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El Pleno del Senado ha dado luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible este miércoles, incorporando más de ochenta enmiendas propuestas por el Partido Popular (PP). Entre las modificaciones destacan la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares, la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena y la reintroducción de la política de indemnizaciones por retrasos de Renfe. Tras la aprobación en el Senado, el texto se ha remitido al Congreso, donde las nuevas enmiendas serán sometidas a votación durante la sesión plenaria de la próxima semana. Una vez conseguido el consenso necesario, la ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su validación definitiva. La comisión previa del Senado que evaluó el dictamen de la ley aprobó el texto, con la mayoría absoluta del PP y la abstención de Junts, ERC y PNV. Durante el pleno, aunque los 145 senadores del PP optaron por abstenerse, 113 senadores votaron a favor, incluyendo los 88 del PSOE, mientras que Vox se posicionó en contra. En su paso por el Congreso, la ley ya había contado con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, mientras que PP, Vox y UPN votaron en contra, y Podemos se abstuvo. El PP se ha enfocado en devolver al Congreso algunas propuestas clave, como la derogación del calendario para cerrar las centrales nucleares. Es relevante recordar que en febrero el Congreso ya había adoptado una postura similar mediante una proposición no de ley. Además, el PP aboga por reintroducir las indemnizaciones por retrasos en Renfe, lo cual implicaría que los pasajeros reciban el 50% del precio del billete si el tren llega más de 15 minutos tarde y el 100% si se retrasa más de 30 minutos. Cabe señalar que, en septiembre, un 16,2%…
El Partido Popular (PP) está listo para utilizar su mayoría absoluta en el Senado con el fin de aprobar un conflicto de atribuciones contra el Gobierno este miércoles. La maniobra busca obligar al Ministerio de Hacienda a presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes. Este paso podría alcanzar en última instancia el Tribunal Constitucional, según el orden del día del Pleno del Senado al que ha tenido acceso Europa Press. Esta iniciativa marca el séptimo conflicto institucional que el PP impulsa en el Senado, un hecho sin precedentes antes de la legislatura actual. Gracias a su mayoría en la Cámara Alta, el PP está en posición de asegurar el avance de esta propuesta. Si se aprueba, el conflicto será adoptado por la Cámara y remitido al Gobierno, que tendrá un mes para responder o no, lo cual puede llevar a elevar el asunto al Tribunal Constitucional. Las razones detrás del conflicto El PP insiste en que el Senado no debe admitir ni tolerar el incumplimiento de la obligación constitucional del Gobierno de presentar un presupuesto. Considera que la práctica fraudulenta de modificar el presupuesto al margen del Parlamento contradice el principio de legalidad presupuestaria. Esta forma de proceder recuerda la situación de 2020, cuando el Gobierno mantuvo prorrogados los presupuestos de 2018 debido a la pandemia de COVID-19. La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020. El PP argumenta que no existe justificación actual para no presentar los Presupuestos, más allá de la falta de consenso con fuerzas parlamentarias. Destacan también que los motivos políticos no pueden justificar la omisión del cumplimiento de obligaciones constitucionales por parte del Gobierno, lo cual…
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular (PP), Alma Ezcurra, ha lanzado duras críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de utilizar la vivienda como una «arma de pelea política». Ezcurra subraya la aparente incapacidad del Ejecutivo para resolver el problema de la vivienda después de siete años en el poder. La afirmación de Ezcurra viene tras el anuncio de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien adelantó que habrá una reunión con las comunidades autónomas para discutir el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Según Rodríguez, este encuentro busca fomentar acuerdos que incluyan a los consejeros de vivienda de las distintas regiones, excepto en el caso de Madrid. Al respecto, la ministra ha expresado su confianza en que se podrá alcanzar un consenso, afirmando que muchas comunidades se han mostrado «favorables» al diálogo. Sin embargo, Ezcurra destaca que el Gobierno de Sánchez, quien ha fallado en solucionar la problemática habitacional durante siete años, ahora acude a las autonomías pidiendo acuerdos. Un Gobierno que «utiliza la vivienda como arma de pelea política no puede venir a pedir consensos entre las comunidades autónomas» , declaró Ezcurra en rueda de prensa. La representante del PP enfatiza que son las comunidades autónomas, especialmente Madrid, quienes están tomando la iniciativa en la solución del problema de la vivienda. Según Ezcurra, las acciones del Gobierno son contradictorias y generan más desconcierto, pues pide colaboraciones que no ha sabido establecer desde su posición central durante años. Apuntó además que la presión sobre las comunidades por parte de la sede central del PP en Génova no existe, y que estas regiones han estado promoviendo soluciones efectivas desde sus distintas diligencias.
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han manifestado su descontento tras la votación en el Congreso que impidió reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Este proyecto fue rechazado debido a la suma de votos de PP, Vox y Junts. Sin embargo, ambos líderes sindicales han asegurado que continuarán luchando en las calles a través de movilizaciones y presiones políticas para lograr la aprobación de esta medida. Álvarez y Sordo han criticado el resultado final de la votación, acusando a PP, Vox y Junts de bloquear la tramitación de la normativa en el Parlamento. Destacaron, además, que dicha acción impide debatir y modificar el proyecto según las sugerencias de los grupos parlamentarios. Álvarez ha declarado que el argumento de Junts es «mentira», afirmando que el partido asegura apoyar la reducción de la jornada laboral, pero no bajo los términos propuestos por la vicepresidenta Yolanda Díaz El secretario general de UGT sugirió que, si Junts realmente apoyara la medida, habrían podido aportar mejoras durante el proceso de enmiendas parlamentarias. En la misma línea, Unai Sordo añadió que el protocolo habitual debería haber sido permitir que el proyecto progresara para después introducir las enmiendas pertinentes. Compromiso con la movilización Sordo calificó la decisión de bloquear la tramitación como algo de «muy poca calidad democrática» Ambos sindicalistas reiteraron su compromiso de seguir luchando por la reducción de la jornada laboral, una causa que consideran fundamental. Anunciaron que se organizarán nuevas movilizaciones callejeras para contrarrestar lo que llaman el «secuestro» del debate por parte de «las tres derechas». Los sindicatos ven en este proyecto un punto de partida hacia la próxima meta de 32 horas semanales de trabajo.
El primer pleno del nuevo periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados, celebrado recientemente, fue escenario de una notable intervención del portavoz adjunto del PP, José Vicente Marí Bosó. Durante la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, Marí Bosó expresó su oposición al incremento del 6% en las tasas aeroportuarias. Este aumento ha sido una preocupación central para el Partido Popular, especialmente en relación con los problemas que enfrenta el sistema de descuento de residentes y la situación de los servicios aeroportuarios en Mallorca. Marí Bosó expresó duras críticas respecto al manejo actual de Aena, asegurando que se ha convertido «en una caja registradora» debido a los espacios comerciales y de publicidad, lo que ha llevado a un deterioro del servicio aeroportuario. A pesar de las continuas intenciones de aumentar las tasas, destacó que la legislación previa del PP ha frenado estas subidas. Durante su intervención, el portavoz del PP sugirió al ministro Puente que presente una disposición legislativa que no obligue a aumentar las tasas, asegurándole su apoyo en tal caso. Un enfoque que subraya la disponibilidad del partido para colaborar en medidas que beneficien al sector. Marí Bosó no escatimó en críticas hacia las políticas del Gobierno sobre transporte público, calificándolas de fracasadas. Subrayó el deterioro notable en diversas infraestructuras y servicios tras siete años de implementadas dichas políticas. En particular, señaló la situación en Baleares, donde criticó la eliminación de convenios de carreteras y la infrafinanciación de los convenios ferroviarios. La incapacidad presupuestaria del Gobierno pone en peligro la movilidad de los ciudadanos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla Las acusaciones de incapacidad del Gobierno, según Marí Bosó, amenazan con perjudicar a los ciudadanos de las regiones mencionadas, debido a los retrasos en el pago del descuento de residentes. La apasionada intervención de Marí…
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anticipado que su propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales será bloqueada en el Congreso debido al rechazo frontal de PP, Vox y Junts. Estas formaciones han decidido presentar enmiendas de totalidad para retornar el proyecto al Gobierno, aprovechando su mayoría conjunta de 177 escaños. En este contexto, Díaz ha lanzado una dura crítica, especialmente dirigida al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La ministra marcó la importancia del respaldo ciudadano al proyecto indicando: «El señor Feijóo, a quien le felicito su cumpleaños, va a dar una sonora bofetada a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, de nuestro país». Vamos a ganar, probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan en la calle Díaz ha enfatizado que esta posible derrota en el Congreso no significará el fin de sus esfuerzos, garantizando que el texto volverá al Parlamento. «Se va a ganar, porque hay luchas que son imparables», afirmó con convicción, insistiendo en su llamado a la movilización ciudadana. Respondiendo al llamado de la ministra, los sindicatos CCOO y UGT han convocado manifestaciones en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso, para demostrar su rechazo a la postura de PP, Vox y Junts. Es un momento crítico para la clase trabajadora que busca defender sus derechos en un escenario legislativo adverso.
El Pleno del Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar hoy las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, que buscan devolver al Gobierno el proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Estas formaciones políticas cuentan con una mayoría absoluta combinada que podría resultar decisiva para frenar el avance de la norma. El proyecto en riesgo: la votación decisiva en el Congreso Los líderes del PP, Vox y Junts han presentado enmiendas por separado, pero coinciden en su objetivo de devolver el texto al Ejecutivo. La votación será única y, con una suma de 177 diputados, estas formaciones podrían neutralizar la iniciativa impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. El PSOE había manifestado su interés por extender el plazo de negociaciones, pero Sumar aceleró el cierre de las enmiendas en junio. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo esperaba lograr un acuerdo con Junts para retirar su veto, intento que no ha prosperado, ya que Junts confirmó que seguirá con su decisión de rechazar el proyecto. Implicaciones y respuestas de los actores políticos y sociales El Gobierno, pese a anticipar una posible derrota, no tiene intención de retirar la norma y ve necesario que las demás formaciones muestren su posición. La vicepresidenta Díaz y Patxi López, portavoz del PSOE en la Cámara Baja, han comunicado que, en caso de que la ley sea rechazada, llevarán el proyecto de nuevo a la Cámara, aunque esto retrasaría la tramitación al requerirse un nuevo texto. Tanto CCOO como UGT, encabezados por Unai Sordo y Pepe Álvarez respectivamente, han convocado una concentración en Madrid para presionar por la reducción de la jornada laboral, acompañada de manifestaciones en varias comunidades y provincias españolas. Los líderes sindicales han enfatizado la importancia de reducir la jornada en alrededor de 15…
El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales enfrentará una votación crucial el próximo miércoles, 10 de septiembre, en el Pleno del Congreso de los Diputados. Durante esta sesión, se debatirán las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, quienes han solicitado la devolución del proyecto al Gobierno. Esta información fue confirmada por fuentes parlamentarias a Europa Press tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Los tres partidos, aunque han presentado textos distintos, se unifican en una sola votación al coincidir en su intención de devolver el proyecto. Con una mayoría absoluta conjunta de 177 diputados, el bloque formado por PP, Vox y Junts podría frenar esta iniciativa clave promovida por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Si el proyecto no supera esta votación, la ley se retiraría del Congreso, obligando al Gobierno a reiniciar su elaboración. Inicialmente, el Ministerio de Trabajo esperaba que esta votación se realizara en julio. Sin embargo, las negociaciones con Junts para que retirara su enmienda y alcanzara un acuerdo llevaron a aplazar el debate hasta después del verano. La postura final de Junts sigue sin confirmarse, lo que mantiene la situación en vilo. El proyecto ya no admite más aplazamientos porque se trata de una norma que más de doce millones de personas están esperando para trabajar menos y vivir mejor Desde el Ministerio de Trabajo insisten en la urgencia de la medida, argumentando que la ciudadanía ya ha expresado su deseo de implementar esta reducción de la jornada laboral tanto en protestas como en los lugares de trabajo. «El Gobierno ya ha hecho su trabajo», declaran, enfatizando que ahora es responsabilidad de los grupos políticos transformar ese consenso social en un acuerdo parlamentario. Ahora corresponde a los grupos políticos convertir ese consenso social en un…
La reciente iniciativa del Partido Popular (PP) en el Congreso ha generado un debate significativo en torno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. A través de una proposición no de ley (PNL), el PP ha instado al Gobierno a presentar de forma urgente un proyecto de presupuestos, haciendo especial énfasis en que se explique el gasto en Defensa, el cual, según el partido, está siendo escondido a los ciudadanos y a los aliados parlamentarios. El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha sido una de las voces más críticas sobre este asunto. Según Bendodo, el hecho de que el año pasado el Ejecutivo no presentase un proyecto de PGE se debió a la falta de apoyos parlamentarios. Esto, a su juicio, es un indicador claro de que el Gobierno «no puede seguir gobernando». En declaraciones recientes, Bendodo cuestionó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su «ausencia» en el mes de agosto. ¡Vaya responsabilidad de un Gobierno en no cumplir la norma más importante que tenemos los españoles, que es la Constitución! El vicesecretario del PP subrayó que la Constitución obliga al Gobierno a presentar un presupuesto general, llevarlo a las Cortes y buscar su aprobación a través del diálogo parlamentario. Según él, la falta de apoyos debería llevar a la disolución de las Cortes y convocar elecciones. A pesar del compromiso del Gobierno de presentar un nuevo proyecto en el Parlamento para 2026, el PP busca forzar una votación para que esto ocurra de manera urgente. Esto incluiría la unificación de las reglas fiscales y la creación de un plan económico-financiero para toda la Administración General del Estado. Cabe destacar que en mayo, el Congreso aprobó una moción del PP exigiendo la presentación de los Presupuestos Generales, respaldada por…
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha solicitado al Gobierno explicaciones detalladas sobre lo que consideran un «colapso» en Correos durante la temporada de verano, debido a la falta de contrataciones de personal temporal. Este asunto ha cobrado relevancia tras recibir numerosas quejas de los sindicatos de Correos, que alertan sobre la casi nula contratación para suplir las vacaciones del personal permanente, incidiendo negativamente tanto en las condiciones laborales de la plantilla como en el servicio postal que se ofrece al público. CCOO, uno de los sindicatos más vocales en este asunto, ha denunciado una política de «contratación cero» por parte de Correos en varias provincias, entre ellas Lugo, Asturias, Zaragoza, Alicante, Cantabria, La Rioja, León, Zamora, Barcelona y Jaén. Estas limitaciones han dejado a muchos centros de trabajo al borde del colapso operativo. La ausencia de contratación está dejando centros colapsados, provocando retrasos generalizados y una imagen pública de Correos muy deteriorada en los medios de comunicación De acuerdo con el texto presentado por el PP, esta situación reproduce un patrón que ya se observó en veranos anteriores. En este contexto, el partido cuestiona si Correos es consciente del «generalizado malestar» que afecta a sus trabajadores debido a la incapacidad para gestionar adecuadamente las bajas por vacaciones, lo que, en su opinión, imposibilita unas cargas de trabajo asumibles y perjudica seriamente la prestación de los servicios postales. Entre las cifras más alarmantes destacan las reducciones en diversas oficinas: las de Jaén operan al 25% de su capacidad habitual, mientras que en Barcelona los recortes de personal alcanzan el 60% y en Alicante la disponibilidad es inferior al 40%. Esta situación ha generado un cúmulo significativo de cartas y notificaciones sin procesar. La pregunta que plantea el PP al Gobierno es si existen planes inmediatos para abordar este problema…