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El Gobierno de España ha comunicado su intención de solicitar la asociación de Cataluña y el País Vasco como miembros de la Organización Mundial del Turismo de la ONU y de la UNESCO. Esta decisión fue revelada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien destacó que otros territorios han obtenido este reconocimiento dentro del sistema multilateral. Mientras se tramita dicha solicitud, Sánchez ha indicado la intención de desarrollar un estatuto más amplio que permita a ambos territorios desplegar sus competencias en las áreas de cultura y turismo. Este anuncio se sitúa dentro del contexto de la relación del Gobierno con Junts, partido con el cual Sánchez ha enfatizado que no existe actualmente un vínculo formal, aunque sigue mostrando disposición para retomar la «hoja de ruta» acordada en la declaración de Bruselas. En este sentido, el presidente ha mencionado que se está trabajando para que se publiquen las balanzas fiscales en el menor tiempo posible, utilizando una metodología consensuada entre el partido catalán y el Ejecutivo. La Organización Mundial del Turismo de la ONU cuenta en su lista de miembros asociados con destinos como Aruba, Flanders, Hong Kong (China), Macao (China), Madeira (Portugal) y Puerto Rico. La inclusión de Cataluña y el País Vasco en este listado representaría un paso importante en la gestión de sus recursos turísticos y culturales, alineándolos con ejemplos de territorios que ya gozan de este estatus.
La deuda de las administraciones públicas en España ha alcanzado un monto sin precedentes, superando los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre del año, según el Protocolo de Déficit Excesivo. A pesar de la magnitud de esta cifra, el peso de la deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se ha moderado al 103,2%, de acuerdo con los datos preliminares presentados por el Banco de España este lunes. El contexto de la deuda y las previsiones futuras El 103,2% del PIB representa una ligera mejora, situándose dos décimas por debajo del porcentaje registrado en el segundo trimestre del año, que fue del 103,4%. Además, esta cifra es más favorable en comparación con el 104,2% del tercer trimestre de 2024, aunque todavía se encuentra por encima del nivel de 101,6% registrado a finales de 2024. El Gobierno de España tiene como objetivo reducir progresivamente la ratio de deuda respecto al PIB. Se espera que al cierre de 2025, esta relación descienda al 101,7%. En un ámbito más extensivo, las proyecciones señalan que la deuda podría caer al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y finalmente al 76,8% en 2041. Pese a esta trayectoria descendente, las previsiones no aclaran cuándo se alcanzarán los niveles «prudentes» del 60% que Bruselas ha establecido como meta. En términos absolutos, la deuda pública alcanzó los 1,709 billones de euros, aumentando en 18.408 millones respecto al segundo trimestre del año Este incremento del 1,09% en la deuda también refleja un aumento del 4,5% frente al mismo período en 2024, lo que equivale a 73.599 millones de euros más acumulados.
Desde el pasado mes de marzo, los operadores de telecomunicaciones en España han bloqueado casi 135 millones de llamadas y más de 5 millones de SMS, gracias al Plan antiestafas del Gobierno. Este plan, que entró en vigor el 7 de marzo de 2025, fue implementado mediante una orden ministerial que obliga a los operadores a bloquear comunicaciones fraudulentas, ya sean llamadas o mensajes de texto. A lo largo de los meses, el número de comunicaciones bloqueadas ha crecido significativamente. En agosto, los datos revelaron el bloqueo de cerca de 48 millones de llamadas entre el 7 de marzo y el 31 de julio. Posteriormente, entre agosto y noviembre, se registraron 87.013.921 llamadas bloqueadas, lo que representa un incremento del 81% respecto al periodo anterior. En cuanto a los mensajes SMS, se interceptaron más de 2 millones hasta agosto, cifra que aumentó a 3.006.148 entre agosto y noviembre, un 35% más. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha celebrado el éxito del plan, destacando que «el Plan antiestafas telefónicas y por SMS del Gobierno está funcionando». López también adelantó que una última medida técnica se implementará en 2026. Esta consiste en la creación de una base de datos oficial de códigos alfanuméricos usados por empresas y administraciones, gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que permitirá mejorar la autenticidad de las comunicaciones y proteger las identidades legítimas. Está claro que el Plan antiestafas telefónicas y por SMS del Gobierno está funcionando El Ministerio subrayó que esta medida es crucial, ya que muchos fraudes por SMS simulan ser de entidades legítimas para engañar y obtener información o instalar software dañino. Desde su entrada en vigor, el plan obliga a los operadores a bloquear números que no pertenecen a…
El Congreso español someterá este jueves, 11 de diciembre, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela a su último examen con la votación de las enmiendas introducidas por el Senado. Sin embargo, la votación no incluirá la polémica reforma propuesta por el Partido Popular (PP) para reducir el IVA en alimentos básicos, lo que fue aprobado anteriormente en la Cámara Alta. El Gobierno ha logrado finalmente vetar la reducción del IVA entre enero y junio de 2026, que incluía carnes, pescados, conservas, leches y huevos. La medida, impulsada por el PP, fue objetada debido a que supondría una pérdida fiscal de 3.780 millones de euros. Aunque el Ejecutivo ya había intentado bloquear esta enmienda en el Senado, el PP, que domina la Mesa de la Cámara Alta, permitió su continuación. La Constitución otorga al Gobierno el poder de impedir medidas legislativas que autoricen “una disminución de los ingresos presupuestarios” No obstante, al llegar al Congreso, controlado por el PSOE y Sumar, se aceptó el veto gubernamental tras una reunión clave de la Mesa posterior a la sesión plenaria. Entre otras modificaciones sometidas a votación, se incluye la rebaja de las obligaciones de las empresas para atender en diferentes lenguas cooficiales. Según la nueva disposición, la atención en lenguas cooficiales solo será exigible dentro del territorio de la comunidad autónoma correspondiente. Asimismo, se han realizado ajustes en la terminología, como cambiar «clientela» por «cliente» y «personas consumidoras vulnerables» por «consumidores en situación de vulnerabilidad». Además, se extiende el plazo máximo para responder a las quejas de clientes de 15 a 30 días hábiles y se trasladan los requisitos para las empresas privadas a la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas. Todas estas medidas, vitales para la implementación de la ley, requieren la ratificación del Congreso para proceder…
El Gobierno ha dado luz verde a la modificación de los límites necesarios para adquirir compromisos de gasto, permitiendo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible extender los convenios con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Adif-Alta Velocidad hasta 2026. Esta iniciativa busca asegurar la sostenibilidad económica de las redes de infraestructura convencional y de alta velocidad entre los años 2021 y 2025. El convenio original, suscrito el 26 de julio de 2021 entre Transportes y Adif, incluye una cláusula que permite extender durante un año las partidas destinadas a financiar las actuaciones asociadas al MRR-UE en Adif durante 2026. Estas partidas ascienden a 219,8 millones de euros. Además, un acuerdo paralelo con Adif-Alta Velocidad permitirá también extender durante un año la ejecución de tres iniciativas, cuyo valor combinado alcanza 1.012 millones de euros. El Ejecutivo ha subrayado que ambos acuerdos cumplen con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) La sostenibilidad económica y operacional de las redes ferroviarias convencionales y de alta velocidad se considera esencial dentro del marco del PRTR, que busca impulsar la transformación del sistema de transporte nacional hacia un modelo más eficiente y sostenible. Estos convenios, por lo tanto, no solo aseguran fondos, sino que también garantizan una dirección coherente con los objetivos europeos.
El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas. Este movimiento implica que el Estado asumirá un total de 83.252 millones de euros, lo que representa una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. Así lo ha confirmado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Plan de ahorro e inversión social El Ejecutivo calcula que los gobiernos regionales podrán llegar a ahorrarse hasta 6.700 millones de euros en intereses. Este ahorro, según el Gobierno, podrá redirigirse a fortalecer políticas sociales en áreas clave como sanidad, educación o dependencia. Impacto y reacciones de las comunidades autónomas Entre las comunidades autónomas más beneficiadas por esta medida se encuentran Andalucía y Cataluña, seguidas por la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, entre otras. Sin embargo, en este reparto no se consideran Euskadi y Navarra debido a su distinto régimen fiscal. No obstante, estas comunidades han expresado su interés en obtener una compensación similar basada en sus regímenes forales. A pesar del escepticismo del Partido Popular, el Gobierno confía en que las comunidades gobernadas por este partido se adherirán eventualmente a la quita. Se espera que la normativa sea presentada al Congreso antes de finalizar el año, con el objetivo de ser aprobada durante el primer trimestre de 2026. Una vez que la ley esté aprobada, se establecerá un período lo suficientemente amplio para que las comunidades autónomas que deseen puedan acogerse a la condonación El Ministerio de Hacienda, por su parte, aún no ha asegurado todos los votos necesarios para el trámite parlamentario, dado que algunos socios, como Junts, han manifestado objeciones al plantear que la medida debería ser más equitativa. La metodología de la condonación…
El reciente movimiento del Gobierno para bloquear una enmienda aprobada por el Senado ha generado un nuevo foco de tensión en el ámbito legislativo español. La enmienda en cuestión, presentada por el Partido Popular (PP), busca reducir el IVA de productos esenciales como carnes, pescados, conservas, leche y huevos, lo cual ha sido recibido con escepticismo por parte del Ejecutivo. Este martes, el Gobierno presentó en el Congreso un escrito de disconformidad respecto a la tramitación de la enmienda, cuya votación estaba prevista para este jueves en el Pleno. Anteriormente, el Ejecutivo había intentado frenar esta propuesta en el Senado, amparándose en las facultades que le otorga la Constitución para evitar legislaciones que provoquen “un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios”. La medida del PP estipula una rebaja del IVA al 4% para carnes, pescados y conservas desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de junio del mismo año. Además, propone eliminar completamente este impuesto para productos como leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres durante el mismo periodo. Frente a esto, el Gobierno estima que la pérdida de ingresos para el Estado se elevaría a 3.780 millones de euros. A pesar del veto inicial del Gobierno, la Mesa de la Cámara Alta, controlada por el PP, continuó con la tramitación de la enmienda, aprobándola finalmente en Pleno. No obstante, al llegar al Congreso, se vuelve a enfrentar a un veto del Ejecutivo por los mismos argumentos fiscales. Ahora, el destino de esta propuesta está en manos de la Mesa de la Cámara Baja, dominada por el PSOE y Sumar, quienes decidirán sobre el escrito de disconformidad en una reunión programada para la noche de este martes, después de la sesión plenaria. La Cámara Baja ya ha vetado en esta legislatura…
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha expresado su preocupación ante la nueva medida del Gobierno español de incorporar 40.000 viviendas de la Sareb al parque de vivienda pública a precios asequibles. Según Álvarez, esta iniciativa es «insuficiente» para resolver el problema de la vivienda en España. El líder sindical ha instado a un «gran pacto de Estado» que implique al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, con el fin de encontrar una solución efectiva y coordinada. Álvarez ha manifestado que para abordar el problema de la vivienda son necesarias medidas a diferentes plazos. «Nosotros pensamos que hay medidas que hay que tomar a cortísimo plazo, que pasan por limitar los precios del alquiler, y otras medidas que hay que situar a medio plazo, que son desarrollos urbanísticos y ayudas a todos los ciudadanos», ha afirmado. En este sentido, subraya que estas ayudas no deberían ser exclusivas para los jóvenes, sino que deben incluir a aquellos que, aunque no tan jóvenes, también necesitan apoyo para acceder a una vivienda. El líder sindical realizó estas declaraciones en un homenaje celebrado en el Cementerio Civil de Madrid por el centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias Posse, el fundador de UGT y del PSOE. En este contexto, aprovechó para compartir su perspectiva sobre otra cuestión de importancia: las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Con respecto a las negociaciones para el incremento del SMI, Álvarez ha expresado que el Ministerio de Trabajo todavía no ha fijado una fecha para convocar la mesa. No obstante, ha reiterado la propuesta sindical, que busca un aumento del 7,5% para 2026 si se decide que el SMI tribute en el IRPF. «Nuestra propuesta es que se suba el salario mínimo interprofesional un 7,5%, que es justamente lo que nosotros pensamos…
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la transformación de Sepes en Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda anunciada por el presidente Pedro Sánchez. Como garante del artículo 47 de la Constitución, Casa 47 gestionará todo el ciclo de vida de los inmuebles, desde la adquisición hasta la entrega de llaves. La titular del ramo, Isabel Rodríguez, destacó que la entidad se fundamentará en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y atención a la ciudadanía. Entre las novedades, el Gobierno lanzará una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que Casa 47 ofrecerá como alquiler asequible. Los contratos de alquiler podrán durar hasta 75 años, iniciando con un contrato de 14 años y con renovaciones automáticas cada 7 años siempre que se mantengan las condiciones de acceso. El precio de los alquileres gestionados por Casa 47 estará limitado de tal manera que nadie destine más del 30% de su sueldo a pagar un arrendamiento. Así, la renta se calculará sobre el sueldo medio del territorio correspondiente, con factores correctores en zonas de menor tensión de precios para no exceder el costo actual del alquiler. Acceso y cartera de propiedades Para acceder a estas viviendas asequibles, se establecerá un requisito de renta entre 1.200 y 4.500 euros mensuales, calculado sobre el 60% de las rentas medias y trabajadoras. Un portal online facilitará la gestión y adjudicación de viviendas a partir de 2026. Casa 47 incorporará inmuebles y suelos del Estado y propiedades de la Sareb. Hasta ahora, se han licitado proyectos para más de 1.600 viviendas y desbloqueado proyectos urbanísticos en ciudades como Sevilla, Ibiza y Valencia. Próximamente, se espera aprobación municipal para proyectos en Málaga y Madrid. Además, el Consejo de Ministros aprobará ayudas para compensar a propietarios en caso de impago en arrendamientos a…
El próximo martes, el Consejo de Ministros procederá a aprobar la transformación de Sepes en Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un año. Esta entidad se encargará de actuar como garante del artículo 47 de la Constitución, que asegura el derecho a una vivienda digna y adecuada. Isabel Rodríguez, titular del ramo, reveló estos planes el pasado jueves durante la presentación oficial de Casa 47, que gestionará todo el ciclo de vida de los inmuebles, desde la adquisición hasta la entrega de llaves. Casa 47, cuyo nombre referencia al mencionado artículo constitucional, se estructurará en cuatro ejes fundamentales: planificación, construcción, creación de comunidad y asistencia a la ciudadanía. Una de las novedades más destacadas es el lanzamiento por parte del Gobierno de una oferta pública de 100 millones de euros destinada a la adquisición de más viviendas que sean ofrecidas como alquiler asequible. Además, los contratos de alquiler gestionados por la entidad podrán tener una duración de hasta 75 años, empezando con un contrato inicial de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años, siempre que se mantengan las condiciones de acceso. Casa 47 busca construir con «rigor» y «seriedad», planificando la ubicación de nuevas viviendas públicas «para no repetir los errores del pasado» Además, el Gobierno implementará mecanismos legales para asegurar que las viviendas construidas con recursos públicos a través de Casa 47 sean siempre propiedades públicas. De esta forma, se previene su posible privatización futura. Para garantizar que los alquileres sean asequibles, los precios estarán limitados de tal manera que nadie destine más del 30% de su renta. El precio del alquiler se calculará basándose en el sueldo medio de cada territorio, aunque con factores correctores en zonas donde no existan tensiones en los precios. En cuanto…