Legalidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado que su administración presentará una solicitud al Tribunal Supremo para obtener una resolución urgente. El objetivo es revocar el fallo de un tribunal federal que ha declarado ilegales varios de sus aranceles. Esta petición, según ha declarado, se llevará a cabo a más tardar este miércoles. Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump ha afirmado: «Vamos a acudir al Tribunal Supremo, creemos que mañana porque necesitamos una decisión rápida. Vamos a solicitar una resolución urgente». El presidente considera que si se mantiene el dictamen emitido el pasado viernes por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de Estados Unidos, «sería una devastación para nuestro país». El Tribunal de Comercio Internacional ya dictaminó que Trump se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria La disputa se centra en los aranceles impuestos por Trump a varios socios comerciales, incluidos China, Canadá y México. Según el mandatario, estas medidas tenían como propósito combatir el tráfico transfronterizo de fentanilo. A pesar del fallo en contra, los jueces han permitido que los aranceles se mantengan durante la tramitación del caso. La controversia gira en torno a si Trump invocó indebidamente una ley de emergencia para justificar estas acciones.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el rescate a la aerolínea Air Europa como una acción perfectamente legal, asegurando que el Gobierno actúa en interés de la mayoría social de España. Montero realizó estas afirmaciones durante una sesión en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la diputada del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien cuestionó los intereses que representa la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la cual está bajo el control del Ministerio de Hacienda. Ante las acusaciones de corrupción lanzadas por Gamarra respecto al rescate de Air Europa, Montero subrayó que este procedimiento fue también totalmente legal y recordó el caso de Plus Ultra, donde los tribunales corroboraron la legalidad del rescate tras las críticas iniciales por parte del PP. Los datos de crecimiento y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional muestran que defendemos los intereses de la mayoría La ministra destacó varios logros de su gestión, tales como el crecimiento económico y el incremento del SMI en más de un 60%, así como el aumento de las rentas salariales. Montero cuestionó los intereses del Partido Popular, instándolos a aclarar su posición en temas como los aranceles, el SMI y la reforma laboral. Al respecto, insinuó que el PP podría estar sobre todo al servicio de las empresas energéticas, en alusión a sus críticas relacionadas con el apagón. Por su parte, Cuca Gamarra reiteró que la SEPI, como importante entidad pública, opera bajo el Ministerio de Hacienda y que todas las decisiones relevantes, incluidos nombramientos, son supervisadas por la vicepresidenta. Gamarra también apuntó que los tribunales han encontrado indicios delictivos en el rescate de Air Europa, acusando a la SEPI de ser un instrumento para controlar empresas como Telefónica. La SEPI se ha convertido en una agencia de colocación socialista Las tensiones…
La Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación presentan el “Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad” con el objetivo de mejorar el uso de los recursos públicos.  El 91% de los concursos de creatividad y gestión de medios convocados por las administraciones públicas durante el primer trimestre de 2021 presenta algún tipo de irregularidad. Es la principal conclusión del primer estudio realizado por el Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad, impulsado por la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT) y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La FEDE), tras analizar 118 licitaciones públicas valoradas en 250 millones de euros y presentadas en los tres primeros meses de este año.  El estudio, realizado en colaboración con Infoadex y CIPESA, revela que del total de los concursos analizados, el 51% requiere una facturación desproporcionada para poder participar, en el 65% prevalece el criterio económico por encima de la propuesta técnica y creativa, en el 42% los plazos para presentar los proyectos son insuficientes y, el 91,5% de los casos, solo se permite la presentación electrónica. ‘El uso de los recursos públicos debe ser ejemplar y, para ello, hay mucho que mejorar en la contratación de publicidad, tanto de medios como de creatividad, por parte de las administraciones’, según José Carlos Gutiérrez, presidente de la FEDE. Por su parte, José María Rull, vicepresidente de la ACT, cree que 'es muy importante trasladar las mejores prácticas de la empresa privada a las administraciones en la medida que lo permita la ley de Contratos del Sector Público'. Entre las conclusiones principales, el informe propone un plazo mínimo de tres semanas para poder presentar las propuestas, presupuestos ajustados a los requerimientos técnicos, ofrecer alternativas compatibles con los problemas técnicos de la plataforma oficial para presentar documentación y…
La Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación presentan el “Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad” con el objetivo de mejorar el uso de los recursos públicos.  El 91% de los concursos de creatividad y gestión de medios convocados por las administraciones públicas durante el primer trimestre de 2021 presenta algún tipo de irregularidad. Es la principal conclusión del primer estudio realizado por el Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad, impulsado por la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT) y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La FEDE), tras analizar 118 licitaciones públicas valoradas en 250 millones de euros y presentadas en los tres primeros meses de este año.  El estudio, realizado en colaboración con Infoadex y CIPESA, revela que del total de los concursos analizados, el 51% requiere una facturación desproporcionada para poder participar, en el 65% prevalece el criterio económico por encima de la propuesta técnica y creativa, en el 42% los plazos para presentar los proyectos son insuficientes y, el 91,5% de los casos, solo se permite la presentación electrónica. ‘El uso de los recursos públicos debe ser ejemplar y, para ello, hay mucho que mejorar en la contratación de publicidad, tanto de medios como de creatividad, por parte de las administraciones’, según José Carlos Gutiérrez, presidente de la FEDE. Por su parte, José María Rull, vicepresidente de la ACT, cree que 'es muy importante trasladar las mejores prácticas de la empresa privada a las administraciones en la medida que lo permita la ley de Contratos del Sector Público'. Entre las conclusiones principales, el informe propone un plazo mínimo de tres semanas para poder presentar las propuestas, presupuestos ajustados a los requerimientos técnicos, ofrecer alternativas compatibles con los problemas técnicos de la plataforma oficial para presentar documentación y…