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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana está preparada para dar a conocer este jueves la creación de la Entidad Estatal de Vivienda, una iniciativa que el Gobierno ha elaborado a partir de la ya existente Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes. Esta nueva organización tiene como objetivo gestionar el parque público de vivienda asegurando precios asequibles. Un año después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartiera la visión de crear una «gran» empresa pública de vivienda, finalmente será presentada en un acto que se llevará a cabo en Madrid a las 12.30 horas. El evento comenzará con una mesa coloquio donde participará Leire Iglesias, directora general de la nueva entidad, y culminará con la intervención de Isabel Rodríguez. La ministra ha subrayado en varias ocasiones que esta nueva empresa estatal será el instrumento para «blindar» la oferta pública de vivienda de forma duradera, asegurando que los precios sean accesibles, un compromiso que no se podía alcanzar con Sepes. El propósito de la entidad es gestionar todo el ciclo inmobiliario: desde la urbanización del suelo y la tramitación urbanística hasta la construcción y gestión de las propiedades. El objetivo es que la nueva empresa cubra de manera integral todo el ciclo inmobiliario Uno de los planes destacados es el lanzamiento trimestral a partir de 2026 de «grandes paquetes» de viviendas, incluidas las más de 40.000 que están siendo transferidas de la Sareb a Sepes y que formarán parte de la nueva oferta pública de la Entidad Estatal de Vivienda. Además, la nueva entidad contará con un portal donde los ciudadanos podrán consultar y solicitar las viviendas de alquiler asequible. Este sistema permitirá a los beneficiarios formalizar sus contratos y comunicarse con la administración para cualquier incidente una vez se hayan instalado en sus nuevos domicilios.
El Senado de España ha aprobado de manera definitiva la Ley de servicios de atención a la clientela. Sin embargo, lo que ha captado la atención es el paquete de enmiendas introducido por el Partido Popular (PP) para rebajar el IVA de diversos productos alimenticios, como carnes, pescados, conservas y huevos. Esta maniobra legislativa fue inicialmente objetada por el Gobierno aludiendo a su potestad constitucional para vetar medidas que afecten los ingresos presupuestarios del Estado. Con la mayoría absoluta del PP en el Senado, las enmiendas avanzaron rápidamente y ahora están en manos del Congreso para su posterior deliberación. Entre las propuestas destacadas, se plantea reducir el IVA al 4% para carnes, pescados y conservas, y eliminar completamente este impuesto para productos como la leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026. El PP justifica estas medidas argumentando que el aumento de los precios de alimentos básicos ha forzado a los consumidores a optar por opciones menos saludables, afectando su bienestar. El Congreso debe ahora decidir si acepta estas enmiendas. No es la primera vez que una medida similar genera debate, como se observó en las discusiones sobre la Ley de desperdicio alimentario y la Ley de navegación aérea. El Ejecutivo esgrime que la medida supondría una pérdida de recursos para la Administración General del Estado estimada en 3.780 millones El Gobierno presentó un escrito de disconformidad en el Senado, señalando que estas enmiendas podrían reducir significativamente los ingresos presupuestarios, poniendo en riesgo 3.780 millones de euros, cifra reflejada en el informe de descontento presentado. No obstante, este veto no fue admitido en la Cámara Alta, liderada por el PP, lo que permitió que la enmienda continuara su curso parlamentario. En la próxima semana, el PP llevará al…
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto-ley que establece una subida salarial del 2,5% para los funcionarios, acordada para este año entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, entrará en vigor este mismo miércoles. El aumento salarial de los empleados públicos en 2025 y 2026 es parte de un incremento global del 11% pactado para el periodo 2025-2028. Este acuerdo fue firmado por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF. Aunque CCOO no rubricó originalmente el acuerdo, ha decidido unirse tras debatirlo en su Consejo Confederal. Subidas salariales distribuidas entre 2025-2028 El aumento total del 11% se desglosará en un 2,5% para 2025, un 1,5% para 2026 con un adicional del 0,5% vinculado al Índice de Precios al Consumo (IPC), un 4,5% para 2027 y un 2% para 2028. La subida de este año se abonará en diciembre, en un solo pago y con efectos retroactivos desde enero. Este pago adicional y único beneficiará a 540.000 efectivos del sector público estatal El Real Decreto-ley también regula el incremento retributivo del personal del sector público para 2025 y 2026. Para 2025, se contempla una subida salarial consolidable del 2,5% sobre los importes vigentes al 31 de diciembre de 2024. En el caso de 2026, se prevé un incremento fijo del 1,5%, más un posible 0,5% adicional si la inflación iguala o supera dicho incremento. Próxima votación en el Congreso El Real Decreto-ley, pese a entrar en vigor de inmediato, será sometido a votación en el Pleno del Congreso la próxima semana, el único programado para diciembre debido a las festividades. Si no es convalidado, quedará derogado. Esta votación será crucial, ya que el Gobierno busca aprovechar…
El vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido, ha lanzado una severa crítica ante la situación que considera desfavorable para las empresas en España. En el marco del VII Foro Iberoamericano de la mipyme, que tuvo lugar en Tenerife, Garrido enfatizó la necesidad de que el Gobierno cambie su enfoque hacia el tejido empresarial. Durante una entrevista con Europa Press, Garrido expresó que el Gobierno debería, en lugar de solamente incitar a que las empresas sean más fuertes, crear un entorno propicio para su fortalecimiento. “Para empezar, no atacándolas, como se ha estado haciendo estos años, criminalizando los beneficios empresariales y la actividad empresarial”, afirmó. Por su parte, Jordi Hereu, Ministro de Industria y Turismo de España, defendió en el mismo foro la importancia de “fortalecer la base material, económica empresarial” para sostener el modelo de democracia social europeo. Según Hereu, una base económica sólida es esencial para mantener los valores de libertad y derechos. Garrido también subrayó la clara relación entre empresas sólidas y el mantenimiento del estado del bienestar. Sin embargo, insistió en que el Gobierno tiene que establecer las condiciones necesarias para que las empresas puedan contribuir efectivamente a este propósito. “Lo que tienen que hacer más que decirlo, es poner las condiciones para que esto se pueda llevar a cabo” El vicepresidente primero de la CEOE destacó además la problemática situación de los salarios en España, donde el sueldo medio está por debajo de la media europea. Según él, esto se debe en parte a las altas cotizaciones sociales, que funcionan como un «impuesto directo al empleo». Propuso que una reducción en estas cotizaciones permitiría a las empresas mejorar la remuneración de los trabajadores, afirmando que, de lo contrario, la presión fiscal actual seguirá obstaculizando el progreso. Por último, Garrido criticó la manera de operar del…
El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha destacado el compromiso del Gobierno español por abordar el derecho a la vivienda, garantizado por el artículo 47 de la Constitución española. En su intervención en la Comisión de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Lucas subrayó que las medidas del Gobierno no solo están dirigidas a solucionar problemas temporales, sino que buscan establecer soluciones estructurales. Durante su comparecencia, Lucas aseguró a los grupos parlamentarios que el Gobierno está trabajando «en la buena dirección» para garantizar que el problema de la vivienda no siga repitiéndose sistemáticamente. Destacó que el artículo 47 de la Constitución no es una mera disposición, sino un mandato clave para el bienestar social. Además, reconoció la complejidad de esta problemática, afirmando que no puede resolverse con apenas unas pocas medidas. Entre las iniciativas mencionadas, Lucas destacó la aprobación de la primera Ley estatal de vivienda de la democracia, el aumento por ocho de los presupuestos, la paralización de desahucios y la eliminación de las ‘Golden Visa’. También mencionó la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y el incremento de las ayudas para jóvenes, entre otras medidas. Estas políticas buscan, entre otras cosas, movilizar viviendas y suelos de la Administración General del Estado para ofrecer viviendas asequibles. Lucas reafirmó la eficiencia de la Ley por el Derecho a la Vivienda, apelando a los gobiernos autonómicos a aplicar estos instrumentos para eliminar movimientos especulativos evidentes. Indicó que en Cataluña, los datos demuestran que la norma ayuda a controlar el incremento desmedido y especulativo de los precios de los alquileres. La política de este Gobierno, a diferencia de la de otros gobiernos, se sustenta en el consenso, en el acuerdo y así va a seguir siendo Sobre el Plan de Vivienda 2026-2030, Lucas reforzó la…
El Congreso de los Diputados afronta un desafío crucial el próximo jueves 27 de noviembre, cuando se debatirá y votará sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2026-2028. Estos objetivos son un paso esencial antes de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Sin embargo, la falta de una mayoría clara debido a la oposición de partidos como PP, Vox y Junts, pone en riesgo su aprobación. El Consejo de Ministros ya aprobó este martes el límite de gasto no financiero, o ‘techo de gasto’, para 2026, que alcanza un récord de 216.177 millones de euros. A pesar de ello, este aspecto no será sometido a votación parlamentaria, dejando solo los objetivos de estabilidad presupuestaria para el debate en el Congreso. Estos objetivos son cruciales, pues actúan como una guía en materia de deuda y déficit para diversas administraciones, incluyendo la Administración General del Estado, las autonomías, las entidades locales y la Seguridad Social. El Gobierno, en su plan presentado, prevé un déficit del 2,1% para el total de las administraciones en 2026, un objetivo que no convence a partidos de la oposición. Hasta el momento, el PP y Vox se han mantenido firmes en su rechazo hacia las propuestas de estabilidad del Gobierno a lo largo de la legislatura. Junts, por su parte, a través de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido que si la oferta es igual a la de hace un año, su voto volverá a ser negativo. Si presenta lo mismo, va a tener el mismo voto que tuvo el año pasado A pesar de los desafíos, el PSOE defiende la importancia de presentar y debatir estos objetivos en el Parlamento, considerado por la portavoz Montse Mínguez como un ejercicio valioso. El Ministerio de Hacienda establece…
El Consejo de Ministros ha aprobado el contrato para la gestión y mantenimiento de las 40.000 viviendas transferidas a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) por parte de la Sareb. Este movimiento estratégico se enmarca en una licitación que incorpora cláusulas «antifondo», confirmadas por fuentes del Ministerio de Vivienda a Europa Press. Cláusulas para proteger la vivienda asequible El Ministerio, dirigido por Isabel Rodríguez, ha diseñado estas licitaciones para gestionar lotes de viviendas en régimen de alquiler asequible y establecer cláusulas que garanticen que los adjudicatarios sean empresas con experiencia en la gestión de vivienda asequible o social. El objetivo es evitar que las compañías participadas por grandes fondos de inversión sean adjudicatarias de estos contratos. Un avance en la política habitacional del Gobierno Con este proceso de licitación, el Gobierno avanza su plan iniciado en julio para el traspaso de un total de 40.000 viviendas y 2.400 terrenos, con capacidad para construir 55.000 viviendas adicionales. Esta transferencia tiene como finalidad fortalecer a la nueva empresa pública de vivienda que está en proceso de creación. Este enfoque representa un esfuerzo significativo por asegurar la disponibilidad de viviendas accesibles para la ciudadanía, alejando la especulación de grandes fondos. El Gobierno da un paso más tras aprobar el pasado julio el traspaso progresivo de un total de 40.000 viviendas Este desarrollo subraya el compromiso de las autoridades con la creación de un mercado de alquiler asequible que priorice el bienestar social por encima de los beneficios empresariales de los grandes actores financieros.
El Gobierno de España está listo para realizar un ajuste clave en su proyección económica. Se espera que hoy el Consejo de Ministros revise al alza la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2025, elevándola del 2,7% al 2,9%. Este encuentro también será escenario para la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, y los objetivos de estabilidad que acompañarán a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Esta decisión sigue a las recientes revisiones de perspectivas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros importantes organismos económicos, tanto nacionales como internacionales. Durante el encuentro ministerial, se procederá a actualizar el cuadro macroeconómico que acompañará la senda de estabilidad de los Presupuestos, manteniendo la previsión de crecimiento para 2022 en un 2,2%. Techo de gasto y senda de estabilidad El próximo paso será la aprobación del límite de gasto no financiero junto con los objetivos de estabilidad y deuda pública para ser enviados a las Cortes Generales. De obtener luz verde en el Parlamento la senda de estabilidad de 2026-2028 —ya que el ‘techo de gasto’ no se vota en las Cortes—, el Consejo de Ministros podrá enviar el proyecto de Presupuestos. Esta senda actúa como una guía estratégica en asuntos de deuda y déficit para la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y la Seguridad Social. El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ha propuesto permitir a las comunidades autónomas incurrir en un déficit del 0,1% del PIB en los próximos tres años, lo que representa un margen fiscal de cerca de 5.485 millones de euros. Esta misma tasa ya fue propuesta anteriormente, pero no fue aprobada por las Cortes Generales. La tramitación parlamentaria de la senda de déficit se ha intentado ya en…
El Gobierno ha convocado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para este lunes, con el fin de discutir con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas. El propósito es preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que, al día siguiente, se aprobará el límite de gasto no financiero y los objetivos de estabilidad y deuda pública para su envío a las Cortes Generales. El partido Junts ha emitido una advertencia al Gobierno, señalando que, si se presentan los mismos objetivos de estabilidad que fueron rechazados el año pasado, volverán a ser impugnados. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha declarado que debe existir un mayor reparto entre las comunidades autónomas. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que continuará con su «hoja de ruta» hasta 2027, ya sea con nuevos o sin nuevos Presupuestos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) opina que las comunidades autónomas no necesitan un objetivo mayor de déficit, alegando que la tasa del 0,1% es suficiente. Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, ha indicado que el equilibrio presupuestario podría alcanzarse en 2026, por lo que no es necesario aumentar el margen de déficit. Por otro lado, el Consejo de Política Fiscal también discutirá el estado de la reforma del sistema de financiación autonómica, un tema que lleva más de una década estancado. El Ministerio de Hacienda está trabajando en una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica. Se busca un modelo que garantice ingresos simultáneos del IRPF y del IVA tanto para las comunidades autónomas como para el Estado. Actualmente, las comunidades reciben entregas a cuenta basadas en cálculos previos, lo que ha generado críticas. La…
El Gobierno ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este lunes, 17 de noviembre, para discutir junto a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas. Este diálogo es crucial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. La reunión está programada para las 12.00 horas, y posteriormente, el Consejo de Ministros aprobará el límite de gasto no financiero, conocido como el ‘techo de gasto’, además de los objetivos de estabilidad y deuda pública, que serán enviados a las Cortes Generales, según confirmó María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. En un contexto parlamentario complicado, Junts ha anunciado su intención de bloquear las iniciativas del Gobierno, comprometiendo la aprobación de los Presupuestos. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, destaca que, si se presenta la misma senda, la volverán a rechazar insistiendo en la necesidad de un reparto más equitativo entre las instituciones y comunidades autónomas. A pesar de las dificultades, el presidente Pedro Sánchez ha subrayado que continuará avanzando «con nuevos Presupuestos o sin ellos», manteniendo su «hoja de ruta» hasta el final de la legislatura en 2027. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sostiene que las comunidades autónomas no necesitan un objetivo mayor de déficit que el 0,1% planteado el año pasado y no aprobado. Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, participará en la reunión del CPFF sin derecho a voto. Además del debate sobre los objetivos de déficit, el CPFF también discutirá la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión pendiente desde hace más de una década. El Ministerio de Hacienda trabaja en una propuesta para reformar este sistema, buscando que los ingresos del IRPF, IVA y otros impuestos lleguen «a la vez» al Estado y las comunidades autónomas, eliminando…