polémica

La empresa española CAF, con sede en Beasain, Guipúzcoa, ha logrado adjudicarse oficialmente el millonario contrato público en Bélgica para la fabricación de nuevos trenes, por un valor total de 1.700 millones de euros. Este contrato, cuya firma inicial desató una gran polémica en Bélgica, se materializa con un primer pedido de 180 vagones, lo que equivale a 54.000 plazas. La decisión de otorgar el contrato a CAF generó críticas por parte de sindicatos y políticos locales, ya que esperaban que la empresa francesa Alstom, que cuenta con varias fábricas en Bélgica, fuera la seleccionada. Sin embargo, el gestor público ferroviario del país, la SNCB, favoreció a la compañía vasca. Aunque esta decisión fue revocada temporalmente por el Consejo de Estado de Bélgica, al solicitar una justificación más detallada, finalmente CAF se mantuvo como la empresa adjudicataria. Compromisos de derechos humanos En medio de la controversia, CAF tuvo que enfrentar presiones adicionales por su participación en proyectos en la Palestina ocupada, ante lo cual la SNCB exigió garantías de que la empresa respetaba los derechos humanos e internacionales. CAF emitió un comunicado asegurando que su actividad en Cisjordania y su trabajo en el tranvía de Jerusalén beneficiaban a todas las comunidades, tanto judías como árabes. A pesar de ello, la empresa sigue incluida en una ‘lista negra’ de la ONU debido a su participación en proyectos en territorios ocupados. Este viernes, la SNCB ha comunicado que ya ha adjudicado oficialmente a CAF el contrato y que ha realizado un primer pedido significativo, con entrega estimada de los vagones en 2030. Además, las partes han firmado un contrato marco que permitiría extensiones futuras del encargo, alcanzando potencialmente hasta 170.000 plazas y aumentando el valor total a 3.400 millones de euros en los próximos 12 años.
El magnate tecnológico Elon Musk ha desatado una controversia este sábado al proponer la «abolición» de la Unión Europea. Este polémico llamado surge tras calificar el sistema burocrático del bloque como un ente que «está asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte». Las críticas de Musk llegaron después de que la Comisión Europea anunciara una multa de 120 millones de euros contra la red social que él dirige. La sanción se debe al «diseño engañoso» de la marca azul de verificación de cuentas, que, aunque buscada por muchos usuarios como sello de autenticidad, mantiene un acceso discrecional en violación de las demandas de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). No solo la verificación fue motivo de la multa. Bruselas también ha detectado irregularidades en la transparencia de los anuncios y en el acceso a datos por parte de investigadores, agravando el conflicto entre Musk y la Unión Europea. En una serie de mensajes directos, Musk acusó a la Comisión Europea de adorar «al dios de la burocracia», sugiriendo que esta asfixia se traslada al pueblo de Europa. Según sus declaraciones, «la burocracia de la Unión Europea» está acabando con el viejo continente. En una declaración aún más audaz, Musk afirmó que la UE debería ser abolida para devolver la soberanía a los países individuales, con el fin de que los gobiernos puedan representar mejor a sus ciudadanos. Elon Musk instó a que «la UE debería ser abolida y la soberanía debería ser devuelta a los países individuales» El multimillonario concluyó sus comentarios fijando este mensaje en la cabecera de su cuenta de redes sociales, un lugar prominente donde sus casi 230 millones de seguidores pueden leerlo de primer plano. Esta serie de declaraciones ha comenzado a generar un intenso debate sobre el papel de la…
La medida suscita polémica entre miembros del sector, que la ven como una amenaza Los supermercados consideran "inaplicable" la medida propuesta por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de aplicar la Ley del Comercio Minorista para fijar los precios de los productos de alimentación, ya que creen que sería "muy mala" para el sector productor. "Es una idea que está encima de la mesa de la vicepresidenta Yolanda Díaz desde septiembre. Se trata de una Ley que se ha aplicado en algunas ocasiones como para establecer el precio único de las mascarillas, pero el sector alimentario es muy complejo y sinceramente la veo inaplicable", ha asegurado el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, en declaraciones al canal '24 horas' de RTVE, que recoge Europa Press. El directivo de la patronal de supermercados, que tiene entre sus asociados a Mercadona, Lidl, Coviran o Dia, entre otros, ha señalado que sería "muy complicado" establecer qué productos limitar el precio. "Lo ha explicado el Gobierno, que eso sería muy malo para el sector. Somos de los primeros productores de alimentos del mundo y principales exportadores. Fijar unos límites de precios probablemente les condenaría a problemas de rentabilidad y abastecimiento no solo a los distribuidores sino también a los productores", ha señalado. "La cadena alimentaria ha mantenido los precios de la alimentación estables en los últimos 20 años" Cuestionado si los supermercados estarían dispuestos a negociar una cesta básica de compra, García Magarzo ha explicado que los precios de la alimentación "subieron mucho más tarde que el IPC porque la competencia hizo que los márgenes de toda la cadena soportara un incremento de costes muy importante". "La buena noticia es que esos factores que tensaban al alza los precios están bajando", ha recordado. Por otro lado, ha lamentado…
Artículo publicado en el número de enero de la revista Capital, que puede adquirir en el quiosco o en este enlace: https://bit.ly/2NFNGmG ]]>