indemnización

Telefónica ha decidido reducir el número de empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) en Movistar+ a 235 personas, lo que representa una disminución del 21% respecto a las 297 salidas inicialmente previstas, según fuentes sindicales. A pesar de este ajuste, UGT considera que los avances siguen siendo insuficientes para desbloquear la negociación. Las condiciones económicas para los afectados varían según su año de nacimiento. Para los nacidos en 1969 y 1970, se propone una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65 años. En cuanto a los nacidos entre 1965 y 1968, se ofrece un 62% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65 años. Para los nacidos en 1964 y antes, la indemnización es del 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65 años. Telefónica ha mostrado su disposición a incluir en el salario regulador los 750 euros del plan de retribución flexible, así como la póliza de salud completa hasta los 63 años y el seguro de vida hasta la misma edad. Además, la empresa ha propuesto una tasa de reposición del 5% de la plantilla y la inclusión del plan social en el convenio colectivo. Los sindicatos consideran que las propuestas presentadas no son positivas. Han enfatizado la necesidad de eliminar las restricciones que obstaculizan la negociación, como la falta de plena voluntariedad en el ERE y el alto número de personas afectadas. Según su perspectiva, los tramos de renta por edades generan desigualdad y constituyen un retroceso. Para que la negociación pueda avanzar, los sindicatos insisten en la necesidad de adoptar un enfoque equilibrado y respetuoso con las necesidades de la plantilla La próxima reunión de la mesa negociadora del ERE está programada…
La Justicia de China ha tomado una decisión significativa respecto al misterioso caso del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció hace más de once años y medio con 239 personas a bordo. Este lunes, el tribunal de Chaoyang, en la provincia de Liaoning, ha ordenado a varias compañías aéreas de Malasia a indemnizar con unos 2,9 millones de yuanes (aproximadamente 350.000 euros) a familiares de algunos pasajeros. El tribunal ha decidido esta compensación para cada uno de los ocho casos que se han resuelto favorablemente a las familias, de un total de más de 50 demandas. La mayoría de estas demandas han sido archivadas. Las indemnizaciones cubren los gastos de los funerales y actúan como «compensación» por los daños sufridos, como ha comunicado la corte según el portal de noticias Sina. En un nuevo intento por resolver el enigma del vuelo MH370, el Gobierno de Malasia ha anunciado la reanudación de la búsqueda en aguas del océano Índico. Esta nueva operación se realizará tras alcanzar un acuerdo con la empresa de exploración Ocean Infinity, encargada de la última búsqueda que concluyó sin éxito en 2018. El informe final sobre el vuelo expuso que los controles fueron manipulados deliberadamente para desviar el avión de su ruta. No obstante, no identifica a los posibles responsables de estos actos. Pese a los esfuerzos de los investigadores, nunca se llegó a una conclusión sobre lo sucedido cuando la aeronave perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo. El vuelo MH370 se ha convertido en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación
Telefónica ha iniciado este martes negociaciones con los sindicatos sobre los términos de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Este proceso afectará a varias de sus filiales, incluyendo Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital, Telefónica S.A y Movistar+. En esta última, la afectación inicial del ERE se ha reducido en casi un 18%, bajando de 297 a 245 salidas. Detalles del proceso de regulación de empleo y propuesta de indemnización Las cuatro sociedades mencionadas representan el 16,5% de la afectación total del ERE, que en conjunto implicará 6.036 salidas, una reducción respecto a las 6.088 propuestas originalmente. Los sindicatos UGT y CCOO han informado de que la propuesta de Telefónica para Movistar+ involucra a empleados nacidos en 1970 y anteriormente, con una antigüedad mínima de 15 años en la empresa. Sin embargo, UGT ha expresado su descontento con los criterios económicos, calificándolos de insuficientes. UGT solicita una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65 años. Para Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A, la propuesta de la empresa ha sido considerada inaceptable por los sindicatos, con una indemnización solo del 65% del salario regulador hasta los 63 años, reduciéndose al 35% hasta los 65 años. Para UGT y CCOO es necesario que estos ERES cuenten como premisa fundamental con la voluntariedad y que sus condiciones económicas y sociales sean, como mínimo, las que la empresa ha planteado en el Convenio de Empresas Vinculadas En este contexto, las negociaciones se han iniciado bajo el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), que abarca un 83,5% del total de salidas propuestas. Sin embargo, la oferta inicial fue rechazada por los sindicatos. Condiciones adicionales y distribución de afectaciones La propuesta de Telefónica incluye indemnizaciones del 68% del salario regulador para los nacidos en…
El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid ha dictado una sentencia crucial contra Meta, ordenando el pago de 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias, como Europa Press, integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI). La sentencia, que aún permite recurso, responde a la denuncia sobre prácticas publicitarias desleales en Facebook e Instagram, contrarias al Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). El fallo del tribunal madrileño resalta que Meta obtuvo una ventaja competitiva injusta mediante el uso indebido de millones de datos personales, lo que afectó negativamente a la prensa digital española. Dicha sentencia se apoya en el artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), que califica de desleal el obtener ventajas mediante la infracción de leyes, en este caso, el RGPD. El tratamiento ilícito de esta enorme cantidad de datos personales supuso para Meta una ventaja competitiva que la prensa digital española no podía igualar En 2018, Meta cambió la base legal del consentimiento de los usuarios a la necesidad de ejecución del contrato. Esta modificación resultó en la sanción de diciembre de 2022 por parte de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. La prensa digital reclama que de haberse mantenido la base legal original del consentimiento, Meta habría evitado infracciones y demandas como las actuales. El fallo subraya la significativa cantidad de 5.281 millones de euros ganados por Meta en España, con prácticas publicitarias que violaron el RGPD. Esta cifra podría haber sido mayor si Meta hubiera revelado sus cuentas en el país. La sentencia también toma en cuenta el estudio de la CNMC, que aporta datos y criterios para calcular las indemnizaciones asociadas. La decisión podría establecer un precedente importante en el ámbito publicitario, tanto en España como en el…
Google ha acordado un pago de 24,5 millones de dólares (casi 21 millones de euros) para resolver una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La disputa surgió tras la suspensión del canal de Trump en YouTube después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Según un documento judicial, la empresa tecnológica destinará 22 millones de dólares (18,75 millones de euros) de esta indemnización a la «construcción del Salón de Baile Estatal de la Casa Blanca». El resto de la suma se repartirá entre otros demandantes que se unieron a las reclamaciones de Trump, como la Unión Conservadora Estadounidense, una organización sin ánimo de lucro. El acuerdo de Google marca el tercer caso en el que un gigante tecnológico alcanza un pacto con el mandatario. Anteriormente, Facebook (ahora Meta) y Twitter (renombrada como X) también suspendieron las cuentas de Trump. Las decisiones fueron tomadas debido a publicaciones que podrían incitar a la violencia durante los disturbios de principios de 2021. Facebook fue el primer gigante en llegar a un acuerdo en enero de este año, resolviendo la demanda con una indemnización de 25 millones de dólares (algo más de 21 millones de euros). Un mes después, la compañía que se encontraba bajo la dirección de Elon Musk en ese momento, Twitter, aceptó un pago de 10 millones de dólares (casi 9 millones de euros) como parte del arreglo. Se trata del tercer gigante tecnológico en llegar a un pacto de este tipo con el inquilino de la Casa Blanca, después de que Facebook y Twitter también suspendieran las cuentas de Trump
El Congreso de los Diputados aprobó recientemente una proposición no de ley presentada por Sumar, con el objetivo de instar al Gobierno a reformar el despido improcedente. Esta iniciativa, que busca que el despido sea disuasorio para las empresas y restaurativo para los empleados afectados, no tiene carácter legislativo. Sin embargo, ha conseguido el respaldo necesario gracias al apoyo de partidos como el PSOE, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, y algunos miembros del Grupo Mixto, como José Luis Ábalos y Águeda Micó. El resultado de la votación y precedentes históricos Con un total de 171 votos a favor, 170 en contra y seis abstenciones de Junts, la propuesta logró ser aprobada por un estrecho margen. Cabe destacar que esta no es la primera vez que un error en la votación influye en la aprobación de una medida laboral. En 2021, el exdiputado del PP Alberto Casero votó por error a favor de la convalidación de la reforma laboral de Yolanda Díaz, aunque en aquella ocasión se trataba de un texto con carácter legislativo. La iniciativa reciente no llegará a ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que subraya su carácter no vinculante a pesar de la aceptación en la Cámara Baja. Tener en cuenta más factores para el despido La propuesta pretende establecer una indemnización que sirva como mecanismo disuasorio, considerando factores como la cifra de negocios de la empresa, su tamaño, y otras circunstancias al determinar la cuantía indemnizatoria. Esto responde a la necesidad de eliminar ciertas distorsiones en las relaciones laborales que resultan perjudiciales para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido productivo en España. La Cámara Baja insta al Ejecutivo a regular de mano con el diálogo social una indemnización en caso de despido improcedente «realmente disuasoria…
El grupo parlamentario Sumar presentará este martes una proposición no de ley en el Pleno del Congreso con el fin de reformar el sistema de despido improcedente en España. Esta iniciativa busca que el despido sin causa sea más disuasorio para las empresas y restaurativo para los trabajadores afectados. Iniciativa tras derrota en reducción de jornada Después de enfrentar una derrota en la Cámara Baja respecto a la reducción de jornada, la coalición liderada por Yolanda Díaz busca impulsar esta nueva propuesta económica. Sumar sugiere que se establezca una indemnización disuasoria en despidos injustificados, especialmente para proteger a las pequeñas y medianas empresas. Actualmente, estas empresas a menudo enfrentan desventajas en comparación con las más grandes en términos de consecuencias financieras tras un despido. Reforma inspirada en modelos europeos En su propuesta, Sumar plantea que los factores decisivos para determinar las indemnizaciones deberían incluir no solo la cifra de negocios y el tamaño de la empresa, sino también otras circunstancias específicas. Esta iniciativa se inspira en ejemplos de países como Francia y Alemania, donde las indemnizaciones se calculan teniendo en cuenta varios factores, como la antigüedad del trabajador, su salario y las circunstancias del despido. En el contexto actual, España determina la indemnización por despido improcedente en 33 días por año trabajado. Esta cantidad ha sido cuestionada, ya que tanto CCOO como UGT presentaron una demanda al Comité Europeo de Derechos Sociales argumentando su insuficiencia. El Comité Europeo apoyó los argumentos sindicales, afirmando que los límites actuales no son adecuados para compensar el perjuicio sufrido ni para disuadir a los empleadores. El Tribunal Supremo español aclaró que la indemnización no puede aumentarse judicialmente basándose en las circunstancias específicas de cada caso Sumar sostiene que el problema no radica en la cantidad de la indemnización, sino en la forma en que…
Sumar defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley cuyo objetivo es reformar el despido improcedente en España, buscando que sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas. Tras haber enfrentado una derrota previa en la Cámara Baja con su propuesta de reducción de jornada, este grupo plurinacional liderado por Yolanda Díaz lleva ahora otra de sus destacadas iniciativas económicas al Pleno. La coalición Sumar propone que la indemnización por despido improcedente tenga en cuenta variables como la cifra de negocios, el tamaño de la empresa y otras circunstancias específicas al determinar la cuantía indemnizatoria. Esta postura se basa en la necesidad de establecer una indemnización que funcione como mecanismo disuasorio en casos de despidos sin causa. La intención es evitar que las empresas con mayores recursos puedan realizar despidos injustificados sin enfrentar consecuencias económicas proporcionales, práctica que actualmente afecta más a las pymes, mayoritarias en el tejido productivo español. Sumar cita ejemplos internacionales, explicando que países como Francia y Alemania consideran factores como la antigüedad, el salario y las circunstancias específicas del despido al calcular las compensaciones. En estos países, los sistemas de indemnización por despido improcedente incluyen baremos y reglas específicas. En España, la indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado, una cifra que los sindicatos CCOO y UGT consideran insuficiente. Estos sindicatos presentaron una demanda al Comité Europeo de Derechos Sociales, que determinó que las indemnizaciones actuales no alcanzan a ser disuasorias ni reparadoras. Sin embargo, el Tribunal Supremo de España ha dictaminado que, dadas las características de las declaraciones incluidas en la Carta Social Europea, el marco legal actual no puede ser modificado judicialmente para incrementar las compensaciones dependiendo de las circunstancias individuales. En este escenario, Sumar considera que el problema del ordenamiento…
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una campaña con el objetivo de asistir a los afectados por los recientes incendios forestales en la reclamación de los daños. En un comunicado, la organización ha resaltado que los incendios forestales no se consideran un riesgo extraordinario, lo cual implica que los daños causados deben ser cubiertos por los seguros que los afectados tienen contratados. La OCU ha querido aclarar que «la mayoría» de los seguros de hogar contemplan la cobertura por riesgo de incendio. Sin embargo, en el caso de los vehículos, es necesario contar con un seguro a todo riesgo o a terceros ampliado para garantizar la cobertura, más allá del seguro a terceros básico o a terceros con lunas. Además, la indemnización ofrecida por las compañías aseguradoras dependerá de la cobertura contratada, por lo que revisar las condiciones de la póliza se vuelve una acción imprescindible. La normativa establece que los usuarios tienen siete días para comunicar el siniestro. A partir de ahí, las compañías de seguros tienen 40 días para peritar los daños y ofrecer una indemnización provisional Según informa la OCU, si existe algún tipo de disconformidad con la indemnización propuesta, se recomienda iniciar una reclamación directamente con la aseguradora presentando «uno o varios presupuestos detallados» de la reparación o reconstrucción. En caso de que el conflicto derive de cómo la aseguradora interpreta la póliza, se sugiere dirigirse al servicio de atención al cliente correspondiente. Si esta vía no es efectiva o la respuesta no llega en un periodo de un mes, los consumidores pueden presentar su caso ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o bien optar por la vía judicial. La organización subraya la importancia de aportar «las mayores pruebas posibles» sobre el alcance de…
La organización de consumidores Facua ha lanzado una petición al Gobierno para implementar cambios regulatorios que sancionen a las empresas de telecomunicaciones y energía. Estas empresas estarían lucrando con las llamadas telefónicas no deseadas, según la organización, y es fundamental establecer mecanismos de indemnización para los usuarios afectados. A pesar de que desde marzo, los operadores han bloqueado más de 50 millones de llamadas y mensajes de texto fraudulentos, Facua denuncia que los consumidores continúan recibiendo llamadas comerciales no solicitadas prácticamente a diario. El problema, como lo expone Facua, radica en que el plan contra las estafas telefónicas del Gobierno no contempló el bloqueo de comunicaciones desde numeraciones fijas con prefijo geográfico. Facua afirma que las medidas actuales resultan «claramente insuficientes» y deben ampliarse para incluir «todo tipo de llamadas». En efecto, las numeraciones fijas con prefijo nacional se han convertido «en un gran coladero de fraudes». El propio ministro ha admitido que tras la entrada en vigor del plan, los estafadores están usando llamadas con prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas Facua insiste en ampliar el plan para también bloquear ‘spam’ desde numeraciones fijas. Desde 2023, las llamadas comerciales no solicitadas están prohibidas, aunque en la práctica continúan ocurriendo. Facua señala que la regulación actual no es efectiva y demanda su revisión. La asociación considera esencial que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impulse un cambio regulatorio que obligue a las empresas beneficiarias de altas a través de llamadas comerciales a informar a los usuarios sobre su derecho a una indemnización económica si las llamadas no fueron solicitadas expresamente. Según Facua, las empresas deben garantizar que las grabaciones de estas llamadas incluyan una aceptación explícita del usuario no solo de las condiciones, sino también que este realizó o solicitó la llamada. En caso contrario, el contrato…