Sindicatos

Telefónica se encuentra en un momento crucial, ya que está a punto de desvelar los detalles de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a múltiples referentes de su conglomerado empresarial. Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que la compañía revelará las magnitudes del impacto entre el lunes y el martes. Los detalles para las tres principales entidades (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) se concretarán el 24 de noviembre, mientras que el día siguiente se anunciarán las intenciones para las otras sociedades. Se estima que la propuesta inicial para este ERE abarque entre 6.000 y 7.000 trabajadores de las siete sociedades en cuestión. Aunque la cifra podría reducirse durante las negociaciones, resulta significativa. El precedente del último ERE de la compañía culminó con la salida de 3.420 empleados, un número sustancialmente menor a las 5.124 bajas inicialmente contempladas. Este ajuste costó a Telefónica alrededor de 1.300 millones de euros, pero trajo un ahorro anual de unos 285 millones de euros. UGT ha manifestado su disposición a negociar basándose en el diálogo y el consenso, pero con firmeza, dado su peso dentro del grupo. Esta comunicación se realizó después de que Telefónica formalizara su intención a los sindicatos mayoritarios —UGT, CCOO y Sumados-Fetico— de poner en marcha un ERE. El nuevo ERE forma parte del plan estratégico que busca ahorros de costes alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 Este plan, anunciado por el consejero delegado Emilio Gayo, incluye la optimización de gastos, específicamente los operativos vinculados a los costos salariales. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha enfatizado que el proceso debe realizarse en sintonía con los representantes de los empleados. Este enfoque se apoya en que el Gobierno posee un 10% de las acciones de Telefónica…
Iryo, la conocida compañía ferroviaria, ha garantizado la prestación esencial de su servicio durante los días de huelga convocados por los sindicatos, establecidos para el 25, 26 y 27 de noviembre, y el 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Esto se hará posible gracias a la fijación de unos servicios mínimos del 73% y la activación de planes de contingencia diseñados para minimizar el impacto de las huelgas. La empresa ha tomado medidas para reubicar a los viajeros afectados, quienes recibirán su alternativa de viaje a partir del lunes 24 a las 06:00 horas. No obstante, Iryo expresa su pesar por la convocatoria de la huelga, reafirmando su compromiso de trabajar para alcanzar un convenio colectivo justo, equilibrado y sostenible que proteja tanto los intereses de la plantilla como la viabilidad futura de la empresa. Esfuerzos de negociación y propuestas económicas Iryo ha destacado sus esfuerzos al presentar cuatro propuestas económicas que incluyen mejoras significativas en el salario base y en la retribución variable, así como la introducción de nuevos pluses, reducción de jornadas y nuevas clasificaciones profesionales. Iryo explica que ha propuesto un convenio con una vigencia inicial de un año, de carácter transitorio Este periodo permitiría una mejor visión de la evolución tanto del mercado como de la compañía, dando paso, eventualmente, a la negociación de un convenio de mayor alcance y duración. La empresa reafirma su disposición plena para reanudar las negociaciones en la mesa cuanto antes, con el objetivo de responder colectivamente a los desafíos presentes y futuros.
El Ministerio de Función Pública se reunirá nuevamente con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF este lunes para discutir una propuesta de subida salarial del 11% para los funcionarios durante el periodo 2025-2028. Esta oferta sigue una primera propuesta del 10% que fue rechazada por las organizaciones sindicales. Aunque UGT ya ha dado su visto bueno, CSIF ha manifestado la necesidad de una nueva oferta para asegurar el poder adquisitivo de los empleados públicos, mientras que se espera que CCOO dé su respuesta tras una reunión previa. La oferta del 11% se distribuirá en los cuatro años del periodo 2025-2028, con un máximo de aumento del 4% entre 2025 y 2026. Este límite es un punto crítico para el CSIF, que considera que los aumentos iniciales deben ser más significativos debido a la posible inestabilidad política futura. CSIF subraya que la subida es insuficiente y está dispuesto a negociar hasta el último momento, buscando que se presente una propuesta más contundente durante la reunión del lunes. Para CSIF la subida salarial es un bloque fundamental y vamos a negociar hasta el último minuto Por su parte, UGT Servicios Públicos sostiene que con los ajustes adecuados, la propuesta podría alcanzar un 11,5% real, lo que permitiría recuperar más de dos puntos de poder adquisitivo. Además, UGT propone un incremento fijo del 5% en 2027 para lograr un aumento significativo en las nóminas en un corto periodo. El último acuerdo salarial, que abarcó de 2022 a 2024, permitió un aumento del 10% en los sueldos, ajustándose a la inflación del momento, lo que supuso un desembolso de aproximadamente 13.000 millones de euros. El encuentro de este lunes podría ser crucial para cerrar un nuevo pacto que aspire a mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, abarcando también otros aspectos…
Mañana se llevará a cabo una reunión crucial en el Ministerio de Función Pública entre las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT y representantes del Gobierno para discutir un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores públicos. Este encuentro, que se celebrará sobre las 12.00 de la mañana, es parte de un ciclo de reuniones impulsadas por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, en respuesta a las movilizaciones y la amenaza de huelga general convocadas por los sindicatos. El objetivo principal de estas reuniones es establecer un acuerdo trienal para los años 2026-2028 que incluya subidas salariales con componentes fijo y variable. Función Pública busca no solo mejorar las retribuciones, sino también introducir otras medidas organizativas que beneficien a los empleados públicos y a los servicios que prestan a la ciudadanía. En este contexto, los sindicatos han subrayado la necesidad de una subida salarial «diferenciada» para 2025 con carácter retroactivo desde el 1 de enero, para evitar una congelación de sueldos. UGT y CCOO solicitan una subida «por encima del IPC real» para recuperar poder adquisitivo De acuerdo con las organizaciones sindicales, medirá su participación activa en futuras movilizaciones en función del desarrollo de estas negociaciones. Además, destacan la importancia de que las retribuciones se actualicen automáticamente cada año, similar a las pensiones. El último acuerdo salarial, en vigor entre 2022 y 2024, determinó aumentos que rondaron el 10%, coincidiendo con una inflación similar en el otoño de 2022, y supuso un desembolso de cerca de 13.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno contempla presentar una propuesta de incremento en la reunión de mañana, en cumplimiento con la promesa hecha a CSIF y UGT. Sin embargo, las organizaciones sindicales recalcan que, antes de tomar decisiones finales, esperan que el gobierno ofrezca una cifra concreta en términos de subida…
Telefónica ha anunciado que se reunirá el lunes 17 de noviembre con los tres principales sindicatos, UGT, CCOO y Sumados-Fetico, para discutir la implementación de su nuevo plan estratégico. Este plan incluye un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará potencialmente a unos 6.000 trabajadores. La estrategia de reducción de personal se centra en la voluntariedad de las salidas, afectando no solo a las empresas del Convenio de Empresas Vinculadas (Telefónica de España, Móviles y Soluciones), sino también a Movistar+, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital. Aunque el número exacto de trabajadores afectados aún no está claro, se espera que la cifra inicial de 6.000 se reduzca a medida que avancen las negociaciones. El nuevo plan estratégico busca conseguir ahorros de costes de unos 3.000 millones de euros para 2030, con 2.300 millones de euros en ahorros previstos para 2028, de los cuales casi el 75% son gastos operativos, incluidos los salariales. Emilio Gayo, consejero delegado de Telefónica, afirmó: «Lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores» El objetivo es alcanzar un acuerdo antes del cierre del ejercicio fiscal actual para evitar impactos en las cuentas de 2026. Esta comunicación coincide con el periodo posterior a las elecciones sindicales en Telefónica Soluciones, celebradas el 12 de noviembre. El ‘marco social’ acordado en octubre pasado entre Telefónica y los sindicatos es un esfuerzo para garantizar la igualdad, cohesión y estabilidad laboral en un contexto de transformación tecnológica. Este pacto se centra en áreas clave como la organización de personas, cohesión territorial, empleo y la atracción y retención del talento. El último ERE de Telefónica, concluido en enero de 2024, resultó en la salida de 3.420 trabajadores, con un ahorro promedio de 285 millones de euros anuales. Este ajuste de plantilla evidenció la adscripción…
El Ministerio de Función Pública se prepara para reunir a las principales organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT el próximo miércoles 19 de noviembre. El objetivo es abordar un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores públicos que se extenderá durante los próximos tres años, incluyendo subidas salariales con un componente fijo y otro variable. Esta reunión es parte del compromiso asumido por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, de mantener un diálogo abierto con los sindicatos en respuesta a la campaña de movilizaciones y amenaza de huelga general convocada por estos sindicatos debido al estancamiento en la negociación colectiva. El encuentro de este miércoles es parte de un ciclo de reuniones iniciadas el pasado martes, cuyo foco inicial fue el empleo. Además de mejorar las retribuciones de los empleados públicos, Función Pública busca implementar medidas organizativas que tengan un impacto positivo en los trabajadores y los servicios que prestan a la ciudadanía. Estas medidas serán trabajadas en «bloques» según lo acordado con los sindicatos. Durante la reunión del miércoles, se abordará específicamente el bloque de los salarios. El Gobierno ha presentado un acuerdo salarial plurianual que abarca los años 2026, 2027 y 2028. Sin embargo, los sindicatos han exigido una subida salarial «diferenciada» para 2025, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, para evitar una congelación de sueldos este año. El último acuerdo salarial, que estuvo vigente de 2022 a 2024, permitió incrementos salariales de alrededor del 10%, lo que se tradujo en un gasto cercano a los 13.000 millones de euros. Para la nueva propuesta, el Gobierno se comprometió a llevar un porcentaje de subida salarial a la reunión, como fecha límite el 19 de noviembre en respuesta a las reclamaciones de CSIF y UGT. CSIF ha instado a que el incremento salarial esté alineado…
Telefónica ha convocado a los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico para discutir el nuevo plan estratégico de la empresa y su impacto en la plantilla. La reunión, programada para el próximo lunes 17 de noviembre, podría ser el escenario donde se comunique la implementación de un posible expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a alrededor de 6.000 trabajadores. El plan estratégico establecido por Telefónica busca lograr ahorros de costes de aproximadamente 3.000 millones de euros para 2030, de los cuales 2.300 millones de euros se pretenden obtener para 2028. La mayoría de estos ahorros, casi el 75%, se centran en los gastos operativos, incluida la masa salarial. Estas cifras sugieren que las medidas a tomar podrían involucrar ajustes de personal. En los números que hemos dado de los 2.300 millones (de euros de ahorros) en el 2028, de los cuales casi el 75% son ‘opex’ (gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales), hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos Estas declaraciones del consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, revelan la estrategia integral que la empresa busca adoptar, dejando la puerta abierta a incluir temas relativos al empleo en las discusiones con los sindicatos. El posible anuncio del ERE llega tras la reciente firma del primer ‘marco social’ de la compañía, diseñado para armonizar los derechos de todos los empleados de Telefónica en España. Este acuerdo busca garantizar estabilidad laboral y desarrollo profesional en un entorno cada vez más tecnológico y organizativo. En cuanto a antecedentes, el último ERE de Telefónica, ejecutado en enero de 2024, resultó en la salida voluntaria de 3.420 trabajadores, afectando a sus principales filiales. El coste para la empresa fue de unos 1.300 millones de euros, con un ahorro anual estimado de 285 millones…
El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública retomará las negociaciones con las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, tras las recientes movilizaciones de los funcionarios en diversas ciudades de España. Estas reuniones, programadas para hoy a las 11.00 de la mañana, buscan descongelar la negociación colectiva y evitar así la huelga general que los sindicatos han amenazado llevar a cabo en diciembre. La reunión estará presidida por la Secretaría de Estado de la Función Pública y se centrará en mejorar las condiciones laborales de los 3,5 millones de trabajadores del sector público. Es de destacar que los sindicatos han solicitado al Gobierno una propuesta de subida salarial que considere la inflación y recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos años. A pesar de este avance, los sindicatos han decidido mantener su calendario de movilizaciones. Desde CCOO afirman que «la presión sindical ha dado su primer fruto, pero no vamos a ceder hasta conseguir salarios dignos y servicios públicos de calidad». En relación a esto, CSIF ha exigido que el encuentro comience con una oferta económica concreta, y UGT ha insistido en que la responsabilidad ahora recae sobre el Ministerio liderado por Óscar López. Uno de los puntos clave que los sindicatos presentarán en la Mesa de Diálogo es la garantía de una subida salarial para 2025 y un acuerdo plurianual que asegure incrementos salariales alineados con la inflación. En este contexto, CSIF sugiere que los sueldos se ajusten automáticamente cada año, similar al modelo de pensiones, mientras que UGT y CCOO abogan por una subida «por encima del IPC real». Las organizaciones sindicales han rechazado que la falta de Presupuestos Generales sea una «excusa» para no beneficiar a los empleados públicos y critican la contradicción en el discurso oficial sobre la situación económica del país. Según…
El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública se prepara para una reunión crucial con las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, a fin de reactivar la negociación colectiva tras las recientes protestas de los funcionarios y la posible amenaza de una huelga general en diciembre. El encuentro está programado para este miércoles a las 11:00 de la mañana, donde la Secretaría de Estado de la Función Pública será la encargada de convocar a la Mesa de Diálogo en busca de una mejora en las condiciones laborales del personal público. Los sindicatos han exigido al Gobierno que presente una propuesta de subida salarial para los 3,5 millones de trabajadores de las Administraciones. La presión sindical ha llevado al Gobierno a reanudar las conversaciones, pero CCOO, UGT y CSIF continúan con sus planes de movilización, insistiendo en la amenaza de una huelga general si no se logra un acuerdo significativo para mejorar los salarios del sector público. «La presión sindical ha dado su primer fruto, pero no vamos a ceder hasta conseguir salarios dignos y servicios públicos de calidad», declaró CCOO en un comunicado tras la decisión del Gobierno de retomar las negociaciones. Desde CSIF, han demandado que la reunión comience con una oferta económica concreta , mientras que UGT enfatiza que la responsabilidad ahora recae en el Ministerio dirigido por Óscar López. Entre los reclamos más relevantes de las organizaciones sindicales para la Mesa de Diálogo destacan la garantía de una subida salarial para 2025 y el establecimiento de un nuevo acuerdo plurianual que permita recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos. CSIF solicita un ajuste salarial acorde con la inflación, además de un incremento adicional pactado y una actualización automática de los sueldos, similar a la metodología usada para las pensiones. Por su parte, UGT y…
El Gobierno italiano se encuentra en un debate crucial sobre la posible congelación de la edad de jubilación en los 67 años. Esta propuesta cuenta con el respaldo tanto de la Liga, dirigido por Matteo Salvini, como de los principales sindicatos del país. Sin embargo, implica un desafío significativo para el sistema de pensiones, especialmente en una nación cuya deuda excede el 135% del Producto Interno Bruto (PIB). Las implicaciones económicas de la congelación de la edad de jubilación Actualmente, la legislación italiana vincula la edad de jubilación con la esperanza de vida, estableciendo revisiones bianuales que podrían modificar esta cifra. La última actualización tuvo lugar en 2019, cuando se incrementaron cinco meses. El interés del Ejecutivo de la primera ministra, Giorgio Meloni, en esta medida parece dirigido a fortalecer sus perspectivas electorales para las elecciones nacionales de 2027. La Liga, miembro de la coalición de Gobierno, ha manifestado su apoyo definitivo a esta iniciativa, con el ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti, sugiriendo previamente extender los 67 años hasta 2029. El respaldo sindical también ha sido un factor clave en el ánimo del Gobierno para avanzar con esta propuesta. Pese a este apoyo, se deben considerar las advertencias económicas. Fuentes ministeriales han destacado a ‘Financial Times’ que todavía se está evaluando la medida, y que cualquier decisión final se tomará teniendo en cuenta el «panorama económico general» . Perspectivas financieras a largo plazo La comisión presupuestaria del Parlamento ha proporcionado un análisis preocupante: si la edad de jubilación no se ajusta conforme a la normativa, el gasto en pensiones podría aumentar un 0,4% del PIB hasta 2040. Como resultado, la deuda nacional podría alcanzar el 139% para 2031, lo que supone un crecimiento de siete puntos porcentuales respecto a las proyecciones actuales para ese año.