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CCOO firma el acuerdo para subir sueldos de funcionarios un 11% entre 2025 y 2028

CCOO firma el acuerdo para subir sueldos de funcionarios un 11% entre 2025 y 2028

El documento de mejora de las condiciones laborales para los funcionarios ha sido finalmente firmado por CCOO en el Ministerio de Función Pública este viernes. Esta decisión implica un significativo aumento salarial del 11% para casi 3,5 millones de empleados públicos entre 2025 y 2028. Aunque el acuerdo había sido suscrito anteriormente por el Ministerio y los sindicatos UGT y CSIF el pasado 27 de noviembre, la firma de CCOO se había mantenido en espera. El Consejo Confederal de CCOO, el máximo órgano de decisión entre congresos, ha dado su aprobación definitiva al acuerdo. El coordinador general del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, firmó el acuerdo en presencia de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo. Palazzo destacó que el acuerdo mejorará sustancialmente las condiciones retributivas y de empleo, así como los derechos de los empleados públicos. Según él, "este es un paso crucial para reforzar los servicios públicos que se brindan a la ciudadanía". Palazzo añadió que las propuestas de CCOO han sido aceptadas en un 80%, y reiteró el compromiso del sindicato con la clase trabajadora, asegurando que el acuerdo promueve mejoras significativas en derechos y salarios. Esquema de incrementos salariales El acuerdo contempla un aumento salarial total del 11% a distribuirse entre los años 2025 y 2028. Para este año, ya se ha aplicado una subida del 2,5%, que se abonará este diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Durante 2026, los funcionarios recibirán un aumento fijo del 1,5%, con un 0,5% adicional sujeto a la evolución del IPC. En 2027, el incremento será del 4,5% y del 2% en 2028. Por tanto, los empleados públicos podrían experimentar un aumento acumulado cercano al 11,5%, según estimaciones sindicales. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley para asegurar el pago retroactivo desde el…
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Impuestos y ayudas públicas reducen en un tercio la desigualdad de renta en España, según Funcas

Los impuestos y las ayudas públicas reducen en un tercio la desigualdad de renta en España

Los impuestos y las prestaciones públicas desempeñan un papel crucial al reducir en aproximadamente un tercio la desigualdad de renta en España. Esta cifra proviene del último número de ‘Panorama Social’, un documento editado por Funcas para abordar temas de relevancia socioeconómica. Su número más reciente ha centrado su atención en la desigualdad, un fenómeno que ha escalado en importancia dentro de las agendas académicas y políticas. El catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda, contribuye a la publicación con un análisis detallado sobre cómo el sector público influye en la reducción de las desigualdades de renta y riqueza mediante impuestos y prestaciones. Según López Laborda, los tres quintiles de menor renta bruta reciben más en prestaciones de lo que pagan en impuestos. Por otro lado, los dos quintiles de mayores ingresos actúan como contribuyentes netos, aunque la progresividad disminuye en los tramos más altos de la distribución, especialmente para el 1% con mayores ingresos. El agregado de impuestos y prestaciones públicas tiene un efecto redistributivo positivo y reduce de manera significativa, en un 32,5%, la desigualdad de la renta para el conjunto de hogares No obstante, esta reducción es más baja comparada con los países de Europa occidental, donde la desigualdad se reduce en un promedio del 40% gracias a la intervención gubernamental. En España, las prestaciones monetarias se identifican como el principal mecanismo de redistribución, abarcando el 72% de la disminución total de la desigualdad. Este porcentaje es «muy superior» al impacto de los impuestos (2,8%) y prestaciones en especie (25,2%). Si se consideran también otros gastos públicos como servicios generales, defensa, medio ambiente, y protección social, la reducción total de la desigualdad en 2022 se estima en casi el 36%. Sin embargo, vale la pena señalar que en España, la parte de…
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La cara oculta de la estabilidad de los funcionarios: hay el triple de temporales que en Europa

Miles de empleados públicos temporales han vuelto a concentrarse frente al Congreso de los Diputados para exigir una solución definitiva a un problema que España arrastra desde hace décadas: la alta tasa de temporalidad en las administraciones públicas. El malestar del personal interino -funcionarios y laborales que han pasado años encadenando contratos o nombramientos temporales para cubrir puestos permanentes- se ha convertido en uno de los síntomas más visibles de la precariedad estructural del empleo público en el país. España, paradójicamente, tiene uno de los sectores públicos más estables en el imaginario colectivo, pero las cifras desmienten esa percepción. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi uno de cada tres trabajadores públicos tiene un contrato temporal, una proporción que triplica la media europea, situada en torno al 12%. En ámbitos como la educación o la sanidad, el porcentaje supera el 40%, y en algunos servicios esenciales, como la justicia o los servicios sociales, los interinos son la columna vertebral del sistema. Muchos de ellos llevan más de una década en sus puestos, sin que su situación haya sido regularizada. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi uno de cada tres trabajadores públicos tiene un contrato temporal, una proporción que triplica la media europea, situada en torno al 12% El problema no es nuevo. Desde los años noventa, las distintas administraciones -central, autonómica y local- han recurrido de manera sistemática a figuras temporales para cubrir vacantes estructurales, como mecanismo para sortear las limitaciones de gasto público o las restricciones en la oferta de empleo impuestas por la normativa presupuestaria. El resultado ha sido una bolsa de personal en situación de interinidad que se ha perpetuado con el paso del tiempo, generando un modelo laboral que choca frontalmente con la Directiva 1999/70/CE de la…
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El Tribunal de Cuentas detecta salarios en especie a directivos del sector público ajenos a su contrato

Señala a Enaire, la SEPI, Tragsa y CDTI por retribuciones ajenas a las estipuladas El Tribunal de Cuentas ha detectado en su fiscalización salarios en especie a directivos de entidades del sector público empresarial no financiero ajenos a sus contratos, señalando en concreto a Enaire, SEPI, Tragsa y CDTI, y otros no incluidos en las nóminas, como es en el caso de Navantia. Así consta en su 'Informe de fiscalización del sistema retributivo y de designación o contratación de los órganos de gobierno de las entidades del sector empresarial estatal no financiero, ejercicio 2018' recogido por Europa Press. En su fiscalización, el Tribunal de Cuentas emplaza a estas entidades a reflejar en los contratos de sus directivos las retribuciones flexibles o en especie, sus conceptos e importes, y a remitir esta información para el Registro del Personal Directivo del Sector Público. También les insta a recortar de estas retribuciones en especie el complemento de puesto, en caso de existir, pues este extra variable está condicionado al cumplimiento de objetivos. En todo caso, establece que las nóminas de los directivos deberían acomodarse a los conceptos retributivos estipulados en los contratos y estos deberían redactarse adaptando a las particularidades de cada puesto el modelo aprobado por el Ministerio de Hacienda, y recoger para los funcionarios su complemento de antigüedad. Así, señala cómo Enaire paga a sus directivos seguro médico, de vida y accidentes no estipulados en sus contratos --a un directivo el complemento máximo del 40%--, al igual que en Tragsa o CDTI, que también incluía en su retribución variable un 'cheque comida', superando las retribuciones máximas para sus directivos. También en el Consorcio Zona Franca de Barcelona, con retribuciones en especie no contempladas en los contratos (coche, seguros de vida y accidentes, seguros de salud, aportaciones de pensiones y planes de…
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Tres de cada diez trabajadores cobran menos de 1.336 euros al mes

El sueldo medio sube un 2,8% en 2020, hasta los 2.038,6 euros, la cifra más alta de los últimos quince años El salario medio mensual, en términos brutos, subió un 2,8% en 2020, hasta los 2.038,6 euros, su cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006, según el decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por Europa Press. Es el cuarto año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que en 2016 bajara por primera vez en diez años. El aumento de 2020 ha superado el que se experimentó en 2019, cuando subió casi un 2%. El INE precisa que en la estimación del salario mensual de 2020 se han tomado en consideración los ingresos por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en los casos en los que los asalariados se encontraban en dicha situación. Según los datos de Estadística, el 40% de los asalariados (6,44 millones) ganaron entre 1.336,6 y 2.295,2 euros brutos al mes en 2020, mientras que el 30% (4,8 millones de personas) obtuvo remuneraciones de al menos 2.295,2 euros mensuales y el 30% restante (otros 4,8 millones de asalariados) cobró un sueldo inferior a 1.336,6 euros al mes. Dentro de esos 4,8 millones de asalariados que percibieron las remuneraciones más bajas, más de 3,2 millones ganaron menos de 1.134,1 euros brutos mensuales en su empleo principal, en tanto que 1,6 millones cobraron menos de 820,19 euros. Para elaborar esta estadística, el INE ordena a todos los asalariados --16.103.800 personas durante el pasado año-- según la cuantía del salario mensual percibido y los divide en 10 grupos iguales, con el 10% de los trabajadores en cada grupo. Como resultado, el salario mediano, que…
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Vivir en Madrid y Barcelona cuesta un 20% más que en el resto de España

El coste de la vida en las dos ciudades españolas más grandes, Madrid y Barcelona, era en 2020 casi un 20% superior que la media del resto de las áreas urbanas de España, según se desprende del artículo 'Índice del coste de la vida en las ciudades españolas', elaborado por el Banco de España. El coste del alquiler de vivienda en Madrid y de Barcelona es un 82% mayor que en la media del resto de las áreas urbanas. Es decir, el ciudadano medio de Madrid o de Barcelona necesitaría 1.200 euros para tener el mismo poder adquisitivo que el ciudadano medio en el resto de las ciudades disfrutaría con 1.000 euros. De este modo, si bien los salarios promedio en Madrid y en Barcelona se sitúan un 45% por encima de la media del resto de las áreas urbanas en España, dicha diferencia se reduce hasta el 21% una vez que se ajustan los salarios por su poder de compra. Este artículo presenta un índice del coste de la vida para las áreas urbanas españolas que cubre el período de 2004 a 2020 y se constata que las diferencias en niveles de precios entre las áreas urbanas españolas han aumentado de forma significativa en este periodo. EL COSTE DEL ALQUILER DE VIVIENDAS ES UN 82% MAYOR El componente que explica una mayor proporción de las diferencias en el coste de la vida entre áreas urbanas es el coste de la vivienda, según explica el Banco de España. Hay dos razones para ello. En primer lugar, el capítulo de gasto con un mayor peso en el total es el correspondiente a alquileres, casi un 25% en el promedio nacional. Y, en segundo lugar, las diferencias en el precio de los alquileres son notablemente mayores que en el caso de otros…
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La colaboración público-privada, un papel clave en la recuperación según el ICO

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha ensalzado el papel "clave" de la colaboración público-privada en la actualidad para apoyar al tejido empresarial e impulsar la recuperación económica ante la crisis provocada por la Covid-19. "Los planes del ICO pasan por la colaboración público-privada. Es un ejercicio de responsabilidad compartida del Instituto de Crédito Oficial con los bancos y el sector financiero, que han hecho una magnífica labor, pero también una responsabilidad compartida con las empresas", ha remarcado el presidente del ICO en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi). El presidente del ICO ha puesto en valor así la triple función de la entidad como banco nacional de promoción, como instrumento financiero de política económica (esencial para canalizar los fondos de la Unión Europa) y también como agencia financiera del Estado encargada de la gestión de fondos públicos. En este punto, ha resaltado las dos líneas de avales ICO Covid-19, dotadas con un importe de 140.000 millones de euros, y ha subrayado que se trata de "un modelo de colaboración público-privada sin precedentes entre Administración, entidades financieras, y empresas y autónomos". MÁS DE 91.000 MILLONES DE EUROS EN AVALES Desde que se pusieron en marcha estas medidas, se han desplegado avales por un importe superior a 91.770 millones de euros, que han permitido movilizar 120.799 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.003.342 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos. Durante el encuentro, el presidente del ICO ha recordado que en noviembre de 2020 se aprobó la posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos de vencimiento y/o carencia para operaciones firmadas en el marco de la Línea de Avales antes del 18 de noviembre de 2020, de…
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Cada vez menos españoles quieren trabajar en el sector público

El sector público ha ido perdiendo atractivo como empleador en los últimos años para los trabajadores españoles. Según una encuesta recogida en la Guía Laboral Hays 2020, el 13% de los españoles preferiría trabajar en el sector público si pudiera elegir, mientras que el año pasado el porcentaje llegaba al 21%, ocho puntos porcentuales más. La opción preferida sigue siendo la gran empresa multinacional (para un 48% de los encuestados, dos puntos por encima del año anterior), seguida de las grandes empresas nacionales (14%), un segundo puesto que ocupaba la Administración Pública en 2019. A continuación, se sitúa el emprendimiento, la primera elección para el 13% de los encuestados, un porcentaje que ha crecido cuatro puntos desde el año pasado, mientras que el 12% restante se decantaría por una pequeña y mediana empresa (pyme), tres puntos porcentuales más que hace un año. Salvador Sicart, Director de Hays Response en España, considera que el principal motivo de esta pérdida de interés por el sector público es que “a los trabajadores ya no les importa tanto si están en una empresa grande o con nombre porque lo que tiene más atractivo es el proyecto en sí”. “Cada vez más, la intención es tener recorrido a futuro y no estancarse en un funcionariado”, añade. En este sentido, los encuestados que preferirían trabajar en grandes empresas señalan que los principales motivos son el desarrollo profesional y el tipo de proyectos y tareas, las mismas razones que destacan aquellos que emprenderían su propio negocio. En cambio, quienes escogerían ser funcionarios valoran la seguridad laboral y el horario, mientras que los que se decantan por las pymes valoran el trato y el nivel de implicación. “Los casos de éxito de las startups, que son muy notorios, hacen que muchos perfiles vean este tipo de empresas más…
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