precariedad laboral

En una jornada de protestas, la Plataforma Ciudadana por la Dignidad de los Autónomos ha tomado las calles de 21 ciudades españolas este domingo 30 de noviembre. Entre sus demandas principales destacan la exención del IVA hasta 85.000 euros y la eliminación del papel de los autónomos como recaudadores del Estado. Las manifestaciones se han desarrollado en lugares tan diversos como Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia, por mencionar algunos. Jéssica Garrido, coordinadora de la Manifestación Nacional de Autónomos, expresó en Valencia que los autónomos buscan obtener «los derechos básicamente que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena». Subrayó la precariedad laboral al afirmar que, a pesar de sus contribuciones, carecen de derechos fundamentales como los de bajas por enfermedad o maternidad, y no tienen derecho a huelga. «Yo no soy empleada pero trabajo 24/7», destacó Garrido. La organización, que se define como un colectivo ciudadano independiente, sin afiliaciones partidistas, demanda cuotas de autónomos proporcionales a los ingresos reales mensuales y una reforma completa del cese de actividad (el conocido ‘paro del autónomo’). Otras peticiones incluyen sustituciones por baja médica o por cuidado familiar con cotización reducida, derecho al duelo y protección social al nivel de los trabajadores asalariados. Si no hay autónomos no hay país, no hay riqueza En Valencia, una de las principales ciudades que acogió estas protestas, los participantes exigieron unas «condiciones dignas» para los autónomos, reflejando su descontento con frases como «manos arriba, esto es un atraco» y «unos robando, otros trabajando». Durante la manifestación, los líderes del colectivo hicieron hincapié en la necesidad de una simplificación real de la burocracia y solicitaban el fin del lenguaje incomprensible en los trámites administrativos. La plataforma también aboga por la protección del patrimonio personal y del hogar familiar, la libertad en el pago en efectivo, y una competencia…
El reciente informe de Turismo en España 2025, presentado por CC.OO. Servicios, arroja luz sobre la precariedad laboral que sufren las mujeres en este sector. Según el documento, la brecha salarial entre hombres y mujeres oscila entre el -13% y el -15%, un problema persistente que afecta a un sector con aproximadamente 3,2 millones de afiliados a la Seguridad Social. Uno de los segmentos más afectados por esta situación es el de la restauración, donde las mujeres perciben un salario anual de 14.000 euros brutos. Esta cifra representa un 48% menos que el salario medio en España, que asciende a 27.200 euros, y se sitúa un 15% por debajo del salario mínimo interprofesional. El informe de CC.OO. señala que las mujeres constituyen el 57% de la plantilla en el sector turístico, y el 29% son migrantes. Precisamente por ser mujeres, mujeres extranjeras, mujeres mayores de 45 años o todavía jóvenes, y mujeres que desempeñan profesiones tradicionalmente menospreciadas y con escaso o nulo reconocimiento social, se les convierte en un colectivo discriminado en el mercado de trabajo El sector hotelero tampoco escapa a esta realidad. Las trabajadoras, a menudo invisibilizadas, enfrentan altas cargas laborales, jornadas prolongadas y turnos en días festivos y fines de semana, todo ello sin recibir el debido reconocimiento social o una remuneración justa. El sector de hoteles está conformado mayoritariamente por trabajadoras a menudo invisibilizadas, pese a que soportan grandes cargas de trabajo En resumen, el informe de CC.OO. Servicios subraya la necesidad urgente de abordar estas desigualdades y mejorar las condiciones laborales para las mujeres en el sector turístico, con el fin de combatir la discriminación de género, raza y edad.
La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) ha calificado de "rotundo fracaso" el proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que buscaba reducir la temporalidad en el empleo público. Según la organización, lejos de solucionar el problema del abuso de la temporalidad en las administraciones públicas españolas, el proceso ha generado frustración entre miles de interinos y ha evidenciado deficiencias estructurales. En particular, Ansiti resalta que los resultados del proceso de estabilización en la Administración Local han sido "decepcionantes". La conversión de puestos interinos en plazas fijas ha sido mínima, dejando a casi la mitad de los interinos en una situación de precariedad laboral con amenaza de ceses. Lorenzo Campillo, presidente de Ansiti, señaló que el actual sistema no ha sabido valorar la trayectoria de compañeros con décadas de experiencia, con datos que reflejan que un preocupante 46% de los interinos, 470 personas, quedarán fuera del proceso de estabilización a pesar de estar en situación de abuso de temporalidad. Es crucial adoptar medidas que garanticen la estabilidad laboral de miles de profesionales que sostienen el funcionamiento de la administración pública, evitando así nuevas condenas europeas La situación no solo tiene implicaciones nacionales, sino que también subraya el incumplimiento de España con las directrices de la Unión Europea en materia de temporalidad. Ansiti destaca que, en comparación con el resto de países de la UE, los trabajadores interinos españoles están discriminados, siendo España el único país que no ha transpuesto la Directiva europea 1999/70/CE. Campillo insta al Gobierno a reflexionar sobre los resultados y a atender las demandas de los interinos. Convertir esas plazas en fijas o indefinidas implica un reconocimiento de su experiencia y antigüedad, garantizando la estabilidad laboral Ansiti aboga por una modificación de la normativa que evite futuros abusos en la…
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado al Gobierno a eliminar la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y a establecer sanciones ejemplares para los gestores públicos que hagan un uso indebido de la temporalidad. Esta solicitud se realiza en el contexto del recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea debido, entre otros motivos, al incumplimiento del mandato de reducir la temporalidad, que actualmente se encuentra estancada en el 30%, mientras la Ley establece un límite del 8%. Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores de nuestras administraciones CSIF ha subrayado que los gestores públicos que incumplan el límite de temporalidad establecido deben ser sancionados y asumir responsabilidad civil, debido a la precariedad laboral que afecta a numerosos trabajadores en las administraciones. Además, el sindicato ha resaltado que la tasa de reposición, mantenida por el Gobierno en la próxima oferta de empleo, obliga a recurrir a puestos temporales en sectores vitales como la sanidad y la educación. El sindicato ha solicitado una reunión urgente con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, con el objetivo de abordar las condiciones laborales del sector público, prestando especial atención a la temporalidad y a la congelación de las nóminas. Según CSIF, el Gobierno debe incrementar un mínimo del 2,8% los salarios para alinearlos al IPC registrado el año anterior, destacando que está pendiente una subida media de 374 euros por empleado público, lo que representa unos 1.112 millones de euros retenidos.
El Sindicato Ferroviario ha anunciado cinco jornadas de huelga en Logirail, una filial de Renfe, como protesta ante lo que consideran una «aberración» de las condiciones laborales que sufren. Esta empresa cuenta con una plantilla de alrededor de 4.000 trabajadores. Los paros parciales están programados para los días 13, 20 y 27 de junio, así como el 1 y 2 de julio, entre las 12:00 y las 16:00 horas. Durante estas jornadas de huelga, se verán afectados servicios cruciales como el control y la venta de billetes, así como la atención al cliente. Además, también se paralizarán otras actividades como las maniobras de mercancías, la circulación del Trambaia de Cádiz, las reparaciones de vehículos en talleres y varias tareas administrativas y tecnológicas. Este paro también afectará a los servicios de seguridad en cabinas de conducción y a las operaciones de entrada y salida de trenes de los talleres. Vergüenza debería darle al ministro de Transportes (Óscar Puente), al presidente de Renfe (Álvaro Fernández) y a los directores y directoras generales que forman parte del consejo de administración de Logirail, de tener en pleno siglo XXI, con un Gobierno supuestamente progresista, una aberración laboral como tienen con Logirail El Sindicato Ferroviario sostiene que la plantilla de Logirail realiza servicios similares a los del resto del Grupo Renfe, pero con un salario de «menos de la mitad», unas condiciones de trabajo casi «leoninas», una alarmante «ausencia de derechos» y «graves vulneraciones» de los que existen. Por su parte, CCOO ha convocado recientemente movilizaciones en Logirail para denunciar la «precariedad laboral» de la empresa. El sindicato insiste en que las tablas salariales deben revisarse con cada aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), reflejando su preocupación por las inadecuadas condiciones laborales que, según ellos, persisten en esta empresa pública.
Casi un 40% de las mujeres trabaja en sectores en los que la caída de la remuneración de los asalariados ha sido mayor durante la pandemia, bien por despidos, por prolongación durante muchos meses de los ERTE o por recibir unos salarios más bajos al reducirse la actividad. Así lo refleja el informe 'Género y desigualdad laboral: La brecha salarial como indicador agregado', de los economistas Reyes de Blas y Bruno Estrada, presentado este jueves por la Fundación Alternativas. Aunque aún no hay datos sobre la evolución de los salarios por género durante 2020, los expertos señalan que se pueden extrapolar conclusiones provisionales a partir de resultados de evolución sectorial de la remuneración de los asalariados, que se ha reducido en un 6,3% de media anual en 2020, según la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) del INE. Así, el informe destaca que el grupo que más ha visto reducir la remuneración de los asalariados durante 2020 en relación con 2019 ha sido el compuesto por comercio, transporte y hostelería, con un 16,3%. En el sector del comercio al por menor, las mujeres representan el 61,6% del empleo del sector, y en hostelería, el 51,5%. El segundo grupo en el que más se ha reducido la remuneración de los asalariados en 2020 ha sido el de actividades artísticas, recreativas, de entretenimiento y otros servicios (incluidas las empleadas de hogar), donde lo ha hecho en un 12,1%. En estos sectores las mujeres representan un 68% del total de ocupados. Según el Joint Research Centre de la Comisión Europea, estos dos sectores mencionados, que cerraron sus actividades durante las medidas estrictas de confinamiento de la primavera de 2020 (y que en gran medida han visto restringida su actividad con posterioridad) y en los que hay una presencia laboral mayoritaria de mujeres, tenían…
Iglesia por el Trabajo Decente ha denunciado el impacto que la precariedad laboral tiene en la juventud, abocada a unas condiciones de "pobreza crónica"; en las familias, "que no pueden garantizar sus necesidades básicas", y en los mayores, que perciben "unas pensiones indignas". Así lo indicaron, ante la celebración del 1º de Mayo, las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD): Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC). Estas organizaciones unen sus voces, por segundo año consecutivo, para "celebrar el sentido creador del trabajo" y reclamar la erradicación de "la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones labores y que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias". Iglesia por el Trabajo Decente ha subrayado que más de 12,3 millones de personas, el 26,6% de la población española, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. El 14,1% de las personas ocupadas son personas trabajadoras pobres, según datos del ‘Informe Arope’ de 2018. Más de 12,3 millones de personas, el 26,6% de la población española, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social En el manifiesto "Priorizando a las personas, descartamos la indecente precariedad", elaborado con motivo de esta fiesta de los trabajadores y de San José Obrero, recuerdan que "el trabajo decente, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un elemento imprescindible para la justicia social y la cohesión de toda la humanidad". Estas entidades de la Iglesia denuncian los "graves efectos" que la precariedad laboral está teniendo en “la juventud, hundida en una pobreza crónica que le imposibilita un proyecto de vida”; en "las familias, cuyas necesidades básicas quedan sin asegurar o sin cubrir, como son el…