Sareb

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), comúnmente denominada ‘banco malo’, ha puesto en marcha un proceso de licitación para contratar una empresa que certifique la adecuación de unos 12.000 activos inmobiliarios, entre viviendas y suelos. Estos activos deben cumplir con los requisitos para ser traspasados al futuro parque público de alquiler asequible, que ahora gestionará Sepes bajo el nuevo nombre de Casa 47. Este esfuerzo forma parte de la estrategia gubernamental para fomentar un parque público de viviendas en alquiler a precios asequibles. Hasta el momento, se han identificado 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos con un valor de aproximadamente 5.900 millones de euros, que podrían contribuir al parque, con capacidad para albergar más de 55.000 viviendas. Para ello, el Consejo de Ministros estableció el verano pasado un conjunto de requisitos, tanto geográficos como económicos y técnicos, asegurando que los edificios cumplan con estándares de habitabilidad y no presenten patologías estructurales. Sareb ha detallado en su licitación que carece de los medios y recursos necesarios para cumplir con los requisitos de certificación exigidos en los plazos estipulados. La licitación responde a la necesidad de atender la solicitud de Sepes, que se transformará en Casa 47, basada en la necesidad de traspasar activos cumpliendo los criterios del Consejo de Ministros. El servicio de certificación se ofrecerá únicamente cuando sea específicamente solicitado por Sareb o sus servicers, Aliseda/Anticipa e Hipoges. Los activos a certificar estarán previamente identificados en un perímetro que será proporcionado. La empresa adjudicataria deberá visitar todos los componentes de cada inmueble y emitir un informe exhaustivo. Este informe incluirá un check list de requisitos cumplidos, evidencia fotográfica y cualquier incidencia detectada. El valor del contrato asciende a 4,4 millones de euros, y las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 17 de diciembre a…
El Partido Popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de crear «otro chiringuito ideológico» con la empresa pública de vivienda. Según un comunicado emitido por la formación, se trata de una maniobra para «ocultar el fracaso» en la gestión del problema habitacional en España. El portavoz popular reaccionó al anuncio de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre la creación de la Entidad Estatal de Vivienda. Esta entidad ha evolucionado desde la Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, con el objetivo de gestionar el parque público de viviendas a precios asequibles. Un año atrás, Pedro Sánchez ya había anticipado la creación de esta «gran» empresa pública para construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE). En este contexto, el PP considera que la nueva empresa es «otro acto de maquillaje» que busca encubrir lo que ven como una gestión fallida que afecta directamente a los proyectos de vida de miles de españoles. Además, han criticado el nombramiento de la jefa de gabinete de la ministra Rodríguez al consejo de administración de Sepes, un gesto que califican de «premio» pese a un informe de la UCO que, según ellos, la señalaba. El PP ha afirmado que «Sánchez está más preocupado en crear chiringuitos ideológicos que en solucionar los problemas de los españoles» El comunicado del PP también aborda el cierre de la Sareb, destacando que «costará 16.500 millones de euros a los ciudadanos debido a la asunción de la deuda por parte del Gobierno». Con esos fondos, argumentan, «[se podrían construir más de 100.000 viviendas asequibles para jóvenes]». Desde la óptica del PP, en siete años de gobierno, Sánchez solo ha contribuido a reducir la oferta de vivienda y a incrementar los precios, que señalan han subido más de un 50%. Además, han resaltado…
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, ha avanzado notablemente en su misión de aportar un impacto social positivo, destinando más de 11.500 viviendas de su cartera a fines sociales. Este esfuerzo se enmarca en los programas de utilidad social que la compañía impulsó en 2022, tras la toma de control por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). A través de sus programas, más de 35.000 personas en situaciones de vulnerabilidad se han beneficiado, especialmente a través del Programa de Alquiler Social con Acompañamiento e Inserción Laboral, que ya cuenta con cerca de 9.800 hogares participantes. Adicionalmente, Sareb ha cedido 1.625 viviendas a Administraciones públicas mediante convenios, y ha proporcionado 180 viviendas gratuitas a los afectados por la DANA, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y otras entidades. Hemos hecho un gran esfuerzo en los últimos años por impulsar este programa y las cifras avalan nuestro trabajo Un hito significativo logrado por Sareb ha sido la consolidación de su programa de ‘Acompañamiento e Inserción Laboral’, que ha facilitado la reinserción laboral de más de 600 personas. En 2025, esta cifra ha crecido, logrando un equivalente a una reinserción laboral diaria y cerca de 700 contratos laborales firmados. El director de Vivienda Social y Asequible de Sareb, Pau Pérez de Acha, destacó el éxito del programa, señalando su sostenibilidad económica y su contribución a que muchas familias salgan del riesgo de exclusión social. El esfuerzo de Sareb ha permitido una mejora superior al 20% en los ingresos de las unidades familiares participantes. Además, el Programa de Alquiler Social de Sareb mantiene una tasa de mora del 10,6%, significativamente menor a la media del sector, reflejando el fuerte compromiso de las familias beneficiadas con el programa y sus corresponsabilidades, lo que se está traduciendo…
El Consejo de Ministros ha aprobado el contrato para la gestión y mantenimiento de las 40.000 viviendas transferidas a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) por parte de la Sareb. Este movimiento estratégico se enmarca en una licitación que incorpora cláusulas «antifondo», confirmadas por fuentes del Ministerio de Vivienda a Europa Press. Cláusulas para proteger la vivienda asequible El Ministerio, dirigido por Isabel Rodríguez, ha diseñado estas licitaciones para gestionar lotes de viviendas en régimen de alquiler asequible y establecer cláusulas que garanticen que los adjudicatarios sean empresas con experiencia en la gestión de vivienda asequible o social. El objetivo es evitar que las compañías participadas por grandes fondos de inversión sean adjudicatarias de estos contratos. Un avance en la política habitacional del Gobierno Con este proceso de licitación, el Gobierno avanza su plan iniciado en julio para el traspaso de un total de 40.000 viviendas y 2.400 terrenos, con capacidad para construir 55.000 viviendas adicionales. Esta transferencia tiene como finalidad fortalecer a la nueva empresa pública de vivienda que está en proceso de creación. Este enfoque representa un esfuerzo significativo por asegurar la disponibilidad de viviendas accesibles para la ciudadanía, alejando la especulación de grandes fondos. El Gobierno da un paso más tras aprobar el pasado julio el traspaso progresivo de un total de 40.000 viviendas Este desarrollo subraya el compromiso de las autoridades con la creación de un mercado de alquiler asequible que priorice el bienestar social por encima de los beneficios empresariales de los grandes actores financieros.
El Gobierno ha dado un paso importante este martes al incorporar el conjunto de viviendas y suelos propiedad de la SAREB a la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPEs. Esta decisión busca nutrir la nueva empresa pública de vivienda, cuyo objetivo es aumentar el parque de vivienda pública a precios accesibles. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció que se dispondrán de manera progresiva un total de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para construir sobre ellos 55.000 viviendas. La operación, valorada en 5.900 millones de euros, representa un esfuerzo significativo para reparar las secuelas de la pasada crisis financiera. Cabe destacar que estas viviendas, en su momento, fueron utilizadas para pagar el rescate financiero, afectando a muchas familias que sufrieron desahucios. Ahora, el Gobierno se compromete a destinarlas a alquileres asequibles, los cuales no superarán el 30% de los ingresos del hogar. Es un acuerdo importante, que además repara las secuelas derivadas de la anterior crisis financiera El Gobierno también ha aprobado el uso de hasta 593 millones de euros adicionales para adecuar las viviendas de la SAREB. Esta es una de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un paquete de 12 medidas para hacer la vivienda más asequible. Sánchez había prometido, a principios de año, la incorporación inmediata de 13.000 viviendas de la SAREB a la empresa pública de vivienda, con otras 17.000 a seguir de manera progresiva. Actualmente, la SAREB posee unas 37.000 viviendas, según su portal web. La ministra Rodríguez recalcó que el foco está en poner rápidamente a disposición las 13.000 viviendas que no requieren de grandes adaptaciones, mientras se va trabajando en las demás. Las viviendas estarán situadas prioritariamente en zonas con mayor necesidad de alquiler asequible.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que las ventas de viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a fondos de inversión estadounidenses están "paralizadas". Rodríguez ha explicado que su gobierno ha intervenido para detener estas ventas, afirmando que antes los fondos públicos se utilizaban para beneficiar a los bancos, mientras que ahora se busca redistribuir los bienes en favor de regiones como Cataluña y todo el país. En la sesión de control al Gobierno en el Senado, la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Sara Bailac Ardanuy, interrogó a la ministra sobre la continuidad de los contratos que la Sareb mantiene con fondos de inversión como KKR. Bailac destacó que desde 2022 el fondo KKR gestiona el 55% del patrimonio inmobiliario destinado al mercado residencial de la Sareb a través de su filial Hipoges. También subrayó las implicaciones internacionales de este fondo, mencionando supuestas actividades en territorios ocupados. "Hoy están paralizadas las ventas, porque así lo hemos decidido en este Gobierno", señaló Rodríguez, en referencia a la decisión de no continuar con las transacciones. Bajo el mandato actual, el objetivo es que el patrimonio público del Estado sirva a una política de vivienda sostenible y permanente. Presiones políticas y sociales ERC ha expresado su desacuerdo con la situación actual, criticando la falta de acciones concretas del Gobierno en materia de vivienda. Sara Bailac ha hecho hincapié en que no se ha transferido la gestión de las viviendas de la Sareb a las comunidades autónomas, y que miles de propiedades están bajo el control de lo que denomina "fondos buitre". Bailac ha informado sobre la próxima presentación de una iniciativa legislativa destinada a prohibir la renovación de contratos de la Sareb con fondos como Blackstone y KKR. Basta…
El grupo Sumar ha presentado una nueva propuesta en el Congreso con el objetivo de que todos los suelos pertenecientes a la Sareb y su promotora, Árqua, sean integrados como patrimonio del Estado o de las comunidades autónomas que decidan asumirlo. Esta integración está condicionada a que los terrenos sean clasificados como viviendas de protección oficial de forma indefinida y que se construyan inmuebles protegidos para alquiler. La iniciativa, presentada como una proposición no de ley, busca que el Gobierno transfiera estos suelos del conocido como «banco malo» a la empresa pública de vivienda, considerándolos así «patrimonio de suelo y vivienda del Estado». Desde la perspectiva de Sumar, se reconoce que la Sareb «puede jugar un papel importante» en la mejora del acceso a la vivienda a través de acciones llevadas a cabo desde los entes públicos. La Sareb, creada en 2012 para ayudar a sanear el sector financiero tras la crisis económica, cuenta actualmente con un balance de más de 38.300 viviendas. Dentro de esta cifra, 13.000 de estas viviendas están arrendadas a familias en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el Gobierno tiene la intención de transferir otras 15.000 viviendas que requieren reforma, además de incorporar 10.000 más entre 2026 y 2027. Actualmente, más de 14.000 viviendas están desocupadas y podrían ser habilitadas en el mercado. Sumar resalta que la Sareb posee «mucho suelo» que debe ser declarado público y destinado a la construcción de vivienda de protección oficial Asimismo, Sumar ha cuestionado la viabilidad de la licitación reciente de 50 suelos destinada a la construcción de 3.770 viviendas bajo el Plan Viena, la cual resultó desierta. La coalición sostiene que, a pesar de los esfuerzos de la Sareb por ajustar la licitación para atraer inversión privada, estos terrenos deberían ser cedidos a la nueva empresa pública para…
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la intervención pública en el mercado de la vivienda durante su comparecencia en el Congreso, argumentando que este sector «no funciona». La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha solicitado al presidente que aumente el «miserable» parque público de vivienda en España, que actualmente se sitúa en un 1,7% Durante la sesión de control al Gobierno, Nogueras cuestionó a Sánchez sobre sus políticas en materia de vivienda. El jefe del Ejecutivo respondió que, aunque todavía hay «mucho margen de mejora» en el ámbito socioeconómico, medidas como la Ley de Vivienda han contribuido a la reducción de los precios de los alquileres en Cataluña. La diputada también resaltó la dificultad de encontrar una vivienda digna en la Comunidad Autónoma, aseverando que «es imposible» poder alquilar una a un precio accesible Además, critica que Cataluña no ha visto la materialización de los pisos que el Gobierno había prometido. Según Nogueras, la oferta de alquiler en Barcelona ha caído un 80% debido a las políticas de las alcaldías de Ada Colau (En Comú) y Jaume Collboni (Partido Socialista). La portavoz acentuó la necesidad de traspasar los pisos de la Sareb a Cataluña para hacer frente a la situación. En su segundo turno, Sánchez expresó su preocupación por el acceso a la vivienda, defendiendo que gracias a las políticas de su gobierno, la economía catalana ha crecido casi tres veces más en comparación con hace siete años. Asimismo, mencionó que hay medio millón de personas más trabajando y que las empresas que abandonaron la región por el procés están regresando. El presidente destacó que, aunque se encuentra un porcentaje del parque público lejos del 9% de la media europea, se está impulsando su construcción Sánchez insistió en que necesita una intervención pública en el sector, similar a…
El Pleno del Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar este martes una proposición de ley proveniente del Parlamento de Cataluña. Esta iniciativa tiene como objetivo que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) asigne el 80% de sus inmuebles a alquiler social, con la intención de constituir un fondo social de vivienda. La propuesta, respaldada por Esquerra Republicana en el Parlament, busca asegurar un retorno social del rescate bancario, el cual ha tenido repercusiones significativas en las finanzas del Estado. La crisis financiera de 2008 llevó a una intervención estatal sin precedentes para reestructurar la banca, que implicó un coste superior a 64.000 millones de euros. Este monto fue parcialmente asumido por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). A pesar de que el Estado actuó con celeridad para apoyar a las entidades bancarias, la proposición de ley subraya que no se implementaron medidas adecuadas para proteger a la ciudadanía. Así se manifiesta en el documento, que expresa que «se eximió de responsabilidades a los responsables de la crisis y no se hizo nada para reparar las consecuencias de su gestión que sufrían y sufren miles de personas». En este marco, la ley incluye recomendaciones del defensor del pueblo catalán (síndic de greuges) para subsanar lo que se considera una «grave deficiencia» en el rescate bancario, buscando garantizar que este proceso no solo beneficie a las entidades financieras, sino que también atienda las urgentes necesidades habitacionales de la población. Una de las principales propuestas establece que la Sareb destine parte de sus viviendas al alquiler social y cree un parque de vivienda social para hacer frente a la emergencia residencial que se ha acentuado en los últimos años. Asimismo,…
El próximo martes, 11 de marzo, el Congreso de los Diputados abordará una proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña, que tiene como objetivo que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destine el 80% de sus inmuebles al alquiler social. Esta iniciativa, impulsada por Esquerra Republicana, busca crear un fondo social de vivienda que garantice un retorno social del rescate bancario. La crisis financiera que afectó a España llevó a un gran rescate estatal, donde se invirtieron más de 64.000 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Aunque el Gobierno actuó rápidamente para estabilizar el sistema financiero, la proposición de ley señala que «se eximió de responsabilidades a los responsables de la crisis y no se hizo nada para reparar las consecuencias de su gestión que sufrían y sufren miles de personas». Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es la intención de corregir la «grave deficiencia» en el rescate bancario, tal como ha planteado el defensor del pueblo catalán (síndic de greuges). Esto implica garantizar un retorno social que aborde urgentemente las necesidades de vivienda de la ciudadanía. La propuesta incluye la creación de un parque de vivienda social y la cesión del 50% de terrenos urbanizables que posee la Sareb. Adicionalmente, la ley contempla la reforma de la legislación de estabilidad presupuestaria para permitir que las administraciones locales, como los ayuntamientos, utilicen los ahorros generados por el superávit para inversiones en vivienda. Esto facilitaría el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en transacciones relacionadas con viviendas adquiridas en procesos de ejecución hipotecaria. La votación en el Pleno del Congreso no solo determinará la viabilidad de esta propuesta, sino que también reflejará la postura del…