Hacienda

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes al año 2026. Este paso marca el inicio formal del proceso de diseño de las cuentas públicas para el próximo ejercicio. La publicación de esta orden sigue el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien aseguró que la orden sería divulgada tras el Consejo de Ministros. La orden establece que los distintos ministerios deben enviar sus propuestas de gasto y del articulado del anteproyecto a más tardar el 12 de septiembre a la Dirección General de Presupuestos. Sin embargo, Montero indicó que ya se han realizado contactos informales con diferentes ministerios para discutir necesidades y potenciales proyectos financiables con las nuevas cuentas públicas. Las prioridades de los Presupuestos apuntan a un mejor desarrollo económico, la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento de los servicios públicos, con un enfoque particular en los jóvenes y el acceso a la vivienda. Montero declaró que los Presupuestos se presentarán «con o sin apoyos», destacando la importancia de continuar con las políticas gubernamentales aunque se deban prorrogar las cuentas existentes. El Gobierno sostiene que su crecimiento económico sostenido e inclusivo se debe, en parte, a las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, cuyo final está previsto para agosto de 2026. Dentro de este contexto, se pretende que el PGE 2026 siga impulsando un crecimiento sostenible, justo e inclusivo, promoviendo la modernización y competitividad de la economía. Se continuará fomentando la creación de empleo de calidad y la extensión del Estado de Bienestar, asegurando los servicios públicos esenciales sin importar la administración responsable de su gestión. Además, los PGE reforzarán las políticas de vivienda asequible e incrementarán su compromiso con la sostenibilidad medioambiental a fin…
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará hoy la Orden Ministerial para dar inicio a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2026. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero detalló que este anuncio marca el comienzo formal de los trabajos internos entre los ministerios y el Departamento de Hacienda para delinear las nuevas cuentas públicas. Aunque el anuncio de la publicación en el BOE consolida el inicio oficial del proceso, la ministra reveló que Hacienda ya había iniciado contactos informales con varios ministerios para discutir las necesidades y proyectos a incluir en los futuros presupuestos. Este acercamiento temprano busca alinear los objetivos y recursos disponibles con las prioridades ministeriales. Objetivos de los presupuestos Montero subrayó que las líneas transversales de los nuevos presupuestos estarán enfocadas en lograr un desarrollo económico sostenible, redistribuir la riqueza, fortalecer los servicios públicos y especialmente atender a las poblaciones vulnerables, con un énfasis notable en la cuestión de la vivienda para los jóvenes. Este enfoque, según Montero, se alinea con el objetivo del Gobierno de consolidar el Estado del Bienestar y reducir las desigualdades. El proyecto de Presupuestos es un «instrumento» para conseguir el objetivo de dar mayor equidad entre los ciudadanos, reducir las desigualdades, crear condiciones económicas y blindar el Estado del Bienestar Además, la ministra destacó que estos presupuestos se presentarán al Parlamento independientemente del apoyo político con el que cuenten en ese momento. A pesar de esto, se comprometió a trabajar arduamente para persuadir a los otros partidos de la importancia y beneficios de las nuevas cuentas públicas. Finalmente, Montero expresó su confianza en que, a pesar de los desafíos, las cuentas serán vistas favorablemente: «Estoy convencida de que las…
El Consejo de Ministros ha dado el paso decisivo de aprobar el proyecto de ley promovido por el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas. Bajo este esquema, Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas, con el Estado asumiendo 18.791 millones y 17.104 millones respectivamente. Juntas, estas dos comunidades acaparan más del 43% del total de la deuda asumida. El origen de este proyecto de ley se remonta al pacto alcanzado entre el PSOE y ERC que buscaba condonar parte de la deuda de Cataluña. Esta condonación se extendería a otras comunidades que solicitaran el beneficio. En febrero, Hacienda definió una metodología minuciosa para determinar el importe a ser asumido por el Estado para cada comunidad, aunque la decisión final reside en los Gobiernos regionales. La metodología consta de tres fases: análisis del endeudamiento en dos períodos, una condonación adicional para comunidades por debajo de la media y ajustes adicionales para garantizar equidad Además de Andalucía y Cataluña, otras comunidades también se beneficiarán de este esquema. Destacan la Comunidad Valenciana con 11.210 millones, Comunidad de Madrid con 8.644 millones, y otras regiones con montos menores, como Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León. Sin embargo, Euskadi y Navarra quedan excluidas del reparto al no pertenecer al sistema de régimen común, aunque han expresado deseos de obtener compensaciones similares a través de sus sistemas forales. Una vez aprobado en el Consejo de Ministros, el proyecto se someterá al trámite parlamentario en las Cortes Generales. Es notorio cómo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades dirigidas por el PSOE respaldaron la propuesta, mientras que aquellas gobernadas por el PP optaron por no votar, que fue interpretado como una abstención. El Ministerio de Hacienda afronta un reto en el trámite parlamentario…
El Gobierno de España planea asumir una parte significativa de la deuda regional de las comunidades autónomas, conforme a la propuesta que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en breve. La medida, promovida por el Ministerio de Hacienda, contempla condonar hasta 83.252 millones de euros en total. Andalucía y Cataluña serán las más beneficiadas, recibiendo una condonación de 18.791 millones de euros y 17.104 millones de euros respectivamente, representando más del 43% del total condonado entre ambas. La distribución del alivio de deuda entre las comunidades autónomas Tras Andalucía y Cataluña, la Comunidad Valenciana también verá un alivio en su deuda, con 11.210 millones de euros. Le siguen la Comunidad de Madrid (8.644 millones), Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010 millones), Castilla y León (3.643 millones), Murcia (3.318 millones) y Canarias (3.259 millones), entre otras. El Gobierno decidió proceder con esta condonación después de un acuerdo previo entre el PSOE y ERC para aliviar parte de la deuda de Cataluña Este pacto permite aplicar la misma medida a cualquier comunidad que lo solicite. Cabe señalar que Euskadi y Navarra no se incluyen en esta distribución debido a que operan bajo un sistema de régimen foral. Sin embargo, estas comunidades ya han expresado su interés en recibir una compensación similar. Un proceso en fases y su impacto en el escenario político La metodología definida por Hacienda para calcular las condonaciones se lleva a cabo en tres fases. La primera fase determina el endeudamiento diferencial entre los cierres de 2009 y 2013 comparándolo con el periodo entre 2019 y 2023. El resultado es una condonación media del 19% de la deuda autonómica vigente al cierre de 2023. La segunda fase ofrece una condonación adicional para aquellas comunidades que estén por debajo de la media del 19,3% de deuda condonada sobre el…
Muchas de las medidas fiscales impulsadas durante la etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda siguen hoy plenamente vigentes. Lo que en su momento fueron presentadas como reformas técnicas orientadas a mejorar la competitividad y simplificar el sistema tributario, hoy están en el centro de un escándalo judicial sin precedentes que apunta a una presunta trama de “leyes a medida” en favor de grandes empresas, particularmente del sector energético. Uno de los ejemplos más claros es la bonificación del 85 % en el Impuesto Especial sobre la Electricidad para empresas gasistas. Esta modificación legal, introducida en 2014, fue promovida tras un informe redactado por el despacho Equipo Económico, fundado por Montoro, y del que fue socio antes de su etapa como ministro. La medida, aún en vigor, ha permitido a empresas del sector dejar de pagar decenas de millones de euros al año. Solo en 2015, según la investigación del caso, las gasísticas se ahorraron cerca de 59 millones en impuestos, una cifra que podría haberse repetido cada ejercicio. Otra reforma clave fue la reestructuración del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en 2018, que cambió el epígrafe fiscal de varias compañías, reduciendo notablemente su contribución municipal. Esto supuso, según datos judiciales, pérdidas de más de 10 millones de euros para diversos ayuntamientos, principalmente en zonas donde operan infraestructuras energéticas. Todo ello ha sido objeto de una investigación por parte del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, que ha imputado a Montoro y a 27 personas más -entre ellos ex altos cargos de Hacienda, socios de su antiguo bufete y representantes de las empresas implicadas- por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude. La acusación central: que compañías beneficiadas contrataron los servicios del despacho Equipo Económico por cuantías que alcanzaron el millón de euros, a cambio de redactar…
El actual Gobierno estudia la posibilidad de revertir reformas legislativas implementadas durante el mandato del Partido Popular, bajo la dirección del entonces Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Estas reformas, según la información disponible, habrían favorecido a sectores específicos, incluyendo a las empresas energéticas. La acción gubernamental surge a raíz de una investigación judicial iniciada en un juzgado de Tarragona. Investigación judicial y cambios en el Ministerio de Hacienda Tras la apertura de la investigación, el Ministerio de Hacienda tomó medidas inmediatas destituyendo a dos altos cargos imputados: Óscar del Amo y Rogelio Menéndez. Del Amo desempeñaba el cargo de subdirector general de Tributos Locales, mientras que Menéndez era director Económico Financiero de Loterías. Fuentes del actual gobierno han señalado su intención de continuar con decisiones firmes al respecto. El enfoque estará en analizar exhaustivamente la legislación promovida por el gobierno anterior, encabezado por Mariano Rajoy, para estudiar la viabilidad de modificar las reformas que potencialmente beneficiaron a empresas gasistas. El sumario de la investigación sugiere que desde Hacienda se habrían alterado leyes para favorecer a empresas de gases industriales, que eran clientes del despacho Equipo Económico, fundado por Montoro antes de su entrada en el Ejecutivo. Las empresas implicadas habrían obtenido una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico en 2014, con pagos al despacho de Montoro por hasta 270.000 euros Además, la investigación ha expuesto pagos realizados a Equipo Económico por parte de empresas constructoras y del sector de las apuestas, beneficiadas también durante el gobierno de Rajoy. Sumar, un socio minoritario en el gobierno actual, ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso acerca de este entramado. Aunque la votación para establecer dicha comisión no se llevará a cabo antes de septiembre, cuando comience el nuevo periodo de sesiones, el Partido Socialista Obrero Español…
En un giro significativo de eventos, el exsecretario de Hacienda, Miguel Ferre, ha concluido su relación profesional con Kreab, donde ocupaba el puesto de senior partner de Asuntos Públicos. Esta decisión se tomó de mutuo acuerdo tras la imputación de Ferre en el marco del llamado ‘caso Montoro’, una compleja investigación que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otras 27 personas por presunto uso indebido de influencias gubernamentales para favorecer a ciertas corporaciones. El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha abierto un procedimiento en torno a estos eventos, los cuales se habrían producido hace más de una década. A pesar de que los hechos no tienen ninguna conexión directa con Kreab, la compañía anunció mediante un comunicado obtenido por Europa Press que han decidido suspender las funciones de Ferre en la firma. La decisión busca proteger la operativa de la empresa y permitir que Ferre «pueda atender adecuadamente su defensa». Durante este tiempo, será Pablo Vera, actual socio de Asuntos Públicos de Kreab, quien ocupará la dirección del área. Kreab ha enfatizado su compromiso con el cumplimiento riguroso de sus normas internas en todas sus interacciones con instituciones tanto públicas como privadas, destacando la importancia del respeto a la presunción de inocencia y de evitar juicios precipitados que puedan causar daños irreparables a la dignidad y reputación de las personas investigadas. En la trama están involucradas 28 personas, incluido Montoro, así como seis entidades jurídicas. Se les acusa de utilizar su influencia para aprobar leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales; estas eran clientes del despacho de abogados, Equipo Económico, fundado por Montoro antes de su ingreso en el gobierno. La investigación continúa desarrollándose mientras se intenta desentrañar la plena extensión de estas alegaciones y su impacto en las figuras involucradas. https://capital.es/revista-capital/cristobal-montoro-ex-ministro-de-hacienda-la-globalizacion-ha-sido-el-gran-hallazgo-de-la-humanidad/133782/
El Ministerio de Hacienda ha publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que establece el pago de un nuevo impuesto específico para entidades, que será efectivo durante los años 2024, 2025 y 2026. Este impuesto sustituye al gravamen temporal que estuvo en vigor durante 2022 y 2023. Según indica el ministerio, el nuevo impuesto se configura como un tributo de naturaleza directa, diseñado para gravar el margen de intereses y comisiones que obtienen las entidades de crédito, así como las sucursales de crédito extranjeras y los establecimientos financieros de crédito que operan en España. Conforme a lo estipulado en la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, esta nueva obligación fiscal tendrá una vigencia limitada y se aplicará a los tres primeros periodos impositivos consecutivos comenzando el 1 de enero de 2024. En este sentido, se ha establecido que el pago fraccionado correspondiente a 2025 deberá realizarse durante los primeros 20 días naturales del sexto mes posterior a la conclusión del periodo impositivo, que se finalizará el 31 de diciembre de 2024. La orden publicada incluye los modelos 780 y 781 de autoliquidación del impuesto y pago fraccionado, lo que implica que los bancos deben comenzar ya a liquidar el impuesto correspondiente a 2024. Hasta la fecha, tras la aprobación del nuevo impuesto, las entidades han empezado a reflejar en sus cuentas del primer trimestre de 2025 parte de lo que deberán abonarse en 2026. Se espera que continúen contabilizando este efecto en los trimestres venideros. La incertidumbre en el sector sobre el pago de 2024 se ha intensificado tras el rechazo en el Congreso al decreto ómnibus A pesar de lo anterior, los bancos aún no han abonado ni contabilizado el impuesto correspondiente a 2024. Esta situación surgió después de que el Gobierno intentara implementar modificaciones…
Hacer la declaración de la renta puede parecer un mero trámite anual, pero cometer errores o presentarla fuera de plazo puede salir muy caro. En España, la Agencia Tributaria se toma muy en serio cualquier incumplimiento relacionado con este proceso, y las sanciones pueden ir desde pequeñas multas administrativas hasta delitos penales. La campaña de la Renta 2025 finaliza el 30 de junio, y conviene tener claro qué puede ocurrir si no se cumple correctamente con esta obligación. Uno de los errores más comunes es simplemente olvidar presentar la declaración dentro del plazo establecido. Si se trata de una declaración con resultado a devolver -es decir, que Hacienda tiene que pagarte a ti-, la sanción por hacerlo fuera de plazo puede ser de hasta 100 euros si la presentas de forma voluntaria, o de 200 euros si es la Agencia Tributaria quien detecta la omisión. Cuando el resultado es a pagar, el castigo es aún mayor. El contribuyente se enfrenta a un recargo del 1% sobre la cantidad adeudada, más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso, hasta un máximo de 12 meses. Si el retraso es superior a un año, se aplica un recargo del 15%, además de los correspondientes intereses de demora. Aunque parezca un despiste menor, el retraso puede tener consecuencias económicas significativas. No todos los problemas con la declaración provienen del olvido. Un simple error, como omitir un ingreso o incluir un dato mal calculado, puede derivar en sanciones. Si ese fallo no tiene un perjuicio económico para Hacienda, la sanción puede ser de entre 150 y 250 euros. Pero si afecta al resultado -por ejemplo, porque se ha pagado de menos-, la cosa se complica. La sanción en estos casos puede ser de entre el 50% y el 150% de la cuota dejada…
Más de 4.341.000 contribuyentes han recibido su devolución de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2024 en el primer mes desde el inicio de la campaña, acumulando un total de 3.040 millones de euros, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Hacienda. A pesar de que el número total de devoluciones abonadas ha experimentado una caída del 2,2% interanual, el importe de las devoluciones ha aumentado un 7,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes han alcanzado 6.074.000 declaraciones, lo que representa un 6,3% menos respecto al año pasado. En cuanto a las declaraciones con resultado a ingresar, los contribuyentes han presentado 1.112.000 declaraciones, marcando un aumento del 1,8% interanual, dado que no necesitarán realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña. En total, las declaraciones presentadas hasta el momento ascienden a 7.602.000, lo que implica una disminución del 4,7%. La Agencia Tributaria ha iniciado este martes la confección telefónica de declaraciones de renta a través del programa ‘Le Llamamos’, permitiendo a los contribuyentes que requieran asistencia personalizada ser atendidos sin necesidad de desplazarse a una oficina. Entre las modalidades de declaración disponibles resalta la nueva opción ‘Renta Directa’. Más de 522.000 contribuyentes han optado por esta presentación instantánea, diseñada para las declaraciones más sencillas que no requieren modificaciones respecto al borrador de Renta Web proporcionado por la Agencia Tributaria. Esta modalidad está orientada principalmente a aquellos que solo cuentan con datos fiscales trasladados automáticamente, como las personas que perciben únicamente rentas del salario o pensiones. Además, la página web de la Agencia y su aplicación móvil han servido como canales telemáticos principales para las presentaciones de declaraciones. A través de la aplicación ya se han registrado 510.000 declaraciones, un 4% más que…