peajes

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado que las facturas de electricidad para consumidores reducirán significativamente en 2026. De acuerdo con las proyecciones ministeriales, se espera una disminución de entre un 4% y un 10%, debido a los ajustes en los costes regulados del sistema eléctrico y las previsiones del precio de la energía. Para los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC) se anticipa una baja del 4,66%, mientras que para las pymes con la Tarifa 3.0 TD será del 4,95%. En la industria, correspondiente a las Tarifas 6.xTD, la reducción alcanzará el 8,55%, y para los consumidores electrointensivos, un notable 9,91%. Impacto de peajes y cargos en las tarifas eléctricas Esta reducción en las facturas se origina en gran medida por la competitiva generación de energía renovable, que ha afectado positivamente el coste de la electricidad. A modo de referencia, el precio de la energía según OMIP, al 28 de noviembre, se establece en 56,7 euros/MWh, por debajo del promedio de 2025, que fue de 64,96 euros/MWh. Es importante destacar que tanto los peajes como los cargos experimentarán un incremento en 2026. La propuesta de la CNMC sugiere un aumento del 4% de los peajes para el próximo año. Por su parte, los cargos netos del sistema eléctrico se elevarán más de un 10% comparado con el 2025, principalmente debido al incremento en la demanda, según fuentes del sector consultadas por Europa Press. El importe total de los costes del sistema eléctrico para 2026 se estima en 8.510,447 millones de euros De estos costes, se prevén ingresos por 4.453,023 millones de euros provenientes de figuras impositivas y subastas de derechos de emisión de CO2. Esto deja un saldo de cargos netos a financiar por los consumidores de 4.057,424 millones de euros. Dentro del…
Una decisión del Tribunal Supremo ha generado un impacto significativo en la administración de peajes de autopistas en España. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fallado en contra del cobro de peajes íntegros cuando las autopistas se vean alteradas por obras. Esta resolución surge tras el análisis de una situación específica donde la autopista AP-9 sufrió problemas de tráfico debido a trabajos de mantenimiento. La concesionaria Autopistas del Atlántico (Audasa) deberá reembolsar los peajes cobrados en estas circunstancias. La decisión se alinea con la postura inicial del juzgado de primera instancia, que posteriormente fue revocada por la Audiencia Provincial de Pontevedra. El Tribunal Supremo condena a Audasa a cesar en la práctica abusiva de cobrar peajes íntegros sin informar a los usuarios oportunamente El Ministerio Fiscal presentó un recurso de casación al que se unieron los afectados, organizados en la asociación En-Colectivo y representados por BGI LAW. Esta sentencia implica que Audasa debe restituir los peajes cobrados, junto con los intereses legales, a los afectados que circularon por los tramos en obras y no recibieron la debida información. BGI LAW subraya la importancia de este fallo como jurisprudencia, sugiriendo que todas las concesionarias deberán considerar seriamente esta decisión al planificar obras en sus infraestructuras. Aquellos clientes que hayan conservado comprobantes podrán reclamar la devolución del importe pagado aunque no hayan participado activamente en el proceso judicial.
El fondo canadiense Brookfield Asset Management ha tomado la decisión de disolver y liquidar su subsidiaria de autopistas de peaje, Rutas de Lima. Este movimiento ocurre tras una drástica caída en los ingresos, superior al 60% en los últimos años, atribuida a «una serie de medidas arbitrarias y abusivas» impuestas por el Estado peruano, según comunicó la propia Rutas de Lima. La subsidiaria señala que las decisiones del Tribunal Constitucional peruano de eliminar el cobro de peajes en la Unidad de Peaje Chillón y en la estación de peaje de Conchán han afectado gravemente su viabilidad financiera. Además, critica el «repudio expreso de laudos arbitrales internacionales» por parte del gobierno peruano, que habían sido confirmados por la justicia federal de Estados Unidos, con un valor de más de 700 millones de soles peruanos (172 millones de euros). La serie de injustas y arbitrarias medidas del Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima Brookfield también acusa al alcalde limeño Rafael López Aliaga y otras autoridades de liderar una «continua campaña de hostigamiento y difamación» mediática y en redes sociales. López Aliaga, quien asumió el cargo prometiendo eliminar los peajes por considerarlos corruptos, es señalado como uno de los promotores de esta campaña. Ante esta situación, Brookfield ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado peruano, amparado en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, y reclama una compensación acorde al valor estimado de las autopistas, que asciende a 2.700 millones de dólares (2.303 millones de euros). Rutas de Lima fue adquirida en 2016 por Brookfield, por un valor de 430 millones de dólares (366 millones de euros) de la brasileña Odebrecht, una firma que posteriormente se vería involucrada en escándalos de soborno a lo largo de América Latina. A pesar de las múltiples acusaciones de…
El Canal de Panamá afrontará una reducción de ingresos significativos en el próximo año fiscal debido a la disminución de los peajes cobrados. Se estima que ingresará 400 millones de dólares menos que el presente ejercicio, con un total de 5.207 millones de dólares. Este descenso impactante está vinculado a una proyección de menor tráfico comercial a través de la vía interoceánica. Proyecciones económicas bajo presión Ricaurte Vásquez, administrador del Canal, destacó en una rueda de prensa que la caída se debe principalmente al contexto económico y a la guerra comercial iniciada por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump. Vásquez subrayó la volatilidad actual, afirmando: Estamos en unos momentos de extrema volatilidad, de altos niveles de incertidumbre que apuntan a una posible situación de disminución en el volumen de tráfico a través del Canal de Panamá Con una expectativa de hasta 1.200 tránsitos menos que el año anterior, el tráfico proyectado para este año implica aproximadamente 13.900 buques y una carga total de 520 millones de toneladas. Compromiso con el aporte nacional A pesar de la disminución en los ingresos, el Canal de Panamá planea entregar al Gobierno panameño 3.194 millones de dólares en el próximo ejercicio, lo que representa 400 millones más que en la actualidad. Vásquez apuntó que la infraestructura sigue siendo un pilar fundamental para la economía panameña, incluso en tiempos de retos globales.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento gallego que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto que establece bonificaciones en los peajes de la AP-53. Se prevé que estas medidas entren en vigor el 1 de mayo. Este anuncio se produce tras la aprobación hace dos semanas por parte del Gobierno central de las dotaciones económicas necesarias para implementar estas rebajas en la autopista que conecta Santiago con Dozón, en Pontevedra. Las bonificaciones en la AP-53 serán similares a las ya existentes en la AP-9. Para los vehículos ligeros que utilicen el telepeaje, se establecerá que los trayectos de vuelta dentro de un plazo de 24 horas serán gratuitos. Además, aquellos usuarios que realicen al menos 20 desplazamientos en un mes recibirán una bonificación adicional del 50 por ciento. Para los camiones, el descuento será del 50 por ciento en todos los recorridos, sin necesidad de cumplir con condiciones específicas. Según los plazos ofrecidos por Besteiro, se espera que en unos días se publique el real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si se sigue el modelo que se aplicó con la AP-9, las bonificaciones deberían estar en vigor el 1 de mayo, lo que permitiría a los usuarios recurrentes “pasar de pagar 280 a 70 euros al mes”, según los cálculos realizados por el líder socialista, quien ha destacado que estas bonificaciones fueron una importante “reivindicación de los socialistas gallegos” para la autovía, considerada “la gran olvidada” en el debate sobre precios de autopistas. La «primera competencia» que gana Galicia en 16 años de gobiernos del PP En otro ámbito, Besteiro también ha solicitado a la Xunta que opte por una negociación bilateral con el Gobierno central, en lugar de mantener…
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido contundentemente a la propuesta del Partido Popular (PP) para eliminar los peajes en la AP-9, destacando que esta medida no resolvería las actuales necesidades de comunicación para la entrada a la ciudad de Vigo. Durante una sesión de preguntas, Puente contestó a la senadora del PP, Nidia María Arévalo, y señaló que la alternativa propuesta por el Ministerio, un nuevo trazado en la A-52, afectaría únicamente a 25 viviendas, en contraposición a las 400 que alegan desde el PP. La postura del ministro sobre la AP-9 y la A-55 Puente enfatizó que la propuesta del PP «no cubre las necesidades de comunicación de entrada a la ciudad de Vigo», subrayando que el acceso actual se realiza principalmente a través de la A-55. Añadió que, independientemente de la eliminación de peajes, la AP-9 no podría sustituir la función de la A-55. Lo que usted propone es que se utilice la AP-9 como entrada para Vigo, y eso supone una auténtica yincana para cualquiera que conozca el territorio El ministro recordó que la prórroga del contrato de peajes en la AP-9 ocurrió en 2000, durante el Gobierno de José María Aznar, extendiéndose hasta 2048. En contraste, defendió que su administración ha levantado peajes en 4 de cada 10 kilómetros desde 2018, pero esto solo ha sido posible tras el vencimiento de los contratos con las empresas concesionarias. La respuesta del PP y preocupaciones sobre el nuevo trazado Por su parte, la senadora Arévalo argumentó que levantar el peaje de la AP-9 entre Vigo y Porriño «no cuesta ni de lejos» los 400 millones de euros que, según ella, implicaría el nuevo trazado planteado por el Ministerio, más los costes de las expropiaciones. Además, hizo un llamado urgente para la liberación del…
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha desmentido de manera contundente las afirmaciones publicadas el miércoles por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que indicaban que los buques estadounidenses tendrían acceso gratuito al Canal de Panamá. En una rueda de prensa, Mulino expresó su sorpresa ante el comunicado, al que calificó de «falsedad», al tiempo que explicó que existe una imposibilidad legal y constitucional para fijar, aumentar o retirar los peajes correspondientes en esta importante vía de navegación. Limitaciones constitucionales en el Canal de Panamá Mulino citó el artículo 76 de la ley que regula la Autoridad del Canal de Panamá y el artículo 319 de la Constitución panameña, que estipulan que «ni el Gobierno ni la Autoridad del Canal podrán exonerar del pago de estas tasas». Durante la rueda de prensa, enfatizó que cualquier intento de modificar los peajes sería un trasgresor de la Constitución nacional, afirmando: La situación no ha sido para nada agradable y en todo momento he conducido esto como deben conducirse las relaciones exteriores entre los dos países: de buena fe Además, Mulino mostró su «rechazo absoluto» a mantener relaciones bilaterales basadas en «mentiras y falsedades». Enfatizó que, aunque Panamá no es el primer país del mundo, tampoco es el último, y reafirmó la importancia de manejar los vínculos diplomáticos con seriedad. El presidente también manifestó su pesar por el malentendido, señalando que las conversaciones previas con altos funcionarios estadounidenses habían sido constructivas y resaltando que las diferencias en las tarifas del Canal no representan un impacto significativo en la economía de Estados Unidos. Una relación basada en la cooperación Mulino concluyó su intervención subrayando que hay muchas áreas de cooperación entre Panamá y Estados Unidos que trascienden el tema de los peajes, afirmando que estos no están quebrantando la economía panameña. La…
Los peajes de transporte, redes locales y regasificación de gas natural se aplicarán a partir del 1 de octubre y , con carácter general, se reducirán para la gran mayoría de consumidores. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la resolución por la que se establecen los peajes de transporte, redes locales y regasificación de gas natural para el año de gas octubre 2021-septiembre 2022, que serán de aplicación a partir del 1 de octubre y que, con carácter general, se reducen para la gran mayoría de consumidores. Así, a partir del mes de octubre, los peajes de entrada y salida de la red de transporte son diferentes en función del punto de entrada y salida, al objeto de fomentar una utilización eficiente de la red. En concreto, los peajes de entrada a la red de transporte aplicables en el año de gas 2021-2022 se reducen en media un 13,1% y los de salida un 4,3%. No obstante, la variación será diferente en función del punto de entrada o salida que se utilice, indicó el 'superregulador'. En lo que se refiere a los peajes de la actividad de redes locales aplicable a un consumidor, dependerá del volumen de gas consumido y no como hasta ahora, del nivel de presión al que se encuentre conectado el suministro de gas natural. Periodo transitorio Con carácter general, los peajes se reducen para la gran mayoría de consumidores. No obstante, para un colectivo de consumidores cuyos peajes aumentarían se ha implementado un periodo transitorio de adaptación hacia los nuevos peajes. Mientras, los peajes de la actividad de regasificación experimentarán aumentos para todos los servicios prestados en la planta, con la excepción de los peajes de regasificación, puesta en frío y licuefacción virtual, que se reducirán respecto de los vigentes.…
El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga". Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas. Basándose en la experiencia internacional, el Ejecutivo cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional es de entre dos y tres años. No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad. Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte. En este sentido, el Gobierno se escuda en varios elementos para justificar esta medida, siendo la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos. Déficit de 8.000 millones Sin embargo, la principal razón es el abultado déficit que arrastra la conservación de…
España camina tras la senda de Portugal. Si usted ha tenido ocasión de visitar recientemente el país vecino habrá advertido de la necesidad de registrarse al entrar en el país para asociar el número de su matrícula con el de una tarjeta bancaria. Este sistema permite que el usuario, sin detener la marcha, pague por el uso que haga de la red de autovías del país vecino, pues las autopistas continuan manteniendo los tradicionales  peajes. La instalación de cientos de portales con cámaras de televisión conectadas a un sistema informático encargado de realizar los cobros a las tarjetas permite al país luso cobrar por el uso de las autovías, una medida exigida por los "hombres de negro" de Bruselas, tras la intervención de la economía como consecuencia del rescate realizado a sus bancos. Pues bien, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez está detrás de poner en marcha un sistema similar en nuestro país y así, el españolito medio se verá obligado a pagar, pagar y pagar por viajar de un lugar a otro. Así, viajar de la ciudad hasta ese pueblito de veraneo, nos puede costar, dependiendo de lo que contamine nuestro vehículo, entre 10 y 25 euros por trayecto.  Viajar de la ciudad hasta ese pueblito de veraneo, nos puede costar, dependiendo de lo que contamine nuestro vehículo, entre 10 y 25 euros por trayecto ¿Se imaginan que viajar de Madrid a Extremadura, por la cochambrosa autovía, nos costara 15 euros sólo la ida? Pues bien,  el consejero delegado de Abertis, José Aljaro (una de las principales compañías gestoras de infraestructuras que podría llevarse más de un contrato multimillonario por el mantenimiento de estas vías) se posicionó este martes por un sistema de "peaje blando" para determinados recorridos y que, por ejemplo, un viaje entre Madrid y Badajoz cueste entre…