salario minimo

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha solicitado a la CEOE que realice un «diagnóstico de verdad, no de cuñados» sobre el incremento de las bajas por Incapacidad Temporal (IT). En unas declaraciones a Radio Euskadi, Sordo ha señalado que las explicaciones simplistas que culpan a los trabajadores de ser «de cristal» o de carecer de la «cultura del esfuerzo» son inadecuadas y superficiales. Sordo ha argumentado que hay varias causas que explica este aumento. Entre las más destacadas se encuentra la situación de la atención sanitaria, tanto primaria como especializada. El retraso en las citas médicas y el aplazamiento de pruebas diagnósticas prolongan dolencias y, por consiguiente, las bajas laborales. Según Sordo, invertir más en sanidad pública y mejorar su funcionamiento podría ser una de las soluciones a este problema. Otro factor a considerar es el aumento de la edad media de los trabajadores. Sordo propone que se implementen coeficientes de reducción para permitir jubilaciones anticipadas en profesiones de especial riesgo. Esto requeriría una sobrecotización en dichos sectores, pero reduciría el número de bajas que algunos consideran como absentismo. Calidad preventiva y condiciones laborales Además, Sordo ha criticado la calidad preventiva en muchas empresas, señalando que el 32% de los accidentes mortales en España son provocados por causas no incluidas en los Planes de Prevención de Riesgos. Esta situación genera condiciones laborales deficientes, con sobreesfuerzos y estrés. Otros factores como la falta de desconexión digital y el estrés por la dificultad de conciliar la vida laboral y personal también contribuyen al aumento de las bajas. Por último, Sordo ha señalado que el acceso a la vivienda y los costos asociados también dificultan a los trabajadores desplazarse para aceptar empleos lejanos, abogando por la patronal a pedir precios de acceso a la vivienda asequibles. También sugirió promover la formación…
El Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para continuar las negociaciones sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026. Según fuentes del departamento, el aumento se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero, al igual que se hizo en años anteriores. El salario mínimo, que comenzará el año en 1.184 euros mensuales por catorce pagas, se ajustará posteriormente a la cifra acordada. En la reunión celebrada recientemente, el Comité de Expertos presentó dos propuestas de subida: un incremento del 3,1% para mantener el SMI exento de tributación, o del 4,7% si se opta por su tributación en el IRPF. De ser aprobada alguna de estas propuestas, el salario mínimo podría alcanzar los 1.221 euros o 1.240 euros mensuales, respectivamente. La posición del Ministerio de Hacienda es fundamental en este proceso, ya que está abierto a analizar la actualización de la deducción vigente en el IRPF para adaptarla al nuevo SMI. La intención es garantizar que el salario neto del colectivo más vulnerable no sea inferior al 60% del salario medio nacional, en cumplimiento de la Carta Social Europea. Los sindicatos CCOO y UGT proponen un incremento más significativo del 7,5%, que llevaría el SMI a 1.273 euros mensuales con tributación obligatoria. Sin embargo, están dispuestos a valorar otras cifras siempre que se asegure que el salario mínimo representa el 60% del salario medio neto. Los perceptores del salario mínimo deben cobrar el 60% del salario medio neto de manera íntegra en sus bolsillos Por su parte, la CEOE ofrece una subida más moderada del 1,5%, condicionada a la no modificación de las reglas de absorción y compensación, un punto de discordia con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. El próximo encuentro, programado para después de las fiestas navideñas, será crucial para definir…
El Ministerio de Trabajo no presentó ninguna propuesta durante la reunión celebrada este martes para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. Sin embargo, según fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz, se espera que en futuros encuentros se aborde esta cuestión. Durante esta primera reunión con los agentes sociales, se presentó el informe elaborado por los expertos y se expusieron los criterios seguidos en su elaboración. El siguiente paso, tal y como señalan las mismas fuentes, será que el Gobierno realice una propuesta inicial para alcanzar un acuerdo en el marco del diálogo social. Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT insistieron en que el acuerdo para la subida del SMI debe incluir una reforma de las reglas de compensación y absorción, garantizando que la subida llegue efectivamente a los trabajadores. Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical de CCOO, y Fernando Luján, vicesecretario general de UGT, recalcaron esta necesidad al término de la reunión. Nosotros hemos planteado la necesidad de vincular una cosa (la subida del SMI) y la otra (la reforma de las reglas de absorción y compensación) en un mismo acuerdo Pacheco explicó que la propuesta sindical contempla la tramitación de dos reales decretos: uno para actualizar el salario mínimo y otro para modificar las normas de compensación y absorción, este último vinculado a una directiva europea. Trabajo ha ofrecido la posibilidad de habilitar estos decretos en paralelo como parte del mismo acuerdo para el SMI. Los sindicatos esperaban que el Gobierno manifestara su posición tras el informe que sugiere un incremento del SMI del 3,1% sin tributación en el IRPF, o del 4,7% si tributara, alcanzando los 1.221 o 1.240 euros mensuales, respectivamente, por catorce pagas. El Gobierno, según Pacheco, indicó que primero quería evaluar los márgenes de negociación existentes ante las propuestas…
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha realizado un llamamiento al Gobierno y a la patronal para implementar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que alcance los 1.273 euros mensuales en 2026. Esto representa un incremento del 7,5% en comparación con el año 2025. Esta petición surge tras conocerse el dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre, el cual se situó en un 3%. El sindicato ha expresado su preocupación por la persistencia de las presiones inflacionistas, destacando el incremento progresivo de la inflación subyacente hasta el 2,6%, una cifra que se erige como la más alta del año. UGT demanda que el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) impulse subidas salariales que amplíen el poder adquisitivo A pesar de que la media de subidas salariales en convenio es del 3,5%, UGT señala que al menos dos millones de trabajadores no han experimentado aumentos salariales acorde con dicha inflación, lo que afecta negativamente su poder adquisitivo. El sindicato subraya la necesidad de extender las cláusulas de garantía salarial en todos los sectores, con el objetivo de proteger el poder de compra de los trabajadores. Instan a que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva sea una herramienta clave para contrarrestar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los empleados.
La actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para cubrir la inflación no es solo una decisión política o social: es también un ejercicio de ingeniería financiera para miles de empresas. Los cálculos apuntan a un impacto agregado de unos 1.500 millones de euros adicionales en costes laborales, una cifra que obliga a revisar presupuestos, márgenes y estrategias de negocio, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y en pymes con poco colchón financiero. En los departamentos financieros, el primer paso ha sido poner números al problema. Muchas compañías han elaborado simulaciones internas para ver cómo se encadena la subida del SMI con el resto de la estructura salarial. No solo suben los salarios mínimos: también hay que reajustar tramos inmediatamente superiores para evitar que trabajadores con más responsabilidad o antigüedad cobren prácticamente lo mismo que quienes acaban de entrar. Esa “reordenación de escalas” multiplica el coste y obliga a afinar mucho las cuentas. A partir de ahí, la respuesta empresarial se apoya en varias palancas. Una de las más evidentes es la gestión de márgenes. En sectores donde la demanda se mantiene fuerte o existe cierto poder de negociación sobre el cliente, las empresas intentan trasladar una parte del aumento de costes al precio final de sus productos o servicios. Sin embargo, no todas pueden hacerlo: en actividades muy expuestas a la competencia internacional o a licitaciones públicas cerradas, subir precios no es una opción, y la única alternativa es asumir el golpe reduciendo beneficios o recortando otros gastos. Ahí entra la segunda gran línea de actuación: la eficiencia. La subida del SMI está acelerando decisiones que llevaban tiempo encima de la mesa. Proyectos de automatización de almacenes, implantación de software de gestión de turnos y horarios, herramientas de control de productividad o digitalización de procesos administrativos que se…
El comité de expertos designado por el Gobierno ha cumplido con el mandato de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al presentar dos posibles escenarios para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara al año 2026. En el contexto actual, el SMI se sitúa en 1.184 euros mensuales repartidos en catorce pagas. La propuesta de este comité, confirmada por fuentes cercanas y reportada inicialmente por ‘El País’, sugiere un incremento mensual de 37 euros, alcanzando así los 1.221 euros por catorce pagas si se mantiene la exención de tributación. Alternativamente, se plantea un aumento de 56 euros mensuales, situando el SMI en 1.240 euros mensuales, condicionando este escenario a la tributación del ingreso en el IRPF. En términos porcentuales, los incrementos propuestos representan un alza del 3,1% sin tributación y del 4,7% con tributación, alineándose con la Carta Social Europea que estipula que el SMI debe representar al menos el 60% del salario medio. Esta propuesta difiere notablemente de las posiciones defendidas por otros actores sociales. Las patronales CEOE y Cepyme han sugerido un incremento máximo del 1,5%, elevando el SMI a 1.202 euros brutos sin exención del IRPF. Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT proponen un incremento del 7,5%, alcanzando los 1.273 euros mensuales, con tributación obligatoria en el IRPF Este debate subraya las diferencias de enfoque entre los distintos sectores en torno a qué nivel de SMI es adecuado y sostenible para el futuro económico del país.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha lanzado una propuesta para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 1,5% para el año 2026, lo que significaría un coste bruto de 862 millones de euros. Según las cifras de la patronal, cada punto de incremento salarial supone un coste de 575 millones de euros. El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE ha propuesto que el SMI alcance los 1.202 euros brutos mensuales en catorce pagas, cifras que no estarían exentas de tributación en el IRPF. Según el comunicado de los empresarios, esta subida está alineada con el incremento previsto para empleados públicos el próximo año, en consonancia con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. Estos objetivos incluyen el fomento de la negociación colectiva, mejorar el nivel de vida, reducir la pobreza laboral y fomentar la cohesión social, así como disminuir la brecha salarial de género. Para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores , señalaron las patronales CEOE y Cepyme. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, describió esta propuesta como «más que generosa». Destacó que es inaceptable utilizar estadísticas no pertenecientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) al discutir el salario medio, ya que sectores como la agricultura, ganadería, pesca y el doméstico, que son significativamente impactados por el SMI, se ven excluidos perdiendo empleo. En contraste con la propuesta de la CEOE, los sindicatos CCOO y UGT han defendido un incremento mayor del 7,5%, situando el SMI en 1.273 euros brutos al mes en 2026, con tributación en el IRPF. Este enfrentamiento de posturas antecede a las decisiones del comité de expertos asignado por el Ministerio de Trabajo, el cual debe plantear dos posibilidades de subidas del SMI: una con…
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado sus reservas sobre la implementación de pluses en el salario mínimo interprofesional (SMI), propuesta apoyada por los sindicatos CCOO y UGT. Garamendi ha indicado que esta medida podría llevar a incrementos del SMI de hasta un 25% o 30%, señalando que tal acción «está fuera de lo que es el Estatuto de los Trabajadores». Durante su intervención en los ‘XII Premios Cepyme’, Garamendi se refirió a la propuesta de CCOO y UGT de elevar el SMI en un 7,5% para 2026, alcanzando los 1.273 euros mensuales. Subrayó que si bien el salario mínimo es objeto de consulta con los interlocutores sociales, corresponde al Gobierno la decisión final, cuestionando la eficacia de la «famosa mesa de expertos». Desde la patronal no saben nada sobre la mesa, pero que analizarán los temas para contestar destacó Garamendi, mostrando escepticismo sobre la experticia de los involucrados. Al abordar la discusión sobre la tributación del SMI, Garamendi calificó el debate actual como «absurdo» y sugirió que cualquier modificación debería discutirse en el Congreso. Criticó que, mientras muchas personas con SMI tributan actualmente, se plantea ahora cambiar esta situación arbitrariamente. Desde la CEOE, abogan por una deflactación del IRPF, argumentando que los impuestos actuales generan ingresos extraordinarios que no consideran justos. Garamendi enfatizó la necesidad de establecer normas claras que determinen quién debe tributar y defendió que los cambios fiscales no deberían basarse en cálculos políticos, lo cual calificó de «muy poco serio». Tenemos que tener la norma por la cual a partir de una cantidad pagamos o no pagamos declaró Garamendi, emplazando a una revisión seria del sistema tributario y su impacto en los salarios.
El Ministerio de Trabajo de España ha iniciado un proceso de negociación con la patronal y los sindicatos para modificar el marco normativo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), incorporando aspectos de la directiva europea de salarios mínimos y la Carta Social Europea. Esta iniciativa se presentó durante una reunión entre el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. El objetivo central de estas negociaciones es garantizar que las actualizaciones del SMI se reflejen en las nóminas sin afectar a los complementos salariales que incentivan la productividad o reconocen riesgos laborales. Fuentes del Ministerio han indicado que la reunión se desarrolló en un ambiente «constructivo», y las propuestas discutidas se incluirán en un texto que será evaluado por las organizaciones sindicales y empresariales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a llevar a cabo esta adaptación completa de la directiva como parte de un acuerdo con los sindicatos para incrementar el SMI para el año 2025. Esta directiva, adoptada en 2022 por la Comisión Europea, busca mejorar las condiciones de vida y trabajo en la Unión Europea (UE), asegurando que los salarios mínimos se ajusten a las condiciones de vida de cada país. El sindicato CCOO ha propuesto establecer por ley que el salario mínimo represente el 60% del salario medio neto limitando también la compensación y absorción, además de asegurar los incrementos salariales en empresas sujetas a licitación pública. Por su parte, desde UGT, Patricia Ruiz ha destacado la importancia de que la subida del SMI se haga «efectiva», dada la existencia de cláusulas de compensación y absorción que en ocasiones anulan estos incrementos.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha expresado que el actual salario mínimo interprofesional (SMI) se queda «corto», a pesar de haber experimentado un significativo aumento del 61% en los últimos años. Atribuye esta insuficiencia a la escalada desmedida de ciertos bienes, especialmente el precio de la vivienda, cuyo coste se ha disparado «de manera brutal» desde 2018. Álvarez argumenta que la vivienda ha dejado de estar al alcance no solo de quienes perciben el SMI, sino también de aquellos trabajadores que superan el salario medio nacional. En sus declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, subrayó que «hoy la vivienda no está al alcance no solo de la gente que cobra el SMI, sino de trabajadores y trabajadoras que están por arriba del salario medio de nuestro país». Reconociendo que el problema no puede ser resuelto únicamente mediante incrementos del SMI, Álvarez insiste en que todavía queda «un trecho importante» para alcanzar el objetivo de que esta renta mínima represente el 60% del salario medio. En este sentido, planea solicitar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que convoque a la mesa de negociación para adecuar el SMI a la situación económica actual del país. Además, el líder sindical ha enfatizado la importancia de trasponer la directiva sobre salarios mínimos. Esto permitiría evitar que los complementos salariales se vean afectados por el incremento del SMI y aseguraría que en Ceuta, Melilla y las islas se mantenga un diferencial del 25% necesario por las características únicas de estas regiones. Álvarez destacó la urgencia de que el SMI refleje «la situación que vive el país» y que se realicen los ajustes necesarios para proteger a las regiones insulares y las dos ciudades autónomas.