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El comité de expertos designado por el Gobierno ha cumplido con el mandato de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al presentar dos posibles escenarios para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara al año 2026. En el contexto actual, el SMI se sitúa en 1.184 euros mensuales repartidos en catorce pagas. La propuesta de este comité, confirmada por fuentes cercanas y reportada inicialmente por ‘El País’, sugiere un incremento mensual de 37 euros, alcanzando así los 1.221 euros por catorce pagas si se mantiene la exención de tributación. Alternativamente, se plantea un aumento de 56 euros mensuales, situando el SMI en 1.240 euros mensuales, condicionando este escenario a la tributación del ingreso en el IRPF. En términos porcentuales, los incrementos propuestos representan un alza del 3,1% sin tributación y del 4,7% con tributación, alineándose con la Carta Social Europea que estipula que el SMI debe representar al menos el 60% del salario medio. Esta propuesta difiere notablemente de las posiciones defendidas por otros actores sociales. Las patronales CEOE y Cepyme han sugerido un incremento máximo del 1,5%, elevando el SMI a 1.202 euros brutos sin exención del IRPF. Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT proponen un incremento del 7,5%, alcanzando los 1.273 euros mensuales, con tributación obligatoria en el IRPF Este debate subraya las diferencias de enfoque entre los distintos sectores en torno a qué nivel de SMI es adecuado y sostenible para el futuro económico del país.
Con la inminente presentación de un proyecto legislativo para recortar la jornada a 37,5 horas, el mundo empresarial despliega una estrategia coordinada para evitar que la medida se consolide. Mientras el texto, aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, se prepara para debatirse en el Congreso, las organizaciones de los sectores más afectados ejercen presión en múltiples frentes. En medio de este contexto, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) se posiciona como una de las principales voces en contra de la norma. Esta asociación, que representa a empresas de renombre como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Alcampo y Leroy Merlin, advierte que la medida impactaría de forma directa en la rentabilidad de sus negocios. Según sus planteamientos, el efecto negativo se vería agravado por el alcance del convenio colectivo de grandes almacenes, el más amplio del país, que influye en la vida laboral de aproximadamente 250.000 trabajadores. La estrategia de presión no se limita a Anged. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también ha lanzado diversas iniciativas en foros y reuniones para evidenciar a responsables políticos y a la opinión pública cómo la reducción de la jornada podría desencadenar una merma en la productividad y congelar los salarios. Durante un debate reciente en el Senado, la presidenta de Anged, Matilde García Duarte, estimó que la implementación de esta norma supondría un coste de 460 millones de euros para el sector. Además, alertó de que la medida podría desestructurar los convenios colectivos, socavando el valor del diálogo social que ha sustentado las relaciones laborales. La presión ejercida por las asociaciones y la coordinación de campañas de lobby reflejan el temor a que, de implementarse, la medida pueda conducir a un estancamiento salarial y a una pérdida de competitividad que afectaría no solo a la productividad,…
Concha Santos (ANCI): “Los fondos Next Generation no cubren la totalidad de la inversión necesaria y tienen un horizonte temporal acotado”  Pedro Fernández (CNC): “El Gobierno debe potenciar la imagen de las empresas españolas. No nos damos cuenta de que somos los mejores del mundo”  Seopan: “El presupuesto de obras sin ejecutar por el Estado se elevó hasta 3.683 millones en 2021 y la contratación pública por concesiones es prácticamente inexistente”  “La ingeniería española construye el mundo” es una frase recurrente que tiene su justificación en la cantidad de proyectos de infraestructuras internacionales en los que ha participado y colabora hoy España, como el Canal de Panamá o el AVE a la Meca. Sin embargo, esta buena posición en el terreno de las infraestructuras se puede ver perjudicada por el complicado panorama que se presenta actualmente y que todo apunta a que va a durar más de lo previsto.   Los precios de las materias primas no cesan de subir y la crisis geopolítica europea está provocando una inflación que no baja de las dos cifras. Falta mano de obra y las patronales reclaman más inversión en infraestructuras, además de que se escuche al sector constructor para no perder la posición global de liderazgo que tiene España. Capital analiza con las principales patronales de infraestructuras de nuestro país que posibles soluciones se pueden abordar ante esta incertidumbre.  Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC); Concha Santos, presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) y Seopan revelan cómo está afectando la subida de precios, cómo de importante es la colaboración público-privada y los fondos europeos y las ventajas y debilidades que tiene España en el ámbito de las infraestructuras. Abordamos con estos expertos otras claves como la escasez de mano de obra y la presencia de…