Sanciones

La consultoría Grant Thornton ha advertido sobre los desafíos significativos que enfrenta la implementación del nuevo registro horario, citando principalmente la incertidumbre técnica y regulatoria, debido a la falta de un desarrollo normativo claro y las complicaciones técnicas asociadas. Durante el encuentro ‘El registro horario 2025: cómo afrontar la normativa que viene’, organizado por Grant Thornton, diversos expertos analizaron los cambios regulatorios venideros en materia de registro horario. Se discutió también cómo la Inspección de Trabajo interpreta y aplica esta normativa, así como el impacto de esta herramienta en la productividad. Según los especialistas, un sistema de registro horario bien diseñado puede reducir el presentismo y el absentismo, así como las horas extra no planificadas y los litigios, al proporcionar métricas trazables. El registro horario es una obligación legal en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores en España, y su incumplimiento puede conllevar sanciones de hasta 7.500 euros. La situación es similar en otros países europeos como Alemania, donde el registro es obligatorio y electrónico, con multas de hasta 30.000 euros; en Francia, con sanciones de 750 euros por trabajador y hasta 3.750 euros para la empresa, y en Suecia, donde se negocia mediante convenios colectivos para horas extras y tiempos de guardia. A falta de requisitos técnicos específicos en el nuevo Real Decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo, los expertos recomiendan implementar sistemas básicos que cumplan con lo esencial. Javier Sáez, asociado ‘senior’ de Laboral de Grant Thornton, destaca que es prioritario identificar a la persona, definir la jornada, horarios y pausas, así como gestionar horas extra y medidas de conciliación. Otro eje crítico del nuevo registro horario es la protección de datos, ya que el modelo tratará información personal . La definición de «tiempo de trabajo efectivo» introduce complejidades adicionales, abarcando pausas, desplazamientos, teletrabajo y…
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto sanciones a varias empresas, entre las que destacan Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020, por aplicar falsas rebajas durante el Black Friday de 2023. Esta medida forma parte de una investigación exhaustiva que ha resultado en multas por un total de 350.000 euros a siete grandes empresas. El ministro Pablo Bustinduy aseguró recientemente que Consumo ha lanzado una campaña de monitorización y vigilancia para investigar las potenciales prácticas engañosas durante la temporada de rebajas conocida como ‘Black Friday’ y el posterior ‘Ciber Monday’. En particular, la Dirección General de Consumo llevará a cabo un barrido tecnológico para supervisar si los operadores aumentan los precios antes del evento para luego reducirlos a sus niveles originales. El objetivo de esta campaña es detectar la presencia de prácticas oscuras e ilícitas, como precios por goteo, técnicas de venta bajo presión, precios dinámicos o personalizados basados en datos personales. Todas estas estrategias reducen la transparencia y buscan inducir a error a los consumidores o presionarlos a tomar decisiones de compra precipitadas. Consumo advierte que en promociones y descuentos debe usarse como precio de referencia el menor precio que se haya mostrado en los últimos 30 días La identidad de cinco de las siete empresas sancionadas por Consumo se ha revelado debido a la naturaleza de las infracciones. Las sanciones económicas, además, vienen acompañadas por penalizaciones accesorias de publicidad para disuadir de la repetición de estas prácticas comerciales. Las multas fueron impuestas según el artículo 47.1 m) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que trata sobre el uso de prácticas comerciales desleales. De mayor a menor cuantía, las compañías sancionadas son Notino Italia con 110.000 euros, Gestaweb 2020 con 100.000, Media Markt con 25.000, Carrefour…
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto sanciones por más de 33 millones de euros a 32 operadores de juego ‘online’ en España. Entre ellos, 26 empresas han sido multadas por infracciones graves, mientras que seis enfrentan sanciones por transgresiones muy graves. Operadores multados y detalles de las sanciones Entre los operadores sancionados se encuentran destacadas empresas como Betfair, 888 y Codere. Estas organizaciones han sido penalizadas por infracciones graves bajo la normativa vigente, sumando un total de más de tres millones de euros en multas. En particular, 888 Online pagará 250.000 euros por incumplimientos relacionados con los reglamentos técnicos del software y los sistemas de comunicación. Betfair ha recibido una multa de 100.000 euros por no adherirse a las normativas de juego responsable y protección de jugadores. Codere, a su vez, se enfrenta a una multa de 17.500 euros por uso de sistemas técnicos no homologados. Además, seis operadores extranjeros operando sin licencia en España han sido multados con cinco millones de euros cada uno, acumulando un total de 30 millones de euros y sus páginas serán bloqueadas. XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings, y Novaforge son las empresas que se encuentran en la lista negra tras estas graves infracciones. Contexto y consecuencias de las sanciones En lo que va del año, el Ministerio ha emitido 58 sanciones graves y muy graves, alcanzando casi 111 millones de euros. La última modificación de la Ley de Regulación del Juego exige que tales infracciones, firmes en vía administrativa, se hagan públicas a través de la página de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Desde julio de 2021, se han reportado 212 sanciones por un importe total de 496 millones de euros. Este esfuerzo por regular el juego ‘online’ busca promover…
Las autoridades de Estados Unidos han decidido imponer sanciones contra 41 entidades, individuos, embarcaciones y aeronaves involucrados en un esquema que evade las restricciones sobre la venta de petróleo iraní. Este complejo entramado dirige sus beneficios a las Fuerzas Armadas del país centroasiático. La red está compuesta por numerosas empresas establecidas en países como Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Irán, India, Liberia, Gambia, Grecia y Alemania, así como por ciudadanos de diversas nacionalidades, incluyendo india, iraní y búlgara. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha dictado sanciones contra seis buques que enarbolan banderas de Panamá, Gambia y Palaos. Estos buques forman parte de una inclasificable «flota paralela de petroleros» de la que Irán depende para mover sus exportaciones de crudo. Según la OFAC, bajo la dirección de Scott Bessent, ya se han sancionado más de 170 embarcaciones de esta naturaleza. «Ha incrementado los costes para los exportadores de petróleo iraníes y reducido los ingresos que Irán recibe por cada barril de petróleo vendido», indicó Bessent, señalando que estas medidas buscan cortar el flujo económico que financia las ambiciones nucleares de Irán. Conjuntamente, el Departamento de Estado ha sancionado a 17 empresas, personas y embarcaciones repartidas en países como India, Panamá, Seychelles, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Singapur y las Islas Marshall. Este paso refuerza el enfoque de sanciones centrado en bloquear los flujos financieros que sostienen a los grupos terroristas aliados de Irán en la región. «Los fondos generados por la venta ilícita de petróleo se utilizan para apoyar a los grupos terroristas regionales aliados de Irán», advirtió un comunicado oficial, alertando sobre el riesgo que representan estos ingresos utilizados para adquirir sistemas de armas que podrían amenazar a fuerzas de Estados Unidos y sus aliados.
El Banco de España ha impuesto multas a dos accionistas de la fintech Divilo debido a la falta de notificación sobre la adquisición de una participación significativa en la empresa. Según consta en el registro de sanciones del supervisor financiero, Joan Bombardó Garriga fue sancionado con 3.000 euros, mientras que la sociedad BR3 2016 SLU recibió una multa de 12.000 euros. Ambas sanciones se vieron reducidas en un 40% al acogerse a las reducciones legales. La entidad de pago Divilo Fintech experimentó la toma de una participación significativa directa el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, ni Bombardó ni BR3 2016 SLU notificaron al Banco de España su intención previa de realizar la adquisición, lo que ha provocado las sanciones actuales. Por otra parte, el mes pasado, el Banco de España también multó con 18.000 euros al presidente y consejero delegado de Divilo, Juan Guruceta, debido a deficiencias en el cumplimiento de los requerimientos de recursos propios de la empresa. Durante al menos seis meses, Divilo mantuvo niveles por debajo del 80% del mínimo exigido en relación con los riesgos asumidos. Por este mismo motivo también se impuso una sanción de 36.000 euros a la propia empresa
El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera vuelta al anteproyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido comúnmente como el Estatuto del Becario. Esta normativa, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, llega más de dos años después de su firma junto a los sindicatos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó la norma como «la reforma laboral para las nuevas generaciones en nuestro país». Este nuevo estatuto aspira a proporcionar un marco claro para los contratos de formación en España, asegurando que la formación se destine exclusivamente al aprendizaje. Las personas en prácticas no deberían sustituir a trabajadores contratados y tendrán derechos garantizados. Medidas estrictas y sanciones para salvaguardar derechos El estatuto establece un régimen sancionador para las empresas que incumplan los derechos de los estudiantes, con multas que pueden llegar hasta los 225,000 euros. Las prácticas extracurriculares serán limitadas a un total de 480 horas, asegurando también una compensación económica para los gastos incurridos por los alumnos, como desplazamiento y manutención. La normativa ha suscitado polémica dentro del Gobierno por las discrepancias entre el PSOE y Sumar, además de no haber contado con la participación de universidades en su elaboración. Sin embargo, el objetivo es claro: erradicar la segregación en la formación práctica. Según Yolanda Díaz, «las personas que estén formándose formarán parte del ambiente laboral y tendrán el mismo acceso a los espacios de trabajo que el resto de los empleados». Marco jurídico integral para estudiantes en prácticas El proyecto de ley busca definir los periodos y el régimen jurídico de la formación práctica en empresas. Contempla sanciones severas para las empresas que violen derechos fundamentales, como…
El Consejo de Ministros de España tiene previsto aprobar la Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocida como el Estatuto del Becario, tras más de dos años desde que fuera presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta norma ha sido motivo de discrepancias dentro del propio Gobierno, concretamente entre el PSOE y Sumar. El objetivo y régimen sancionador del Estatuto del Becario El anteproyecto de ley busca regular los periodos de formación práctica no laboral en empresas y establece un marco jurídico claro para ello. Las empresas que incumplan los derechos de los alumnos, enfrentándose a sanciones que pueden llegar a los 225.000 euros, verán su conducta tipificada y castigada según la gravedad de la infracción. Las infracciones muy graves implican multas entre 120.006 y 225.018 euros El documento estipula como muy graves aquellas infracciones que incluyan discriminaciones por diversos motivos como la edad, el género u otro tipo de características personales. Además, se han incluido especificaciones sobre la compensación de gastos a los estudiantes, estableciendo que las prácticas extracurriculares no deben superar las 480 horas totales. Controversias y rechazos del mundo académico y empresarial La ley ha generado rechazo tanto en el ámbito universitario como entre la patronal. CRUE Universidades Españolas ha expresado su preocupación, considerándola una amenaza para el actual modelo de prácticas. Los rectores critican la falta de participación universitaria en la negociación, señalando que las prácticas son un asunto académico y no deberían ser gestionadas únicamente por sindicatos y patronal. CRUE considera que el régimen de prácticas debe estar bajo competencia del Ministerio de Universidades Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se opone tanto a la forma como al contenido del acuerdo, alegando que el tiempo de aprobación…
El índice bursátil español, el Ibex 35, cerró la jornada de manera prácticamente estable, con un leve aumento del 0,07%, alcanzando los 15.792,2 puntos. Durante el día, había llegado a 15.860 enteros, pero se vio afectado principalmente por Bankinter, que presentó resultados de su tercer trimestre. Bankinter, liderado por Gloria Ortiz, reportó beneficios de 811,5 millones de euros hasta septiembre, lo que representa un incremento del 11% respecto al año anterior. Este resultado lo acerca a su objetivo de lograr un beneficio récord de 1.000 millones de euros en 2025. A pesar de este crecimiento, el banco experimentó una caída del 3,5% en su margen de intereses debido a las variaciones en los tipos de interés oficiales. No obstante, esto se vio compensado por un incremento del 10,6% en las comisiones netas. En el apartado internacional, las tensiones geopolíticas se intensificaron cuando la Administración de Donald Trump impuso sanciones a empresas petroleras rusas, mencionando una «falta de compromiso» de Moscú en las negociaciones de paz sobre Ucrania. Estas sanciones fueron calificadas por expertos de Banca March como un paso más hacia el aislamiento económico de Rusia. Un posible acuerdo comercial de EEUU con India, que incluya la reducción de las importaciones de petróleo ruso, podría tener un impacto más significativo en la economía rusa El contexto internacional también se ve complicado por el continuo cierre del gobierno estadounidense, que ya es el segundo más largo en la historia del país. La falta de un acuerdo sobre la ley de financiación ha resultado en la demora de la publicación de datos macroeconómicos clave. Sin embargo, se espera la divulgación del dato de IPC de septiembre. En el ámbito local, Atresmedia reportó ingresos netos de 696,5 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 2,3% menos que en el…
Talgo enfrenta nuevos desafíos al retrasarse una vez más en su compromiso de entrega de 13 nuevos trenes de alta velocidad a Renfe. Este incumplimiento podría derivar en sanciones adicionales a las ya impuestas por la demora de los famosos Avril 106. Actualmente, la empresa confronta multas por valor de 116 millones de euros debido al aplazamiento de más de dos años y medio en la entrega. El impacto de los retrasos en la inversión de Renfe El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, subrayó la relevancia del retraso durante la presentación del nuevo plan de inversión de 1.000 millones de euros de Renfe, destinado a renovar talleres y reducir incidencias. “Los 107 tendrían que haber llegado y seguimos sin fecha de entrega”, afirmó Puente, destacando la necesidad de nuevos trenes. La incertidumbre en la entrega explica el reciente viaje del ministro a Alemania para explorar opciones con la fábrica de Siemens, aunque con cierto escepticismo respecto a los plazos deseados: "Tenía expectativas más altas sobre la compra de trenes con plazos más cortos, pero no sé si se verán cumplidas". Estos trenes 107 están relacionados con un contrato otorgado a Talgo en 2021, tasado en 126 millones de euros, para fabricar 26 locomotoras de alta velocidad. Sin embargo, el mantenimiento, adjudicado también a Talgo por 84 millones, debería haber comenzado en septiembre de 2024, pero los trenes no han empezado a operar. Ampliación de la capacidad industrial de Talgo Aparte de los trenes, en 2018 Talgo consiguió otro contrato para adecuar 156 vagones trenhotel para velocidades de 330 kilómetros por hora, con un valor adicional de 107 millones de euros. Todos estos contratos alcanzan los 317 millones de euros, lo que incrementa la presión sobre Talgo, que enfrenta una posible multa del 15% por el retraso en…
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado las medidas tomadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en relación con las sanciones impuestas a siete empresas por haber desplegado prácticas engañosas durante las rebajas del ‘Black Friday’. En particular, el tribunal ha emitido dos autos referentes al recurso interpuesto por una de estas empresas sancionadas, desestimando su petición de medidas cautelares que le hubieran permitido eludir la sanción durante el proceso de revisión del recurso. La compañía implicada está ahora obligada a depositar un aval de 110.000 euros, equivalente a la multa económica impuesta, además de prohibírsele continuar con las actividades irregulares. Según la comunicación realizada por el Ministerio el miércoles pasado, el TSJM ha resuelto en favor de las acciones gubernamentales para proteger a los consumidores, similares a las medidas previas relacionadas con anuncios ilegales en plataformas como Airbnb. Las sanciones, que en su conjunto ascienden a cerca de 350.000 euros, se establecieron por manipular los precios de productos antes del ‘Black Friday’ para simular descuentos. Esta acción infringe el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que exige que el precio de referencia debe ser el menor registrado en los 30 días anteriores a la rebaja. El Ministerio destaca que esta práctica es contraria a la normativa que busca proteger la transparencia en las ventas al consumidor. Ahora, tras los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se refuerza la prohibición de llevar a cabo estos falsos descuentos durante épocas de rebajas como el ‘Black Friday’, que tiene lugar a finales de noviembre De las siete empresas acusadas, tres han reconocido su responsabilidad mientras que las restantes optaron por recurrir. Las actividades fraudulentas se realizaron en el año 2023, repercutiendo en comercios ‘online’ que ofertan productos en diversas…