Hacienda

El bufete de abogados anglosajón Amsterdam & Partners ha iniciado un proceso para presentar acciones legales en varias jurisdicciones, incluidas España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, en respuesta a las denuncias de «persecuciones» contra aquellos acogidos a la ‘Ley Beckham’. Esta medida fiscal, oficialmente denominada Régimen Fiscal Especial para Trabajadores Desplazados, fue creada en 2005 con el objetivo de atraer talento internacional altamente cualificado a España mediante condiciones tributarias más favorables. La legislación, que toma su nombre del exfutbolista del Real Madrid David Beckham, ha sido objeto de atención debido a un nuevo informe titulado ‘Hacienda contra el Pueblo: España y la Ley Beckham’, presentado por Robert Amsterdam, socio fundador del bufete. Este informe se centra en las «evaluaciones fiscales injustas» que, según Amsterdam, han afectado a las víctimas de dicha ley. Los ponentes han denunciado los abusos sistemáticos y violaciones de derechos por parte de Hacienda En una rueda de prensa, Amsterdam estuvo acompañado por Christopher Wales, coautor del estudio y exresponsable de Hacienda del gobierno de Tony Blair. Wales destacó el clima de miedo generado por la Agencia Tributaria (AEAT), calificado como incompatible con una democracia plena europea. En el informe se subrayan las «malas prácticas» de la AEAT y la necesidad de abordarlas de forma urgente. El estudio apunta a que, pese a la mala implementación del régimen tributario general en España, los extranjeros beneficiarios de la ‘Ley Beckham’ han sido objeto de un ataque sistemático. Amsterdam afirma que la AEAT ha llevado a cabo «violaciones sistemáticas del Estado de Derecho» mediante investigaciones retrospectivas de aquellos que se trasladaron al país bajo este programa, muchas veces amparado en la seguridad jurídica que esta ley supuestamente proporcionaba. Se ha creado un clima de miedo…
El Gobierno de España ha tomado la decisión de aprobar una asignación de 366,7 millones de euros para el año 2025, destinada a satisfacer las obligaciones pendientes de pago de diversas Entidades Locales con sus proveedores. Esta medida ha sido comunicada oficialmente por el Ministerio de Hacienda y contempla tanto los requisitos que deben cumplir las obligaciones, como el procedimiento aplicable para el Mecanismo de Pago a Proveedores, el cual se financiará a través del compartimento Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a Entidades Locales, en continuidad con lo que se ha realizado en ejercicios anteriores. Este nuevo instrumento, que deriva de la normativa establecida en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, se articula en dos regímenes: uno voluntario y otro obligatorio. Las entidades que presenten un Periodo Medio de Pago (PMP) superior a 60 días de manera reiterada estarán obligadas a acogerse a esta medida, dado que su nivel de endeudamiento afecta notablemente al PMP global del subsector local. Por otro lado, las entidades que no se encuentren en esta situación pueden optar por solicitarlas de forma voluntaria. Las entidades locales que se vean obligadas a participar deberán comunicar sus obligaciones pendientes a través de la plataforma de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Para aquellas entidades obligadas, será necesario que se sienten a formalizar un préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales tras presentar un plan de ajuste que cuente con el respaldo del Ministerio de Hacienda. En el caso de las entidades que deseen solicitar la financiación de forma voluntaria, deberán presentar igualmente un plan de ajuste y demostrar un PMP superior a 90 días en el último trimestre de 2024. Además, las condiciones financieras de los préstamos serán claramente estipuladas. No se aplicará período de carencia y la amortización se llevará…
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha aprobado recientemente un conjunto de medidas que revisan las condiciones financieras de las operaciones pendientes de ciertos ayuntamientos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. La principal novedad es la ampliación del plazo de amortización de los préstamos a 20 años. Según el Ministerio de Hacienda, esta iniciativa beneficiará a 85 municipios que enfrentan dificultades económicas, abarcando un capital pendiente de créditos superior a 4.223 millones de euros. El acuerdo establece dos aspectos clave: la revisión de las condiciones financieras de operaciones ya formalizadas años atrás y los requisitos para que los ayuntamientos puedan solicitar esta medida, asegurando que su carga financiera se mantenga sostenible a medio plazo. Es importante destacar que esta medida es voluntaria y estará disponible para ayuntamientos que presenten la liquidación del presupuesto de 2024 o de 2023, así como la información de la ejecución del presupuesto del cuarto trimestre de 2024 o el presupuesto de 2025 antes del 31 de marzo de 2025. La medida contempla un desplazamiento hasta el 30 de diciembre de los vencimientos que se produzcan entre junio y octubre de 2025 En concreto, esta medida permite que los ayuntamientos sujetos a un plan de sostenibilidad financiera en vigor, así como aquellos que superen una deuda viva del 110% de los ingresos corrientes, o cuyos préstamos con el Fondo de Financiación se estimen en un 95% respecto a 2025, puedan acogerse a este nuevo marco. También se incluye a los municipios que no se beneficiaron de anteriores medidas y están clasificados en riesgo extremo por el Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, se contempla el desplazamiento de los vencimientos de préstamos, permitiendo que aquellos que deban amortizar entre junio y octubre de 2025 lo hagan hasta el 30 de diciembre de ese año.…
Con la llegada de la campaña de la Renta 2024, los contribuyentes que hayan invertido o generado ingresos con criptomonedas deberán tener en cuenta una serie de obligaciones fiscales específicas. La Agencia Tributaria ha establecido un marco normativo claro para este tipo de activos, que ya no se consideran ajenos al sistema tributario. Estas son las claves para declarar correctamente las criptomonedas en la Renta de este año: 1. Las criptomonedas son bienes inmateriales A efectos fiscales, las criptomonedas se consideran bienes inmateriales, por lo que cualquier operación con ellas, como la compraventa, el intercambio o la obtención de ingresos mediante staking o minería, tiene consecuencias tributarias. 2. Cómo tributan las ganancias patrimoniales Las ganancias o pérdidas derivadas de la compraventa de criptomonedas tributan en la base imponible del ahorro, en función de la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión. Los tramos impositivos aplicables en 2024 son: Hasta 6.000 euros: 19% De 6.000 euros a 50.000 €: 21% De 50.000 euros a 200.000 €: 23% De 200.000 euros a 300.000 €: 27% Más de 300.000 euros: 28% En caso de pérdidas, estas pueden compensarse con otras ganancias del mismo ejercicio fiscal, o bien arrastrarse durante los cuatro años siguientes. 3. 'Staking', minería y préstamos cripto Los ingresos generados por 'staking' o por intereses en plataformas de préstamos con criptomonedas tributan como rendimientos del capital mobiliario, incluidos en la base del ahorro. En el caso de la minería, si se realiza de forma continuada y organizada, puede considerarse actividad económica, lo que obliga a darse de alta como autónomo y a tributar en el IRPF por el régimen correspondiente. 4. Declaración de criptomonedas extranjeras: Modelo 721 Si el contribuyente posee criptomonedas custodiadas en plataformas extranjeras por un valor superior a 50.000 euros a 31 de diciembre de…
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que se encuentra en negociaciones con el Ministerio de Hacienda, liderado por la vicepresidenta socialista María Jesús Montero, para eximir de IRPF a quienes solo perciban el salario mínimo interprofesional (SMI). Díaz ha señalado que aún no se ha cerrado el acuerdo, ya que continúan trabajando para establecer las rentas que quedarán exentas. En declaraciones realizadas en los pasillos del Congreso, la ministra ha mencionado: «Estamos trabajando y esperamos que lo que hemos defendido siempre, que es que los trabajadores y las trabajadoras que solo perciban las rentas del salario mínimo no tributen en nuestro país, pero seguimos cerrando las rentas». Asimismo, Díaz ha desmentido rumores sobre un pacto entre Sumar y el PSOE para no presentar listas en ciertas provincias en las próximas elecciones generales, asegurando que dicha decisión no se ha tomado para evitar la división del voto. También ha reiterado la necesidad de que el Gobierno presente un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025, independientemente de que no existan garantías de apoyo. Esta postura ha generado discordancia con el ala socialista del Ejecutivo, que considera tal iniciativa como una pérdida de tiempo. «Hemos sido claras. Nosotras creemos que el Gobierno tiene la obligación de presentar las cuentas públicas, presentar un proyecto de país e intentar sacarlos adelante», ha enfatizado Díaz, agregando que, si las formaciones políticas se niegan a aprobar los presupuestos, deberán rendir cuentas sobre su decisión.
El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el partido Sumar en relación con la tributación del IRPF sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Durante una entrevista en ‘La noche en 24 horas’ de TVE, López recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha implementado reducciones de impuestos dirigidas a las rentas más bajas, mencionando que una persona con un ingreso de 16.000 euros anuales pasó de tributar 800 a 60 euros. Además, destacó que el SMI ha aumentado de 735 euros en 2018 a 1.184 euros en la actualidad. A pesar de su confianza, reconoció la necesidad de encontrar una «solución» al asunto, enfatizando que el debate no puede prolongarse ya que el SMI «va a seguir subiendo» bajo el actual Gobierno. Estamos hablando de pura progresividad fiscal López también comparó su enfoque con el de otros gobiernos, indicando que, a diferencia de la administración de la señora Ayuso, que reduce impuestos a los ricos, su gobierno ha favorecido a las rentas más bajas. Su declaración llega tras el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien indicó que se encuentra en negociaciones con Sumar para encontrar «algún tipo de medida» que compense a los pocos trabajadores que tendrán que tributar en el IRPF tras el aumento del SMI. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, únicamente el 20% de los beneficiarios del SMI estarán obligados a pagar la retención del impuesto, específicamente aquellos sin cargas familiares, tras la reciente subida a 1.184 euros mensuales para 2025. En cuanto a la presentación de los presupuestos generales del Estado (PGE), el ministro López afirmó que el Ejecutivo trabaja con el «compromiso y la voluntad» de…
Diego Guevara, el ministro de Hacienda de Colombia, ha anunciado su dimisión del cargo este martes, tras cuatro meses al frente de la cartera. Esto convierte a Guevara en el tercer responsable de esta posición desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder a mediados de 2022. En su cuenta de la red social X, Guevara declaró: «Después de una conversación personal tranquila y amable con el señor presidente, presento mi renuncia al cargo de ministro de Hacienda». Agradeció al mandatario «la oportunidad en estos casi tres años en» la cartera ministerial, destacando su experiencia previa como viceministro. El motivo de su salida, según informes de Radio Caracol, estaría relacionado con diferencias surgidas con el presidente Petro sobre una nueva propuesta de ajuste del presupuesto de 12 billones de pesos, equivalente a casi 2,7 millones de euros, en respuesta a los problemas fiscales que actualmente enfrenta el país. Fuentes de W Radio han indicado que el Gobierno colombiano ha ofrecido el puesto al economista Germán Ávila, aunque desde la Presidencia no se ha realizado un anuncio oficial al respecto.
El Partido Popular (PP) tiene previsto llevar a votación en el Pleno del Congreso esta semana una moción que busca elevar el mínimo exento de IRPF, con el objetivo de que los beneficiarios del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tributen por este impuesto. La iniciativa ha generado una notable división entre los partidos que componen el bloque de investidura, ya que mientras Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG apoyan la exención de este tributo, el PSOE se opone firmemente. Detalles de la moción del PP El Grupo Popular argumentará esta moción como consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Entre los puntos destacados de la moción se incluye un llamado al Gobierno para que eleve el mínimo exento de IRPF y modifique las retenciones, asegurando que los trabajadores que perciben el SMI, que se ha establecido recientemente en 16.576 euros brutos anuales, queden exentos de este impuesto. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, sostiene que obligar a estos trabajadores a tributar resultará en un coste adicional de 914 euros para las empresas, de los cuales solo 354 euros irán a los empleados, mientras que el Estado se quedará con 560 euros, equivalentes al 61% del total. Para reforzar su postura, el PP también ha registrado una proposición de ley similar que busca eximir del impuesto a aquellos que perciben el SMI, propuesta respaldada también por Podemos y Sumar. No obstante, la vicepresidenta segunda y líder del grupo plurinacional, Yolanda Díaz, ha rechazado las iniciativas de PP y Podemos, argumentando que únicamente proporcionan una exención en términos de retenciones mensuales, pero al cierre del año, los beneficiarios del SMI seguirían obligados a tributar. Otras demandas del PP En su moción, el PP reclama además la reducción del IVA de los…
Los consejeros de las comunidades autónomas del Partido Popular (PP) han decidido abandonar de manera colectiva la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró este miércoles. En esta sesión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó una proposta para la condonación de hasta 83.000 millones de deuda acumulada por las comunidades autónomas. Este planteamiento fue defendido por Montero como un acuerdo bilateral, argumentando que tenía el apoyo de una formación independentista. La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, quien actuó como portavoz de las regiones del PP, manifestó su oposición a la condonación al afirmar: «Nosotros no vamos a ser cómplices de tantas cesiones y tantos privilegios al independentismo, estamos en contra de la condonación». Albert estuvo acompañada en esta protesta por la consejera de Andalucía, Carolina España, y el consejero gallego, Miguel Corgos. El abandono de la reunión ocurrió después de solo media hora de debate. Los consejeros ‘populares’ decidieron levantarse al ver que el Ministerio de Hacienda empezaba a hablar sobre la imposición de impuestos a la banca, la posible cesión parcial de la recaudación a las comunidades y la condonación de la deuda para todas las regiones. De esta forma, el grupo abandonó el despacho, dejando únicamente a los representantes del Gobierno central y a los consejeros de Castilla-La Mancha, Cataluña y Asturias. A pesar de la salida de los consejeros del PP, el plan de condonación de la deuda tiene probabilidades de avanzar en el CPFF gracias al respaldo de las comunidades socialistas. Esto se debe a que el Gobierno central cuenta con la mitad de los votos en este foro. La condonación, que podría ascender a los 83.000 millones de euros, será formalizada como una ley orgánica. Este proceso legislativo deberá ser validado por el…
El Gobierno de España y las comunidades autónomas se reunirán este miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde el Ministerio de Hacienda presentará su propuesta para la condonación de 83.252 millones de euros de deuda autonómica. Esta iniciativa, sin embargo, ha encontrado una respuesta anticipada en los Ejecutivos regionales del Partido Popular (PP), quienes han manifestado su rechazo al plan que contempla que el Estado asuma un porcentaje del déficit autonómico. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que Andalucía y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, acumulando más del 43% de la condonación total. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que sus dirigentes votarán en contra del plan del Gobierno durante la sesión del CPFF. No obstante, el apoyo de una sola comunidad autónoma sería suficiente para que la oferta avance, ya que el Ministerio controla la mitad de los votos en este foro. El planteamiento de condonación de la deuda se llevará a cabo a través de una ley orgánica, que se someterá a votación en el Congreso y el Senado Para concretar esta propuesta, será necesaria una ley orgánica que debe recibir la mayoría absoluta de las Cortes. La ministra Montero ha expresado su esperanza de que la ley sea aprobada antes de que finalice el año, y la condonación de la deuda será voluntaria y estará exenta de cualquier «condicionalidad», permitiendo que cada comunidad decida si acepta la propuesta. La estrategia del Gobierno consta de tres fases. En la primera, se calcula el diferencial de endeudamiento entre 2009-2013 y 2019-2023, resultando en una condonación media del 19% de la deuda autonómica. La segunda fase propone una condonación adicional para aquellas comunidades con porcentaje de deuda por debajo de esta media, buscando así corregir desigualdades entre…