IVA

El Congreso de España ha aprobado la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, tras completar la votación de las enmiendas del Senado. Este trámite concluye el proceso legislativo y el texto se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una de las medidas más destacadas, que inicialmente fue propuesta por el Senado aunque posteriormente vetada por el Gobierno, es la reducción del IVA en productos básicos como alimentos, carnes, pescados y conservas. Esta intervención podría haber supuesto, según el Ejecutivo, una pérdida de ingresos de más de 3.780 millones de euros, por lo que no se sometió a votación. Sin embargo, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, subrayó que, más allá de estos detalles específicos, la ley prioriza un modelo de consumo más justo y responsable. Según Bustinduy, se trata de una normativa que otorga más poder a los consumidores, facilitando que hagan valer sus derechos frente a empresas. Importantes cambios en la gestión de llamadas comerciales y transparencias en precios La ley introduce importantes restricciones a las llamadas comerciales conocidas como ‘spam’. Las empresas deben utilizar un prefijo telefónico específico para sus llamadas comerciales, bloqueándose cualquier llamada que no cumpla con estas especificaciones, o para las que no se haya obtenido consentimiento previo del consumidor. Además, los contratos establecidos a partir de llamadas no consentidas serán declarados nulos. En cuanto a las prácticas de precios, ahora las empresas están obligadas a presentar desde el principio el costo total de un producto o servicio, incluyendo todos los gastos de gestión y otros costes adicionales. Esto garantiza que los consumidores conozcan el precio completo sin incrementos inesperados al final del proceso de compra, asegurando una mayor transparencia y evitando frustraciones comunes del pasado. Asimismo, las empresas no podrán utilizar números con tarificación adicional…
El Congreso español someterá este jueves, 11 de diciembre, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela a su último examen con la votación de las enmiendas introducidas por el Senado. Sin embargo, la votación no incluirá la polémica reforma propuesta por el Partido Popular (PP) para reducir el IVA en alimentos básicos, lo que fue aprobado anteriormente en la Cámara Alta. El Gobierno ha logrado finalmente vetar la reducción del IVA entre enero y junio de 2026, que incluía carnes, pescados, conservas, leches y huevos. La medida, impulsada por el PP, fue objetada debido a que supondría una pérdida fiscal de 3.780 millones de euros. Aunque el Ejecutivo ya había intentado bloquear esta enmienda en el Senado, el PP, que domina la Mesa de la Cámara Alta, permitió su continuación. La Constitución otorga al Gobierno el poder de impedir medidas legislativas que autoricen “una disminución de los ingresos presupuestarios” No obstante, al llegar al Congreso, controlado por el PSOE y Sumar, se aceptó el veto gubernamental tras una reunión clave de la Mesa posterior a la sesión plenaria. Entre otras modificaciones sometidas a votación, se incluye la rebaja de las obligaciones de las empresas para atender en diferentes lenguas cooficiales. Según la nueva disposición, la atención en lenguas cooficiales solo será exigible dentro del territorio de la comunidad autónoma correspondiente. Asimismo, se han realizado ajustes en la terminología, como cambiar «clientela» por «cliente» y «personas consumidoras vulnerables» por «consumidores en situación de vulnerabilidad». Además, se extiende el plazo máximo para responder a las quejas de clientes de 15 a 30 días hábiles y se trasladan los requisitos para las empresas privadas a la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas. Todas estas medidas, vitales para la implementación de la ley, requieren la ratificación del Congreso para proceder…
La Mesa del Congreso, liderada por la mayoría conformada por PSOE y Sumar, ha decidido aceptar el escrito de disconformidad presentado por el Gobierno contra una enmienda crucial impulsada por el PP. Esta enmienda, que había sido aprobada en el Senado, proponía una reducción del IVA para diversos productos básicos. La propuesta de reducir el IVA afectaba a carnes, pescados, conservas, leche y huevos. Concretamente, planteaba una rebaja del impuesto al 4% para carnes, pescados y conservas, mientras que eliminaba completamente el impuesto para productos como leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio del mismo año. El Gobierno, por su parte, ha intentado bloquear esta iniciativa acogiendo la facultad constitucional que le permite parar cualquier medida legislativa que pueda representar «un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios». Según el Ejecutivo, la aplicación de esta medida traería consigo una pérdida de recursos para la Administración General del Estado valorada en 3.780 millones de euros. Conflictos entre Cámaras y el papel del Tribunal Constitucional A pesar de la inicial resistencia del Gobierno, la Mesa del Senado, donde ejerce mayor influencia el PP, ignoró el veto gubernamental. Con esta actuación, la enmienda continuó avanzando y se ratificó en el Pleno del Senado. Sin embargo, al llegar al Congreso, el escenario volvió a cambiar. La Mesa ha decidido respaldar el veto del Ejecutivo, basándose en las mismas preocupaciones presupuestarias previamente esgrimidas. En otras ocasiones recientes, la Cámara Baja también ha vetado enmiendas aprobadas en el Senado. Casos notables incluyen la Ley de desperdicio alimentaria y la Ley de navegación aérea. Esto ha generado conflictos de atribuciones, los cuales se encuentran actualmente bajo el análisis del Tribunal Constitucional, quien tendrá la última palabra en estos enfrentamientos legislativos.
El reciente movimiento del Gobierno para bloquear una enmienda aprobada por el Senado ha generado un nuevo foco de tensión en el ámbito legislativo español. La enmienda en cuestión, presentada por el Partido Popular (PP), busca reducir el IVA de productos esenciales como carnes, pescados, conservas, leche y huevos, lo cual ha sido recibido con escepticismo por parte del Ejecutivo. Este martes, el Gobierno presentó en el Congreso un escrito de disconformidad respecto a la tramitación de la enmienda, cuya votación estaba prevista para este jueves en el Pleno. Anteriormente, el Ejecutivo había intentado frenar esta propuesta en el Senado, amparándose en las facultades que le otorga la Constitución para evitar legislaciones que provoquen “un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios”. La medida del PP estipula una rebaja del IVA al 4% para carnes, pescados y conservas desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de junio del mismo año. Además, propone eliminar completamente este impuesto para productos como leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres durante el mismo periodo. Frente a esto, el Gobierno estima que la pérdida de ingresos para el Estado se elevaría a 3.780 millones de euros. A pesar del veto inicial del Gobierno, la Mesa de la Cámara Alta, controlada por el PP, continuó con la tramitación de la enmienda, aprobándola finalmente en Pleno. No obstante, al llegar al Congreso, se vuelve a enfrentar a un veto del Ejecutivo por los mismos argumentos fiscales. Ahora, el destino de esta propuesta está en manos de la Mesa de la Cámara Baja, dominada por el PSOE y Sumar, quienes decidirán sobre el escrito de disconformidad en una reunión programada para la noche de este martes, después de la sesión plenaria. La Cámara Baja ya ha vetado en esta legislatura…
El Pleno del Congreso se prepara para debatir una proposición de ley del Partido Popular el próximo martes, 9 de diciembre, que busca aplicar el tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras realizadas por los productores en caso de crisis. Este movimiento está diseñado para apoyar al sector alimentario español, considerado esencial para la economía, mediante un conjunto amplio de medidas fiscales destinadas a aliviar los costes de producción y asegurar así la rentabilidad de las explotaciones del sector primario. En su plan, el Grupo Popular sugiere reducir temporalmente el IVA aplicado a los componentes esenciales en la producción agraria, como la energía y los combustibles. De esta forma, se busca mitigar el impacto de los incrementos «significativos» en los precios que han afectado a agricultores y ganaderos. Complementariamente, se plantea la concesión de ayudas estatales en forma de «mínimis», dirigidas a aquellos sectores en crisis, para garantizar su continuidad en el ciclo de producción. Estas subvenciones seguirían criterios homogéneos conocidos previamente por los interesados, lo que promovería la claridad y transparencia en su asignación. El Partido Popular propone también un sistema de seguimiento integral de mercados, gestionado por los Ministerios de Agricultura y Economía con las comunidades autónomas, que permitiría ajustar las condiciones de los intercambios comerciales. El PP desea que el seguro agrario combinado incluya coberturas para nuevos riesgos debido a la variabilidad de los mercados. Además, se busca modificar la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, adecuando el tratamiento de los residuos vegetales al marco general de residuos. En un plano medioambiental, se propone el desarrollo de estudios para promover el acceso de agricultores al mercado de carbono, permitiéndoles obtener compensaciones por el almacenamiento de carbono en tierras y cultivos. Finalmente, en el mismo contexto plenarial, se defenderá…
Este martes, 9 de diciembre, el Pleno del Congreso debatirá una proposición de ley del Partido Popular (PP) que busca implementar medidas fiscales específicas en tiempos de crisis. El objetivo es aplicar el tipo mínimo del IVA a la energía y a las compras necesarias para actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Esta iniciativa se presenta como parte de un amplio paquete de medidas fiscales diseñado para apoyar al sistema alimentario español, considerada una sector estratégico esencial de la economía. La propuesta del Grupo Popular incluye una reducción temporal del IVA que afecta directamente al precio de productos clave como la energía, combustibles y materias primas necesarias en la actividad agraria. La iniciativa responde al significativo «incremento de precio» que los agricultores y ganaderos han experimentado recientemente. Además de las medidas fiscales, el PP sugiere la concesión de ayudas estatales conocidas como «mínimis» para las explotaciones de sectores en crisis. Estas ayudas estarían uniformemente reguladas en todo el país y se otorgarían mientras se desarrolla un sistema de seguro de estabilización de ingresos. Este nuevo seguro tiene el propósito de gestionar riesgos sobre los ingresos relacionados con la actividad agraria. Por otro lado, se incluye un sistema de seguimiento integral de mercados y condiciones comerciales, coordinación que estaría a cargo de los ministerios de Agricultura y Economía junto a las comunidades autónomas. La propuesta del PP también contempla la posibilidad de que el seguro agrario combinado incorpore la cobertura de nuevos riesgos derivados de la volatilidad de los mercados. Esta medida busca reforzar la viabilidad, técnica y económica, de las coberturas disponibles para los asegurados. En adición, el PP propone la modificación del artículo 27.3 de la ley de residuos y suelos contaminados para alinear el tratamiento de residuos vegetales con el criterio general legislativo. En el ámbito medioambiental, también se…
El Ministerio de Hacienda de España ha recaudado un total de 6.575 millones de euros hasta octubre de este año, gracias a una serie de subidas y cambios impositivos introducidos. Este incremento está documentado en el informe mensual de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado, destacado por Europa Press. Entre las medidas implementadas, figura la vuelta al 4% del IVA en alimentos básicos, como el aceite de oliva, el pan, y los productos lácteos, luego de haber sido reducido previamente al 2%. Además, otros productos como aceites de semillas y pasta pasaron a tener un IVA del 10%, en lugar del 7,5% anterior. La electricidad también experimentó un aumento significativo del IVA, regresando al tipo general del 21% desde el 1 de enero, tras haber disfrutado de un tipo reducido del 10% hasta finales de 2024. En el Impuesto sobre Sociedades, las modificaciones también han supuesto un aumento significativo en la recaudación. Estas incluyen la reversión obligatoria de pérdidas por deterioro y limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas. De los 6.575 millones de euros recaudados, cerca de 3.091 millones provienen de este impuesto. En particular, la consolidación al 50% de las pérdidas de los grupos empresariales ha jugado un rol importante, aportando 2.309 millones de euros. El incremento del IVA ha generado un aumento neto en la recaudación de 1.874 millones de euros. Esta suma proviene mayoritariamente del restablecimiento de los tipos impositivos en productos alimentarios, con un beneficio fiscal de 1.774 millones, y energéticos, con 447 millones más. El nuevo Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas Entidades Financieras aportó un impacto positivo de 1.423 millones Este nuevo impuesto sustituyó al gravamen temporal de entidades de crédito y junto al incremento de 807 millones del Impuesto sobre el Valor de…
El Senado de España ha aprobado de manera definitiva la Ley de servicios de atención a la clientela. Sin embargo, lo que ha captado la atención es el paquete de enmiendas introducido por el Partido Popular (PP) para rebajar el IVA de diversos productos alimenticios, como carnes, pescados, conservas y huevos. Esta maniobra legislativa fue inicialmente objetada por el Gobierno aludiendo a su potestad constitucional para vetar medidas que afecten los ingresos presupuestarios del Estado. Con la mayoría absoluta del PP en el Senado, las enmiendas avanzaron rápidamente y ahora están en manos del Congreso para su posterior deliberación. Entre las propuestas destacadas, se plantea reducir el IVA al 4% para carnes, pescados y conservas, y eliminar completamente este impuesto para productos como la leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026. El PP justifica estas medidas argumentando que el aumento de los precios de alimentos básicos ha forzado a los consumidores a optar por opciones menos saludables, afectando su bienestar. El Congreso debe ahora decidir si acepta estas enmiendas. No es la primera vez que una medida similar genera debate, como se observó en las discusiones sobre la Ley de desperdicio alimentario y la Ley de navegación aérea. El Ejecutivo esgrime que la medida supondría una pérdida de recursos para la Administración General del Estado estimada en 3.780 millones El Gobierno presentó un escrito de disconformidad en el Senado, señalando que estas enmiendas podrían reducir significativamente los ingresos presupuestarios, poniendo en riesgo 3.780 millones de euros, cifra reflejada en el informe de descontento presentado. No obstante, este veto no fue admitido en la Cámara Alta, liderada por el PP, lo que permitió que la enmienda continuara su curso parlamentario. En la próxima semana, el PP llevará al…
El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en primera vuelta, al anteproyecto de ley que permitirá la transposición parcial de la directiva europea (UE) sobre el IVA en el ámbito de la economía digital, normativa que será aplicada a partir del 1 de enero de 2027. Esta iniciativa europea, conocida como ViDA, busca adaptar el sistema comunitario del IVA a las exigencias de un mundo cada vez más digital. La directiva ViDA prevé una adaptación gradual con fases clave que entrarán en vigor el 1 de julio de 2028 y el 1 de julio de 2030. No obstante, algunas modificaciones menores, principalmente técnicas, comenzarán a regir desde el 1 de enero de 2027 según lo desarrollado en el presente anteproyecto de ley. Entre estas modificaciones técnicas, se destaca la ampliación del ámbito de aplicación del régimen exterior de la Unión a servicios prestados a consumidores no establecidos en la UE. Además, se introduce la obligatoriedad para empresarios o profesionales no establecidos en la UE de nombrar un representante para la devolución del IVA soportado en operaciones de comercio electrónico, declaradas a través de los regímenes especiales de ventanilla única. El régimen de ventanilla única facilita la liquidación del IVA del comercio electrónico, simplificando trámites y reduciendo la burocracia. Asimismo, se instauran dos regímenes transitorios significativos. El primero afecta a operaciones bajo acuerdos de venta de bienes en consigna, que dejará de aplicarse el 1 de julio de 2028 con la entrada en vigor de un nuevo módulo de transferencias regulado por la Directiva ViDA. El segundo régimen anticipa la inclusión de las entregas de energía en el régimen de la Unión, aplicable hasta el 30 de junio de 2028. La Directiva ViDA también avanza en la lucha contra el fraude intracomunitario mediante la implementación de una facturación electrónica estructurada…
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado que optar por una dieta saludable implica, de media, un sobrecoste del 20% en comparación con una cesta de la compra convencional. Ante este escenario, la OCU ha solicitado una reducción temporal del IVA en alimentos básicos. La petición de la OCU se centra en reducir el IVA del 4% al 0% en alimentos básicos de primera necesidad, como los frescos, la leche y los huevos. Además, se ha pedido disminuir del 10% al 4% el IVA para la carne y el pescado. La organización argumenta que priorizar el consumo de productos saludables como frutas, verduras, carne, pescado y lácteos incrementa el gasto familiar en 35 euros más al mes por persona. El precio medio de los alimentos es hoy un 36% mayor que hace 4 años Según el estudio realizado por la OCU, una cesta de la compra saludable compuesta por 105 alimentos, donde se prioriza el consumo de frutas, verduras, carne, pescado y lácteos hasta el 75% del presupuesto, tiene un mayor impacto económico. En contraste, el gasto en ultraprocesados representa solo un 8% de esa misma cesta, mientras que en una cesta convencional asciende al 33%. La investigación identifica a Family Cash y Alcampo como las cadenas más económicas para adquirir una cesta saludable, siendo Sorli e Hipercor las más costosas, con un 25% de diferencia de precio. En cuanto a las localizaciones, Valladolid, La Coruña, Cáceres y Almería se sitúan como las provincias más baratas para mantener una dieta saludable. Por el contrario, Canarias, Barcelona, Gerona y Huelva destacan por ser las más caras, con un sobrecoste anual por familia que puede llegar hasta los 700 euros. Este año las frutas y verduras, la carne y el pescado han sufrido un encarecimiento del 6,7% Ante estas cifras…