenario más severo donde, además del 10% general, los gravámenes subirían al 25% para Canadá y México, al 15% para la UE, y de manera dramática al 145% para China. Bajo este régimen extremo, el PIB global podría contraerse hasta un 3,38% y el estadounidense un 3,78%. Fedea advierte que «el mayor perdedor de una guerra comercial es el que la inicia». Pese a estas tensiones comerciales, el estudio subraya que…
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha emitido un comunicado en el que critica con dureza el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat para avanzar hacia un modelo de financiación singular para Cataluña. A su juicio, este pacto sigue sin concretar cuestiones clave y añade un "grado notable de confusión" al debate territorial. De la Fuente señala que el acuerdo "no clarifica en absoluto" los detalles de la propuesta original, surgida del entendimiento entre PSC y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa. El nuevo pacto, en el marco de la Comisión Bilateral entre el Ejecutivo español y el catalán, tampoco despeja las dudas sobre cómo se vería afectado el conjunto del sistema de financiación autonómica. El economista teme que se esté gestando "una gestión tributaria descentralizada a la carta", más cara, más compleja y, además, menos eficaz, sin un retorno claro para el autogobierno. "Patada adelante y a esperar el próximo episodio. Que el Señor ilumine al guionista y le conceda el don de la claridad expositiva" Aunque reconoce un tono menos beligerante en los últimos documentos, Fedea considera que la ambigüedad de las propuestas actuales impide valorarlas con rigor. "Habrá que esperar a que se lleven al Congreso medidas normativas concretas", afirma De la Fuente, quien ironiza sobre el estado actual del debate: "Patada adelante y a esperar el próximo episodio. Que el Señor ilumine al guionista y le conceda el don de la claridad expositiva". Reacciones ante lo ocurrido Las reacciones no se han hecho esperar. Expertos como Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre han calificado la financiación singular como una extensión del "privilegio del cupo vasco", disfrazado de justicia fiscal. Ambos alertan de que se parte de una lectura interesada sobre…
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha realizado una proyección que advierte que el gasto público en pensiones alcanzará el 17,1% del Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2050. Este pronóstico supera en un punto al de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estimó un gasto del 16,1% en su último informe sobre pensiones. Según el profesor Miguel Ángel García, economista de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid e investigador asociado de Fedea, esto implicaría un incremento de entre 3,1 y 4,1 puntos de PIB más respecto al gasto actual en pensiones, que se sitúa en 12,9%. Durante las jornadas tituladas ‘Repensando el sistema de pensiones’ organizadas por Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE), García destacó que el gasto en pensiones ha aumentado 2,9 puntos porcentuales desde 2010, ocupando actualmente el 30% del total de los gastos de las administraciones públicas. Además, el investigador subrayó que el sistema público de pensiones en España es más generoso que la media de la eurozona, dado que la tasa de reemplazo es casi un 65% superior a la de otros países europeos. Esto implica que la pensión de jubilación del régimen general supera el 7% del salario más frecuente En términos específicos, la pensión de jubilación del régimen general representa un 107,3% del salario más frecuente, 89% del salario mediano y 73,8% del salario medio. Las nuevas jubilaciones se estiman aún más favorables, alcanzando el 123,4% del salario más frecuente y 102,4% del salario mediano. En la proyección hacia 2050, García prevé que habrá un aumento de 5,6 millones de personas que generarán el derecho a cobrar una pensión, lo cual obligará al Estado a buscar nuevas fuentes de ingresos para cubrir estos costos. Según sus cálculos, el incremento de ingresos podría llegar a 1,2…
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado un informe que revela el impacto considerable de la no corrección por inflación del IRPF en las familias españolas. Un hogar compuesto por cuatro miembros y con unos ingresos brutos de 50.000 euros ha visto una incremento del 30% en la cuota del impuesto, siendo la situación aún más grave para las rentas más bajas. Esta falta de actualización de la escala de gravamen y el mínimo exento del tramo estatal del IRPF, que no han sido revisados desde 2015, se vuelve preocupante dado que la inflación acumulada desde entonces asciende a casi el 27%. Los expertos de Fedea han señalado que, debido a esta falta de ajuste, la renta monetaria de los contribuyentes incrementa, a pesar de que su poder adquisitivo permanece estancado. Este fenómeno empuja a los contribuyentes hacia tramos impositivos superiores, donde se aplican tipos impositivos más altos, aunque su renta real no haya cambiado. La subida del impuesto se produce por un procedimiento poco transparente para los ciudadanos Adicionalmente, el informe aborda la falta de aprobación de la reforma de la ley del suelo y la creación de una Agencia de Salud Pública en España. Fedea considera que el estancamiento de estos proyectos evidencia la dificultad de los partidos políticos, especialmente del PSOE y PP, para alcanzar consensos en cuestiones de trascendencia nacional. Los expertos instan a una reflexión profunda por parte de ambos partidos. En relación a la reforma de la ley del suelo, Fedea destaca que la necesidad de esta medida radica en los largos plazos de construcción de vivienda, que se ven frecuentemente paralizados por la anulación de los correspondientes planes urbanísticos. Este obstáculo se debe al estatus legal de los instrumentos de ordenación territorial, que son considerados normas legales sujetas a un…
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha emitido una cautelosa advertencia acerca del nivel actual de déficit público en España, que se ha reducido por debajo del 3% del PIB en 2024. Según la institución, este nivel no otorga a España «demasiada holgura» para afrontar la próxima crisis, «que ya ha comenzado». Fedea ha señalado que mantener el actual desempeño de la economía española ante un futuro «turbulento» y un posible nuevo shock en la política comercial y de defensa de Estados Unidos, generado por la Administración Trump, representa un verdadero desafío. En su último informe, publicado el lunes, Fedea analiza la evolución de la economía española desde la llegada de la pandemia hasta el presente. En comparación con la media europea, se ha observado un repunte en el crecimiento para 2024 tras la desaceleración del año anterior. La economía española, según los expertos de Fedea, ha logrado mantener su diferencial positivo de crecimiento respecto a la media de la UE, recuperando parte del terreno perdido durante la crisis sanitaria. Entre 2019 y 2024, el PIB español ha aumentado un 6,9% en términos reales, superando ligeramente a la media de la Unión Europea. El informe también destaca que el PIB per cápita real ha crecido un 3,2%, aunque España se posiciona en la parte inferior de la distribución, por delante de Francia y Alemania. Entre los datos relevantes de 2024, se encuentra que España se sitúa en el tercer puesto por crecimiento del PIB total (3,2%) y en el sexto lugar en relación con el PIB per cápita (2,3%), detrás de Polonia, Bulgaria y Grecia. En el ámbito del empleo, la evolución ha sido igualmente positiva. A cierre de año, todos los indicadores de ocupación superan claramente los niveles prepandemia. No obstante, Fedea ha avisado de la necesidad…
Un nuevo estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea importantes reflexiones sobre la eficacia de las ayudas condicionadas, particularmente aquellas destinadas al alquiler de vivienda y a los consumos energéticos. Según el análisis titulado ‘Prestaciones no contributivas y medidas de protección para colectivos vulnerables: un panorama y algunas reflexiones’, dirigido por el investigador Ángel de la Fuente, se concluye que este tipo de ayudas son, en general, ineficientes en la lucha contra la pobreza. El estudio señala que las ayudas condicionadas son ineficientes porque imponen restricciones sobre su uso que, en condiciones normales, sólo pueden reducir el bienestar . Por ello, Fedea sugiere la eliminación de estas ayudas y una redirección de los recursos hacia transferencias no finalistas para los hogares de menor renta, optimizando así su impacto. De la Fuente también subraya que las transferencias incondicionadas de renta son el instrumento más equitativo y eficiente en la lucha contra la pobreza, asegurando que los costos de protección se distribuyan de manera justa en la sociedad. Además, critica la intervención legal en los contratos privados por sus efectos negativos en la contratación futura y en la seguridad jurídica, señalando que tal protección puede llevar a un endurecimiento de condiciones que afecta a todos los inquilinos. Por último, el director de Fedea aconseja concentrar los esfuerzos en programas que complementen las rentas de las familias más vulnerables y diseñar dichas ayudas de forma que tengan en cuenta el impacto en los incentivos laborales. Estos cambios podrían evitar problemas de incentivos que, en ocasiones, pueden desencadenar una trampa de pobreza. Entre las recomendaciones también destaca la necesidad de adaptar las escalas de las rentas mínimas a las realidades económicas actuales, considerando factores como el tamaño y la composición de los hogares.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un estudio este lunes que alerta sobre las consecuencias potencialmente negativas de implementar un sistema de indemnizaciones «a la carta» en los despidos improcedentes en España. Según el informe elaborado por el Catedrático de Derecho del Trabajo, Jesús Lahera, esta medida podría saturar la jurisdicción social, generar inseguridad jurídica y desincentivar los pactos indemnizatorios entre empresas y trabajadores. El estudio argumenta que la reforma de la indemnización por despido improcedente, ya sea optando por un sistema de indemnización individualizada o introduciendo cuantías adicionales a criterio judicial, no es aconsejable. Lahera fundamenta su posición en la sentencia del Tribunal Supremo del 19 de diciembre de 2024, que reafirmó la ley vigente en materia de indemnización tasada, estableciendo que «la indemnización por despido improcedente no puede verse incrementada en vía judicial». La jurisprudencia subraya las virtudes de la indemnización tasada en el despido improcedente, igual y uniforme para todos con seguridad jurídica El informe destaca que la indemnización por despido improcedente en España está fijada en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, que establece 33 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 24 mensualidades. Sin embargo, han surgido discrepancias en algunos Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas sobre la aplicación de esta normativa, lo que ha llevado a fijar indemnizaciones adicionales basadas en directrices internacionales. A pesar de estas controversias, Lahera sostiene que la reciente decisión del Tribunal Supremo resuelve de manera efectiva esta problemática, indicando que la indemnización tasada en despidos improcedentes «ofrece previsibilidad, certidumbre y seguridad jurídica». Entre otros efectos, Fedea advierte que las indemnizaciones «abiertas» a criterio del juez podrían complicar la situación del trabajador, dificultando la prueba del daño y afectando negativamente su búsqueda de empleo. También se señala que…