OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una advertencia sobre las comisiones que implican el uso de tarjetas para retirar dinero en el extranjero, las cuales pueden llegar hasta un 8%. Estas tarifas incluyen un 3% por el cambio de divisa y hasta un 5% por las extracciones en cajeros. Esto es especialmente relevante en países fuera de la zona euro, como Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Rumanía o Suecia. Antes de emprender un viaje internacional, la organización recomienda comprobar con la entidad bancaria las comisiones aplicables. Además, OCU destaca algunas alternativas de tarjetas que pueden suponer ahorros significativos, ya que no cobran por el cambio de divisa o extracciones en cajeros, aunque es importante señalar que algunas presentan limitaciones. Por ejemplo: ImaginBank: No tiene requisitos ni comisiones al estar asociada a su cuenta de CaixaBank. Trade Republic: La tarjeta de débito virtual permite extracciones sin comisiones si se retiran más de 100 euros por operación. MyInvestor: Sin comisiones por una extracción al mes con su cuenta remunerada asociada. Revolut: Ofrece una cuenta y tarjeta virtual gratuitas, sin comisión de cambio de divisa hasta 1.000 euros al mes entre lunes y viernes, y permite cinco extracciones mensuales sin coste hasta un total de 200 euros. OCU recomienda llevar una segunda tarjeta en los viajes, priorizando aquella con menores comisiones y sugiere anotar los números de contacto del banco y emisores de la tarjeta como precaución en caso de robo o pérdida. Además, si la terminal de punto de venta (TPV) del comercio ofrece la opción de pagar en euros, se recomienda rechazarla debido al elevado tipo de cambio aplicable.
El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha reafirmado el compromiso del Gobierno en mejorar el acceso a la vivienda y facilitar la financiación para la construcción de viviendas asequibles. Durante las jornadas organizadas por la OCU tituladas ‘Propuestas para mejorar el acceso a la vivienda en España’, Lucas ha subrayado que «las viviendas no son un negocio, sino para vivir», y ha resaltado el inicio del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Nuevas políticas de vivienda y esfuerzos presupuestarios En la última Conferencia de Presidentes se propuso incrementar el presupuesto destinado a políticas de vivienda a casi 6.700 millones de euros, frente a los 1.700 millones actuales, con la colaboración de las comunidades autónomas. Lucas ha detallado que la política del Gobierno busca que las viviendas construidas con recursos públicos mantengan su protección permanente. Esto significa que, si son vendidas, deberán serlo a precios asequibles y para personas con características similares a los compradores iniciales. Las 40,000 viviendas propiedad de la Sareb no se venderán, sino que aumentarán el parque de vivienda en alquiler asequible El objetivo es ampliar el parque de vivienda pública para alcanzar el 8% de media de la Unión Europea, frente al actual 3,4%. Además, el Gobierno quiere evitar la transformación de alquileres tradicionales en viviendas de corta duración, motivo por el cual ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal y creado el Registro de Alquileres de Corta Duración. «Estamos muy preocupados por la gentrificación de barrios», señaló Lucas, instando a las autonomías a ejercer sus competencias. Propuestas adicionales y el papel de la OCU Durante el evento, la OCU abogó por revisar el sistema de desahucios para adaptarlo al consumidor vulnerable, debido al aumento de inquilinos en situación de vulnerabilidad. Juan Carlos García, del Área de Vivienda de OCU, destacó la necesidad de…
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expresado su preocupación ante la próxima reducción de ayudas al transporte público. Esta medida, que entra en vigor el 1 de julio, podría ocasionar el regreso de «miles» de vehículos privados a las vías, tanto urbanas como interurbanas, lo que conduciría a un aumento de la contaminación. Según la OCU, el incremento del tráfico conlleva consecuencias negativas para los ciudadanos: más ruido, atascos y, fundamentalmente, un aumento de la contaminación. Esta situación se traduciría en un deterioro de la calidad de vida, así como en una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso cáncer de pulmón. Basándose en una encuesta propia, realizada a una muestra representativa de residentes entre 20 y 74 años en Barcelona y Madrid, se destaca que el uso del coche en Barcelona disminuyó un 4% gracias a la reducción del precio de los billetes y abonos desde finales de 2022. El aumento del tráfico, del ruido, de los atascos y, por ende, de la contaminación en las ciudades, no solo se traducirá en un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, también un incremento de la incidencia de las enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular, así como del cáncer de pulmón No obstante, en Madrid, aunque el uso del coche subió un 1%, también se registró un incremento del 10% de usuarios de transporte público y un 4% en el número de transeúntes desde 2022. Aún así, muchos residentes aseguran que la falta de opciones prácticas los obliga a seguir usando el coche, sumando recorridos al trabajo de 21 kilómetros de media, frente a los 15 kilómetros registrados en Barcelona. La OCU subraya que los encuestados son partidarios del transporte público, siendo visto como la mejor manera de reducir el tráfico. Sin embargo, demandan mejoras…
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una alerta sobre el significativo encarecimiento de los servicios turísticos durante el mes de abril, coincidiendo con la Semana Santa. Este incremento ha sido especialmente notable en los precios de vuelos, alojamientos y paquetes vacacionales. De acuerdo con un análisis de la evolución de precios desde 2021, la OCU ha informado que existe una clara dinámica cíclica en los costos de estos productos y servicios relacionados con las vacaciones. Según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ha observado un aumento en los paquetes turísticos nacionales que varía entre el 15% y el 20% durante el mes de junio, alcanzando subidas superiores al 20% en julio. En agosto, estas subidas tienden a rondar el 10%, lo que en conjunto implica un aumento notable que oscila entre el 47,4% del año pasado y el 63,8% de 2022. En cuanto a los alojamientos turísticos, que incluyen hoteles y alquileres tipo Airbnb, estos también reflejan esta tendencia, aumentando continuamente durante el verano y solo registrando descensos significativos a partir de septiembre. La OCU solicita mayor vigilancia y control de los precios turísticos, especialmente en temporadas altas En abril, coincidiendo con la Semana Santa, se registraron importantes subidas en los precios de los vuelos nacionales, que se encarecieron un 21,3%, y los internacionales, que subieron un 17,8% en comparación al mismo mes del año anterior. Los paquetes turísticos nacionales también aumentaron un 17,2%, mientras que los internacionales lo hicieron en un 9%. Los hoteles incrementaron sus precios hasta un 10% en relación con marzo de 2024, y los centros de vacaciones, campings o albergues subieron un 4,4%. En vista de esta situación, la OCU ha propuesto varias medidas al sector turístico. Estas incluyen la mejora en la transparencia de precios y condiciones, para…
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado en el que califica de irregular la consulta pública lanzada por el Ministerio de Economía respecto a la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. Desde la OCU, se sostiene que los accionistas deben tener la capacidad de decidir libremente sobre la operación, indicando que la consulta pública solo genera confusión entre las partes implicadas. Una vez superados los exámenes de solvencia del Banco Central Europeo y de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, OCU considera irregular el trámite de consulta pública En su comunicación, la OCU argumenta que, tras haber superado los análisis pertinentes, el proceso de consulta no debería limitar la capacidad decisoria de los accionistas. La agrupación ha calificado este procedimiento como «confuso» y ha hecho un llamado al Gobierno para que se asegure de que se respeten los compromisos adquiridos por el banco adquiriente. Asimismo, la OCU ha enfatizado que es fundamental que se garantice el cumplimiento de los compromisos de BBVA ante la CNMC, especialmente en lo relativo a la protección de los usuarios de ambas entidades involucradas en la operación.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado a las distintas administraciones que trabajen de forma conjunta en la regulación de los alquileres turísticos, con el objetivo de establecer mayores mecanismos de control y sanción. Su reacción se produce tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que desestimó el recurso presentado por Airbnb contra una resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El TSJM determinó que la plataforma debe eliminar 5.800 anuncios ilegales de su página web, lo que representa la primera de tres resoluciones emitidas por el departamento dirigido por Pablo Bustinduy. Estas resoluciones instan a Airbnb a bloquear un total de 65.935 anuncios que han sido considerados ilícitos por incumplir la normativa vigente en diferentes comunidades autónomas. Aunque Airbnb ha manifestado su intención de recurrir las otras dos resoluciones, la OCU ha destacado que «aún hay mucho camino que recorrer». La coordinación entre administraciones será vital para controlar y armonizar la oferta de vivienda turística La OCU propone que esta colaboración entre administraciones permitiría no solo un control más efectivo de los alquileres turísticos, sino también ofrecer mayores medios de gestión y sanción a los municipios, a la vez que dotaría de «más peso a los vecinos propietarios». Asimismo, considera que la coordinación facilitaría el fortalecimiento de las autoridades de Consumo en la solución de problemas relacionados con el alojamiento turístico y potenciaría el alquiler tradicional en áreas donde la oferta sea escasa. Adicionalmente, la organización estima que, mediante estas medidas, se podría incorporar «en el menor plazo posible» un total de 600.000 viviendas públicas en régimen de alquiler social, a la vez que se atraería al mercado viviendas privadas «infrautilizadas». Finalmente, la OCU concluye que el alquiler vacacional es «solo una parte del mercado de la vivienda» y…
El PSOE ha llevado al Congreso una iniciativa que busca la colaboración del Gobierno y de las comunidades autónomas para reforzar la vigilancia en supermercados. El objetivo es asegurar que estos establecimientos informen de manera «visible, correcta y simultánea» sobre el precio de venta de cada producto y su respectiva unidad de medida, abarcando tanto artículos alimentarios como no alimentarios. Para facilitar la comparación entre productos en diferentes formatos, la propuesta exige que los supermercados indiquen no sólo el precio de venta, sino también el coste equivalente por una unidad de medida estándar. Esta medida se traduce comúnmente en precios por kilo o litro, pero también puede abarcar otras unidades, como el metro (en el caso del film de aluminio), la unidad (para papel higiénico), la docena (huevos) o el número de usos (detergentes). Las asociaciones de consumidores han detectado que, en uno de cada cinco casos, existen errores significativos en la presentación de estos datos Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que los errores más frecuentes incluyen fallos en el cálculo, como la asignación incorrecta del precio al peso neto en lugar del escurrido. Además, se han identificado redondeos inapropiados y precios poco visibles, o bien sin referencia de equivalencia. Los productos más afectados por estas imprecisiones son el gel de ducha, los huevos, el desodorante, el detergente y las conservas en lata. Estos problemas no son nuevos; la OCU ya denunció situaciones similares a través de estudios previos en 2011 y 2017. En este contexto, el PSOE ha registrado una proposición no de ley en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo que exige un mayor control en los mercados. Según la propuesta, recogida por Europa Press, el Grupo Socialista solicita al Gobierno que refuerce la vigilancia e inspección dentro de las…
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una contundente advertencia sobre las posibles consecuencias de la anunciada respuesta de la Unión Europea (UE) a las políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos bajo la administración Trump. Las repercusiones de esta medida podrían afectar a todos los consumidores «sin excepción», destacando que un efecto inmediato sería la subida de precios de los productos importados directamente de Estados Unidos. De acuerdo con la OCU, es «prácticamente seguro» que la UE tomará medidas de represalia, como ya ha ocurrido con el establecimiento de un arancel del 25% sobre importaciones estadounidenses de productos como el ‘whiskey’ Bourbon, los pantalones vaqueros y las motocicletas. Esta acción es una respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y aluminio europeos en 2018, cuya situación aún está sin resolver. La guerra comercial puede provocar un incremento general de los precios, que empobrecería a todos los consumidores Entre las implicaciones que la OCU ha señalado, se encuentra la reducción de la variedad de productos disponibles para los consumidores, ya que algunas marcas podrían optar por retirar sus productos del mercado europeo si los aranceles hacen que su venta no resulte rentable. Esta situación podría tener un impacto negativo en sectores tan variados como la tecnología, la moda y la alimentación. La OCU también ha enfatizado que el aumento de costos de producción en sectores como el agrícola e industrial se trasladará a la cesta de la compra, lo que afectará, en mayor medida, a los consumidores en situación de vulnerabilidad económica. Además, los aranceles podrían llevar a retrasos en la entrega de productos y a una escasez temporal, afectando tanto a los productos finales en las tiendas como a los insumos necesarios para el proceso productivo de los fabricantes. Frente a este escenario, la OCU…
El Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid ha admitido a trámite la demanda colectiva interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Apple. La demanda se basa en los daños a los usuarios ocasionados por el abuso de la posición dominante de la compañía en la distribución de música en ‘streaming’. La OCU argumenta que Apple ha impedido que plataformas competidoras, como Spotify, informen a los clientes de iOS sobre suscripciones alternativas fuera de la ‘App Store’, su tienda de aplicaciones oficial. La organización sostiene que este comportamiento va en contra de las normas antimonopolio de la Unión Europea y las leyes de servicios digitales y de mercados digitales. Según la OCU, esta situación ha llevado a que los usuarios paguen precios mucho más altos por los servicios de música en ‘streaming’, dado que Apple exige una alta comisión a los desarrolladores de la competencia, la cual se repercute en los consumidores. Si suscribiste dentro de ‘App Store’ el plan ‘premium’ de Spotify entre junio de 2014 y mayo de 2016 y dejaste correr tu suscripción sin hacer cambios, habrás estado pagando un sobreprecio del 30% respecto a lo que hubieras pagado por el mismo plan si lo hubieras suscrito en otros canales de venta La demanda, presentada el pasado 6 de febrero, busca que Apple indemnice a los usuarios afectados, una medida que podría implicar el reembolso del sobreprecio de hasta el 30%. La OCU señala que esta acción ha sido coordinada por Euroconsumers para asegurar que Apple compense a más de 500.000 perjudicados en cuatro países: España, Bélgica, Italia y Portugal. La posible indemnización total asciende a aproximadamente 62 millones de euros. La OCU enfatiza que la deslealtad con los usuarios no puede ser tolerada y que esta acción colectiva no solo persigue resarcir…
Un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), publicado el pasado viernes, revela que un 30% de las familias españolas anticipa que 2025 será un año peor para su economía doméstica en comparación con 2024. Este análisis evalúa la situación económica de los hogares y su capacidad para afrontar 37 partidas básicas de gasto, categorizadas en seis áreas: vivienda, alimentación, salud, educación, movilidad, y cultura, ocio y tiempo libre. El resultado de este informe se traduce en el Índice de Solvencia Familiar, que ha experimentado un ligero aumento, pasando de 46 puntos en 2023 a 47,4 puntos en 2024. Sin embargo, este valor continúa siendo inferior al de 2019, que era de 48,7 puntos, y a distancia de los 52,5 puntos registrados en 2020, justo antes de la crisis económica derivada de la pandemia. A pesar de la mejora, solo 18% de las familias creen que su situación económica mejorará, en contraste con el 30% que prevé dificultades para el próximo año. Diferencias según comunidades autónomas El estudio pone de manifiesto variaciones significativas en la solvencia familiar dependiendo de la comunidad autónoma. Las regiones con un índice de solvencia más bajo son Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Madrid, Extremadura y Canarias, todas ellas con puntuaciones inferiores a 47. Por el contrario, La Rioja y Navarra destacan con más de 50 puntos, aunque Navarra ha visto una ligera disminución respecto al año anterior, al igual que Aragón y Extremadura. La OCU resalta un preocupante «estrechamiento» de la clase media, que ahora representa solo el 51% de los hogares, comparado con el 63% en 2018. A pesar de que el porcentaje de familias con un nivel alto de confort financiero ha aumentado al 33%, también lo ha hecho el número de familias con bajo confort, que alcanzan el 16%. Las…