PSOE

El Gobierno, encabezado por PSOE y Sumar, ha logrado un acuerdo con varios socios parlamentarios para prohibir que el pago de tasas e impuestos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), recaiga en los inquilinos. Además, se establecerá un límite para los precios de alquileres de temporada y de habitaciones. Estas decisiones son el resultado de enmiendas transaccionales introducidas por los grupos parlamentarios el martes. Estas enmiendas forman parte de la proposición de ley destinada a regular los alquileres de temporada y de habitaciones, presentada de manera conjunta por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, y actualmente se encuentra en la fase de ponencia. Respecto al límite en los precios de los alquileres de habitaciones, los partidos PSOE, Sumar, ERC y Bildu han firmado una reforma que busca que la suma de las rentas de las habitaciones no supere el tope establecido para los pisos completos. En el caso de los grandes tenedores, la renta inicial se ajustará al índice de referencia de precios de la Ley de Vivienda. Además, los arrendatarios tendrán las mismas garantías que un contrato de alquiler de un piso completo. Otra enmienda busca modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para asegurar que no se impongan al inquilino nuevas condiciones contractuales que lo obliguen a pagar conceptos adicionales, como «cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos» que no estuvieran en el contrato previo. Las enmiendas establecen que los contratos de temporada o de habitaciones tendrán las mismas garantías que un arrendamiento habitual Se prohíbe además el cobro de honorarios al inquilino, se limitan las fianzas y se regula el precio de los alquileres. Las viviendas en alquiler por menos de 31 días se considerarán de corta duración o turísticas, aplicándose las normativas europeas y nacionales pertinentes. Los alquileres temporales tendrán…
En un contexto marcado por la crisis de vivienda y el controversial panorama político, Esquerra Republicana (ERC) defenderá este martes en el Pleno del Congreso una propuesta de ley que busca imponer un impuesto a propietarios de tres o más viviendas. Este movimiento pone a prueba al PSOE, dado el actual escenario de tensiones en materia de vivienda y la reciente ruptura con Junts. La iniciativa de ERC propone un nuevo gravamen sobre la posesión de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia. Este impuesto progresivo comenzaría con un 4% sobre la tercera vivienda, aumentando al 8% en la cuarta y al 12% en la quinta. Para propiedades adicionales, se añadiría un 5% al 12% ya establecido, con el objetivo de desincentivar la acumulación de inmuebles en manos de grandes tenedores. ERC busca que este impuesto complemente al IVA, en un esfuerzo por «penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar la movilización hacia la tenencia en propiedad de la misma residencia y hacia el alquiler por vivienda habitual y social». La formación independentista también propone eliminar los beneficios fiscales que disfrutan actualmente las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) Las Socimi, según ERC, operan bajo un régimen fiscal que prácticamente las exime de impuestos, por lo que su reforma busca detener su efecto como catalizadores de la financiación en el sector. La propuesta coincide con el impulso de una normativa sobre alquileres de temporada y de habitaciones, iniciativa de Sumar y sus aliados de izquierda, incluido ERC, que se examinará en la Comisión de Vivienda. En términos de gravámenes, ERC también propone un IVA del 21% para viviendas de uso turístico, alineándose con intenciones similares del PSOE en el Congreso. Esta medida pretende ajustar el impuesto a estos alojamientos, acorde…
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha dado un paso significativo en la dirección de fomentar el alquiler social y asequible. En una reciente movida política, el grupo ha presentado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades. La iniciativa busca ofrecer beneficios fiscales a sociedades, empresas o fondos de inversión que destinen sus bienes inmuebles a estos tipos de alquiler. Esta propuesta se incorpora a través de una enmienda registrada junto a una ley para la transposición de una directiva europea sobre criptomonedas. La enmienda legislativa plantea añadir una disposición adicional a la Ley de 2014 sobre el Impuesto de Sociedades. En esta se decreta la «exención de rentas derivadas de la transmisión de inmuebles destinados a vivienda asequible o social.» La reforma está diseñada para tener efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Esencialmente, busca eximir del impuesto a las rentas positivas obtenidas a través de la transmisión lucrativa de bienes destinados a políticas de vivienda asequible o alquiler social del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sin embargo, la renta exenta no incluirá pérdidas por deterioro asociadas a los inmuebles ni las reversas de amortización excesiva previamente contabilizada. La reforma busca ampliar la oferta de vivienda pública para satisfacer las demandas del mercado inmobiliario. Según la justificación del PSOE a la que tuvo acceso Europa Press, el objetivo principal es fomentar una promoción sostenida de vivienda pública. Esto permitiría atender las necesidades de aquellos que enfrentan más dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada. El propósito es impulsar una oferta de vivienda «adecuada y sostenida» y facilitar el acceso a quienes más lo necesitan. En conclusión, esta medida no solo pretende incrementar el volumen de viviendas en alquiler asequible, sino también garantizar que las personas con dificultades…
El partido político Podemos ha decidido llevar una votación al Congreso para exigir que el PSOE se posicione sobre la propuesta de eliminar los coeficientes reductores para la jubilación de aquellas personas que han cotizado durante cuarenta años o más. La medida fue previamente descartada por la ministra socialista Elma Saiz. En la sesión plenaria prevista para la semana del 11 de noviembre, Podemos defenderá una moción basada en una interpelación urgente a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En su propuesta, Podemos aboga por impulsar las reformas legislativas necesarias para que las personas con cuarenta años de cotización no sufran coeficientes reductores en su pensión por jubilarse antes de la edad ordinaria. Según la formación política, dicha penalización representa una «discriminación». Elma Saiz, en su intervención en el Congreso, aseguró que la normativa vigente ya contempla las medidas adecuadas para abordar esta situación. Se refirió al decreto de 2021, que introdujo un complemento económico para quienes se jubilaron anticipadamente entre enero de 2002 y diciembre de 2021 en ciertos casos de largos periodos de cotización y, posiblemente, baja cuantía de pensión. Para ser elegible, los beneficiarios deben demostrar al menos 45 años y medio de cotización, o 40 años si la pensión es inferior a 900 euros a comienzos de 2022. Hasta ahora, se han reconocido 104.000 complementos. Pese a las explicaciones de Saiz, Podemos argumenta que más de 900.000 personas están afectadas por las penalizaciones en las prejubilaciones. Por este motivo, Podemos ha decidido presionar con una votación que obligará al PSOE a aclarar su postura sobre este asunto crucial para muchas personas en España.
El Congreso de los Diputados ha decidido dar un nuevo impulso a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. Esta proposición busca regular los alquileres de temporada y de habitaciones, tras casi un año desde que el Pleno aceptara su tramitación. Los socios presionan al PSOE El retraso en el avance de esta ley ha generado tensiones entre el PSOE y sus socios parlamentarios de izquierda. Partidos como ERC y Sumar han expresado públicamente su descontento por la dilación en los plazos de tramitación. Fuentes del Ministerio de Vivienda han acogido positivamente el avance en la tramitación, destacando que la regulación de estos alquileres es vital para combatir el fraude en toda España, particularmente en las ciudades grandes. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a los grupos del Congreso a trabajar juntos para lograr un consenso en torno a esta legislación. Reforma de arrendamientos urbanos El proyecto de ley propone reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual, lo que podría desincentivar su uso, especialmente en áreas con tensión en los precios del alquiler. Además, se introduce la obligación para el arrendador de justificar la necesidad de temporalidad, de manera similar a lo regulado en la legislación laboral. La normativa restringe la duración del contrato de temporada a un máximo de nueve meses, sincronizándolo con el curso económico. En casos donde se superen los nueve meses o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se considerará un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, aplicándose todos los preceptos de estos contratos, incluido el plazo mínimo y las prórrogas establecidas. La fiscalidad es una de las herramientas más útiles para combatir la especulación y preservar la función social de la…
El Congreso de los Diputados se prepara para debatir una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el fin de incentivar el teletrabajo en zonas rurales y combatir la despoblación en la llamada España vaciada. El principal objetivo es fijar población joven en estos entornos, ofreciendo alternativas al éxodo juvenil hacia las grandes ciudades en busca de mejores condiciones laborales y educativas. La propuesta busca que el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, promueva el teletrabajo en la Administración Pública para aquellos empleados que puedan desempeñar sus funciones de manera digital y residan en zonas rurales o en declive demográfico. De esta forma, se establece una presencialidad mínima y se contempla la implementación de «bolsas de horas» para aquellas funciones presenciales necesarias. Un aspecto clave de la iniciativa es la colaboración con las administraciones competentes para abrir espacios de ‘coworking’ en las zonas rurales, prestando especial atención a las cabeceras comarcales. Esto podría crear un entorno más dinámico y atraer a jóvenes profesionales. El PSOE también aboga por avanzar en la digitalización mediante la inversión en el despliegue del 5G, con el objetivo de mejorar la conectividad en áreas con cobertura móvil limitada. Así se busca alcanzar la plena conectividad territorial y garantizar el acceso a internet y a las conexiones de telefonía fija y móvil. El partido insta a introducir en la próxima Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico medidas específicas integrales para la atracción y retención de jóvenes. Complementando estas propuestas, el grupo socialista sugiere facilitar el transporte público en zonas en riesgo de despoblación, con la intención de disminuir la dependencia del vehículo privado cuando los teletrabajadores necesiten desplazarse presencialmente.
El Congreso de los Diputados se prepara para debatir una proposición no de ley del PSOE enfocada en adoptar medidas que incentiven el teletrabajo en las zonas rurales de España. Con esta iniciativa, el principal partido del Gobierno busca fijar población joven en estos entornos, aportando una solución para la creciente despoblación en la llamada España vaciada. La propuesta del PSOE señala el éxodo juvenil hacia las grandes ciudades como uno de los factores clave detrás de la despoblación rural, motivado por la búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades laborales. El Grupo Socialista sostiene que, además de mejorar el acceso a los servicios públicos, la promoción del teletrabajo se presenta como una acción con amplio recorrido para fomentar el retorno de la juventud a estos territorios. En este contexto, el PSOE insta al Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez a fomentar el teletrabajo en la Administración Pública Esto aplicaría para aquellos trabajadores que puedan desempeñar sus funciones digitalmente y residan de manera habitual en áreas con declive demográfico o en el medio rural. Se sugiere la introducción de modalidades de presencialidad mínima y «bolsas de horas» presenciales. Además de impulsar el teletrabajo, el grupo parlamentario plantea abrir espacios de ‘coworking’ en colaboración con las administraciones competentes, priorizando las cabeceras comarcales. En paralelo, aboga por avanzar en la digitalización mediante la inversión en el despliegue del 5G, mejorando así la conectividad en áreas con cobertura móvil limitada para asegurar el acceso a telefonía, fija y móvil, e internet. Para completar estas acciones, se suma una propuesta para facilitar el transporte público en zonas rurales, disminuyendo así la dependencia del vehículo privado para quienes deban desplazarse ocasionalmente a sus lugares de trabajo. Finalmente, se pretende integrar medidas específicas en la próxima Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico para atrae…
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido dar un paso firme en la lucha contra la despoblación rural al presentar una proposición no de ley en el Pleno del Congreso. Esta iniciativa busca impulsar el teletrabajo en zonas rurales como una estrategia clave para atraer y fijar población joven en la denominada 'España vaciada'. Teletrabajo y conectividad en el medio rural El PSOE argumenta que el éxodo juvenil hacia las grandes urbes es uno de los factores principales detrás de la despoblación, motivado por la búsqueda de mejores condiciones educativas y laborales. Para contrarrestar este fenómeno, el Grupo Socialista propone fomentar el teletrabajo, considerándolo una herramienta con gran potencial para atraer a la juventud de vuelta a las zonas rurales. El partido ha instado al gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, a promover el teletrabajo dentro de la Administración Pública para aquellos empleados cuyas tareas puedan ser realizadas de manera digital. Estos trabajadores, residentes habituales de regiones con declive demográfico, tendrían una presencialidad mínima respaldada por bolsas de horas presenciales. Apertura de espacios de ‘coworking’ y mejora en infraestructura La propuesta también contempla la colaboración con administraciones locales para abrir espacios de ‘coworking’ en áreas rurales, especialmente en cabeceras comarcales. Esta medida se complementa con un plan de inversión en el despliegue de la tecnología 5G, cuyo objetivo es ampliar la conectividad y mejorar el acceso a servicios de telefonía e internet en zonas con cobertura limitada. En este contexto, el PSOE subraya la importancia de medidas que disminuyan la dependencia del transporte privado mediante la potenciación del transporte público, permitiendo así que las personas que teletrabajan puedan desplazarse cuando sea necesario. El objetivo es reducir la dependencia del vehículo privado cuando las personas teletrabajadoras deban desplazarse para trabajar de forma presencial Finalmente, el PSOE busca que se incluyan medidas…
El debate sobre el aumento de las cuotas de los autónomos en España ha generado un profundo rechazo en el Congreso, dejando al PSOE solo en su defensa, ya que PP, Vox, Junts, ERC y Sumar han manifestado su desacuerdo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, propuso el lunes un incremento en las contribuciones mensuales de los trabajadores por cuenta propia. Este cambio afectaría significativamente a quienes ganan menos de 670 euros, aumentando su cuota a unos 217 euros. Esta medida ha sido etiquetada como un «sablazo» y «atraco» por el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. En la Cámara Baja, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha reiterado que no apoyarán medidas que incrementen la presión sobre los autónomos, abogando por «rebajar la presión en las clases medias y trabajadoras». Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana (ERC), ha subrayado que los autónomos "no merecen vivir estrangulados" y ha pedido un reparto más justo de la riqueza junto a una nueva financiación. Desde el Partido Popular, Juan Bravo ha criticado la incapacidad del Gobierno para encontrar apoyo en el Parlamento para leyes y presupuestos, mientras sigue elevando la carga impositiva para los autónomos. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha expresado que «se ve que para el PSOE todavía no es suficiente, hay que exprimir todavía más a los españoles». El grupo Sumar también ha mostrado su descontento. Alberto Ibáñez, portavoz de vivienda, cuestiona la justicia del sistema fiscal, destacando la desproporción en las contribuciones de pequeños negocios en comparación con los ingresos por alquileres. Verónica Martínez Barbero, portavoz del grupo, calificó la propuesta de «poco progresiva» y un «desincentivo» para nuevos autónomos. Finalmente, Aina Vidal, adjunta de En Comú, invitó a la ministra Elma Saiz a reflexionar…
En un contexto donde la crisis habitacional se ha acentuado en toda Europa, el PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso con el objetivo de solicitar a las instituciones europeas mayor flexibilidad en las normas que regulan las ayudas estatales para la vivienda asequible. A través de una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Vivienda, el Grupo Socialista ha planteado una serie de propuestas encaminadas a desarrollar un plan europeo centrado en el problema habitacional. Aumento de precios y necesidad de un plan europeo de vivienda asequible El PSOE argumenta que Europa enfrenta una crisis de vivienda que afecta a millones de personas. Los datos son contundentes: en la última década, los precios medios de la vivienda en el continente han aumentado un 48%. Comparativamente, esta subida resulta «absolutamente insoportable» en relación con la renta de los hogares, dado que el precio de la vivienda ha crecido «casi dos veces más». Por lo tanto, la iniciativa subraya la importancia de un plan europeo que potencie el parque público de vivienda. Estamos en un momento de estancamiento, por lo que es crucial encontrar soluciones eficaces que permitan a todos los Estados miembros determinar la implementación precisa a nivel local Con esta declaración, el PSOE destaca la urgencia de establecer medidas que otorguen a los Estados miembros cierto margen en la aplicación de normativas, adaptándose a las particularidades locales. En España, donde las competencias en materia de vivienda recaen en las comunidades autónomas, esta petición adquiere un matiz político, dado que la mayoría están gobernadas por partidos de la oposición. Impacto de la capitalización e identidad de las ciudades El partido no solo busca abordar la problemática del acceso a la vivienda, sino también el impacto de la capitalización en el mercado de uso residencial y…