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El pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha reiterado su llamamiento a los grupos parlamentarios para que finalicen la tramitación de la ley sobre la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), subrayando su compromiso para resolver las cuestiones pendientes en torno a las pensiones de los mutualistas. Durante el pleno convocado este viernes, Salvador González, presidente del Consejo, resaltó la urgencia de esta ley, subrayando que cada día que pasa sin ella, hay compañeros percibiendo pensiones insuficientes tras años de cotización. La Abogacía ha manifestado su respaldo a la protesta del 27 de septiembre en Madrid, encabezada por plataformas y asociaciones que buscan una solución. En este contexto, el Congreso de los Diputados había aceptado en mayo la propuesta del PSOE, que busca garantizar una transición plena al RETA para los profesionales colegiados a partir de 2027. Actualmente, el proceso sigue en la Cámara Baja, mientras se mantiene abierto el periodo para enmendar el texto original, a pesar de las múltiples prórrogas. Una lucha constante por los derechos de los mutualistas La esperanza en que esta situación cambie radica en el esfuerzo continuo de la Abogacía por impulsar esta reforma desde hace más de dos años. González ha mantenido reuniones con plataformas de afectados, el Gobierno y grupos parlamentarios para desarrollar una solución inclusiva. En julio, Gonzélez presentó ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara una solicitud para una pasarela al RETA sin restricciones, que fue bien acogida por la Comisión de Peticiones, que ahora busca información adicional de la Comisión Europea. Por otro lado, Mutualistas x el Futuro ha enfatizado que los profesionales deberían mantener su capacidad de elección entre el RETA o las mutualidades después de 2027. También han solicitado que se revise la fiscalidad de las pensiones de ahorro, asegurando condiciones que…
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe positivo sobre el anteproyecto de ley de digitalización y modernización del sector financiero (APL). Sin embargo, ha planteado varios aspectos mejorables desde la perspectiva de la promoción de la competencia y los principios de buena regulación. Valoración del anteproyecto de ley de digitalización Solicitado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, el informe de la CNMC destaca las reformas que buscan modernizar el marco normativo y facilitan el uso de nuevas tecnologías, como los criptoactivos y la tecnología de registros distribuidos. El regulador resaltó en un comunicado que muchas reformas siguen las recomendaciones de su estudio sobre fintech de 2018, especialmente en cuanto a nuevas soluciones de pago y digitalización, además de las actualizaciones del sandbox financiero. Publicidad de criptoactivos Respecto a la publicidad de criptoactivos, la CNMC recomienda que la autorización previa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) solo sea exigida cuando esté justificada por necesidad y proporcionalidad. Sugiere como alternativas menos restrictivas las declaraciones responsables, notificaciones previas o supervisión posterior. La exigencia de autorización previa para anunciar criptoactivos debe estar debidamente justificada En cuanto al sandbox financiero, la CNMC aboga por reforzar la transparencia y resolución de dudas, permitiendo que proyectos innovadores puedan presentarse en cualquier momento. También propone eliminar tasas y aclarar que los entornos de prueba deben cumplir con la normativa nacional y europea de competencia. La CNMC, en su papel consultivo, puede ser solicitada por diversas entidades como Cámaras Legislativas, el Gobierno, y organizaciones profesionales, empresariales y de consumidores.
El Pleno del Congreso ha aprobado de manera definitiva la ley que sostiene la viabilidad de Correos, extendiendo su servicio postal universal hasta 2030 y permitiendo la prestación de servicios financieros básicos. Esta resolución integra el plan dentro de la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), el cual será pronto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Originalmente, el objetivo principal de la reforma del REF canario es incentivar la inversión de fondos en la Reserva de Inversiones Canarias para la construcción de viviendas de alquiler residencial a precios asequibles, prohibiendo su uso para alquileres vacacionales o turísticos. Sin embargo, se ha incorporado una enmienda adicional relativa al Acuerdo Marco entre Correos, Hacienda, la SEPI, UGT y CCOO. Esta enmienda enfatiza la modernización de la red, la expansión de servicios postales y logísticos, y confiere a Correos el estatus de Servicio de Interés Económico General (SIEG). El objetivo es revertir las pérdidas acumuladas por Correos, principalmente durante la gestión de Juan Manuel Serrano Para lograrlo, se espera que en 2026 se revierta el Ebitda negativo y alcanzar un margen de explotación cercano al 6% antes de 2028, equiparando el rendimiento al promedio de la industria postal y de paquetería. Además, el plan busca diversificar las fuentes de ingreso de Correos, reduciendo la dependencia del servicio postal a menos del 50% e incrementando su presencia en el sector de paquetería hasta un 35% del negocio. Correos también asume nuevos servicios de interés económico general que incluyen la recepción de solicitudes administrativas y entrega de documentos de las administraciones públicas, gestión de tributos, pago de subvenciones y servicios de identidad digital. Además, se está introduciendo un servicio financiero similar al de cuentas de pago básicas, lo que permitirá a los usuarios gestionar fondos mediante cuentas de pago con…
El Senado de Estados Unidos ha dado luz verde a la controvertida propuesta conocida como la «gran y hermosa ley» promovida por el presidente Donald Trump. Tras días de intensos debates y cierta incertidumbre, el proyecto ha sido aprobado con un empate de 50 votos a favor y 50 en contra, lo que permitió al vicepresidente, JD Vance, desempatar la votación a favor de la medida. Este paquete fiscal añadirá 3,3 billones de dólares (2,8 billones de euros) al déficit estadounidense durante la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso. Este proyecto legislativo contempla un aumento significativo en el gasto militar y en políticas de inmigración, mientras que el gasto en salud será reducido considerablemente. Sin embargo, la propuesta ha suscitado divisiones internas dentro del Partido Republicano, ya que al menos dos senadores, Thom Tillis y Rand Paul, unieron sus votos a los demócratas debido a la preocupación de que la ley podría dejar a casi doce millones de estadounidenses sin seguro médico para el año 2034. Durante el debate, Tillis declaró que los republicanos estaban a punto de cometer «un error en materia de salud y de traicionar sus promesas» Con su aprobación, la ley se dirige ahora a la Cámara de Representantes. No obstante, Trump ha impuesto el 4 de julio como fecha límite para que la norma entre en vigor, dejando escaso tiempo para resolver cualquier nuevo obstáculo. Durante el transcurso del día, Trump hizo uso de sus redes sociales para dirigirse a los miembros de su partido, exhortándoles a mantenerse firmes y asegurando que la situación se compensará con un crecimiento económico multiplicado por diez. No os volváis locos. Lo compensaremos todo, multiplicado por diez el crecimiento, más que nunca
El 28 de junio de 2025 entró en vigor en España la ley que transpone la Directiva Europea 2019/882, imponiendo a todas las empresas la obligación de garantizar la accesibilidad de sus sitios web y aplicaciones móviles a personas con discapacidad. La normativa afecta a todo tipo de plataformas digitales que ofrezcan bienes y servicios al público, incluyendo ecommerce, apps de reserva, plataformas educativas y medios de comunicación. Las empresas deben cumplir con criterios técnicos de las WCAG, que abarcan accesibilidad visual, auditiva, cognitiva y motora. Esto implica desde el uso de subtítulos y descripciones en imágenes, hasta la correcta estructura de menús para lectores de pantalla y compatibilidad con dispositivos de asistencia. Las sanciones pueden suponer multas y limitaciones de actividad. La ley también exige la revisión continua de plataformas, formación del personal y mantenimiento de la accesibilidad. Los costes varían según sector y tamaño, pero expertos calculan que en medianas y grandes empresas podría suponer entre 10.000 y 50.000 euros anuales en inversión y mantenimiento. La moda, en el punto de mira La industria de la moda, fuertemente dependiente del canal digital, se enfrenta al reto de rediseñar sus tiendas online, garantizando la plena usabilidad para millones de consumidores con discapacidad. No obstante, este desafío es también una oportunidad de mercado: se estima que un 15% de la población presenta algún tipo de discapacidad y que la accesibilidad incrementa las conversiones y fidelidad del cliente. Además, la ley fomenta la innovación, generando oportunidades para desarrolladores, auditores de accesibilidad y consultoras. En el plano macroeconómico, se calcula que el mercado europeo de servicios relacionados con la accesibilidad crecerá un 20% anual, alcanzando los 20.000 millones de euros en 2026. Para las empresas, cumplir con la ley implica invertir en reputación, responsabilidad social corporativa y ampliación de mercado. ¿Cómo afecta…
El Pleno del Senado llevará a debate y votación este miércoles una proposición de ley presentada por Junts. La iniciativa busca disminuir la presión fiscal sobre pymes y autónomos y su avance depende del apoyo de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) para comenzar su tramitación y llegar al Congreso. La formación independentista catalana critica que tanto el PP como el PSOE no respalden la medida, calificándolo de «absurdo». Eduard Pujol, portavoz de Junts en el Senado, apeló a los partidos mayoritarios destacando que «son medidas de un sentido común tan evidente que al PP y al PSOE les sería muy difícil explicar, sería un absurdo, un error, un disparate que no se sumasen». Pujol ve en esta propuesta una «muy buena oportunidad» para demostrar «sentido de Estado y de utilidad». Somos, de alguna manera, los bomberos contra este infierno, contra este fuego fiscal que afecta a una parte sustancial de la sociedad de Cataluña La iniciativa contempla, según documentos obtenidos por Europa Press, una deducción en el Impuesto sobre Sociedades (IS) por los pagos del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), con la condición de que tales pagos se acrediten mediante justificantes oficiales de la administración tributaria local. La deducción no superará el total de la cuota íntegra del IS y no generará saldo a favor para el contribuyente. Junts también propone exenciones para sujetos pasivos con una cifra de negocios inferior a 2,000,000 de euros. El objetivo principal de estas medidas es permitir a las empresas usar más recursos para la inversión, innovación y creación de empleo, fortaleciendo así el tejido productivo. Pujol enfatizó que la propuesta es una «obligación» para aliviar la situación de las «clases medias en Cataluña» que «están sufriendo muchísimo» debido a la presión fiscal.
El Congreso ha sido escenario de un nuevo desencuentro entre PSOE y Sumar, debido a la proposición de ley sobre la regulación de contratos de alquiler temporal y por habitaciones. La petición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para acelerar la tramitación de esta ley fue rechazada. Esta solicitud formó parte de una moción consecuencia de interpelación urgente destinada a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una sesión plenaria celebrada el 28 de mayo. La moción presentada por ERC no solo contemplaba la agilización de la ley sobre alquileres, sino también la creación de un impuesto sobre la acumulación de viviendas, la derogación de los beneficios fiscales de las socimis, y la facilitación del acceso a la vivienda mediante la aplicación de tipos de IVA reducidos para la compra de la primera vivienda por jóvenes menores de 35 años. Otros puntos destacados de la petición eran la aplicación de un tipo del 21% en el IVA de los arrendamientos turísticos y la modificación de normativas locales para que los ayuntamientos en áreas con mercado residencial tensionado pudieran imponer un recargo en el IBI a viviendas turísticas y propiedades de grandes tenedores. Finalmente, la moción fue rechazada con los votos en contra de varios partidos, incluyendo al PP, PSOE, Junts y Vox. Sin embargo, Sumar, Podemos, ERC, BNG y Bildu votaron a favor, con el PNV decidiendo abstenerse. Conflicto dentro del Gobierno Esta no es la primera vez que PSOE y Sumar, ambos socios de Gobierno, difieren en su postura sobre esta legislación. En ocasiones anteriores, Sumar se vio obligado a votar junto al PP en la Mesa del Congreso para avanzar con su tramitación, ya que el PSOE mantuvo su postura contraria. El choque entre ambos socios de Gobierno pone de manifiesto las diferencias internas en…
Esquerra Republicana (ERC) lanza una iniciativa en el Pleno del Congreso solicitando al Gobierno que se impulse «políticamente» la proposición de ley sobre la regulación del alquiler temporal y el alquiler de habitaciones. Esta propuesta, registrada junto a Sumar, Bildu, Podemos y BNG, pretende ser aprobada en la Cámara Baja antes de finalizar el periodo de sesiones el 30 de junio. La solicitud de ERC se formalizó a través de una moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, durante el pleno del 28 de mayo. En esta ocasión, Etna Estrems, portavoz de Vivienda de ERC, criticó al PSOE por intentar bloquear las negociaciones para esta proposición de ley. A pesar de la oposición socialista, Sumar votó junto al PP para avanzar con la tramitación de la norma. Actualmente, el plazo de enmiendas ha finalizado y los grupos parlamentarios ya han presentado sus aportaciones al articulado. Los socios a la izquierda del PSOE han instado a acelerar la tramitación de la ley La moción de ERC también incluye una propuesta para desincentivar la especulación con la vivienda mediante la creación de un impuesto a partir de la tercera residencia adquirida. Este tributo, planteado como complemento al tipo de IVA, busca eliminar los beneficios fiscales que actualmente disfrutan las Socimis y facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35 años mediante tipos de IVA reducidos. Entre las propuestas de ERC, que cuentan con el apoyo del PSOE, se encuentra la aplicación de un IVA del 21% a los arrendamientos turísticos, incluidos los gestionados por plataformas digitales. Además, proponen introducir cambios en la normativa sobre haciendas locales para permitir a los ayuntamientos de zonas con mercado residencial tensionado aplicar un recargo en el IBI a viviendas turísticas y grandes tenedores. El partido…
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que contempla un recorte de impuestos acompañado de un aumento en el gasto militar y en medidas fronterizas. Esta decisión ha sido recibida por el presidente Donald Trump como la legislación «más importante firmada en la historia» del país. La iniciativa, que será revisada por el Senado, ha obtenido 215 votos a favor frente a 214 en contra. Destaca que dos representantes republicanos, Thomas Massie de Kentucky y Warren Davidson de Ohio, se unieron a los demócratas en oposición a la medida después de intensas horas de debate. La legislación propone extender los recortes fiscales establecidos en 2017 durante el primer mandato de Trump, además de eliminar los impuestos sobre las propinas y las horas extra, una promesa que el presidente hizo en campaña electoral. También se contemplan recortes en Medicaid, un programa destinado a personas con recursos limitados, y la eliminación de ciertos créditos tributarios para energías limpias que habían sido acordados por la administración demócrata en 2022. Trump ha expresado que esta ley incluye fuertes medidas de seguridad fronteriza y aumentos salariales para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Según informó NBC News, la legislación también prevé elevar el techo de la deuda en cuatro billones de dólares. En un mensaje a través de su red social, Truth Social, Trump enfatizó la necesidad de que el Senado actúe rápidamente, señalando que «no hay tiempo que perder», añadiendo una crítica contundente hacia los demócratas por «haber perdido el control».
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado a Renfe a proporcionar un desglose detallado de la inversión realizada en su página web, en respuesta a una solicitud presentada por un ciudadano. Este también requirió información sobre el número de veces que la página ha experimentado caídas, dato que la empresa se niega a ofrecer, argumentando que no lo registra. Estas exigencias están documentadas en dos resoluciones recientes del mismo consejo, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Las solicitudes datan de marzo y abril de 2024, donde se solicitó a Renfe y al Ministerio de Transportes el coste anual de la web y la aplicación móvil, además de información sobre las empresas responsables de su diseño y mantenimiento. En particular, se pedía datos sobre las caídas de la web entre 2014 y 2024, así como el número total de descargas de la aplicación desglosadas por plataformas y por dispositivos. Renfe intentó eludir estas preguntas alegando que requerían informes complejos que afectarían a su personal operativo. El Consejo consideró arbitrario el argumento de Renfe sobre la complejidad de la información Ante la negativa de Renfe, los solicitantes presentaron una reclamación ante el Consejo de Transparencia. En respuesta, el ministerio afirmó que el ciudadano que solicitó la información tenía como único objetivo manifestar su descontento con el funcionamiento del sitio web de Renfe. Además, argumentó que proporcionar los costes requería un tratamiento exhaustivo de los datos correspondientes a un periodo de más de diez años. Sin embargo, el Consejo de Transparencia falló a favor de los reclamantes en parte, señalando que proporcionar los datos de coste anuales de la web y el listado de empresas contratadas no exige un informe especial. Por lo tanto, Renfe deberá facilitar esta información. En cambio,…