María Jesús Montero

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene la expectativa de presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 a comienzos o mediados del primer trimestre del próximo año, con el objetivo de que las cuentas públicas sean aprobadas en abril o mayo. Este martes se ha iniciado el proceso para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 con la aprobación del techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda pública, los cuales serán remitidos a las Cortes Generales. El ‘techo de gasto’, crucial para el enfoque de los nuevos presupuestos, presenta un aumento del 8,5%, lo que, según la ministra, permitirá extender derechos y consolidar partidas del Estado del Bienestar. Montero insiste en que esto es clave para atraer el interés de las formaciones políticas necesarias para su aprobación. El Gobierno ha remitido a las Cortes Generales los objetivos de déficit y deuda pública, en cumplimiento de la ley orgánica que exige su paso por el Congreso de los Diputados después de ser discutido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local. De no recibir aprobación en un primer intento, el Gobierno deberá volver al Congreso. En caso de que no se logre el visto bueno en una segunda ocasión, se establecerán los objetivos de estabilidad planteados en el plan estructural fiscal remitido a la Comisión Europea. Con estos ajustes, aunque el ‘techo de gasto’ se mantendría, las comunidades autónomas enfrentarían un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026, perdiéndose así 5.485 millones en capacidad de gasto durante todo el periodo. Montero ha reflejado optimismo al afirmar que de abrirse una «ventana de oportunidad» con el apoyo de grupos políticos que actualmente no lo brindan, se podría adelantar la presentación del proyecto de Presupuestos. «Mañana…
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este viernes que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el techo de gasto para 2026 y la senda de estabilidad presupuestaria 2026-2028. Este procedimiento se enmarca dentro del proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, que comenzará tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para el lunes. El techo de gasto, que es el límite de gasto no financiero de las cuentas del próximo año, requiere únicamente la aprobación del Gobierno y no del Congreso ni del Senado. Montero explicó que esta medida es el primer paso para la elaboración de los presupuestos, ya que permite determinar la capacidad económica de las diferentes administraciones. Ha enfatizado que tanto la convocatoria del Consejo de Política Fiscal como la de la Comisión Nacional de Administración Local son «preceptivas» para avanzar en este proceso. La senda de estabilidad «es el primer paso» para la elaboración de los Presupuestos Montero ha señalado que durante la reunión del CPFF no se abordará el modelo de financiación autonómica. Ha defendido que si el presidente andaluz, Juanma Moreno, quiere solicitar 4.000 millones para los servicios públicos andaluces, revela que el Partido Popular «se dedica en los territorios a enfrentamiento y confrontación». No obstante, el debate sobre la financiación se abordará en futuras reuniones. No se quieren sentar porque no tienen un criterio y utilizan la financiación autonómica solo para confrontar La ministra insiste en que el Partido Popular no muestra una posición unificada respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica y ha solicitado claridad sobre su postura. Ha instado a la dirección del partido a trabajar para definir «una posición única con la financiación autonómica».
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará hoy la Orden Ministerial para dar inicio a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2026. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero detalló que este anuncio marca el comienzo formal de los trabajos internos entre los ministerios y el Departamento de Hacienda para delinear las nuevas cuentas públicas. Aunque el anuncio de la publicación en el BOE consolida el inicio oficial del proceso, la ministra reveló que Hacienda ya había iniciado contactos informales con varios ministerios para discutir las necesidades y proyectos a incluir en los futuros presupuestos. Este acercamiento temprano busca alinear los objetivos y recursos disponibles con las prioridades ministeriales. Objetivos de los presupuestos Montero subrayó que las líneas transversales de los nuevos presupuestos estarán enfocadas en lograr un desarrollo económico sostenible, redistribuir la riqueza, fortalecer los servicios públicos y especialmente atender a las poblaciones vulnerables, con un énfasis notable en la cuestión de la vivienda para los jóvenes. Este enfoque, según Montero, se alinea con el objetivo del Gobierno de consolidar el Estado del Bienestar y reducir las desigualdades. El proyecto de Presupuestos es un «instrumento» para conseguir el objetivo de dar mayor equidad entre los ciudadanos, reducir las desigualdades, crear condiciones económicas y blindar el Estado del Bienestar Además, la ministra destacó que estos presupuestos se presentarán al Parlamento independientemente del apoyo político con el que cuenten en ese momento. A pesar de esto, se comprometió a trabajar arduamente para persuadir a los otros partidos de la importancia y beneficios de las nuevas cuentas públicas. Finalmente, Montero expresó su confianza en que, a pesar de los desafíos, las cuentas serán vistas favorablemente: «Estoy convencida de que las…
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado este viernes la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre política arancelaria entre la Unión Europea y Estados Unidos. Durante su visita a una planta de envasado de la cooperativa agroalimentaria DCOOP en Antequera (Málaga), Montero destacó que las políticas de aranceles impulsadas durante el segundo mandato del expresidente Donald Trump «no le interesa absolutamente a nadie». Montero se refirió a la reciente decisión de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que levantó el bloqueo a la mayoría de los aranceles globales impuestos por Trump. La ministra subrayó la «especial preocupación» del Gobierno español por el estado actual de la política arancelaria estadounidense: «Cada día tenemos minuto y resultado en esta situación», comentó, refiriéndose a los cambios repentinos en la normativa arancelaria. La política comercial no le interesa absolutamente a nadie y sería bueno poder llegar a un acuerdo que permitiera eliminar incertidumbres La vicepresidenta aseguró que el Gobierno de España permanecerá vigilante y dispuesto a proteger los intereses de los sectores afectados. «Continuaremos respaldando a nuestro sector primario de la mejor manera posible», añadió, haciendo mención de los más de 10.000 millones de euros destinados anteriormente para mitigar los efectos de la guerra arancelaria. Además, Montero enfatizó la importancia del consumo de aceite de oliva, resaltando su calidad en comparación con otras grasas en materia cardiovascular, y resaltó a España como uno de los principales productores mundiales. Con respecto a la situación económica, la ministra informó que el dato de inflación se sitúa por debajo del 2%, lo que demuestra un crecimiento superior al de otras economías avanzadas de la UE, incluyendo Alemania, Italia y Francia. «Esto indica que vamos en la buena dirección y seguiremos en esa dirección», concluyó Montero.
El Partido Popular (PP) ha registrado una solicitud de comparecencia en el Pleno del Congreso para que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aclare el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Red Eléctrica. Este requerimiento busca conocer su influencia en los nombramientos dentro de la compañía. En particular, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo desea que Montero informe sobre la participación del 20% que la SEPI tiene en Redeia, la matriz de Red Eléctrica, así como sobre su política de nombramientos de miembros del consejo de administración. La intención del PP con esta solicitud es investigar si la posición de la SEPI en la empresa fue un factor relacionado con la crisis eléctrica del pasado 28 de abril, cuando ocurrió un apagón en la península ibérica. Desde el PP cuestionan cómo una empresa, legalmente considerada privada, puede tener tal nivel de influencia por parte del Gobierno El 7 de mayo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, expresó en el Congreso que Red Eléctrica es «jurídicamente privada» y que se rige por la Ley de Sector Eléctrico, asegurando que opera con «independencia» como operador del sistema. Sin embargo, desde el PP se ha hecho énfasis en que la SEPI, siendo el principal accionista de Red Eléctrica, permite que el Gobierno, al elegir la presidencia, controle el nombramiento de figuras clave, como es el caso de Beatriz Corredor, exministra socialista, quien ocupa actualmente la presidencia de la entidad.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el rescate a la aerolínea Air Europa como una acción perfectamente legal, asegurando que el Gobierno actúa en interés de la mayoría social de España. Montero realizó estas afirmaciones durante una sesión en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la diputada del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien cuestionó los intereses que representa la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la cual está bajo el control del Ministerio de Hacienda. Ante las acusaciones de corrupción lanzadas por Gamarra respecto al rescate de Air Europa, Montero subrayó que este procedimiento fue también totalmente legal y recordó el caso de Plus Ultra, donde los tribunales corroboraron la legalidad del rescate tras las críticas iniciales por parte del PP. Los datos de crecimiento y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional muestran que defendemos los intereses de la mayoría La ministra destacó varios logros de su gestión, tales como el crecimiento económico y el incremento del SMI en más de un 60%, así como el aumento de las rentas salariales. Montero cuestionó los intereses del Partido Popular, instándolos a aclarar su posición en temas como los aranceles, el SMI y la reforma laboral. Al respecto, insinuó que el PP podría estar sobre todo al servicio de las empresas energéticas, en alusión a sus críticas relacionadas con el apagón. Por su parte, Cuca Gamarra reiteró que la SEPI, como importante entidad pública, opera bajo el Ministerio de Hacienda y que todas las decisiones relevantes, incluidos nombramientos, son supervisadas por la vicepresidenta. Gamarra también apuntó que los tribunales han encontrado indicios delictivos en el rescate de Air Europa, acusando a la SEPI de ser un instrumento para controlar empresas como Telefónica. La SEPI se ha convertido en una agencia de colocación socialista Las tensiones…
Los consejeros de las comunidades autónomas del Partido Popular (PP) han decidido abandonar de manera colectiva la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró este miércoles. En esta sesión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó una proposta para la condonación de hasta 83.000 millones de deuda acumulada por las comunidades autónomas. Este planteamiento fue defendido por Montero como un acuerdo bilateral, argumentando que tenía el apoyo de una formación independentista. La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, quien actuó como portavoz de las regiones del PP, manifestó su oposición a la condonación al afirmar: «Nosotros no vamos a ser cómplices de tantas cesiones y tantos privilegios al independentismo, estamos en contra de la condonación». Albert estuvo acompañada en esta protesta por la consejera de Andalucía, Carolina España, y el consejero gallego, Miguel Corgos. El abandono de la reunión ocurrió después de solo media hora de debate. Los consejeros ‘populares’ decidieron levantarse al ver que el Ministerio de Hacienda empezaba a hablar sobre la imposición de impuestos a la banca, la posible cesión parcial de la recaudación a las comunidades y la condonación de la deuda para todas las regiones. De esta forma, el grupo abandonó el despacho, dejando únicamente a los representantes del Gobierno central y a los consejeros de Castilla-La Mancha, Cataluña y Asturias. A pesar de la salida de los consejeros del PP, el plan de condonación de la deuda tiene probabilidades de avanzar en el CPFF gracias al respaldo de las comunidades socialistas. Esto se debe a que el Gobierno central cuenta con la mitad de los votos en este foro. La condonación, que podría ascender a los 83.000 millones de euros, será formalizada como una ley orgánica. Este proceso legislativo deberá ser validado por el…
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado su deseo de que la ley orgánica para la condonación de deuda de las comunidades autónomas del régimen común sea aprobada antes de que finalice el año. Durante una rueda de prensa en la que presentó la propuesta del Gobierno, Montero afirmó que se están realizando esfuerzos para lograr una tramitación acelerada de la norma. «Nosotros vamos a impulsarla con la mayor celeridad posible y, por tanto, si contamos con que los grupos políticos compartan esta idea, pues tendremos capacidad de aprobarla lo antes posible», indicó Montero. Las comunidades no deberían votar en contra, y si lo hacen, espero que el Consejo de Política Fiscal y Financiera tenga una mayoría suficiente para poder aprobar la medida La ministra detalló que la propuesta fue enviada el lunes a todas las comunidades autónomas para su estudio, y que el miércoles se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, se llevarán a cabo reuniones bilaterales de carácter técnico con cada comunidad autónoma, supervisadas por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Este proceso incluirá la creación de comisiones mixtas para que cada comunidad acepte la cuantía correspondiente. Montero explicó que, al tratarse de una ley orgánica, se requiere la elaboración de un anteproyecto que incluya trámites de consulta pública e informes preceptivos antes de que sea aprobado en el Consejo de Ministros. «A partir de ahí, son los grupos políticos los soberanos para decidir si lo que ponemos a su consideración cuenta o no con su visto bueno», añadió. En cuanto al impacto financiero de la propuesta, Montero estimó que el ahorro en intereses podría oscilar entre 5.000 y 7.000 millones de euros, aunque este monto debe ser analizado en detalle, considerando la antigüedad de la deuda…
Vox ha presentado este jueves una solicitud de comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo de analizar el impacto fiscal que tendría que el salario mínimo interprofesional (SMI) tribute por el IRPF. En total, la formación liderada por Santiago Abascal ha registrado dos solicitudes de comparecencia de la ministra en la Comisión de Hacienda. La primera solicitud busca que Montero explique las consecuencias de no eximir de IRPF al salario mínimo, que recientemente se ha incrementado a 1.184 euros al mes. Según declaraciones anteriores del Ministerio de Hacienda, la exclusión del impuesto para el salario mínimo podría suponer una pérdida recaudatoria de hasta 2.000 millones de euros. La segunda solicitud se centra en que el departamento de Hacienda informe sobre la recaudación tributaria prevista para el año 2024 y sus perspectivas para 2025. Por otro lado, el pasado martes, Vox defendió una proposición no de ley en el Pleno del Congreso en la que se solicitaba una bajada «radical» del IVA y la exención del IRPF para las rentas inferiores a 22.000 euros, aunque esta iniciativa no logró el respaldo necesario para prosperar. Un día después, el secretario general del partido en la Cámara Baja, José María Figaredo, criticó duramente la política económica y fiscal del Gobierno, afirmando que este ha implementado más de 90 subidas de impuestos en el último periodo.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la protagonista del Pleno del Congreso este miércoles, en un contexto marcado por la tensión interna en el Gobierno debido al debate sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI). Montero, quien se ausentó la semana pasada por motivos médicos, debe ahora afrontar un gran número de preguntas, tanto pendientes como nuevas, formuladas por varios grupos de la oposición, incluyendo al PP, Vox, Junts y Podemos. Controversia sobre el SMI y su tributación La reciente decisión de Montero de imponer tributos a la subida del SMI, a pesar de las objeciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha intensificado la discordia en el seno del Ejecutivo. Esta discrepancia fue evidente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la ministra portavoz, Pilar Alegría, se vio obligada a aclarar la postura del Gobierno. El portavoz económico del PP, Juan Bravo, cuestionará a Montero sobre si el «escudo social» del Gobierno incluye estas medidas fiscales. Asimismo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, querrá saber qué acciones se tomarán para evitar que las familias sigan perdiendo poder adquisitivo. Otros miembros del PP también plantearán interrogantes relacionados con la política fiscal y la percepción ciudadana sobre la ministra. La oposición ha intensificado su escrutinio sobre la política fiscal del Gobierno y sus repercusiones en la población El diputado de Junts, Josep María Cruset, también preguntará sobre cómo el Gobierno justifica el aumento de impuestos a los ciudadanos en el actual contexto económico. De manera similar, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, exigirá aclaraciones sobre los cambios en la política fiscal en relación a los elevados beneficios de la banca. Montero no será la única que deba rendir cuentas, ya que se espera que Yolanda Díaz también enfrente…