fondos europeos

Más de 56.700 millones de euros de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU ya han llegado a la economía española, beneficiando a más de 1,2 millones de personas, según datos del Gobierno obtenidos por Europa Press. España ya ha resuelto convocatorias por 56.741 millones de euros, ha asignado 79.854 millones y lanzado convocatorias por 82.343 millones de euros, alcanzando una tasa de resolución del 68,9%. Un importante número de pymes y microempresas, el 40,9% del total de beneficiarios, han recibido apoyo del plan. Gracias a este, se han financiado 26.031 viviendas de alquiler social, creado 383.139 plazas de Formación Profesional y promovido 270.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga. Además, 218 municipios han invertido en autobuses cero emisiones, peatonalizaciones y carriles bici. También se han modernizado 572.000 hectáreas de regadíos sostenibles en 15 comunidades autónomas. España ha canalizado más de 4.000 millones en préstamos, explorando además operaciones por 6.500 millones adicionales. Este esfuerzo posiciona al país como líder en la recepción de fondos no reembolsables en la Unión Europea, superando a Italia y Francia. En el ámbito de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) se han invertido más de 23.800 millones de euros, destacando las aprobaciones de tres grandes gigafactorías de baterías y el desarrollo del hidrógeno renovable con 3.701 MW de potencia de electrolización. El Gobierno ha transferido 29.254 millones de euros a las comunidades autónomas para que gestionen estas inversiones según sus competencias. El Ejecutivo prevé que el Plan de Recuperación aporte 2,6 puntos porcentuales al PIB, alcanzando 3,4 puntos al final de la década. Con la sexta solicitud de pago y el cierre previsto del plan para el 31 de diciembre de 2026, el Gobierno busca asegurar el correcto uso de estos fondos para continuar dinamizando la economía nacional.
El Congreso de los Diputados retomará este martes, 23 de septiembre, la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, un proyecto detenido en junio pasado debido a las tensiones políticas vinculadas al caso ‘Koldo’ y las persistentes inseguridades de Podemos hacia el texto. La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible está programada para reunirse con el fin de debatir y votar una ley cuya aprobación es clave para la obtención de fondos europeos. Durante el periodo anterior, el proyecto de ley superó la fase de ponencia en el Congreso. Es una de las primeras etapas en donde los grupos realizan modificaciones legislativas a puerta cerrada por medio de enmiendas. La legislación, plagada de desacuerdos interpartidistas, requirió hasta tres sesiones de ponencia, introduciendo más de 130 enmiendas. Entre las medidas más significativas destaca una reforma propuesta por Sumar, destinada a que el nuevo mapa concesional estatal de paradas de autobuses sea acordado con las comunidades autónomas. Además, se estipula que el Estado deberá compensar económicamente a las paradas que se supriman. No obstante, la comisión que se esperaba que aprobara el proyecto el 18 de junio fue cancelada en el último momento. Esto sucedió en medio de un ambiente político enrarecido por escándalos que vinculaban a ex secretarios de organización del PSOE con presunta corrupción, y las objeciones de Podemos. A pesar de los intentos del Gobierno de celebrar sesiones extraordinarias en julio para aprobar la ley, estas nunca se materializaron. A pesar de que Podemos no tiene representación directa en la Comisión de Transportes (el voto del Grupo Mixto recae en el BNG), su influencia será decisiva en el pleno. Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, afirmó este lunes que su partido no puede apoyar el texto por ser un proyecto «de mínimos» en la lucha contra…
El Congreso de los Diputados se prepara para reactivar la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible este martes, 23 de septiembre. El avance de este proyecto, que se detuvo en junio debido a tensiones políticas relacionadas con el caso ‘Koldo’ y las reservas de Podemos, es crucial para asegurar un desembolso vital de fondos europeos. Esta ley, que data de la legislatura anterior, fue aprobada en Consejo de Ministros pero quedó en suspenso debido a un adelanto electoral y la disolución de las Cortes. Óscar Puente, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha reintroducido el texto original con la esperanza de materializar su aplicación antes del final de 2024. No obstante, la complicada aritmética parlamentaria continúa posponiendo su aprobación definitiva. En el anterior periodo de sesiones, el avance del proyecto en el Congreso superó la fase de ponencia, donde se introdujeron más de 130 enmiendas al texto inicial. Destaca una de estas modificaciones, promovida por Sumar, que propone que el nuevo mapa concesional estatal de paradas de autobuses se decida en conjunto con las comunidades autónomas. Pese al tiempo transcurrido, Podemos sigue firme en su negativa a apoyar el texto, exigiendo al Gobierno la paralización de las ampliaciones del Puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat. Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, afirmó en rueda de prensa que el partido no está dispuesto a respaldar un proyecto que considera “de mínimos” en una lucha tan crucial como la del cambio climático. Aunque Podemos no forma parte directamente de la Comisión de Transportes, su papel será decisivo en el Pleno. “Si el Gobierno de España quiere los votos de Podemos, tiene que paralizarse de inmediato la ampliación del Puerto de Valencia y también la ampliación del aeropuerto del Prat”, declaró Fernández. Además, el…
El Partido Popular (PP) ha instado al Gobierno a declarar su rechazo a cualquier propuesta que implique una reducción significativa de los fondos europeos destinados al sector pesquero en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034). Esta demanda se produce en respuesta a la propuesta de la Comisión Europea de un recorte del 67% en los fondos pesqueros, vinculado al aumento del gasto en Defensa. Según el PP, una reducción de tal magnitud comprometería la viabilidad de explotaciones pesqueras y afectaría directamente a las comunidades dependientes de esta actividad. En su proposición no de ley, registrada para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso, el PP manifiesta su preocupación por la planificación de un presupuesto que rondaría los dos billones de euros, implicando un aumento del gasto en defensa y un recorte de la Política Agraria Común (PAC), que quedaría en unos 300.000 millones de euros. La formación al mando de Alberto Núñez Feijóo llama al Gobierno a adoptar una posición «clara, firme y proactiva» para defender los intereses del sector pesquero español. Además de exigir una posición firme, el PP sugiere impulsar una alianza entre los Estados miembros con mayor peso pesquero para rechazar la reducción de fondos europeos. Defienden la necesidad de mantener en el Consejo de la UE un presupuesto específico y suficiente para un fondo equivalente al actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, que garantice la competitividad y sostenibilidad del sector. La propuesta también aboga por activar mecanismos de interlocución con comunidades autónomas y el sector pesquero español para informar sobre las negociaciones, recoger aportaciones y alinear la posición de España con las necesidades reales del sector.
El pasado viernes, la Comisión Europea anunció el desembolso del quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia para España, acompañado de un monto de 23.100 millones de euros, de los cuales 8.000 millones son subvenciones y 16.000 millones en préstamos. Sin embargo, Bruselas ha descontado 1.000 millones debido al incumplimiento por parte del Gobierno español de dos hitos cruciales: el incremento fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de entidades regionales y locales. El comunicado emitido por el Ejecutivo comunitario detalla que estos recursos se destinarán principalmente a medidas clave como el fomento de energías renovables, la reducción de la burocracia y la mejora en la eficiencia del sistema judicial. Además, se realizarán inversiones importantes en la red de transporte ferroviario de corta distancia y se reforzará la resiliencia en materia de ciberseguridad. España, junto a Italia, Portugal, Chipre y Malta, recibe estos fondos como parte de un paquete total de aproximadamente 43.000 millones de euros liberados como respuesta a la crisis económica post-coronavirus A principios de julio, la Comisión Europea indicó que un poco más de 1.000 millones del desembolso quedarían «en suspenso» hasta que España cumpla con los objetivos previamente establecidos. El país dispone ahora de un plazo extra para alcanzar estos hitos y asegurar el total del financiamiento comprometido.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece una nueva línea de ayudas excepcionales para el sector agrario, dotada con 13 millones de euros provenientes de los fondos europeos. Estas ayudas buscan compensar los daños no cubiertos por la indemnización del seguro agrario, conocidos como la franquicia, en las explotaciones afectadas por la Dana ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. La ayuda cubre específicamente la franquicia en la producción agraria de las áreas impactadas. Para los asegurados impactados, esta línea de ayudas cubre el 100% de la franquicia dentro de la zona establecida por el Real Decreto-ley 7/2024, que comprende un total de 78 municipios: 75 en la provincia de Valencia y 3 en las provincias de Albacete, Cuenca y Málaga, abarcando las comunidades de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Por otro lado, los agricultores de otras zonas incluidas en el acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de noviembre de 2024 recibirán el 85% de la franquicia. Estas subvenciones se otorgan automáticamente sin necesidad de que los beneficiarios presenten una solicitud, ya que el dinero se ingresará directamente en la cuenta donde se domiciliaron los seguros agrarios suscritos. Esta nueva ayuda es adicional al conjunto de medidas que el Departamento dirigido por Luis Planas empezó a desplegar a los pocos días de producirse la Dana El Ministerio, además, ha desarrollado un conjunto de medidas desde los primeros momentos de la Dana. Las acciones inmediatas incluyeron el apoyo logístico y la distribución alimentaria a los afectados. Adicionalmente, se implementaron ayudas directas para recuperar la renta de los agricultores y para compensar la reparación de las parcelas afectadas. También persisten los trabajos sobre el terreno para reparar caminos rurales, infraestructuras de regadío y explotaciones agrarias dañadas, asegurándose así de…
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha manifestado su esperanza de aprobar en los próximos seis meses la equiparación fiscal entre el diésel y la gasolina. Esta medida es una exigencia de Bruselas para permitir el acceso de España a 460 millones de euros de fondos europeos. Durante su intervención en la Comisión Mixta para la UE, Cuerpo explicó que, aunque España ha obtenido acceso a más de 24.000 millones de euros del quinto desembolso de fondos europeos, más de 1.000 millones han sido congelados debido al incumplimiento de ciertos hitos comprometidos con la Comisión. Uno de estos hitos es precisamente el ajuste fiscal entre la gasolina y el diésel, cuyo objetivo es encarecer el diésel por motivos medioambientales. La reforma para eliminar la bonificación fiscal del diésel había sido presentada al Congreso en noviembre, pero fue rechazada por Podemos, PP y Vox. Sin embargo, el Gobierno español está decidido a implementar esta reforma para acceder a los recursos en los próximos seis meses, que es el plazo que Europa otorga a España para completar la modificación. Aparte de eso, Carlos Cuerpo señaló que algunos hitos ya han sido cumplidos, pero están sujetos a verificaciones adicionales. En concreto, mencionó que la Comisión ha bloqueado ciertas partidas debido al cumplimiento parcial de hitos, como el de la digitalización de entidades regionales y locales. Aunque dicho hito se ha cumplido según el titular de Economía, la Comisión necesita más tiempo para evaluar la documentación presentada. Cuerpo confía en que, en el próximo desembolso, Bruselas incluya los 40 millones de euros asignados a este hito. Ya tenemos los canales específicos para dar cumplimiento también a este hito en concreto, que supone o tiene una cuantificación de 626 millones Respecto a los hitos relacionados con la temporalidad en el empleo público,…
El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, comparecerá este jueves en la Comisión Mixta de la Unión Europea para abordar el bloqueo de 1.000 millones de euros de fondos europeos. Esta retención ha sido decidida por Bruselas debido al incumplimiento del compromiso español de incrementar la fiscalidad al diésel y realizar inversiones en la digitalización de entidades regionales y locales, detalles incluidos en el quinto tramo del Plan de Recuperación y Resiliencia. El pasado 7 de julio, la Comisión Europea decidió congelar esta asignación debido a que las reformas comprometidas no se materializaron. El monto finalmente desembolsado a España se situó en 23.900 millones de euros, dejando en suspenso los 1.000 millones restantes. Para obtener estos fondos, el Gobierno deberá cumplir con dichos hitos, incluyendo la subida de la fiscalidad al diésel, una medida que el Congreso rechazó en noviembre del año pasado. La paralización de los 1.000 millones es una medida de presión para que España avance en las reformas acordadas Estas circunstancias serán clave en la presentación de Cuerpo ante la comisión, la cual tiene expectativas de actualizaciones regulares sobre el estatus de las negociaciones entre España y Bruselas. Estado actual de los fondos europeos en España En su última comparecencia, el ministro Cuerpo informó que 53.646 millones de euros ya han sido asignados dentro del Plan de Recuperación, beneficiando en un 40% a pequeñas y medianas empresas. Entre los proyectos más relevantes financiados se encuentran el Kit Digital y el Kit Consulting, con 2.600 millones de euros destinados a 730.000 pymes. Además, se han financiado 567 actuaciones en viviendas de alquiler social y se ha distribuido una parte significativa de fondos a las comunidades autónomas dentro del Plan Moves III. Más del 68% del total convocado ya está en manos de beneficiarios específicos El avance…
El próximo jueves, 17 de julio, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, comparecerá ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea. El motivo de esta comparecencia es explicar el reciente bloqueo de 1.000 millones de euros de fondos europeos asignados a España. Esta medida tomada por Bruselas responde al incumplimiento de dos compromisos por parte del Gobierno español: el incremento de la fiscalidad al diésel y las inversiones en digitalización de las entidades regionales y locales. Estos compromisos formaban parte del quinto tramo del Plan de Recuperación y Resiliencia. Debido al incumplimiento, la Comisión Europea decidió, el pasado 7 de julio, congelar los 1.000 millones de euros, lo que dejó el desembolso total en 23.900 millones de euros. La liberación de estos fondos está ahora condicionada a la ejecución de las reformas pendientes. La reforma sobre la fiscalidad al diésel fue desestimada en noviembre previo por el voto de rechazo de los partidos Podemos, Vox y PP. La cantidad pendiente de 1.000 millones estará en suspenso hasta que se cumplan los compromisos en digitalización y fiscalidad al diésel La presencia de Carlos Cuerpo en la comisión servirá para mantener informados a los legisladores y a la sociedad del estado actual de las negociaciones y el impacto del bloqueo. En su última aparición en la comisión mixta, Cuerpo señaló que 53.646 millones de euros ya se han resuelto del plan, de los cuales el 40% beneficia a pequeñas y medianas empresas. En cuanto a los proyectos específicos financiados, el ministro destacó el Kit Digital y Kit Consulting, que han beneficiado a 730.000 pymes con 2.600 millones de euros. Asimismo, se mencionaron las 567 actuaciones realizadas en cerca de 29.940 viviendas de alquiler social para mejorar su eficiencia energética, y los 990 millones de euros distribuidos a comunidades…
El Gobierno de España ha presentado ante el Congreso una solicitud para celebrar las sesiones extraordinarias necesarias en julio con el objetivo de aprobar la Ley de Movilidad Sostenible. La tramitación de esta ley encontró un obstáculo en la Comisión de Transportes debido a las tensiones políticas derivadas del caso ‘Koldo’ y las reticencias de Podemos al texto propuesto. La ley había superado anteriormente la fase de ponencia en el Congreso, una etapa parlamentaria crucial en la que se introdujeron más de 130 enmiendas al texto. Una de las propuestas más significativas fue promovida por Sumar, que pidió que el nuevo mapa concesional estatal de paradas de autobuses sea acordado con las comunidades autónomas, compensando económicamente para las paradas que fueran suprimidas. No obstante, cuando se iba a realizar el debate decisivo en la Comisión de Transportes el 18 de junio, este fue suspendido inesperadamente debido a la intensificación del clima de tensión política. Fuentes cercanas al proceso aseguran que la paralización se vio influenciada por las recientes acusaciones de corrupción que involucran a los exsecretarios del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Dada la relevancia de Ábalos como exjefe del Ministerio encargado de la ley, la situación se volvió especialmente delicada. El Gobierno ha sugerido reanudar las discusiones el 8 o el 10 de julio, con la intención de llevar la ley al Pleno el 22 de julio. El problema radica en que, aunque se espera superar la tramitación en comisión gracias al apoyo del BNG y no de Podemos, el apoyo en el Pleno sigue siendo incierto debido a la posición crítica de la formación morada. Hasta ahora, Podemos ha manifestado que «no se dan las condiciones» para brindar su apoyo al texto, representando un desafío importante para que el Gobierno asegure la aprobación final del proyecto…