reforma laboral

España enfrenta un desafío financiero significativo en las próximas décadas, estableciéndose como el país de la OCDE que destinará la mayor proporción de su PIB a las pensiones a partir de 2045. Según el informe ‘Panorama de las Pensiones 2025’ de esta organización, se prevé que el gasto en pensiones en España aumentará del 13,7% del PIB en 2025 hasta el 16,9% en 2060. En 2045, España superará a Italia y Portugal en términos de esfuerzo presupuestario en pensiones, destinando un 16,9% del PIB, superando el 16,5% estimado para Italia y el 15,1% de Portugal. Este crecimiento no se detendrá ahí: el porcentaje destinado continuará subiendo y alcanzará un 17,3% en 2050. Aunque se prevé una ligera disminución a partir de entonces, permaneciendo alrededor del 16,9% en 2060, seguirá liderando entre los 32 países de la OCDE analizados. A nivel global, a pesar de que se proyecta un modesto aumento del gasto en pensiones en otros países -del 9% en 2025 al 10,3% en 2060- España enfrentará un desafío mucho mayor. En dicho año, Bélgica, Austria e Italia seguirán a España en la lista de esfuerzos dedicados a pensiones, pero aún considerablemente por detrás. El envejecimiento demográfico es uno de los factores críticos que impulsan estas proyecciones. En las próximas tres décadas, la población de 65 años o más en la OCDE se incrementará notablemente, pasando de 33 personas por cada 100 en edades laborales en 2025 a 52 en 2050. Este aumento es especialmente acusado en países como España, donde se prevé una pérdida de un 30% de la población en edad laboral para 2060. La OCDE advierte que el envejecimiento de la población desencadenará una presión fiscal importante en los sistemas de pensiones, mientras que la deuda pública y el aumento del gasto complicarán aún más la situación.…
El Consejo de Ministros se dispone a aprobar el desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de asegurar que los contratos formativos ofrezcan una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva nacional. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, manifestó la importancia de esta regulación detallando que se garantiza a los trabajadores con contratos formativos «derechos laborales plenos en relación a la retribución, el salario mínimo, la jornada laboral y el convenio». La normativa responde a un mandato de la reforma laboral, y con el nuevo Real Decreto se busca asegurar que la formación esté alineada con el entorno productivo local. Díaz subrayó que «cuanto más cercana esté la formación al lugar local, pues más exitosa será la empleabilidad». Además, resaltó que las prácticas no profesionales deben servir exclusivamente para el aprendizaje y no para suplir empleo real en las empresas. Dentro de las disposiciones, el marco reglamentario incluirá convenios de cooperación entre centros formativos y empresas, diseñados para propiciar la mejor adaptación entre estudios y actividad productiva. Se establecerá también un rígido control para asegurar que las actividades laborales desempeñadas estén vinculadas a la formación de los trabajadores con contrato formativo. «Si una persona joven se incorpora a una empresa con un contrato de formación en alternancia, va a tener, por tanto, asegurados sus derechos como trabajador o trabajadora», explicó Díaz. Un problema persistente identificado por la ministra es el uso fraudulento de los llamados falsos becarios, un fenómeno que ha reducido drásticamente el uso de contratos formativos genuinos. Actualmente, en España, hay 1,7 millones de «mal llamados» becarios, en comparación con solo 54.987 contratos formativos. Las mal llamadas becarias y becarios son una auténtica coladera para eludir derechos y salarios En este contexto, Díaz enfatizó que el reciente Estatuto…
Las horas efectivas trabajadas han experimentado un notable incremento en el segundo trimestre de 2025, según el informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En comparación con los niveles anteriores a la pandemia, se registra un aumento del 13,1% en las horas efectivas trabajadas y un 13,6% en los días de trabajo efectivo. Esta estadística se elabora a partir de los registros de afiliación y bases de cotización, facilitándose trimestralmente desde 2019. Para suavizar las discrepancias que surgen entre los diversos trimestres, se emplea un índice basado en la media móvil de cuatro trimestres. En este segundo trimestre, el índice ha alcanzado los 113,1 puntos, donde 100 representa el último trimestre de 2019, evidenciando así el incremento. Comparación con otras fuentes y datos por sexo El Ministerio destaca que esta tendencia es similar a la reflejada en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del INE, que muestra un 13,9% de incremento. No obstante, las cifras difieren de las recogidas por la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), que sugieren aumentos más modestos, de un 7% y 7,5% respectivamente. Los días cotizados por mujeres han mostrado un crecimiento mayor al de los hombres En el cuarto trimestre de 2019, las mujeres cotizaban el 47,4% de los días, mientras que actualmente representan el 48,2%. Por su parte, los hombres pasaron del 52,6% al 51,8%. Cambios sectoriales y efectos de reformas laborales Las actividades de alto valor añadido han liderado el crecimiento desde 2019, con la Educación a la cabeza y un aumento del 39,4% en días efectivos cotizados. Sectores como la información y comunicación, así como las actividades profesionales y técnicas, también muestran subidas significativas. La reforma laboral ha impulsado los contratos indefinidos, que ahora constituyen el 88,3% de los días cotizados Antes de…
El Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para este lunes, 20 de octubre, a las 9.30 horas, para iniciar las negociaciones sobre la reforma del despido en España. La reunión será liderada por Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Trabajo, figura clave en las mesas de diálogo social del Ministerio y mano derecha de Yolanda Díaz. Esta reforma está incluida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar y se alinea con la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre la normativa española. El CEDS, con sede en Estrasburgo, condenó a España por «vulnerar» la Carta Social Europea, considerando insuficiente la indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado. Dicha indemnización no se percibe como disuasoria para el empresario, según dos resoluciones emitidas en respuesta a denuncias de UGT y CCOO. Los sindicatos alegaban que el derecho español no permite reclamar indemnizaciones acordes al daño real sufrido y que tales pagos deberían ser «mínimos, accesibles y efectivos». En este contexto, el CEDS concluyó que España violaba el artículo 24.b de la Carta Social Europea refiriéndose tanto a la indemnización como a la readmisión de empleados involuntariamente despedidos. A pesar de estas observaciones, el Tribunal Supremo español reafirmó en julio que no se puede incrementar judicialmente la indemnización sin contravenir tratados internacionales y la legislación nacional, que establece una «indemnización adecuada». El Tribunal considera que las decisiones del CEDS son recomendaciones interpretativas, no mandatos ejecutables. La legislación española, asegura el Supremo, ofrece «seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores». Los parámetros establecidos para las indemnizaciones han sido defendidos como adecuados y uniformes, resguardando a los empleados de manera equitativa. El Alto Tribunal concluye en la sentencia que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales «no son ejecutivas, ni directamente…
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves una iniciativa sin precedentes en la historia de la democracia española: la convocatoria de la primera mesa de diálogo social para reformar el despido restaurativo en España. Este esfuerzo, según ha destacado, está orientado a situarse «a favor» de los trabajadores. Este anuncio tuvo lugar en unas jornadas organizadas por la UGT en Madrid, bajo el título ‘Los Nuevos Desafíos de la Prevención. Los accidentes laborales, un drama evitable’. En este contexto, Díaz reconoció el papel crucial de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, por su denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), señalando que las indemnizaciones por despido improcedente en España no son suficientemente disuasorias ni reparadoras. Esta preocupación también fue reflejada en el Congreso con la aprobación de una proposición no de ley de Sumar, instando al Gobierno a reformar el despido improcedente con el objetivo de hacerlo realmente disuasorio y restaurativo. La propuesta, aunque sin carácter legislativo, obtuvo un amplio respaldo gracias a la suma de fuerzas de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, y varios miembros del Grupo Mixto, demostrando un amplio consenso parlamentario. Ayer «el pueblo habló» a través del Congreso de los Diputados, reiteró Díaz, anunciando la convocatoria de la histórica mesa de diálogo La ministra enfatizó que «seguimos ganando derechos en nuestro país», destacando la importancia de esta convocatoria en el progreso y consolidación de los derechos laborales en España. Este movimiento es un paso significativo en la agenda del Gobierno para fortalecer la protección social de los trabajadores.
Sumar defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley cuyo objetivo es reformar el despido improcedente en España, buscando que sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas. Tras haber enfrentado una derrota previa en la Cámara Baja con su propuesta de reducción de jornada, este grupo plurinacional liderado por Yolanda Díaz lleva ahora otra de sus destacadas iniciativas económicas al Pleno. La coalición Sumar propone que la indemnización por despido improcedente tenga en cuenta variables como la cifra de negocios, el tamaño de la empresa y otras circunstancias específicas al determinar la cuantía indemnizatoria. Esta postura se basa en la necesidad de establecer una indemnización que funcione como mecanismo disuasorio en casos de despidos sin causa. La intención es evitar que las empresas con mayores recursos puedan realizar despidos injustificados sin enfrentar consecuencias económicas proporcionales, práctica que actualmente afecta más a las pymes, mayoritarias en el tejido productivo español. Sumar cita ejemplos internacionales, explicando que países como Francia y Alemania consideran factores como la antigüedad, el salario y las circunstancias específicas del despido al calcular las compensaciones. En estos países, los sistemas de indemnización por despido improcedente incluyen baremos y reglas específicas. En España, la indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado, una cifra que los sindicatos CCOO y UGT consideran insuficiente. Estos sindicatos presentaron una demanda al Comité Europeo de Derechos Sociales, que determinó que las indemnizaciones actuales no alcanzan a ser disuasorias ni reparadoras. Sin embargo, el Tribunal Supremo de España ha dictaminado que, dadas las características de las declaraciones incluidas en la Carta Social Europea, el marco legal actual no puede ser modificado judicialmente para incrementar las compensaciones dependiendo de las circunstancias individuales. En este escenario, Sumar considera que el problema del ordenamiento…
El Pleno del Congreso de los Diputados se prepara para vivir un día crucial este miércoles, cuando se debatirán y votarán las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts. Estas formaciones buscan devolver al Gobierno el proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, un punto clave en la agenda del Ejecutivo. Sin embargo, PSOE y Sumar carecen de la mayoría suficiente y están a la espera de que Junts podría cambiar su posición y que no haya ausencias en su bloque, incluyendo la del exministro socialista José Luis Ábalos ahora en el Grupo Mixto. La importancia de la votación para el Gobierno A pesar de que se votarán tres textos distintos, solo habrá una votación conjunta, ya que las tres formaciones coinciden en su deseo de devolver el texto al Ejecutivo. Juntos, PP, Vox y Junts suman 177 diputados, alcanzando así la mayoría absoluta que podría significar el fracaso del proyecto impulsado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. De no superar este examen, el Gobierno se vería obligado a retirar la ley y comenzar de nuevo su elaboración. El Ejecutivo está intensificando las negociaciones con Junts para que retiren su enmienda y evitando cualquier ausencia en su bloque. Si Junts decide retirar su enmienda y apoya al Gobierno rechazando los vetos de PP y Vox, el proyecto continuará su curso. No obstante, si se opta por la abstención, cada voto será crucial, incluida la presencia de Ábalos. El futuro de la reforma laboral A pesar de la importancia de esta votación, el camino es largo y de aprobarse, será solo el comienzo. Posteriormente, habrá que abrir un período para la presentación de enmiendas al articulado y continuar con negociaciones que permitan redactar un texto que obtenga una mayoría parlamentaria. Desde el Ministerio de Trabajo se insiste…
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha subrayado que el pasado mes de agosto fue el «mejor» en términos históricos para los menores de 25 años en España, con el desempleo juvenil situándose por debajo de 170.000 personas. En una entrevista para Radio Nacional, Pérez Rey afirmó: España ya ha abandonado esa condición de farolillo rojo que tenía siempre a la cabeza del desempleo juvenil en Europa Sin embargo, destacó que no existe «ninguna complacencia» con estos números y subrayó la importancia de seguir trabajando para erradicar el paro juvenil. A pesar de que en agosto más de 21.000 personas se sumaron a la población desempleada, Pérez Rey recordó que esta cifra es un 34% menos de lo que suele incrementarse el paro en agosto. Además, destacó que aunque la reforma laboral no puede evitar la estacionalidad del mercado de trabajo, más del 37% de los contratos realizados fueron contratos fijos e indefinidos. Sobre el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, Pérez Rey instó a los partidos políticos a estar a la altura de las demandas ciudadanas en el próximo debate en el Congreso. Afirmó que "nadie entendería que un debate crucial que lleva 40 años sin producirse se frustre porque la derecha de este país decida no estar con los trabajadores españoles y con las empresas". Pérez Rey subrayó que esta medida forma parte del programa de Gobierno de coalición firmado entre Sumar y el PSOE, con el compromiso de implementarla antes de que finalice el 2025.
La afiliación a la Seguridad Social experimentó una disminución de 22.782 afiliados (-0,1%) en los primeros 14 días de agosto, alcanzando un total de 21.626.859 cotizantes en la serie diaria, según informó el miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este descenso contrasta con el positivo arranque del año, que ha visto un aumento de casi 531.000 ocupados desde enero hasta el 14 de agosto. A lo largo de la primera quincena de agosto, en términos desestacionalizados, se registró una cifra de 21.643.283 afiliados, lo que representa un aumento de 6.606 ocupados en el último mes. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 478.781 ocupados en el último año. Según el Ministerio, esta cifra se mantiene en línea con los niveles tanto previos como posteriores a la pandemia, reflejando un incremento de 279.876 afiliados desde comienzos de 2025. Con los datos recopilados hasta el 14 de agosto, se observa que el número total de afiliados ha aumentado en 805.740 personas en la serie ajustada dese diciembre de 2023, y en 1.351.906 desde diciembre de 2022, lo que coincide con la implementación de la reforma laboral. La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que el empleo sigue «en máximos históricos». Ella señala que la salud de nuestro mercado de trabajo se aprecia en el número de trabajadores y en la calidad de sus contratos.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha celebrado su asamblea general, centrándose en los principales desafíos del sector de alimentación y bebidas. La incertidumbre provocada por los aranceles de la Administración de Donald Trump ha sido uno de los temas más destacados. Ignacio Silva, presidente de FIAB, subrayó las dificultades que presenta el contexto actual para la actividad exportadora del sector. Es palpable la tensión a la que están abocados los sectores productivos y toda la economía mundial en los últimos meses ante los continuos virajes que el presidente de Estados Unidos está imponiendo con su política arancelaria Además del asunto arancelario, la asamblea también trató sobre la nueva normativa medioambiental y la política alimentaria, así como la potencial reforma laboral, señalando que estos elementos serán decisivos para la competitividad del sector en el futuro próximo. FIAB renueva su consejo de dirección en busca de soluciones Otra de las decisiones importantes adoptadas en esta reunión fue la renovación parcial de su consejo de dirección. Los nuevos consejeros designados incluyen a François Lacombe de Danone Iberia, Javier Dueñas Gil de Campofrío España, Pilar Puértolas López de Sanmy y Cristina Piñol Farré de AB Mauri. Todos ellos aportarán su experiencia en representación de diferentes asociaciones del sector. Silva ha agradecido la colaboración de Judith Viader, Agustín Gregori y Xavi Pons, quienes dejarán el consejo tras haberse incorporado en 2019 Por último, se anunció la incorporación de la Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios (Aefaa) a FIAB, una decisión que refleja el esfuerzo de la federación por fortalecer y diversificar su presencia en el sector.