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La reciente sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a Airbnb ha sido recibida con buenos ojos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Asufin. Ambas entidades han subrayado la importancia de que las plataformas intermediarias asuman responsabilidades, más allá de solo obtener beneficios. Asufin ha señalado que esta multa representa un «aviso para navegantes». La compañía sancionada, Airbnb, ha manifestado su intención de recurrir la multa, calificándola de «contraria al marco legal español y europeo». En su comunicado, Airbnb destaca su colaboración con el Ministerio de Vivienda desde la implementación de la nueva normativa sobre alquileres de corta duración, vigente desde el pasado 1 de julio. Según Airbnb, "la nueva normativa, que exige que los anuncios indiquen el número de registro, no era aplicable cuando se inició la contienda en 2024". The ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha remarcado que esta es la segunda multa más alta impuesta por una autoridad de consumo en España, después de los 108 millones de euros a Ryanair. La OCU considera la sanción una medida en la dirección correcta para controlar el alquiler turístico, pero advierte que no se resolverá el problema del acceso a la vivienda solo con endurecer las regulaciones de alquiler temporal. Las infracciones identificadas por Consumo abarcan un total de 65.122 anuncios en Airbnb, acusados de prácticas comerciales desleales. Las principales violaciones incluyen la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, el uso de números de licencia falsos o incorrectos, y publicidad engañosa respecto a la naturaleza jurídica de los anfitriones. Esta conducta ha resultado en una infracción grave que asciende a una sanción de 64.055.311 euros, cantidad que Consumo asegura es «seis veces el beneficio ilícito» generado por Airbnb. El Tribunal Superior de Justicia de…
La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, una propuesta promovida por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, enfrenta un obstáculo significativo en el Congreso. A pesar de haber sido tomada en consideración hace un año, su avance se ha visto bloqueado por la oposición de Junts, lo cual significa que habrá que esperar a 2026 para conocer su destino definitivo. Una propuesta estancada El objetivo de la ley es incluir los contratos temporales bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, alineándolos con los contratos de vivienda habitual. Este cambio busca evitar el uso desregulado de dichos arrendamientos y seguir las pautas de la Ley de Vivienda del 2023, que actualmente no los contempla. La propuesta fue considerada por la Cámara Baja en diciembre de 2024, pero no fue hasta noviembre de 2025 que se reanudó su tramitación parlamentaria, con la convocatoria de una reunión para examinar las enmiendas presentadas. Este avance coincidió con el anuncio de Junts de bloquear la iniciativa legislativa del Gobierno. Apoyo insuficiente a pesar del respaldo del PSOE y PNV A pesar de la oposición de Junts, la propuesta logró superar la fase inicial de revisión gracias al respaldo del PSOE y el PNV, quedando lista para ser evaluada en la Comisión de Vivienda. Sin embargo, el camino para su aprobación no es fácil. El texto sí tendría apoyo suficiente en la comisión al sumar 19 votos a favor frente a los 18 en contra de PP, Vox y Junts Los proponentes consideraron la posibilidad de otorgar a la Comisión de Vivienda competencia legislativa plena para eludir el Pleno, donde PP, Vox y Junts tienen mayoría absoluta. Sin embargo, esta estrategia no prosperó debido a la presidencia del PP en la Comisión de Vivienda, quien no facilitó tal movimiento. Finalmente, el…
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso significativo en el ámbito tecnológico al firmar una orden ejecutiva dirigida a contrarrestar lo que considera regulaciones «excesivas» en el campo de la inteligencia artificial (IA) por parte de los Estados. Esta decisión refleja su preocupación por leyes que, según él, obligan a las empresas a incorporar «sesgos ideológicos». La libertad de innovación frente a la regulación estatal La orden ejecutiva está firmemente enfocada en garantizar que las empresas estadounidenses de inteligencia artificial tengan la libertad de innovar sin restricciones regulatorias innecesarias. Tal como se expresa en el documento, «Para ganar, las empresas estadounidenses de IA deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa». El texto critica las legislaciones estatales cada vez más enfocadas en permitir que las entidades incorporen sesgos ideológicos en sus modelos de IA. Normas nacionales frente a legislación estatal Particularmente, se hace mención a una ley en el estado de Colorado que busca prevenir «trato o impacto diferenciado» en grupos vulnerables, una medida que no es del agrado de la Administración Trump. Otros estados como California, Utah y Texas también han implementado regulaciones específicas sobre inteligencia artificial en el sector privado, lo cual ha sido objeto de escrutinio en este reciente anuncio presidencial. La Administración Trump «debe colaborar con el Congreso para garantizar que exista una norma nacional mínimamente gravosa, no 50 normas estatales discordantes» Para avanzar en esta visión, Trump ha solicitado a la fiscal general Pam Bondi que lidere un grupo de trabajo dedicado a desafiar aquellas leyes estatales sobre IA que no se alineen con estas nuevas directrices federales. Este desarrollo forma parte de un esfuerzo más amplio por «mantener y fortalecer el dominio global de la IA mediante un marco de políticas nacionales mínimamente oneroso».
La plataforma de alquiler inmobiliario Airbnb ha retirado 2.479 anuncios irregulares de habitaciones a petición del Ayuntamiento de Barcelona desde la entrada en vigor de la nueva regulación de los pisos turísticos en la ciudad. El anuncio fue realizado por el teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, durante la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles, en respuesta a una pregunta del concejal de BComú, Marc Serra. Valls detalló que Airbnb concentra el 99% de los anuncios de habitaciones de uso turístico y ha desactivado los mencionados 2.479 anuncios tras la petición del consistorio. «No es para estar extraordinariamente satisfechos, pero están cambiando un poco de actitud», agregó el teniente de alcalde, sugiriendo una leve mejora en la cooperación por parte de Airbnb. La acción municipal es claramente insuficiente El concejal Marc Serra enfatizó la insuficiencia de las medidas municipales, resaltando que aunque este año se han iniciado casi 350 casos, algunos estudios indican la existencia de alrededor de 3.000 pisos turísticos ilegales aún operando en Barcelona. Por su parte, desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento ha realizado un total de 18.856 inspecciones y ha abierto 1.727 procedimientos disciplinarios relacionados con viviendas compartidas sin permiso y pensiones encubiertas.
Ametic, la patronal de la industria digital en España, ha expresado su preocupación respecto al retraso en la implementación del sistema ‘Verifactu’, pospuesto ahora hasta 2027. Este aplazamiento ha generado incertidumbre entre las empresas debido a la «falta de previsibilidad normativa». Aunque la normativa vigente permite la adopción voluntaria de ‘Verifactu’, la patronal destaca que es fundamental mantener la continuidad del proyecto. En su comunicado, Ametic resalta la importancia de proporcionar «seguridad jurídica y estabilidad regulatoria» para fomentar la digitalización y la confianza dentro del ecosistema empresarial. La patronal cree que el sector tecnológico español ha demostrado su compromiso con la transparencia y la modernización fiscal. Por ello, considera imprescindible que las decisiones regulatorias se adopten con suficiente antelación y mediante diálogo. El sistema ‘Verifactu’, impulsado por la Ley Antifraude, regula los sistemas informáticos de facturación con el fin de lograr una mayor trazabilidad y seguridad contra la manipulación de estos procesos. A partir de 2027, millones de pymes y autónomos deberán emitir facturas a través de un software certificado que garantice un registro único, inalterable y trazable. El objetivo principal es reforzar la transparencia fiscal y evitar prácticas opacas De este modo, cualquier modificación quedará documentada mediante una factura rectificativa vinculada a la original, fortaleciendo así la confianza en el sistema fiscal del país.
La plataforma global de Binance, reconocida como el mayor ‘exchange’ de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, ha obtenido una licencia crucial de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi. Esta licencia no solo ofrece a Binance credibilidad y un acceso fluido a múltiples mercados, sino que también consolida su posición en la vanguardia del progreso normativo en las finanzas digitales, según expresó la compañía en un comunicado oficial. Binance describe este acontecimiento como un «gran paso adelante» hacia su objetivo de crear el ecosistema de activos digitales más fiable del mundo. La aprobación regulatoria abarca la plataforma global Binance.com mediante tres entidades reguladas independientes que operan dentro de ADGM. Estas entidades, que incluyen una bolsa, una cámara de compensación y un corredor de bolsa, cuentan con permisos regulatorios distintos, alineados con el marco regulatorio de ADGM. Compromiso con el cumplimiento y la protección del consumidor Nest Services Limited ha recibido la aprobación como bolsa de inversión reconocida (RIE, por sus siglas en inglés), con autorización para operar como sistema multilateral de negociación. Esta entidad se encargará de gestionar todas las operaciones de ‘trading’ dentro de la plataforma, abarcando tanto las transacciones ‘spot’ como los «derivados». "Obtener esta aprobación refleja el profundo compromiso con el cumplimiento, la transparencia y la protección de los usuarios", señaló Richard Teng, co-CEO de Binance. Añadió que este reconocimiento demuestra que Binance cumple con los más altos estándares internacionales en cumplimiento, gobernanza, gestión de riesgos y protección del consumidor. Este marco normativo proporciona a sus usuarios la tranquilidad de saber que Binance opera bajo un estándar regulatorio reconocido a nivel mundial. Por su parte, Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, comentó que esperan que Binance aproveche la solidez del marco regulatorio progresista y el…
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha expresado su respaldo a la Comisión Europea tras la multa de 120 millones de euros impuesta a X, la red social propiedad de Elon Musk. López calificó de «intolerables» los comentarios del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, realizados antes de que se anunciara la sanción. Según López, «la soberanía digital europea es una prioridad política para España», enfatizando su compromiso con las acciones de la Comisión. Vance había instado a la Unión Europea a «apoyar la libertad de expresión» y no «atacar» a las empresas estadounidenses. Estas declaraciones surgieron antes de que se conociera oficialmente la decisión de la Comisión Europea de sancionar a X por, entre otras cosas, el «diseño engañoso» de su marca azul de verificación de cuentas. Este sistema, que se presenta como un sello de autenticidad, es en realidad accesible de forma discrecional, lo que infringe las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA). Engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultación de información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en internet en la UE Henna Virkkunen, vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, denunció que estas prácticas exponen a los usuarios a riesgos como la suplantación de identidad. La multa también se debe a la falta de transparencia en el repositorio de anuncios y la obstrucción a investigadores en el acceso a datos. El portavoz Thomas Regnier afirmó que la sanción es «proporcionada» y acorde con la actuación de la Comisión. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado la comparecencia de directivos de Meta a fin de abordar presuntos casos de espionaje masivo a usuarios. Igualmente, Meta enfrenta una multa de 479 millones de euros por infringir el Reglamento Europeo…
El European Banking Consortium Stablecoin, liderado por CaixaBank junto a otros nueve bancos europeos, ha anunciado la creación de Qivalis, una empresa destinada a lanzar la primera stablecoin vinculada al euro. Según lo expuesto por los directivos en una rueda de prensa celebrada en Ámsterdam, esta criptomoneda prevé estar lista técnica y tecnológicamente a principios del segundo semestre de 2026. El presidente de la nueva empresa, Howard Davies, enfatizó que la creación de esta stablecoin busca solventar la escasez de criptomonedas estables asociadas al euro, marcando lo que considera una gran oportunidad para el mercado europeo. Asimismo, el director financiero, Floris Lugt, destacó que este desarrollo es independiente del euro digital que está diseñando el Banco Central Europeo, dado que, según su conocimiento, no hay planes de ligar el euro digital a la tecnología blockchain. Además de CaixaBank, el consorcio involucra a Banca Sella, BNP Paribas, Danske Bank, DekaBank, ING, KBC, Raiffeisen Bank International, SEB y UniCredit, y sigue abierto a la inclusión de más entidades bancarias. Lugt invitó a otros bancos a unirse al proyecto, expandiendo así el alcance de esta iniciativa. Desde su anuncio en septiembre, el consorcio ha estado centrado en cerrar la brecha de conocimiento entre los sectores bancario y cripto. Jan-Oliver Sell, CEO de Qivalis, apuntó que la empresa planea solicitar la licencia necesaria para operar la stablecoin en las próximas semanas, con la expectativa de obtenerla en los próximos seis a nueve meses. Davies resaltó que la Unión Europea tiene una buena regulación de los criptomercados, afirmando que este proyecto es fundamental para aumentar el protagonismo de Europa en el sector. El compromiso del consorcio se centra en crear un ecosistema de confianza, según Sell, ya que consideran que todavía existe un amplio margen para el crecimiento de este sector en Europa. La stablecoin…
El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha destacado el aumento ininterrumpido de los precios de la vivienda en España como un «problema de primera magnitud». Durante su intervención en el Foro Gran Vía en Bilbao, instó a realizar cambios regulatorios para «flexibilizar y acelerar la conversión de suelo en producto terminado», señalando la diferencia entre la oferta y la demanda de viviendas como un desafío crítico. La demanda supera la oferta de viviendas Torres Vila explicó que actualmente España experimenta un crecimiento poblacional de 300,000 hogares al año, mientras que solo se construyen 150,000 a 160,000 viviendas anualmente. Esta discordancia ha llevado a un marcado desajuste entre la oferta y la demanda, resultando en un aumento sostenido de precios que, según Torres, «siguen creciendo a doble dígito». Esto, añadido al continuo crecimiento de la demanda impulsada por la inmigración, subraya la urgencia de abordar el problema. Necesitamos cerrar el gap que ya existe entre oferta y demanda y, además, acompasar a la demanda que seguirá creciendo El presidente del BBVA argumentó que una reforma regulatoria que facilite y agilice la conversión de terrenos en viviendas podría ser una solución viable al problema. Como ejemplo de las dificultades actuales, mencionó el proyecto Madrid Nuevo Norte, donde se ha tardado décadas en comenzar la construcción de viviendas debido a la rigidez del planeamiento urbanístico. Un análisis de la economía y productividad española Torres Vila también abordó la situación económica de España, destacando un crecimiento estimado del 3% para este año y del 2,4% para 2026, impulsado en gran medida por la demanda doméstica gracias al crecimiento de la población y la mejora en el empleo. Sin embargo, enfatizó que la productividad sigue siendo una «asignatura pendiente», constreñida por la formación de capital que se encuentra por detrás de otras economías. El…
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha destacado la necesidad de incrementar las exigencias regulatorias en el mercado de criptomonedas antes de que estos productos sean comercializados. Durante su intervención en el ciclo de la Cátedra Economía y Sociedad de la Fundación La Caixa, San Basilio señaló la conveniencia de establecer controles previos para evitar riesgos. San Basilio advirtió sobre el «cóctel explosivo» que supone la atracción casi innata de los jóvenes hacia estos productos financieros, quienes tienden a evadir los canales tradicionales en favor de entidades presentes en redes sociales y que escapan al control de la CNMV. Ante esta situación, resaltó la importancia de que las plataformas colaboren con el organismo y ayuden a retirar contenidos fraudulentos. Ahora nos encontramos con la paradoja de que es mucho más fácil adquirir ‘criptos’ que una acción o un bono. Esto tiene que cambiar Recientemente, la CNMV impuso una multa de cinco millones de euros a Twitter por la promoción de ‘chiringuitos financieros’ sin comprobación legal, siendo esta la séptima sanción más alta en su historia. Uno de los pilares para el mandato de San Basilio hasta 2030 es la apuesta por la sostenibilidad. Subrayó que, aunque se ha pasado de una sobreregulación a una casi desregulación, no es el momento de eliminar las exigencias, sino de simplificarlas drásticamente. Paralelamente, la Comisión Europea ha propuesto enmiendas que buscan simplificar las normas y reducir las cargas en el sector financiero. Por otro lado, San Basilio ha manifestado su interés en facilitar el acceso de inversores minoristas a los mercados de valores mediante incentivos fiscales y la adaptación de la cultura financiera. Una estrategia que cobra relevancia en vista de las próximas salidas a bolsa previstas para el próximo año.