PSOE

El Congreso español someterá este jueves, 11 de diciembre, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela a su último examen con la votación de las enmiendas introducidas por el Senado. Sin embargo, la votación no incluirá la polémica reforma propuesta por el Partido Popular (PP) para reducir el IVA en alimentos básicos, lo que fue aprobado anteriormente en la Cámara Alta. El Gobierno ha logrado finalmente vetar la reducción del IVA entre enero y junio de 2026, que incluía carnes, pescados, conservas, leches y huevos. La medida, impulsada por el PP, fue objetada debido a que supondría una pérdida fiscal de 3.780 millones de euros. Aunque el Ejecutivo ya había intentado bloquear esta enmienda en el Senado, el PP, que domina la Mesa de la Cámara Alta, permitió su continuación. La Constitución otorga al Gobierno el poder de impedir medidas legislativas que autoricen “una disminución de los ingresos presupuestarios” No obstante, al llegar al Congreso, controlado por el PSOE y Sumar, se aceptó el veto gubernamental tras una reunión clave de la Mesa posterior a la sesión plenaria. Entre otras modificaciones sometidas a votación, se incluye la rebaja de las obligaciones de las empresas para atender en diferentes lenguas cooficiales. Según la nueva disposición, la atención en lenguas cooficiales solo será exigible dentro del territorio de la comunidad autónoma correspondiente. Asimismo, se han realizado ajustes en la terminología, como cambiar «clientela» por «cliente» y «personas consumidoras vulnerables» por «consumidores en situación de vulnerabilidad». Además, se extiende el plazo máximo para responder a las quejas de clientes de 15 a 30 días hábiles y se trasladan los requisitos para las empresas privadas a la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas. Todas estas medidas, vitales para la implementación de la ley, requieren la ratificación del Congreso para proceder…
El Congreso ha rechazado la admisión a trámite de una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) destinada a implementar ayudas fiscales para aliviar los costes de producción en el sector agrario. La negativa ha sido encabezada por el voto en contra del PSOE, Sumar y otros partidos de izquierda, a pesar de contar con el apoyo de Junts y UPN. Vox, por su parte, optó por la abstención. El objetivo de la propuesta era promover al sector alimentario español como un pilar fundamental de la economía nacional. Para ello, contemplaba un amplio paquete de medidas fiscales, entre las que destacaba la aplicación del tipo mínimo de IVA permitido a la energía y las compras realizadas por productores agrícolas, ganaderos y forestales. La discusión parlamentaria elevó el tono entre Vox y el PP, con fuertes críticas sobre las políticas actuales en Bruselas. Vox acusó al PP de interferir negativamente en el sector primario, mientras que Javier José Folch, portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, calificó a Vox de «populista». Folch recordó momentos en que Vox tuvo poder de decisión en gobiernos autonómicos y criticó su salida de los mismos, afirmando que preferían la comodidad de la oposición. El PP presentó una ley para defender al sector primario mientras, según Vox, pacta en Bruselas con el PSOE políticas que limitan la actividad agroganadera y menosprecian a los trabajadores españoles. Entre los argumentos del PSOE y sus aliados, Trinidad Carmen Argota, diputada socialista, explicó que el rechazo se debe a que la ley no aporta herramientas nuevas y útiles, calificándola de repetitiva y diseñada para provocar más ruido que soluciones efectivas. En términos similares, Toni Valero de Sumar enfatizó que la propuesta carecía de certeza para agricultores y consumidores y que se basaba en ideologías de mercado engañosas…
La Mesa del Congreso, liderada por la mayoría conformada por PSOE y Sumar, ha decidido aceptar el escrito de disconformidad presentado por el Gobierno contra una enmienda crucial impulsada por el PP. Esta enmienda, que había sido aprobada en el Senado, proponía una reducción del IVA para diversos productos básicos. La propuesta de reducir el IVA afectaba a carnes, pescados, conservas, leche y huevos. Concretamente, planteaba una rebaja del impuesto al 4% para carnes, pescados y conservas, mientras que eliminaba completamente el impuesto para productos como leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio del mismo año. El Gobierno, por su parte, ha intentado bloquear esta iniciativa acogiendo la facultad constitucional que le permite parar cualquier medida legislativa que pueda representar «un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios». Según el Ejecutivo, la aplicación de esta medida traería consigo una pérdida de recursos para la Administración General del Estado valorada en 3.780 millones de euros. Conflictos entre Cámaras y el papel del Tribunal Constitucional A pesar de la inicial resistencia del Gobierno, la Mesa del Senado, donde ejerce mayor influencia el PP, ignoró el veto gubernamental. Con esta actuación, la enmienda continuó avanzando y se ratificó en el Pleno del Senado. Sin embargo, al llegar al Congreso, el escenario volvió a cambiar. La Mesa ha decidido respaldar el veto del Ejecutivo, basándose en las mismas preocupaciones presupuestarias previamente esgrimidas. En otras ocasiones recientes, la Cámara Baja también ha vetado enmiendas aprobadas en el Senado. Casos notables incluyen la Ley de desperdicio alimentaria y la Ley de navegación aérea. Esto ha generado conflictos de atribuciones, los cuales se encuentran actualmente bajo el análisis del Tribunal Constitucional, quien tendrá la última palabra en estos enfrentamientos legislativos.
Sumar ha decidido aumentar la presión sobre el PSOE con el objetivo de que el partido asuma la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año. El grupo liderado por Yolanda Díaz trasladará su decreto de propuestas en materia de vivienda a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, determinante en el proceso de evaluación de medidas económicas por parte del Consejo de Ministros. En el reciente acto por la Constitución en el Congreso, Díaz reveló las tensiones con el PSOE, poniendo de relieve importantes desacuerdos en temas de vivienda y fiscalidad. De hecho, Sumar planea visibilizar más este conflicto al impulsar una agenda presupuestaria que resalta su intención de implementar una prestación universal por crianza, así como un marco regulador más riguroso en materia de vivienda y fiscalidad. Una de las críticas más notorias de Sumar es hacia el Ministerio de Economía, al que consideran el principal impedimento debido a sus «posiciones neoliberales». La discrepancia es clara en cuanto a la carga tributaria sobre las socimis y otras medidas económicas. El partido presentó a finales de octubre un decreto destinado a intervenir el mercado de la vivienda, destacando la necesidad de prorrogar contratos de alquiler hasta 2026 para proteger a los inquilinos de potenciales aumentos significativos en las rentas. Este decreto también contempla la regulación del alquiler de temporada y estrategias fiscales para frenar la especulación inmobiliaria. El plan incluye insistir en la creación de una prestación universal por crianza y medidas sobre vivienda y en materia tributaria Fuentes cercanas a la coalición observan que el PSOE eventualmente cederá a estas demandas, aunque inicialmente muestre resistencia. Esta dinámica, según estas fuentes, ocurre frecuentemente, ya que los socialistas tienden a adoptar medidas progresistas al final, presentándolas luego como logros propios. Por su parte, Sumar sigue acusando a…
El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha criticado duramente al PSOE por lo que considera un apoyo implícito a los «fondos buitre y los especuladores». Esto, tras la decisión del partido socialista de abstenerse en la votación de la propuesta legislativa que busca prohibir a empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión la compra de propiedades en España. Esta abstención fue decisiva, y la propuesta fue rechazada en el Congreso con el voto en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria. Alberto Ibáñez expresó su descontento con la abstención del Grupo Socialista, señalando que continúa bloqueando el avance hacia una solución que evite el desplazamiento de residentes de sus barrios. Según Ibáñez, las derechas y la abstención del Grupo Socialista han vetado el debate de terminar con una de las causas que a más gente echa de sus barrios . Adicionalmente, Ibáñez arremetió contra la reciente campaña publicitaria del Ministerio de Vivienda, titulada «Ahora, decide el barrio», dirigida por Isabel Rodríguez. La campaña pretende exponer los cambios normativos para dificultar la proliferación de apartamentos turísticos en zonas residenciales, lo que Ibáñez considera como «una provocación más de la ministra de Vivienda». En respuesta, el diputado ha registrado una serie de preguntas en la Cámara Baja para conocer el costo del dinero público invertido en esta campaña. Además, cuestiona si el Gobierno tiene planes para implementar medidas efectivas que frenen el desplazamiento de vecinos, promovido por multipropietarios y fondos de inversión.
La Comisión de Política Territorial del Congreso aprobó recientemente una iniciativa presentada por Més per Mallorca—parte de la coalición Sumar—para instar al Gobierno a limitar las plazas de alquiler turístico en Baleares. Esta medida surge como respuesta a la creciente preocupación por la saturación turística en el archipiélago. La proposición no de ley fue respaldada por el PSOE y otros socios gubernamentales, mientras que el PP y Vox expresaron su rechazo. El texto aprobado destaca la necesidad de aumentar el cuerpo de inspectores encargados de identificar las ofertas de alquiler turístico en situación irregular. Esta propuesta busca no solo controlar el crecimiento del turismo, sino también erradicar la oferta de alquiler vacacional ilegal que afecta a la región. La proposición resalta el objetivo de «frenar la saturación turística» que afecta al archipiélago. En contraste, la Comisión Mixta (Congreso y Senado) rechazó una iniciativa del PSOE sobre la Insularidad. Esta propuesta buscaba que el Gobierno continuara aplicando el Reglamento de alquileres de corta duración para facilitar la ordenación del turismo y evitar la proliferación desmedida de viviendas turísticas. A pesar del rechazo, el PSOE insistía en la importancia de implementar el Reglamento 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, que promueve la recopilación e intercambio de datos sobre los servicios de alquileres turísticos. Según los socialistas, es necesario un impulso adicional para garantizar que el turismo no afecte negativamente el derecho a una vivienda asequible, especialmente en territorios insulares. La necesidad de una mayor implicación para «garantizar el derecho a una vivienda asequible» fue uno de los puntos clave señalados por el PSOE en la exposición de motivos. Finalmente, el PSOE abogó por trabajar en conjunto con las plataformas de alquileres turísticos para implementar un registro único y retirar aquellas viviendas sin licencia adecuada, promoviendo así un turismo más sostenible en…
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha realizado un llamamiento enfático al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para que prorrogue la congelación de los contratos de alquiler y acceda a negociar la propuesta en materia de vivienda presentada por Sumar hace unas semanas. Durante su participación en el 40º Aniversario de las Escuelas Taller-Programa TándEM, Díaz destacó la creciente desigualdad que genera el acceso a la vivienda en España. En palabras de Díaz, “hoy el principal problema del país se llama vivienda. Es la gran fábrica de desigualdad”. La ministra subrayó la urgencia de que la vivienda sea el tema central de esta legislatura, especialmente por su impacto en la juventud. Denunció que en algunos barrios de España, los alquileres han aumentado entre un 20% y un 50%, cifras que sobrepasan en mucho el incremento habitual del 2%. Estamos seguras, además, de que va a tener la mayoría parlamentaria, porque no se puede golpear el futuro de este país Sumar ha presentado un Real Decreto-Ley dirigido a intervenir el mercado de la vivienda, con tres ejes fundamentales: la protección del inquilino, la lucha contra la especulación y acaparación de viviendas, y la regulación de pisos turísticos. Entre las medidas propuestas se encuentra la congelación y prórroga de contratos de alquiler hasta un mínimo de 10 años en zonas tensionadas, y la imposición de sanciones más severas para evitar la especulación. En el ámbito fiscal, Sumar propone que los propietarios de cuatro o más viviendas tributen un 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario. Asimismo, busca que los alquileres considerados “temporada” de menos de 30 días sean clasificados como turísticos, sujetos a un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21%. La propuesta pretende también reforzar el control sobre los alquileres de corta duración…
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una reforma legal en el Congreso para permitir que personas migrantes de países fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo puedan ocupar cargos de capitán y primer oficial de cubierta en buques pesqueros españoles. Esta propuesta, que se encuentra en una enmienda al proyecto de reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, busca modificar el actual artículo 162 de la Ley de Navegación Marítima, el cual exige que quienes ocupen esos cargos sean nacionales de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo. Según la enmienda del PSOE, se permitirá la contratación de tripulantes de otras nacionalidades cuando no haya disponibilidad de personal español o de otro Estado miembro. Sin embargo, se especifica una serie de requisitos: los contratados deberán haber obtenido la titulación en España, tener una autorización de residencia de larga duración y, en caso de no ser su lengua materna, contar con certificación oficial del idioma español. Una modificación impulsada por el PNV El Partido Nacionalista Vasco (PNV) solicitó esta reforma al Gobierno en junio pasado. Joseba Andoni Agirretxea, portavoz de Agricultura del PNV, había instado al ministro de Agricultura, Luis Planas, a cambiar la legislación para incluir esta posibilidad. Durante una sesión de control al Gobierno, Agirretxea subrayó la contribución fundamental de las personas extranjeras en el sector pesquero y destacó que, aunque se formen adecuadamente, no pueden ejercer como capitanes debido a las restricciones actuales. Planas mostró su apoyo al reconocer la necesidad de examinar el asunto y destacó el valioso trabajo de pescadores de diversas nacionalidades, como indonesios, peruanos, ganeses y senegaleses, entre otros. El PSOE ha registrado ahora esta enmienda para atender la petición del PNV, pero enfrentará su trámites parlamentarios donde deberá conseguir las mayorías necesarias…
Los partidos del Gobierno español, el PSOE y Sumar, han alcanzado un importante acuerdo con varios de sus socios parlamentarios en relación a las medidas para regularizar los alquileres. Este pacto busca prohibir que los inquilinos sean responsables del pago de tasas o tributos, tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y establece un tope en los precios de los alquileres de temporada y de habitaciones. Las medidas son presentadas como enmiendas transaccionales a la propuesta de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, inicialmente presentada por partidos como Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG. Actualmente, esta propuesta se encuentra en la fase de ponencia. Dentro del acuerdo también destaca una reforma específica sobre los precios de los alquileres de habitaciones, firmada por PSOE, Sumar, ERC y Bildu. Según dicha reforma, la suma de la renta de las habitaciones no sobrepasará el tope establecido para los pisos completos, protegiendo a los arrendatarios con las mismas garantías que si ocuparan un apartamento entero. Se prohíbe la imposición de cuotas o impuestos que no estuvieran previamente contemplados en el contrato. En relación a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se ha establecido que no se podrán fijar nuevas condiciones que repercutan en el inquilino gastos adicionales. A su vez, las enmiendas también fijan que los contratos de temporada o de habitaciones contarán con las mismas garantías que un arrendamiento tradicional, incluyendo el límite en el cobro de honorarios, restricciones en las fianzas y regulación de precios. Una de las medidas más destacadas es que los alquileres temporales solo podrán formalizarse por un máximo de 12 meses y siempre que se justifique la causa del mismo. En caso de que la causa no esté justificada o si existiera una concatenación de contratos temporales con los mismos…
En medio de un intenso debate en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular (PP) ha sido objeto de críticas por parte de PSOE, Junts y Vox respecto a su postura sobre los recortes a la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común propuestos por la Comisión Europea. Estos recortes forman parte de la propuesta del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034. El PP ha presentado una proposición no de ley con la que solicita al Gobierno que defienda los intereses de los agricultores, ganaderos y pescadores españoles y se oponga a los recortes sugeridos desde Bruselas. Milagros Marcos, portavoz del PP en la Comisión Mixta para la UE, expresó su disconformidad con una reducción del 22% en la PAC y del 60% en el sector pesquero. Solo el Gobierno puede utilizar esta unanimidad, con uno que no lo apoye, la propuesta no sale y vuelve a la Comisión, centren el tiro todos, la responsabilidad está clara A pesar de la defensa del PP, Isidre Gavín, de Junts, destacó que la propuesta del PP contiene «generalidades» que todos los grupos parlamentarios ya han compartido con el Comisario de Pesca, Costas Kadis, y recordó la representación mayoritaria del Partido Popular Europeo en la Comisión. Ricardo Chamorro de Vox coincidió en ciertas partes de la proposición del PP, pero sugirió que la propuesta contradice la responsabilidad del PP en la cuestión. Por su parte, la diputada del PSOE, María Luisa Faneca, reprochó al PP que fue precisamente este partido quien inicialmente sugirió estos drásticos recortes en julio. Además, resaltó que Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha mostrado en todo momento su rechazo a la propuesta de Bruselas. El debate refleja la complejidad de las negociaciones europeas y la necesidad de una postura unitaria por parte…