prórroga

EH Bildu ha anunciado un importante acuerdo con el Gobierno central para extender varias medidas sociales cruciales. El acuerdo prevé la prórroga hasta 2026 de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, el impedimento de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), y un aumento en el monto del bono social eléctrico. Estas medidas iban a expirar el próximo 31 de diciembre, pero gracias al convenio alcanzado, se mantendrán vigentes al menos hasta finales de 2026. EH Bildu ha adelantado que el acuerdo se detallará en una comparecencia en Bilbao, subrayando que estas medidas son la culminación de un trabajo discreto y constante, impulsado por la presión de diversos colectivos sociales. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha descrito este pacto como uno que recoge «los tres pilares fundamentales, reclamados por las mayorías sociales y diversos colectivos». El mantenimiento de estas medidas sociales de calado es fruto del trabajo discreto y constante y la presión de diversos colectivos sociales Este acuerdo es visto como un paso vital para ofrecer una protección básica a miles de hogares vulnerables en Euskadi, Navarra y el resto del Estado. Mertxe Aizpurua destacó que con este acuerdo, EH Bildu reafirma su compromiso de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vasca y del conjunto de trabajadores del Estado. EH Bildu ha manifestado su compromiso de continuar trabajando a lo largo de la legislatura para avanzar en la mejora de los derechos laborales, la alimentación y la vivienda, que considera pilares fundamentales para una vida digna. Según la formación, estos logros son resultado de «poco ruido y mucho trabajo». Con este acuerdo, volvemos a reafirmar y reiterar con hechos nuestra voluntad de mejorar las condiciones de vidas de la ciudadanía vasca La organización subraya que este compromiso…
Las principales compañías energéticas Iberdrola, Endesa y Naturgy han manifestado su disposición al Gobierno para extender el plazo de cierre de la central nuclear de Almaraz, cuya primera clausura está proyectada para 2027. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta es la primera vez que las propietarias de la planta remiten una carta conjunta al Gobierno, expresando su intención de prolongar la vida útil de Almaraz. A pesar de la misiva, fuentes del Ministerio destacaron que no se ha notificado ninguna actuación específica ni se ha alterado la postura gubernamental. Cualquier propuesta de ampliación debe cumplir con tres lineamientos clave: garantizar la seguridad radiológica de los ciudadanos, no incrementar los costos para ellos y asegurar el suministro sin inconvenientes. En el mes de junio pasado, Endesa e Iberdrola ya habían presentado una solicitud similar al Ministerio para extender la vida útil de las centrales nucleares, la cual fue respondida con las citadas condiciones. La petición de junio no incluía a Naturgy ni a EDP, las otras dos empresas que firmaron el protocolo de cierre en 2019 junto a Enresa. Recientemente, Iberdrola, Endesa y Naturgy decidieron avanzar en la presentación formal de una solicitud de continuidad para la central de Almaraz al Ministerio, antes de remitir la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Iberdrola, como principal accionista con un 53%, afirmó su compromiso hacia esta ampliación, así como sus socios. Las empresas han defendido que la extensión beneficiaría económicamente a los consumidores, aseguraría el suministro y fortalecería la autonomía estratégica del país. Naturgy respalda la extensión hasta 2030, señalando la necesidad de replantear el futuro nuclear en España. La fiscalidad nuclear es un tema central en estas discusiones, con propuestas recientes de la Junta de Extremadura para reducir la ecotasa autonómica, buscando asegurar la…
La Comisión Europea ha concedido a España una prórroga de seis semanas para responder al expediente de infracción relacionado con los poderes discrecionales del Gobierno en ciertos aspectos de la legislación española. Esta decisión responde a una solicitud formal hecha por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Las dudas del Ejecutivo comunitario abarcan desde la interpretación actual de dos normativas europeas hasta si la intervención del Gobierno en operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell responde a un verdadero motivo de interés general. Bruselas también cuestiona la validez de escalar decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros en asuntos bancarios. Este proceso no afectará en la práctica a la operación de BBVA sobre el Sabadell, ya que lo que preocupa a la Comisión es cómo la legislación española no está lineada con el Derecho de la UE. Desde su aprobación, normativas como la ley de Defensa de la Competencia, que data de 2007, y la ley de Solvencia de las Entidades de Crédito de 2014 han sido aplicadas en múltiples ocasiones, según el Ministerio de Economía español. Sin embargo, ahora el gobierno ha asegurado que colaborará constructivamente para aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica con Bruselas.
El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes la propuesta de la Comisión Europea para prorrogar dos años la obligación vigente de los Estados miembro de tener sus instalaciones de almacenamiento de gas al 90% de su capacidad antes del invierno. Sin embargo, se permitirá a las capitales desviarse del objetivo si hay disrupciones en el mercado. La decisión fue aprobada por los eurodiputados con 542 votos a favor, 109 en contra y 30 abstenciones. Este proyecto de ley se enviará al Consejo para su aprobación formal antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Además, el Parlamento respaldó algunos de los cambios del Consejo respecto a la propuesta original, lo cual permitiría a los Estados desviarse un 10% del objetivo vinculante bajo condiciones de mercado desfavorables. En situaciones donde la producción nacional de gas exceda el consumo medio anual de los dos años anteriores, o si hay tasas de inyección lentas en instalaciones con capacidad superior a 40 TWh, las capitales podrán desviarse también hasta un 5% extra del objetivo de llenado. El texto establece que los Estados miembro tendrán la flexibilidad de alcanzar el objetivo del 90% en cualquier momento entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre. Una vez alcanzado este objetivo, no se les exigirá mantener ese nivel hasta el 1 de diciembre.
Las acciones de Duro Felguera experimentaron un notable incremento de más del 10% este jueves en Bolsa, específicamente hacia las 16:15 horas. Este aumento se produjo tras la autorización de los juzgados de Gijón, Asturias, a la solicitud de la compañía de prorrogar su preconcurso de acreedores hasta el 31 de julio del 2025. En el Mercado Continuo, los títulos se elevaron un 10,65%, alcanzando un valor unitario de 0,2545 euros. La prórroga, cuya notificación ha sido accesible a través de Europa Press, puede ser impugnada mediante recurso de reposición dentro de cinco días desde el siguiente a su comunicación. Este recurso deberá presentarse ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, ubicado en Gijón. La solicitud de extensión fue presentada el 11 de junio, como una segunda prórroga al preconcurso iniciado en diciembre. El movimiento forma parte del nuevo acuerdo financiero entre Duro Felguera y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que involucra una reducción de tasas y extensión de plazos. A la vista de las circunstancias concretas que concurren en el caso examinado, resulta jurídicamente razonable y conforme con los principios inspiradores de la Directiva (UE) 2019/1023 Este acuerdo ha contado con el respaldo del 50% de los acreedores afectados por el plan de reestructuración, conforme a las exigencias de la Ley Concursal. Específicamente, el Banco Sabadell, Banco Santander y Unicaja Banco han dado su consentimiento, representando un 63,69% del total de créditos. Además, el juzgado ha accedido a la solicitud de Duro Felguera para el nombramiento de un experto en reestructuración. La empresa Lexaudit Concursal se encargará de desarrollar el plan para sus diez sociedades. Al igual que con la prórroga, el nombramiento puede ser objeto de recurso de reposición en cinco días, siempre que se indique la infracción que motiva la apelación.…
Las acciones de Duro Felguera experimentaron un notable repunte este jueves, con un aumento superior al 18% en Bolsa a medida que se acercaba el vencimiento del preconcurso de acreedores, programado para el 12 de junio. La compañía asturiana se encuentra en un momento crítico, considerando solicitar una prórroga para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y resolver la incertidumbre que rodea su situación financiera. El reciente incremento en el valor de las acciones de Duro Felguera en el Mercado Continuo, alcanzando un precio unitario de 0,2245 euros, refleja las expectativas de una posible prórroga del preconcurso de acreedores. Este mecanismo se solicitó inicialmente el 11 de diciembre ante los Juzgados de lo Mercantil de Gijón con el propósito de negociar un plan de reestructuración que garantice la viabilidad a largo plazo de la empresa y preserve el mayor número de empleos. Durante estos seis meses, se han llevado a cabo numerosas reuniones en el consejo de administración para abordar la crisis. Entre las estrategias planteadas destaca la capitalización de deuda por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que convertiría en acciones los 120 millones de euros otorgados a la empresa durante la pandemia. Este movimiento podría otorgar al gobierno una posición mayoritaria en el capital de la compañía. En abril, Duro Felguera firmó un memorando de entendimiento con Sonelgaz Production d’Electricité para resolver amistosamente el proyecto de Djelfa en Argelia. Este acuerdo fue clave para desbloquear el contrato suspendido y abordar el arbitraje iniciado por la energética argelina ante la Cámara de Comercio e Industria de Argelia. El arbitraje, que demandaba la reanudación de los trabajos y una indemnización de 413 millones de euros, provocó que Duro Felguera reexpresara resultados desde 2022, al tener que provisionar 100 millones de euros en sus cuentas. Este fue el…
El Gobierno español ha manifestado su disposición a tramitar una prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Extremadura, siempre que las empresas responsables de la instalación presenten la correspondiente solicitud. Esta información ha sido confirmada por fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras el anuncio del compromiso por parte del PSOE extremeño. No obstante, es fundamental aclarar que el compromiso del Ejecutivo se limita a la tramitación de la prórroga, y no implica una extensión automática de la vida operativa de la central. Almaraz fue la primera central nuclear afectada por el calendario de cierre establecido en 2019, resultado de un acuerdo entre las empresas operadoras y Enresa. Actualmente, la autorización de explotación se encuentra fijada hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II. El director de la central, Rafael Campos, ha informado que se está trabajando en dos líneas de operación En este contexto, el director de la central nuclear, Rafael Campos, declaró en 2024 que ya contaba con dos equipos trabajando en paralelo: uno para preparar el cierre de la central a partir de 2027 y otro con el objetivo de continuar la operación más allá de esa fecha. Además, se prevé que las últimas recargas de combustible de Almaraz se realicen a finales de marzo de 2026 para la Unidad I y a finales de marzo de 2027 para la Unidad II. Las empresas responsables de la operación de Almaraz son Endesa, Iberdrola y Naturgy. Entre estas, tanto Endesa como Iberdrola han expresado su interés en extender la vida de la central si se dan las condiciones adecuadas. En este sentido, fuentes de Iberdrola han indicado que la compañía propondrá en…
La formación política Sumar ha manifestado su descontento ante el respaldo conjunto del PSOE y el PP en la Mesa del Congreso, que ha aprobado una prórroga del plazo para la presentación de enmiendas a la proposición de ley destinada a regular los alquileres de temporada. Verónica Martínez Barbero, portavoz del grupo plurinacional, ha solicitado a ambos partidos, especialmente al PSOE, que desbloqueen la tramitación parlamentaria de esta iniciativa. Martínez Barbero ha expresado su frustración porque la Mesa del Congreso no haya permitido cerrar el plazo de enmiendas, que ya lleva en trámite cerca de seis meses. En una reciente declaración desde el Congreso, la portavoz ha alertado sobre el encarecimiento «brutal» del precio de los alquileres, calificando de «incomprensible» el apoyo del PSC a la regulación de los alquileres en Cataluña mientras que el PSOE está obstaculizando dicha regulación a nivel nacional. «Nos cuesta mucho entenderlo después de que la propia ministra de Vivienda reconociese públicamente el vacío legal que existe respecto de este tipo de alquileres. Entendemos que el PP se ponga del lado del rentismo, pero nos resulta francamente decepcionante que el PSOE no permita la tramitación de esta norma «, aseguró Martínez Barbero. Asimismo, Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar y coportavoz de los Comunes, también ha enfatizado la necesidad de avanzar en la propuesta de ley para limitar el alquiler de temporada. Vidal ha subrayado que «ya no valen excusas» para seguir posponiendo una regulación que consideran crucial. La coportavoz ha señalado que esta mejora en el derecho a la vivienda «no puede seguir encallada», sobre todo en un contexto marcado por precios abusivos, alquileres fraudulentos y un mercado sin control.
Duro Felguera ha formalizado una solicitud para una prórroga de tres meses del preconcurso de acreedores al que se acogió a finales de diciembre del año pasado. Esta medida tiene como objetivo facilitar las negociaciones con las entidades financieras, dado que aún no se ha llegado a un acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Con esta extensión, el plazo se amplía hasta el próximo 11 de junio. En un comunicado dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía asturiana ha indicado que, junto a su solicitud, presentó una declaración responsable. Esta fue respaldada por el 96,5% de los acreedores involucrados en el proceso de reestructuración. Duro Felguera y sus diversas filiales, que incluyen Duro Felguera Energy Storage y Duro Felguera Oil & Gas, han sometido la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón. Fuentes cercanas a la empresa han confirmado que el consejo de administración de Duro Felguera se reunió recientemente para abordar la situación crítica que atraviesa la compañía. Las mexicanas Prodi y Mota-Engil México, socios de control de Duro Felguera, así como la SEPI, han discutido la posibilidad de que la compañía solicite directamente el concurso de acreedores. En este contexto, el Gobierno, a través de la SEPI, podría convertir en acciones un préstamo de 120 millones de euros otorgado durante la pandemia, lo que le conferiría una participación mayoritaria en el capital de la firma. La situación ha generado preocupación dentro de la compañía, sobre todo tras una reunión con la SEPI que hizo que los accionistas minoritarios expresaran la necesidad de que esta última capitalizara la deuda de Duro Felguera. Duro Felguera solicitó el preconcurso de acreedores el 11 de diciembre con el propósito de iniciar negociaciones para un plan de reestructuración que garantizara su…
El Gobierno español ha tomado la decisión de prorrogar el plazo para que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) desinvierta en CaixaBank, extendiendo este límite hasta diciembre de 2027. Esta información ha sido confirmada en las referencias del Consejo de Ministros publicadas este martes. Ampliación del plazo de desinversión La Ley 9/2012 de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito establece que el FROB tiene un plazo de cinco años para desinvertir desde la adquisición de una entidad bancaria. Sin embargo, en el caso de Bankia y posteriormente de CaixaBank, este plazo ha sido sucesivamente ampliado. El Gobierno ha destacado que esta prórroga busca «favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos» en un escenario donde el valor de las acciones de CaixaBank muestra un entorno de crecimiento. Esta situación podría facilitar la recuperación del importe invertido por el Estado. En lo que va de año, la cotización de CaixaBank ha experimentado una revalorización superior al 25%. Desde la definitiva absorción de Bankia, sus acciones acumulan un incremento en Bolsa que supera el 150%, excluyendo dividendos. Actualmente, el Estado, a través del FROB, cuenta con una participación aproximada del 18% en el banco catalán, un aumento desde el 16,1% que ostentaba tras la fusión con Bankia en 2021, gracias a los programas de recompra de acciones implementados. El FROB también ha tomado medidas recientes al contratar a Bank of America con el fin de vender parte de sus acciones, asegurando que no sobrepase el 18% de participación en el accionariado. Además, se ha propuesto la renovación de Teresa Santero como consejera dominical en el consejo de CaixaBank, coincidiendo con su próximo mandato en la junta general de accionistas. Histórico de prórrogas Esta última prórroga representa la quinta ampliación del plazo inicial de desinversión. La primera se aprobó en…