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El exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha sido imputado por un juez de Tarragona, quien investiga un presunto aprovechamiento de su cargo para aprobar leyes que benefician a empresas gasísticas, clientes de un despacho que fundó antes de su incursión en el Gobierno. Esta información fue confirmada a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press. En el marco de esta investigación, se han señalado a 28 personas y seis personas jurídicas como participantes en la trama. Los presuntos delitos incluyen cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, según informó inicialmente ‘La Vanguardia’. El Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona dictaminó que las potestades del exministro fueron utilizadas para que el despacho Equipo Económico (EE) pudiera ofrecer reformas beneficiosas para sociedades de distintos sectores, afectando al sector público. La intención era aprobar una modificación «ad hoc», beneficiando exclusivamente a las gasísticas y excluyendo a otros sectores con costes de electricidad elevados. Las investigaciones revelan una intención de crear un marco legislativo que favorezca particularmente a empresas gasísticas, en detrimento del sector público Participación de empresas y redacción normativa El auto advierte que compañías como Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, todas incluidas en la AFGIM, participaron en la redacción del texto propuesto para la norma. Esto señala una posible sustitución o externalización indebida de potestades normativas durante la fase prelegislativa. Además, se acusa a Montoro de usar sus potestades legislativas para asegurar beneficios económicos al despacho EE. El levantamiento del secreto de sumario revela una causa que se inició hace siete años, involucrando a Montoro y altos cargos del Gobierno La decisión judicial también abarca el levantamiento del secreto de sumario, señalando que desde hace siete años las investigaciones se centraron…
El 28 de junio de 2025 entró en vigor en España la ley que transpone la Directiva Europea 2019/882, imponiendo a todas las empresas la obligación de garantizar la accesibilidad de sus sitios web y aplicaciones móviles a personas con discapacidad. La normativa afecta a todo tipo de plataformas digitales que ofrezcan bienes y servicios al público, incluyendo ecommerce, apps de reserva, plataformas educativas y medios de comunicación. Las empresas deben cumplir con criterios técnicos de las WCAG, que abarcan accesibilidad visual, auditiva, cognitiva y motora. Esto implica desde el uso de subtítulos y descripciones en imágenes, hasta la correcta estructura de menús para lectores de pantalla y compatibilidad con dispositivos de asistencia. Las sanciones pueden suponer multas y limitaciones de actividad. La ley también exige la revisión continua de plataformas, formación del personal y mantenimiento de la accesibilidad. Los costes varían según sector y tamaño, pero expertos calculan que en medianas y grandes empresas podría suponer entre 10.000 y 50.000 euros anuales en inversión y mantenimiento. La moda, en el punto de mira La industria de la moda, fuertemente dependiente del canal digital, se enfrenta al reto de rediseñar sus tiendas online, garantizando la plena usabilidad para millones de consumidores con discapacidad. No obstante, este desafío es también una oportunidad de mercado: se estima que un 15% de la población presenta algún tipo de discapacidad y que la accesibilidad incrementa las conversiones y fidelidad del cliente. Además, la ley fomenta la innovación, generando oportunidades para desarrolladores, auditores de accesibilidad y consultoras. En el plano macroeconómico, se calcula que el mercado europeo de servicios relacionados con la accesibilidad crecerá un 20% anual, alcanzando los 20.000 millones de euros en 2026. Para las empresas, cumplir con la ley implica invertir en reputación, responsabilidad social corporativa y ampliación de mercado. ¿Cómo afecta…
“La ingente cantidad de nuevas obligaciones supone un gran reto para las empresas, que deberán adaptarse a la normativa”  En los últimos años se ha publicado numerosísima normativa laboral, lo que provoca un gran desafío para las empresas, obligadas a estar al día en materia de cumplimiento normativo. Por mencionar algunas de las nuevas obligaciones, las compañías, independientemente de su tamaño, sector o número de personas trabajadoras, deben contar con un protocolo de desconexión digital; un protocolo para la prevención frente al acoso laboral, sexual y por razón de sexo; un protocolo de prevención y sensibilización en el ámbito laboral de delitos o cualquier conducta contra la libertad sexual y la integridad moral y un protocolo frente a la discriminación.  Además, dependiendo del número de personas trabajadoras, las empresas deberán contar con un plan de igualdad en el que se incluye una auditoría retributiva que persigue detectar cualquier brecha salarial y/o discriminación por razón de sexo. Asimismo, deberán implantar un protocolo para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y también tendrán que contar con un canal de denuncias interno que facilite la revelación de posibles infracciones o irregularidades que pudieran estar ocurriendo, garantizando a su vez la protección del denunciante.  Por su parte, los derechos de conciliación laboral y familiar se han visto modificados, ampliando los supuestos de concesión o su forma de disfrute, ya no solo a través de la normativa laboral, sino a través de la interpretación judicial de dicha legislación. Pongamos como ejemplo la ampliación del derecho de adaptación de la jornada con hijos mayores de 12 años o por cuidado de ascendientes que, pese a que no se reconoce de manera expresa en el Estatuto de los Trabajadores, se han concedido por…
La Comisión Europea ha acusado este martes a Amazon de haber utilizado en su propio beneficio información confidencial de empresas que utilizan esta plataforma de ventas, es decir, habrían violado las reglas comunitarias de competencia. Unas sospechas que Bruselas ha trasladado a la firma de Jeff Bezos después iniciar una investigación en juilo de 2019. “Debemos asegurar que el doble papel de las plataformas con poder de mercado, como Amazon, no distorsionan la competencia”, ha comenzado diciendo la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Margrethe Vestager. Esta también ha destacado que “la información sobre las actividades de terceros vendedores no debe utilizarse en beneficio de Amazon cuando ésta actúa como competidor de estos vendedores. Las condiciones de la competencia en la plataforma de Amazon deben ser justas”. Por eso tras la investigación realizada, desde Bruselas se ha llegado a la conclusión de que “Amazon ha abusado ilegalmente de su posición dominante como proveedor de servicios de mercado en Alemania y en Francia por haber usado datos confidenciales a gran escala para competir con los minoristas más pequeños”. “Ahora es el turno de que Amazon responda”, ha insistido Vestager. Y es que la situación no es menor. La compañía tiene acceso a los datos comerciales privados de sus vendedores, así como a su volumen de ventas y envíos e incluso a las reclamaciones que reciben de los clientes. Todo un alud de datos muy codiciados con los que Amazon se habría beneficiado. Por otro lado, Bruselas ha abierto un nuevo expediente contra Amazon por un posible “trato preferente” hacia sus propias ofertas minoristas y la de aquellos proveedores que utilizan sus servicios de reparto y logística.