IMV

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la autorización de la distribución territorial de las ayudas financieras estatales del Bono Alquiler Joven 2025, que cuenta con un presupuesto total de 200 millones de euros. Esta medida afecta a las comunidades autónomas, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla, y su objetivo principal es facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. El Bono Alquiler Joven ofrece un apoyo económico de 250 euros al mes durante dos años para cada joven, buscando promover su emancipación a través del alquiler o la cesión de uso de una vivienda o habitación. Este programa se alinea con las acciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y promete ser una solución inmediata en la esfera de las ayudas estatales. Además, el Bono Alquiler Joven es compatible con otras ayudas que persiguen el mismo objetivo, destinadas a beneficiarios considerados especialmente vulnerables según los criterios establecidos por cada comunidad o ciudad autónoma. Asimismo, se puede compaginar con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Conviene destacar que la suma del bono y las otras ayudas no podrá exceder el 100% de la renta arrendaticia. El Bono Alquiler Joven también se integra con el Programa de ayuda a las personas jóvenes y el reto demográfico del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Sin embargo, en este caso, la suma total de ayudas no debe superar el 75% de la renta. La propuesta de distribución territorial de las ayudas espera la ratificación de la Conferencia Sectorial Una vez ratificada y completados los trámites administrativos, se procederá al envío de las resoluciones con las cantidades asignadas a cada comunidad autónoma. Este proceso permitirá la aceptación y posterior transferencia de fondos para sus…
El Gobierno de España, a través de la Seguridad Social, ha reforzado su red de protección para las familias vulnerables con hijos a cargo. Uno de los pilares de esta política es el Complemento de Ayuda para la Infancia, una prestación que puede alcanzar los 1.380 euros anuales por hijo. Esta medida, que forma parte del Ingreso Mínimo Vital (IMV), busca reducir la pobreza infantil y mejorar el bienestar de los menores en hogares con rentas bajas. ¿Quién puede beneficiarse de esta ayuda, cuánto se cobra según la edad del hijo, cómo se solicita y qué requisitos hay que cumplir? Qué es el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) es una prestación económica mensual destinada a familias con hijos menores de edad que cumplan ciertos requisitos económicos. Se trata de un complemento al Ingreso Mínimo Vital, aunque puede solicitarse incluso si no se cobra el IMV completo, siempre que se cumplan los límites de ingresos y patrimonio. Fue aprobado en 2022 como parte del paquete de medidas para luchar contra la pobreza infantil, una de las tasas más altas de Europa en ese momento. Cuantías según la edad del menor: La ayuda se concede por cada menor de edad a cargo, con cantidades que varían según la edad del niño:  Menores de 3 años: 115 euros al mes; 1.380 euros al año  Entre 3 y 6 años: 80,50 euros al mes; 966 euros al año  Entre 6 y 18 años: 57,50 euros al mes; 690 euros al año Este importe no tributa en la declaración de la renta y se suma a otras posibles ayudas como becas escolares, bono social eléctrico o deducciones por maternidad. Quién puede solicitarla Para acceder a esta ayuda, se deben cumplir una serie de requisitos generales…
El Gobierno ha aprobado un incentivo al empleo en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se activará cuando los beneficiarios de la prestación vean incrementados sus ingresos del trabajo porque hayan encontrado empleo o mejorado sus condiciones El Gobierno aprueba un incentivo al empleo del IMV, recoge Europa Press. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calculan que 1 de cada 5 hogares que reciben el IMV podrían beneficiarse de este incentivo, es decir, unos 100.000. La cuantía del incentivo dependerá de la composición del hogar, de la cuantía del incremento salarial y del tipo de movimiento. Así, las cuantías serán más altas para los hogares con menores a cargo, con especial atención a las familias monoparentales y en las que conviven personas con discapacidad. Además, al principio, el incentivo será mayor y, a medida que se produce el incremento de salario, el incentivo modera su crecimiento. Asimismo, la cuantía será más alta si la persona estaba fuera del mercado laboral y se incorpora a él, que en el caso en que ya estuviera trabajando. Por ejemplo, una persona que vive sola y no ha tenido ingresos el año anterior recibe un IMV de 5.899,60 euros al año. Si al año siguiente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social revisa la prestación y observa que ha tenido ingresos por valor de 1.000 euros, el IMV se reduciría en la misma cantidad, por lo que se quedaría con un IMV de 4.899,60 euros al año. No obstante, al aplicarse el incentivo al empleo, recibiría 1.000 euros extra que, sumado al IMV y a los 1.000 euros de su empleo, darían un total de 6.899,60 euros al año. De esta forma, la existencia del incentivo hace que esa persona no pierda en la prestación lo que ha ganado como ingresos del…
El Banco de España advierte en su informe anual los niveles de desigualdad en la sociedad española. Aunque ya era una cifra "elevada" antes de la pandemia, la entidad señala que aumentará previsiblemente como consecuencia de la crisis del coronavirus y ha pedido políticas de redistribución de las riquezas. El banco central aboga por estímulos fiscales para los arrendadores para ampliar así la oferta en alquiler. Según la autoridad monetaria, la pandemia está mostrando una "especial incidencia negativa" en algunos colectivos de trabajadores particularmente vulnerables, aquellos con contrato temporal, más jóvenes y con rentas más bajas. De esta forma, asegura que parece "probable" que la crisis económica actual acabe elevando los niveles de desigualdad en la sociedad española, a pesar de las medidas que las autoridades han desplegado para mitigar los efectos adversos de la pandemia sobre las rentas y la liquidez de los hogares. Por ello, la autoridad monetaria aboga por analizar las distintas políticas de transferencias sociales que están en vigor en diversos ámbitos de la Administración Pública, incluidas la sanidad y la educación, así como el funcionamiento del sistema impositivo. "El objetivo sería valorar si, en su conjunto, estos instrumentos permiten alcanzar el grado de redistribución de recursos que la sociedad demanda y si su operativa es lo suficientemente eficiente", reitera el Banco de España, que añade que el grado de redistribución de estas políticas en España es menor que el observado en la media de la UE. En concreto, destaca que la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020 supuso la introducción de un mecanismo de redistribución que podría contribuir "significativamente" a paliar la pobreza extrema en España hasta el 1,5% desde el 5,7% actual, según datos del INE. Para el Banco de España, podría resultar adecuado considerar una posible extensión del IMV…