fraude

En un informe conjunto emitido por el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA), se ha revelado que el importe de las transacciones fraudulentas en el Espacio Económico Europeo (EEE) alcanzó la cifra de 4.200 millones de euros en 2024. Esta cifra representa un incremento del 20% en comparación con los 3.500 millones reportados en 2023. A pesar de este aumento, la tasa de fraude se mantuvo estable en el 0,002% del valor total de las transacciones. El aumento del fraude afecta a todos los instrumentos de pago En cifras absolutas, las transferencias de crédito fraudulentas alcanzaron los 2.516 millones de euros, mostrando un incremento del 24% comparado con 2023. El fraude en pagos con tarjetas emitidas dentro de la UE/EEE sumó 1.294 millones, lo que representa un aumento del 4%. Asimismo, el combinado de las domiciliaciones fraudulentas, las estafas en retiradas de efectivo y las operaciones con dinero electrónico casi alcanzó los 350 millones de euros, evidenciando un crecimiento interanual del 26%. El BCE enfatiza que estos valores absolutos podrían estar influenciados por los diferentes límites de gasto entre los instrumentos de pago, siendo generalmente más elevados para las transferencias. Sin embargo, la tasa de fraude se mantuvo baja en todos los métodos de pago durante el periodo 2022-2024. En cuanto a los volúmenes, el número de operaciones fraudulentas notificadas en 2024 superó los 19,6 millones, con un incremento del 10% interanual. Los pagos con tarjeta representaron la mayoría de las transacciones fraudulentas, con un total de 17,06 millones, lo cual indica que los delincuentes a menudo se aprovechan de las transacciones de bajo valor. Impacto en España y otros países europeos En España, el valor total del fraude en 2024 ascendió a más de 318 millones de euros, lo que representa el 7,6% del total…
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado un paso significativo en la lucha contra el fraude financiero al anunciar la creación de una ‘Brigada Antifraude’. Este nuevo organismo se establecerá en colaboración con el Ministerio de Transformación Digital, entidades bancarias, operadores de telecomunicaciones y el Banco de España. El anuncio se realizó tras una reunión mantenida con patronales bancarias, agrupaciones de usuarios y el Banco de España, centrada en el seguimiento de las medidas sobre inclusión financiera. Según el ministro Cuerpo, la brigada estará capacitada para realizar labores de prevención y actuar con rapidez en casos de fraude. La idea es concentrar a todos los agentes relevantes en un ente operativo capaz de generar mecanismos de alerta temprana y proveer respuestas rápidas y contundentes. Además, Cuerpo ha señalado que el organismo podrá proponer medidas normativas cuando sea necesario. Estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que surja de la identificación de estos retos por parte de los expertos, afirmó Cuerpo. Por su parte, la presidenta de la patronal AEB, Alejandra Kindelán, ha subrayado la importancia de la participación tanto de entidades financieras como de operadores de telecomunicaciones en la brigada, destacando que la cuestión nos incumbe a todos. Kindelán también hizo hincapié en la prevención, alertando sobre la disonancia existente entre la realidad del fraude y la percepción de los ciudadanos como posibles víctimas. Esta situación es un caldo de cultivo para los ciberdelincuentes, según Kindelán. "El usuario financiero necesita un marco legislativo mucho más protector", señaló Patricia Suárez, presidenta de la agrupación de usuarios financieros Asufin. Suárez destacó la necesidad de un marco que delimite la responsabilidad en casos de ciberfraude y tenga en cuenta el contexto de su ocurrencia. Subrayó, además, la importancia de la colaboración entre bancos, empresas de telefonía y tecnológicas para…
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha convocado una jornada de huelga y una concentración en Madrid este miércoles, 26 de noviembre. La movilización busca reclamar un nuevo acuerdo de carrera profesional que se alinee con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), evitando así la pérdida de recursos y reforzando la capacidad de la Administración para combatir el fraude y controlar el gasto público. Gestha anticipa que más de 1.500 técnicos de Hacienda de diversas provincias se congregarán a partir de las 12.30 horas en Cibeles, para luego dirigirse al Ministerio de Hacienda, donde a las 13.30 horas habrá una atención a medios. Nueva carrera profesional con movilidad geográfica y funcional La convocatoria también resalta la necesidad de superar el bloqueo en la carrera profesional por falta de movilidad y reconocimiento de funciones. Gestha destaca la complejidad del trabajo y responsabiliza a esta situación del debilitamiento en la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto. Esta movilización contará con técnicos jóvenes, incluidos aquellos destinados en aduanas como Irún y Santurce, y también con los más veteranos que se jubilarán pronto. Desde 2011, las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82% Esta reducción, según el colectivo, evidencia el débil control de los grandes evasores mientras aumentan las fiscalizaciones a particulares, autónomos y pymes. Gestha ha subrayado el impacto negativo de la carencia de una carrera profesional en la AEAT y el Ministerio de Hacienda, advirtiendo que dicha situación está erosionando la estructura administrativa y ocasionando una pérdida de recursos clave. Un aspecto crucial es la movilidad geográfica y funcional. Según el sindicato, la Agencia Tributaria habría optado por un enfoque inadecuado, lo que afecta directamente a unos 1.200 técnicos de Hacienda que desean trasladarse a lugares con relaciones familiares y afectivas. La…
El Parlamento español reanudará este martes la tramitación de una proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. Esta ley busca regular los alquileres de temporada y de habitaciones, asegurando que no se alejen de las directrices estipuladas por la Ley de Vivienda. La propuesta fue tomada en consideración por la Cámara Baja en diciembre de 2024. A pesar de las enmiendas presentadas en mayo, no fue hasta ahora que se convocó una reunión de la ponencia para su discusión. El prolongado tiempo de espera para la tramitación del proyecto ha causado tensiones entre el PSOE y sus aliados de izquierda, quienes han presionado a los socialistas para acelerar el proceso. ERC y Sumar han expresado su descontento públicamente ante la dilación en los plazos. Casi un año después de su aprobación inicial, la Cámara Baja finalmente ha reactivado la propuesta. El Ministerio de Vivienda ha celebrado este avance, señalando que esta regulación es «imprescindible» para combatir el fraude en los alquileres temporales, sobre todo en las grandes ciudades de España. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha solicitado a los grupos del Congreso trabajar de manera conjunta para alcanzar un acuerdo. La propuesta de ley introduce cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos de alquiler temporales a los habituales, desincentivando su uso en zonas tensionadas por la subida de precios. Se establece la obligación para el arrendador de justificar y demostrar la necesidad de la temporalidad del contrato, acorde a lo estipulado por la legislación laboral. El contrato de temporada no podrá exceder de nueve meses, y al superar este periodo, se considerará como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, aplicándose las condiciones pertinentes. La normativa busca que los contratos temporales no superen los nueve meses, coincidiendo con…
El Congreso retomará este martes la tramitación parlamentaria de la proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Esta iniciativa busca evitar que dichos arrendamientos se escapen de las directrices de la Ley de Vivienda. Cabe recordar que la Cámara Baja tomó en consideración esta norma en diciembre de 2024, aunque las enmiendas se presentaron en mayo de este año. No obstante, hasta ahora no se había convocado la reunión de la ponencia que comenzará a discutirlas. El prolongado periodo de espera para tramitar este proyecto ha generado fricciones entre el PSOE y sus socios parlamentarios de izquierda. Estos partidos han insistido repetidamente en la necesidad de que los socialistas aceleren la tramitación del texto. ERC y Sumar, de hecho, han manifestado su malestar por la dilación en los plazos. Después de casi doce meses desde su admisión a trámite, la Cámara Baja ha decidido reactivar la proposición, y desde el Ministerio de Vivienda han celebrado este paso al subrayar que la regulación es imprescindible para atajar el fraude en este tipo de alojamientos en toda España, especialmente en las grandes urbes. Es imprescindible atajar el fraude que se está cometiendo con este tipo de alojamiento en toda España, especialmente en las grandes ciudades La propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a los distintos grupos del Congreso a trabajar colaborativamente «para alcanzar un acuerdo». La norma que se debatirá en ponencia consiste en una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El objetivo es equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual, desincentivando así su uso, especialmente en áreas declaradas tensionadas para reducir precios. Asimismo, se impone la obligación al arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y probarla en términos equivalentes…
La banca regional en Estados Unidos enfrenta nuevamente momentos de incertidumbre debido al potencial deterioro de la calidad crediticia. Esto sigue a las revelaciones de Zions Bancorporation y Western Alliance sobre exposiciones a posibles fraudes por parte de prestatarios. Estas revelaciones causaron un desplome en la cotización de ambas entidades, un 13,14% y un 10,81%, respectivamente. El índice bancario regional KBW, que engloba a 50 pequeñas entidades, experimentó una bajada del 6,3%, marcando su mayor caída diaria desde abril y alcanzando mínimos desde junio. La preocupación por la calidad crediticia se intensificó tras las quiebras del proveedor automotriz First Brands y el prestamista subprime Tricolor, generando interrogantes sobre la transparencia del mercado crediticio. En este contexto, el consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, señaló la aparición de señales de riesgo, destacando la posibilidad de que más problemas pudieran surgir. "Me pongo en alerta cuando pasan cosas así (…) Cuando ves una cucaracha, probablemente haya más", comentó Dimon. Zions Bancorporation reconoció en un comunicado que había descubierto acciones legales contra prestamistas relacionados con su división California Bank & Trust, lo que desencadenó investigaciones internas por aparentes tergiversaciones e incumplimientos contractuales. Como respuesta, Zions ha decidido constituir una provisión total de unos 60 millones de dólares (51 millones de euros) y amortizar 50 millones de dólares (43 millones de euros) de ese monto. Por su parte, Western Alliance Bancorporation presentó en agosto una demanda contra Cantor Group V por presunto fraude relacionado con una línea de crédito revolvente. La entidad asegura que, tras evaluar las garantías existentes, se considera cubierta la obligación, contando además con una garantía limitada y otra total de dos personas con alto patrimonio en ciertas circunstancias, como en caso de fraude.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido llevar al Consejo de Ministros del próximo martes la tramitación urgente de un nuevo sistema de registro horario. Este nuevo sistema se aprobará por Real Decreto, lo que implica que se evitará el procedimiento parlamentario habitual. Esta decisión llega después de que el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales fuera rechazado en Congreso. El Ministerio de Trabajo argumenta que un registro “eficaz” permitirá a la Inspección de Trabajo realizar controles de manera masiva y cotidiana en las empresas, pudiendo resultar en jornadas laborales efectivas aún menores que las propuestas. El proyecto de Real Decreto fue sometido a consulta pública apenas unas horas después del rechazo parlamentario a la reducción de la jornada laboral semanal. El nuevo reglamento debe garantizar la protección de los trabajadores no solo desde el punto de vista retributivo, sino también en términos de conciliación laboral y salud El Ministerio insiste en que el nuevo registro horario es clave para abordar el fraude masivo de horas extraordinarias no retribuidas. Aspiran a erradicar las más de 2,6 millones de horas extraordinarias no pagadas que se registran semanalmente en España. Una vez finalizado el periodo de consulta pública, el texto pasará por varias fases, incluyendo el trámite de audiencia pública, antes de su aprobación final por parte del Consejo de Ministros. Aunque la patronal ha anunciado que impugnará la normativa, Trabajo defiende que el proyecto tiene base legal suficiente para avanzar. El reglamento buscará la realización personal y directa de los registros por los trabajadores, incluyendo interrupciones y registro de horas tanto ordinarias como extraordinarias. También se prevé la implementación de un acceso electrónico a los registros, garantizando su autenticidad. Por otro lado, Trabajo ha indicado que, aunque el proyecto no contempla…
Junts per Catalunya ha encontrado apoyo inesperado en Vox respecto a su propuesta para modificar la legislación relacionada con los permisos de paternidad, intentando endurecer los requisitos para temporeros migrantes debido a posibles fraudes. El partido ha presentado en el Pleno del Congreso una proposición no de ley que busca que el Gobierno modifique el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009, con el fin de imponer restricciones más severas a los migrantes. El diputado de Junts, Isidre Gavín, defendió la iniciativa, mencionando presuntos abusos y fraudes, llegándose a alegar que algunos migrantes obtienen múltiples permisos al justificar que en sus países de origen son polígamos. En su intervención, Juan José Aizcorbe, diputado de Vox, expresó su sorprendente afinidad con la propuesta de Junts, argumentando que, aunque considera el texto tímido, va en línea con sus preocupaciones de años en torno a la cuestión. En contraste, el diputado del PP, Agustín Parra, reconoció la existencia del fraude, pero criticó la proposición por su riesgo de estigmatizar a colectivos vulnerables. «La lucha contra el fraude es contra el fraude, sin etiquetas ni perjuicios», destacó Parra, fijando claramente la posición del Partido Popular. Reacciones y críticas desde otras formaciones políticas La propuesta ha suscitado fuertes reacciones de otras formaciones políticas. El PSOE, a través de la diputada María Carmen Castilla Álvarez, denunció el señalamiento y las consecuencias de crear requisitos desproporcionados, declarando que no hay espacio en un Estado de derecho para medidas que generen desigualdad en el acceso a derechos sociales. En Comú Podem, representada por Júlia Boada, criticó la ausencia de datos que sustentarían los presuntos fraudes y acusó a la propuesta de intentar recortar derechos. Además, apenas 22 personas han sido sancionadas en Cataluña por tales fraudes, según sus declaraciones. Por su parte, ERC y EH Bildu mostraron un…
El partido Junts presentará en el próximo pleno del Congreso una proposición no de ley destinada a endurecer los permisos de paternidad concedidos a temporeros migrantes debido a preocupaciones sobre posibles fraudes. La propuesta fue registrada en agosto y será examinada en el último pleno de septiembre. Entre los asuntos a debatir se encuentra también la propuesta de ley de PSOE y Junts para delegar a Cataluña competencias en materia de inmigración. Junts argumenta, según documentación recogida por Europa Press, que en los últimos años se ha observado un «incremento significativo» en las solicitudes de prestación por paternidad por parte de trabajadores migrantes, especialmente en sectores como agricultura y construcción. En algunos casos, las solicitudes han generado inquietud debido a que han sido presentadas en múltiples ocasiones en períodos cortos, citando nacimientos en países de origen sin documentación verificable. El diputado de Junts, Isidre Gavín, durante la sesión de control al Gobierno, expresó que a menudo la administración acepta documentos de temporeros con «letra ilegible». Además, mencionó casos en los que temporeros solicitan varios permisos alegando que «en su país son polígamos», y posteriormente trabajan «en negro». Junts buscará modificar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009 para incluir exigencias específicas, como la presentación de certificados oficiales validados por consulados españoles. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, respondió en la sesión de control al Congreso que no se contempla una reforma legal debido a que solo se han sancionado a 22 personas en Cataluña, una cifra considerada anecdótica. Afirmó que «los mecanismos actuales son suficientes para prevenir y sancionar posibles fraudes sin introducir nuevos requisitos». La normativa actual incluye mecanismos suficientes para prevenir y sancionar los posibles supuestos de fraude que pudieran darse sin necesidad de introducir requisitos adicionales La ministra Saiz explicó que las…
La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia contra Santiago Fuentes y Diego Felipe Fernández, fundadores de la plataforma de criptomonedas Arbistar, imponiéndoles penas de 8 y 6 años de cárcel, respectivamente. Según el fallo recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal considera culpable a Fuentes de delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados. Por su parte, Fernández ha sido condenado por el delito de estafa. La sentencia también aborda la situación de otros cuatro acusados, quienes han sido absueltos de los cargos de estafa, organización criminal y falsedad documental, que les imputaban tanto la Fiscalía como las acusaciones. Además, Fernández Nojarova ha sido exonerado de los delitos de organización criminal y estafa. Como parte de la sentencia, se ha ordenado a los condenados que indemnicen a las víctimas del fraude, quienes suman un total de 9.494 personas según el listado de la Fiscalía. Esta reparación se establece en concepto de responsabilidad civil. Además, se ha decretado la clausura permanente de la página web utilizada para perpetrar la estafa. Con este fallo, se busca resarcir a las víctimas por los 200 millones de euros perdidos entre 2019 y 2020. Se mantendrá atento seguimiento al caso, según la información prevista para su ampliación.