laboral

La Seguridad Social ha tramitado un total de 3,77 millones de prestaciones por incapacidad temporal por la Covid-19, "bajas Covid", en el último año desde que el Consejo de Ministros aprobó una mejora de la protección de las personas contagiadas y aisladas por esta enfermedad, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado. En concreto, de las 3,77 millones de bajas Covid reconocidas hasta finales de febrero de 2021, un total de 1,23 millones lo fueron por contagio y 2,53 millones por aislamiento. Además, se han dedicado unos 1.800 millones de euros al pago de estas prestaciones a lo largo de este último año. Las personas que se han acogido a una baja Covid lo han estado durante más de 19 días (19,43 días) en el caso de contagio y durante 12,61 días en el caso de aislamiento. Por provincias Por provincias, el mayor número de bajas por incapacidad temporal por contagio de la Covid-19 se han dado en Madrid (239.805 bajas) y Barcelona (184.564). Por detrás, le siguen Valencia (67.092), Murcia (50.430) y Alicante (42.219). La mayor cifra de bajas por aislamiento se han registrado en Madrid (464.072), Barcelona (365.184), Valencia (148.623), Vizcaya (93.907), Murcia (85.611) y Almería (83.961). El menor número de bajas por contagio se ha dado en Ceuta (900), Melilla (1.304), Soria (3.724) y Lugo (3.976). Por su parte, el número de bajas Covid por aislamiento más reducido se ha dado en Ceuta (4.202), Melilla (4.710), Soria (4.698) y Zamora (6.197). Real Decreto Con el Real Decreto aprobado por el Gobierno hace un año se estableció la asimilación de las bajas por Covid a accidente de trabajo, lo que, según el Ministerio, "supuso una mejora de la prestación de los trabajadores respecto a la que existe con las bajas comunes…
Por Juan Ramón Rallo. Una de las últimas propuestas efectuadas por Más Madrid y que rápidamente ha contado con el aval de Unidas Podemos ha sido la de reducir la jornada laboral a tiempo completo hasta los cuatro días a la semana o, lo que es lo mismo, hasta las 32 horas de trabajo semanal en lugar de las 40 actuales. Si hace aproximadamente un siglo se logró una jornada laboral de un máximo de 8 horas diarias y hace cuatro décadas se rebajó hasta las 40 horas semanales, ¿por qué no dar un paso más allá hasta las 32 horas semanales repartidas en cuatro días? A este respecto, empecemos aclarando un par de puntos que, acaso por evidentes, muchas veces dejan de explicitarse en este tipo de debates. Por un lado, el acortamiento de la jornada laboral máxima que se está planteando es un acortamiento sin una paralela rebaja salarial (y, por consiguiente, incrementar en un 25% el salario por hora trabajada). Por otro, la propuesta aspira a ser impuesta por ley sobre el conjunto del tejido empresarial y no mediante acuerdos voluntarios entre las partes. Así pues, el objetivo equivale a aplicar una reducción obligatoria de la jornada laboral que prima facie supone un incremento del coste por hora trabajada del 25%. El riesgo de esta operación es provocar una amplia destrucción de empleo si las empresas son incapaces de absorber de golpe semejantes sobrecostes (algo especialmente complicado de lograr después de una pandemia que ha contraído enormemente los márgenes de ganancia de nuestro tejido productivo). Al final, pues, podría resultar que, queriendo facilitarles la vida a los trabajadores, se la terminen complicando al condenar a muchos de ellos al desempleo involuntario. Por supuesto, los impulsores de esta medida sostienen que tales quebrantos no se materializarán debido a…
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el Ejecutivo remitió ayer, lunes, las dos 'fichas' relativas a la reforma laboral y de las pensiones públicas en el marco del Plan de Reformas e Inversiones, sin incluir finalmente la elevación a 35 años del cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones. Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que los dos últimos componentes del Plan de Reformas e Inversiones se elaboraron y remitieron a Bruselas "en la tarde de ayer" y se han abordado en una reunión con los agentes sociales, al tiempo que ha recordado que se encuadran también en la "hoja de ruta" desplegada por el Gobierno de coalición desde el acuerdo de investidura. Montero ha explicado que la elaboración de los "dos últimos componentes" del Plan de Recuperación -reforma laboral y pensiones- y del resto ha conllevado un trabajo "muy intenso" por parte de todos los departamentos del Ejecutivo, que envió antes de final de 2020 la "gran parte" de reformas e inversiones, sobre las que prioritariamente proyectará los 72.000 millones de transferencias que recibirá España de fondos europeos hasta 2023 y los 60.000 millones del Plan de Recuperación. La ministra ha confirmado que el último borrador enviado a Bruselas sobre la reforma de las pensiones "no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe" sobre el cómputo de las pensiones, por lo que finalmente el Ejecutivo ha decidido no incluir la propuesta de ampliar a 35 años el cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones. En todo caso, ha indicado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está dando "muestra" en el diálogo social de que el…
La Seguridad Social perdió una media de 3.663 afiliados extranjeros en el mes de octubre, lo que supone un 0,2% menos que en el mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en alta en 2.074.538 cotizantes, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press. Pese a este descenso, con el que se ponen fin a cinco meses consecutivos de alzas, el Departamento que dirige José Luis Escrivá ha destacado que en octubre había 101.986 trabajadores extranjeros más que los registrados de media en abril, el punto más bajo de esta serie durante la pandemia. Si se atiende a los datos de último día de mes y no a la media, el total de afiliados extranjeros a cierre de octubre se situó en 2.065.555 cotizantes, 7.167 trabajadores menos que en septiembre (-0,3%). En el último año, se han perdido 75.233 afiliados extranjeros de media, lo que supone un descenso del 3,5%. El Ministerio ha resaltado que esta variable, negativa desde el inicio de la pandemia, fue positiva en cuatro comunidades autónomas. Dentro del conjunto del sistema, los ocupados extranjeros representan de media un 10,92% del total. Del total de trabajadores extranjeros registrado a cierre de octubre, 1.320.127 proceden de países de fuera de la UE (63,63%) y el resto (754.411), de países comunitarios (36,37%). Los grupos de cotizantes extranjeros más numerosos proceden de Rumanía (328.212), Marruecos (256.469), Italia (123.824) y China (98.716). 75.000 menos en el último año La Seguridad Social ha perdido en el último año una media de 75.233 afiliados extranjeros, lo que supone un descenso del 3,5%, con aumentos sólo en cuatro regiones: Murcia (+2,6%), Galicia (+2,3%), Asturias (+1,9%) y Castilla-La Mancha (+0,2%). En los últimos 12 meses, la afiliación de extranjeros al Régimen General se ha…
El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha reconocido este viernes en una entrevista en Herri Irratia Radio Popular que habrá “un serio conflicto se bloquea la corrección de la reforma laboral” o se ejecutan “medidas que precaricen” el modelo laboral. Y es que, para el líder sindical, es necesario cambiar la actual regulación laboral. Según ha señalado Sordo, la actual está ideada “para el viejo modelo productivo español basado en pagar menos impuestos y menos salarios”. Un tipo que genera “bajos salarios, precariedad laboral y los peores proyectos empresariales”. Por eso considera que se han de transformar: “Empezando por derogar la reforma laboral para optar por un modelo laboral radicalmente distinto”. “Y si no lo hace, el Gobierno va a meter una bomba de profundidad en el diálogo social”, ha advertido. Precisamente por esto Unai Sordo ha alegado sentirse preocupado ante las informaciones que señalan que el Gobierno quiere plantear modificaciones a Europa en materia laboral. “Si el Gobierno bloquea la corrección de la reforma laboral o va a medidas que precaricen aún más el modelo laboral, el modelo de contratación de jóvenes, por citar algo, va a tener un serio conflicto con los sindicatos”, ha apuntado. De hecho, Sordo ha insistido en creer “que el Gobierno no está en disposición de meterse en ese lío político cuando lo que tiene que hacer es garantizar una mayoría para aprobar los PGE, por un lado, y para ir preparando reformas para un país más inclusivo, más igualitario y justo”. Y es que para el líder de CC.OO. hay una necesidad de aprobar los PGE “sí o sí” porque considera que no se puede continuar con unas cuentas públicas que “vienen de otro mundo y no sirven para España”. Unas palabras respaldadas por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien…
La situación económica y laboral derivada de la crisis sanitaria del coronavirus está repercutiendo de forma directa en muchísimos aspectos. Uno de ellos es la situación de miles de trabajadores que con la implantación del estado de alarma vieron cómo sus puestos de trabajo quedaron en peligro. Y en muchos casos así ha sido. Tanto es así que según se ha desprendido este viernes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y agosto el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se ha multiplicado casi por 20. Dicho de otro modo, han sumado 968.452 afectados, de los que 10.330 corresponden al mes de agosto. De esos casi 970.000 trabajadores, el 99,4% (963.069) se encontraban en procedimientos de suspensión de contrato o de reducción de jornada, es decir, treinta veces más que en el mismo periodo de 2019. En cuanto al número trabajadores afectados por despidos colectivos, la cifra se ubica en 5.383, un 0,6% del total, es decir, un 69,4% menos que el año anterior. Según ha destacado el Ministerio, estas cifras se corresponden solo con los procedimientos nacionales, por lo que hay que añadir todos aquellos incluidos o presentados a autoridades provinciales o autonómicos. ¿Y qué sectores han sido los más afectados por estas medidas? El comercio y la hostelería. En concreto, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta agosto (276.624), junto a hostelería (150.125) y actividades administrativas (122.816), mientras que el menor número se registró en la Administración Pública (196), las industrias extractivas (656), el suministro de agua (2.051), actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (2.758) y las actividades inmobiliarias (2.795). Por comunidades autónomas las más afectadas han sido la Comunidad de Madrid (253.154), seguida de Cataluña (177.666)…
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT rechaza la posible adopción de medidas traumáticas por parte de la dirección de Indra en materia laboral y emplaza a compañía de tecnología y consultoría a adoptar iniciativas, al igual que en el conjunto del sector, dirigidas a proteger el empleo para cuando los mercados recuperen su nivel de crecimiento. En un comunicado, el sindicato remarca que el sector aeroespacial debe ofrecer "respuestas conjuntas" para superar la situación actual y, por ello, reitera su disposición a analizar, valorar y negociar en la mesa sectorial constituida con el Ministerio de Industria el 25 de septiembre cualquier medida o solución que permita a las empresas encarar el futuro en unas mejores condiciones de competir en el mercado internacional. En su opinión, estas medidas deben ir dirigidas a ganar músculo financiero, aumentar el volumen de las capacidades productivas e incrementar sus capacidades para futuros desarrollos industriales y tecnológicos. "Pero siempre condicionado al mantenimiento de las actuales plantillas durante esta crisis y la capacidad de generar empleo en el futuro", incide. Por este motivo, la formación sindical afirma que su propuesta de "hibernación" temporal de empleo adquiere "especial importancia" en estos momentos y defiende que en situaciones coyunturales como la actual se debe apostar por soluciones temporales que salvaguarden el conjunto del sector. En concreto, afirma que esta medida permite mantener la viabilidad de las empresas, retener el talento y el conocimiento y sostener el alto nivel de cualificación de las plantillas, así como aprovechar el momento para adaptarse mediante procesos de formación a los nuevos procesos tecnológicos de producción y digitalización. Por todo ello, considera "un grave error" que Indra o cualquier otra empresa pretenda buscar soluciones estructurales para solucionar problemas coyunturales en los momentos actuales y reitera la necesidad de centrar los esfuerzos…
La autoridad laboral ha remitido un nuevo escrito a Alcoa Inespal en el que le advierte de que "infringió el deber de buena fe contractual" durante la negociación del despido colectivo. Este proceso fue puesto en marcha antes de las conversaciones fallidas para la venta de la planta de Cervo (Lugo) a Liberty House y ahora ha sido reactivado, con la fecha del próximo martes fijada por la empresa para su aplicación. La jefatura territorial de la Consellería de Emprego en Lugo ha sido la que ha remitido el aviso a la compañía este viernes, a cuatro días de que termine ese tope de 15 días que se dio la firma (remitiendo al plazo legal) para la aplicación del expediente de regulación, que afectaría a más de medio centenar de trabajadores de la factoría de aluminio de A Mariña. En concreto, en el escrito a Alcoa Inespal, según informan fuentes de la Consellería de Emprego, la autoridad laboral le pone en conocimiento que, "a lo largo del proceso de negociación del despido colectivo propuesto por la empresa, infringió el deber de buena fe contractual al que está obligada en aplicación de la normativa laboral al realizar numerosas actuaciones y comportamientos". SIN PARAR PESE A LA COVID Y DOCUMENTACIÓN EN INGLÉS Entre estas "actuaciones y comportamientos" con los que "infringió el deber de buena fe", la autoridad laboral se refiere, en primer lugar, a que se negó a la suspensión del proceso en su inicio "a pesar de encontrarse la comarca en estado de confinamiento por la covid-19". En segundo término, censura que hizo entrega al comité de empresa de documentación necesaria para la acreditación de las causas alegadas para las extinciones de los contratos "en lengua no oficial (inglés) en dos ocasiones" y, en tercer puesto, lamenta que rechazó el…
Madrid, 8 de octubre de 2020. Las empresas tendrán que abonar a los empleados los gastos relacionados con los medios técnicos y las herramientas necesarias para llevar a cabo su actividad laboral de forma remota. Así lo establece la recién aprobada Ley del Teletrabajo en España, que regula las bases de una actividad que la pandemia ha impuesto a marchas forzadas. Esta digitalización acelerada del puesto de trabajo requiere también nuevos modelos de gestión de gastos. Según los datos de Pleo, startup fintech creada para simplificar la administración y gestión de los gastos de las compañías, si el control se realiza de forma manual implica a una media de tres personas y seis etapas, desde que llega un ticket hasta que se introducen los datos en el software de cuentas. En una compañía de 1.000 trabajadores, esto supone un coste estimado de 2.832 euros al mes (casi 3 euros por persona). “El teletrabajo podría demorar aún más este proceso, incrementando los costes y el tiempo dedicado”, apunta Aiyana Moorhead, Country Manager para España de Pleo. “La automatización, la transparencia y la confianza son las claves para garantizar el control efectivo y sencillo de los gastos tanto en entornos presenciales como remotos”. Automatización del proceso El confinamiento no ha reducido los gastos. Sólo cambia el apunte contable: los viajes de trabajo (que han caído un 78%) se han sustituido por software y dispositivos informáticos (aumento del 42%), material de oficina (incremento del 74%) y gastos de Internet y teléfono, que han crecido en un 193%. Con la continuidad del teletrabajo, estos gastos seguirán incrementándose y, al igual que en otros procesos de negocio, la digitalización permite agilizar las operaciones, ahorrar tiempo y costes innecesarios y disminuir errores. Además, con Pleo, el reporte se hace de manera automática, mediante una foto del…
MAPFRE se mantiene en la posición número 8 en el ranking de las compañías con mejor reputación de España en la última edición del Informe Merco (Monitor Español de Reputación Corporativa), que elabora este ranking de las 100 empresas y líderes con mejor reputación en España. En concreto, la compañía ha obtenido en esta edición un total de 7.434 puntos y sigue siendo la única aseguradora española que figura en el top 10 de esta clasificación y la que encabeza el ranking sectorial. Por su parte, Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, ha vuelto a mejorar su posición en el ranking de líderes españoles con mejor reputación. Así, con un total de 5.874 puntos, este año se coloca en el puesto número 11, mejorando 4 posiciones respecto a 2019, ejercicio en el que ya también había mejorado dos puestos. Este informe se elabora tras el análisis de más de 44.500 encuestados, entre los que figuran líderes de opinión, periodistas, ONGs, sindicatos, asociaciones de consumidores, analistas financieros, catedráticos. Se trata del monitor corporativo de referencia en España y Latinoamérica que viene evaluando la reputación de las empresas desde el año 2000. Entre los aspectos que se tienen en cuenta para elaborar este informe destacan los resultados económicos, el comportamiento ético, la transparencia, el buen gobierno corporativo, el compromiso con el medio ambiente, la calidad laboral y la oferta comercial.