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El Pleno del Congreso ha rechazado admitir a trámite la proposición de ley de Sumar para reformar la Ley de Vivienda, la cual buscaba prohibir la compra de viviendas en España por parte de empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión. Esta propuesta fue respaldada por partidos como Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís, Águeda Micó. No obstante, el PSOE y el PNV optaron por abstenerse, mientras que PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria votaron en contra. Argumentos a favor y en contra de la propuesta Durante el debate, Sumar defendió esta iniciativa argumentando que la compraventa por estos actores es más del doble que durante el auge de la burbuja inmobiliaria en 2008. El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, lideró la defensa del proyecto, criticando otras iniciativas del Ministerio de Vivienda. Por su parte, Gabriel Blanco del PSOE expresó disposición para debatir sobre cualquier medida que aporte soluciones al problema de la vivienda, pero destacó el “inmenso” esfuerzo del Gobierno en esta área y pidió respeto por dicho trabajo. Blanco subrayó que el Gobierno está haciendo un esfuerzo “inmenso” para poner fin a la crisis habitacional El PNV, a través de su portavoz Maribel Vaquero, señaló que la propuesta no es una limitación temporal ni territorial, lo cual complica su justificación dentro del marco jurídico actual. Desde Junts, Marta Madrenas añadió que en vez de resolver problemas, la propuesta implica una “restricción más” que “distorsionará todavía más el mercado”. Críticas de PP y Vox a la reforma El PP, por medio del diputado Carlos Gil, criticó la propuesta de Sumar afirmando que empeora la actual Ley de Vivienda, calificándola de “nociva”. Vox, representado por Carlos Hernández Quero, argumentó que los cambios sugeridos podrían derivar en el “fin” del parque inmobiliario,…
El Pleno del Senado ha dado luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible este miércoles, incorporando más de ochenta enmiendas propuestas por el Partido Popular (PP). Entre las modificaciones destacan la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares, la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena y la reintroducción de la política de indemnizaciones por retrasos de Renfe. Tras la aprobación en el Senado, el texto se ha remitido al Congreso, donde las nuevas enmiendas serán sometidas a votación durante la sesión plenaria de la próxima semana. Una vez conseguido el consenso necesario, la ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su validación definitiva. La comisión previa del Senado que evaluó el dictamen de la ley aprobó el texto, con la mayoría absoluta del PP y la abstención de Junts, ERC y PNV. Durante el pleno, aunque los 145 senadores del PP optaron por abstenerse, 113 senadores votaron a favor, incluyendo los 88 del PSOE, mientras que Vox se posicionó en contra. En su paso por el Congreso, la ley ya había contado con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, mientras que PP, Vox y UPN votaron en contra, y Podemos se abstuvo. El PP se ha enfocado en devolver al Congreso algunas propuestas clave, como la derogación del calendario para cerrar las centrales nucleares. Es relevante recordar que en febrero el Congreso ya había adoptado una postura similar mediante una proposición no de ley. Además, el PP aboga por reintroducir las indemnizaciones por retrasos en Renfe, lo cual implicaría que los pasajeros reciban el 50% del precio del billete si el tren llega más de 15 minutos tarde y el 100% si se retrasa más de 30 minutos. Cabe señalar que, en septiembre, un 16,2%…
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocida como el Estatuto del Becario. Esta norma, tras haber sido firmada y presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social junto con los sindicatos hace más de dos años, ha generado discrepancias internas en el Gobierno, especialmente entre el PSOE y Sumar. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha reconocido que, aunque existe «un acuerdo de diálogo social», también hay «discrepancias» respecto a su aprobación. El anteproyecto de ley que se sacó a audiencia pública en diciembre establece como objetivo principal determinar los periodos de formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, desarrollando así su régimen jurídico. Este documento incluye un régimen sancionador con multas que van desde 120.006 hasta 225.018 euros para infracciones muy graves en su grado máximo. Las infracciones de este tipo incluyen, entre otras, discriminaciones directas por razones de edad, discapacidad, u otras condiciones como orientación sexual o relaciones sindicales. Las empresas también deberán compensar los gastos que los alumnos incurran durante las prácticas, como desplazamiento o manutención. El estatuto también limita las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas y aborda la inclusión de las prácticas curriculares durante los títulos propios de las Universidades, con ciertas restricciones considerando el número de créditos ECTS. Controversia en las universidades y la patronal El proyecto ha enfrentado críticas de CRUE Universidades Españolas, que lo ve como «una amenaza» al actual modelo de prácticas. Los rectores consideran que las prácticas académicas deberían estar bajo el control exclusivo de las universidades y el Ministerio de Universidades, criticando la participación de sindicatos y patronales en su regulación. Por su parte, la CEOE también…
El Consejo de Ministros de España tiene previsto aprobar la Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocida como el Estatuto del Becario, tras más de dos años desde que fuera presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta norma ha sido motivo de discrepancias dentro del propio Gobierno, concretamente entre el PSOE y Sumar. El objetivo y régimen sancionador del Estatuto del Becario El anteproyecto de ley busca regular los periodos de formación práctica no laboral en empresas y establece un marco jurídico claro para ello. Las empresas que incumplan los derechos de los alumnos, enfrentándose a sanciones que pueden llegar a los 225.000 euros, verán su conducta tipificada y castigada según la gravedad de la infracción. Las infracciones muy graves implican multas entre 120.006 y 225.018 euros El documento estipula como muy graves aquellas infracciones que incluyan discriminaciones por diversos motivos como la edad, el género u otro tipo de características personales. Además, se han incluido especificaciones sobre la compensación de gastos a los estudiantes, estableciendo que las prácticas extracurriculares no deben superar las 480 horas totales. Controversias y rechazos del mundo académico y empresarial La ley ha generado rechazo tanto en el ámbito universitario como entre la patronal. CRUE Universidades Españolas ha expresado su preocupación, considerándola una amenaza para el actual modelo de prácticas. Los rectores critican la falta de participación universitaria en la negociación, señalando que las prácticas son un asunto académico y no deberían ser gestionadas únicamente por sindicatos y patronal. CRUE considera que el régimen de prácticas debe estar bajo competencia del Ministerio de Universidades Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se opone tanto a la forma como al contenido del acuerdo, alegando que el tiempo de aprobación…
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha dado un paso significativo en la dirección de fomentar el alquiler social y asequible. En una reciente movida política, el grupo ha presentado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades. La iniciativa busca ofrecer beneficios fiscales a sociedades, empresas o fondos de inversión que destinen sus bienes inmuebles a estos tipos de alquiler. Esta propuesta se incorpora a través de una enmienda registrada junto a una ley para la transposición de una directiva europea sobre criptomonedas. La enmienda legislativa plantea añadir una disposición adicional a la Ley de 2014 sobre el Impuesto de Sociedades. En esta se decreta la «exención de rentas derivadas de la transmisión de inmuebles destinados a vivienda asequible o social.» La reforma está diseñada para tener efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Esencialmente, busca eximir del impuesto a las rentas positivas obtenidas a través de la transmisión lucrativa de bienes destinados a políticas de vivienda asequible o alquiler social del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sin embargo, la renta exenta no incluirá pérdidas por deterioro asociadas a los inmuebles ni las reversas de amortización excesiva previamente contabilizada. La reforma busca ampliar la oferta de vivienda pública para satisfacer las demandas del mercado inmobiliario. Según la justificación del PSOE a la que tuvo acceso Europa Press, el objetivo principal es fomentar una promoción sostenida de vivienda pública. Esto permitiría atender las necesidades de aquellos que enfrentan más dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada. El propósito es impulsar una oferta de vivienda «adecuada y sostenida» y facilitar el acceso a quienes más lo necesitan. En conclusión, esta medida no solo pretende incrementar el volumen de viviendas en alquiler asequible, sino también garantizar que las personas con dificultades…
La Comisión de Derechos Sociales y Consumo ha dado un paso adelante con la aprobación de la ley de servicios de atención a la clientela, enviando el proyecto al Pleno del Congreso para su ratificación definitiva. Esta normativa incluye una reforma crucial para combatir las llamadas spam en todo el territorio español. El núcleo de esta reforma se basa en la utilización de códigos alfanuméricos que permitirán a las compañías telefónicas bloquear llamadas comerciales no consentidas. Aunque ya existe legislación sobre este asunto, esta nueva reforma, alineada con la orden del Ministerio de Transformación Digital, establece que las llamadas comerciales podrán hacerse desde números específicos y autorizados. El operador deberá bloquear las llamadas de servicios de comunicación vocal provenientes de números de tarifas especiales La enmienda transaccional firmada por Sumar, Podemos y ERC, explica que los operadores deberán bloquear proactivamente cualquier comunicación que no cumpla con la Ley General de Telecomunicaciones. Esto incluirá llamadas sin identificar o que provengan de números sospechosos de realizar comunicaciones comerciales inapropiadas. Para ello, es imperativo que los operadores desarrollen sistemas y procedimientos técnicos que identifiquen de manera objetiva estas llamadas. Sin embargo, para aplicar estos sistemas es necesario contar con la autorización de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. A una vez otorgados los permisos necesarios, los operadores podrán realizar el bloqueo de tráfico irregular, informando de sus acciones a la Secretaría y, si procede, a otros operadores afectados, acompañado de la justificativa de la medida, dentro de un plazo máximo de dos días hábiles.
El Congreso de los Diputados ha decidido dar un nuevo impulso a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. Esta proposición busca regular los alquileres de temporada y de habitaciones, tras casi un año desde que el Pleno aceptara su tramitación. Los socios presionan al PSOE El retraso en el avance de esta ley ha generado tensiones entre el PSOE y sus socios parlamentarios de izquierda. Partidos como ERC y Sumar han expresado públicamente su descontento por la dilación en los plazos de tramitación. Fuentes del Ministerio de Vivienda han acogido positivamente el avance en la tramitación, destacando que la regulación de estos alquileres es vital para combatir el fraude en toda España, particularmente en las ciudades grandes. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a los grupos del Congreso a trabajar juntos para lograr un consenso en torno a esta legislación. Reforma de arrendamientos urbanos El proyecto de ley propone reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual, lo que podría desincentivar su uso, especialmente en áreas con tensión en los precios del alquiler. Además, se introduce la obligación para el arrendador de justificar la necesidad de temporalidad, de manera similar a lo regulado en la legislación laboral. La normativa restringe la duración del contrato de temporada a un máximo de nueve meses, sincronizándolo con el curso económico. En casos donde se superen los nueve meses o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se considerará un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, aplicándose todos los preceptos de estos contratos, incluido el plazo mínimo y las prórrogas establecidas. La fiscalidad es una de las herramientas más útiles para combatir la especulación y preservar la función social de la…
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Esta aprobación ha sido posible gracias a la abstención de Podemos, que se logró tras un acuerdo de última hora sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat. La ley fue apoyada con 174 votos de formaciones como PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, y Coalición Canaria, además del exministro socialista José Luis Ábalos y la diputada de Compromís, Águeda Micó. Por otro lado, la oposición de partidos como el PP, Vox y UPN no logró bloquear la propuesta de ley. En una jornada que podría haberse inclinado en contra, la ausencia de Guillermo Mariscal, diputado del PP, por motivos personales, redujo el número de votos contrarios a 170. Podemos había advertido con anterioridad sobre su voto negativo a menos que el Gobierno cancelara las obras de ampliación en el aeropuerto de El Prat y el Puerto de Valencia. Durante el debate, Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, expresó que para evitar el rechazo, el compromiso debía ser claro y por escrito. Entrando la tarde, el Ministerio de Transportes publicó un comunicado que establece un proceso de consulta pública «especialmente intenso» para tales proyectos. Fuentes de Podemos han declarado que este acuerdo implica una suspensión efectiva de la ampliación del aeropuerto hasta al menos 2031. Asimismo, se ha decidido que la ampliación no se integrará en el DORA III, el documento regulador para infraestructuras aeroportuarias del periodo 2026-2031. El Ministerio deberá elaborar un informe vinculante asegurando que cualquier proyecto cumpla con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55 Este mandato refuerza el objetivo europeo de reducir emisiones en un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática para 2050. La acción ha sido considerada un triunfo parcial…
Las empresas de distribución en España han conseguido reducir significativamente su desperdicio de productos comercializados, pasando del 0,95% en 2021 al 0,37% en los últimos cinco años. Carolina Muro, presidenta del Comité AECOC contra el Desperdicio Alimentario, presentó estos datos durante el Encuentro contra el Desperdicio Alimentario, celebrado como parte de la octava Semana contra el Desperdicio Alimentario, una iniciativa promovida por AECOC. Muro destacó la importancia de la nueva ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, señalando que coloca a España como el tercer país en Europa con un marco estatal específico para abordar este problema. A pesar de que la ley ya está aprobada, sus obligaciones no entrarán en vigor hasta abril de 2026. Sin embargo, algunos gobiernos autonómicos están tomando la delantera al solicitar los planes de prevención y formalizar convenios con entidades del tercer sector. España destaca en eficiencia alimentaria Durante el evento, el director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, aclaró que la ley no está diseñada como un instrumento sancionador, sino para fomentar cambios en los procesos productivos y promover acuerdos con entidades sociales. Señaló que la intención es establecer un marco de obligaciones compartidas para garantizar la participación activa de toda la cadena de valor alimentaria, desde la producción primaria hasta los consumidores. Herrero también mencionó que el ministerio planea reunirse con las comunidades autónomas para desarrollar guías y planes de control, así como brindar soporte a la industria y distribución junto con el MITERD y el INE. Reducir el desperdicio no solo mejora la eficiencia del sector, sino que refuerza la posición de España como potencia alimentaria En el ámbito de los consumidores, Carlota Usatorre de AECOC presentó el ‘Barómetro del desperdicio alimentario’, que revela un descenso gradual en la cantidad de…
El pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha reiterado su llamamiento a los grupos parlamentarios para que finalicen la tramitación de la ley sobre la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), subrayando su compromiso para resolver las cuestiones pendientes en torno a las pensiones de los mutualistas. Durante el pleno convocado este viernes, Salvador González, presidente del Consejo, resaltó la urgencia de esta ley, subrayando que cada día que pasa sin ella, hay compañeros percibiendo pensiones insuficientes tras años de cotización. La Abogacía ha manifestado su respaldo a la protesta del 27 de septiembre en Madrid, encabezada por plataformas y asociaciones que buscan una solución. En este contexto, el Congreso de los Diputados había aceptado en mayo la propuesta del PSOE, que busca garantizar una transición plena al RETA para los profesionales colegiados a partir de 2027. Actualmente, el proceso sigue en la Cámara Baja, mientras se mantiene abierto el periodo para enmendar el texto original, a pesar de las múltiples prórrogas. Una lucha constante por los derechos de los mutualistas La esperanza en que esta situación cambie radica en el esfuerzo continuo de la Abogacía por impulsar esta reforma desde hace más de dos años. González ha mantenido reuniones con plataformas de afectados, el Gobierno y grupos parlamentarios para desarrollar una solución inclusiva. En julio, Gonzélez presentó ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara una solicitud para una pasarela al RETA sin restricciones, que fue bien acogida por la Comisión de Peticiones, que ahora busca información adicional de la Comisión Europea. Por otro lado, Mutualistas x el Futuro ha enfatizado que los profesionales deberían mantener su capacidad de elección entre el RETA o las mutualidades después de 2027. También han solicitado que se revise la fiscalidad de las pensiones de ahorro, asegurando condiciones que…