SMI

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que la entidad abandonará las negociaciones de la reforma del despido en España. Según Garamendi, durante la clausura de la asamblea general ordinaria de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la justicia les ha dado la razón respecto a los despidos y no ven necesario participar en una mesa con una premisa que consideran incorrecta. Garamendi también ha señalado posibles acciones legales en torno al salario mínimo interprofesional (SMI). Ha indicado que el comité ejecutivo podría recurrir el SMI si se plantean temas con los que no están de acuerdo. «Hay cosas que tendremos que parar», subrayó, sugiriendo que las acciones legales son necesarias para proteger los intereses de sus miembros. Durante esta reunión, Garamendi criticó la responsabilidad atribuida a los sindicatos de llevar las propuestas de reforma, comparándola con un hipotético escenario en el que la CEOE tuviera que hacerlo, lo que, según él, habría sido un «auténtico escándalo». La CEOE había asistido a la primera reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, dirigida por Yolanda Díaz, pero no se presentaron propuestas concretas. La reforma del despido en España está en el contexto de recomendaciones realizadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que condenó al país por considerar insuficientes las indemnizaciones por despido improcedente. Las resoluciones del CEDS destacaron que los límites de indemnización actuales no disuaden al empleador ni reparan adecuadamente el daño sufrido por el trabajador. Sumado a esto, el Tribunal Supremo dictaminó que no es posible incrementar judicialmente la indemnización por despido más allá de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, ya que considera que las disposiciones del CEDS son «declaraciones programáticas» que requieren una intervención legislativa. El Supremo defiende que la indemnización tasada ofrece seguridad jurídica y uniformidad…
El sindicato UGT ha lanzado un llamamiento contundente para proteger los salarios frente a la inflación, comenzando por una actualización crucial del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El objetivo es que este alcance un nivel "suficiente" que permita amortiguar el impacto del alza de los precios, continuando su incremento hasta representar el 60% del salario medio nacional. El contexto inflacionista se agrava, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), cuya tasa interanual subió tres décimas al 3% en septiembre, la cifra más alta desde febrero. Este aumento supera en una décima la previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), que había estimado un 2,9%. UGT ha expresado la urgencia de revisar de manera profunda y más justa las cláusulas de compensación y absorción que afectan a numerosos trabajadores con sueldos cercanos al SMI. El sindicato insiste en que ninguna persona debe ver mermado su poder adquisitivo a causa de estas cláusulas. "Esta reconfiguración más justa debe incorporarse en la redacción del próximo Real Decreto de SMI, garantizando que su actualización beneficie de manera real y efectiva a toda la clase trabajadora", destaca UGT. El sindicato pone de manifiesto que los salarios ya no son una garantía para acceder a una vivienda debido al "desmesurado" aumento de los precios en el mercado inmobiliario. Por ello, reclama un plan "ambicioso" para ampliar el parque público de viviendas a precios asequibles, además de una aplicación efectiva de medidas que controlen el precio del alquiler en zonas tensionadas. UGT subraya la necesidad de medidas que beneficien de manera real y efectiva a toda la clase trabajadora
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha convocado a la comisión de expertos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para iniciar los trabajos que llevarán a una nueva subida de esta renta mínima, actualmente situada en 1.184 euros al mes por catorce pagas. Este encuentro inicial está programado para el 1 de octubre. El Ministerio de Trabajo ha indicado que Díaz se reunirá con el grupo de expertos y, posteriormente, comparecerá ante la prensa junto a Begoña Cueto Iglesias, relatora de la Comisión de Expertos. El objetivo es definir cuánto debería subir el SMI en 2026 para alcanzar el 60% del salario medio, tal y como sugiere la Carta Social Europea. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado que «la secuencia de subida del salario mínimo interprofesional va a ser exactamente igual a la de años anteriores». Por tanto, el Gobierno confiará en las recomendaciones del comité asesor, que involucra a miembros del Ejecutivo, sindicatos y académicos. La vicepresidenta Díaz ha reiterado su intención de «respetar» el mandato de esta comisión al plantear la subida del SMI para el próximo año A pesar de que la ministra de Trabajo preferiría evitar el debate sobre si el SMI debe tributar, Díaz recordó que «la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo». Este enfoque se alinea con la deducción en la declaración de la Renta que se implementará en 2026, evitando la tributación del SMI este año. Las últimas subidas del SMI han sido aprobadas únicamente con el apoyo de los sindicatos. En febrero pasado, el Gobierno aprobó aumentar el SMI en un 4,4% para este año, hasta los 1.184 euros mensuales, sin el respaldo de la patronal empresarial. La última vez que el aumento del SMI fue respaldado por CEOE y…
El Ministerio de Seguridad Social ha presentado una propuesta para facilitar el aplazamiento del pago de deudas que actualmente se rechazan si son menores de 2.368 euros. Esta medida beneficiaría a todos los deudores, incluidos los trabajadores autónomos, en el pago de las regularizaciones, según un documento del Departamento de Elma Saiz al que ha tenido acceso Europa Press. La nueva propuesta surge como resultado de los incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) de los últimos años, que han convertido en «una condición gravosa» el límite de aplazamientos para deudas que no superen el doble del SMI mensual vigente en el momento de la solicitud. Dentro de las medidas para mejorar el proceso de regularización de cuotas, se han introducido tres modificaciones para los autónomos con una base de cotización superior a la basada en sus rendimientos. Una de las reformas propuestas es modificar el límite previsto para mantener como definitiva una base de cotización que sea superior a la que correspondería según los rendimientos. Esto implica actualizar la base de cotización correspondiente al 31 de diciembre de 2022 y requeriría una norma legal para su implementación. Además, existe la intención de cambiar el modo en el que se mantienen las bases de cotización, privilegiando aquellas superiores salvo que el autónomo opte expresamente por la devolución de las diferencias en la cotización. Desde el Ministerio, se plantea reducir el plazo para comunicar la elección sobre las cuotas a un máximo de 15 días, frente al plazo «excesivamente largo» actual. En cuanto a la pluriactividad, el Ministerio ha argumentado que no se puede considerar el reintegro de deudas en estas situaciones como un descuento del importe de regularización. Sin embargo, están explorando alternativas para reducir el coste de implementar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Para abordar la complejidad…
El Ministerio de Trabajo de España ha iniciado un proceso de negociación con la patronal y los sindicatos para modificar el marco normativo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), incorporando aspectos de la directiva europea de salarios mínimos y la Carta Social Europea. Esta iniciativa se presentó durante una reunión entre el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. El objetivo central de estas negociaciones es garantizar que las actualizaciones del SMI se reflejen en las nóminas sin afectar a los complementos salariales que incentivan la productividad o reconocen riesgos laborales. Fuentes del Ministerio han indicado que la reunión se desarrolló en un ambiente «constructivo», y las propuestas discutidas se incluirán en un texto que será evaluado por las organizaciones sindicales y empresariales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a llevar a cabo esta adaptación completa de la directiva como parte de un acuerdo con los sindicatos para incrementar el SMI para el año 2025. Esta directiva, adoptada en 2022 por la Comisión Europea, busca mejorar las condiciones de vida y trabajo en la Unión Europea (UE), asegurando que los salarios mínimos se ajusten a las condiciones de vida de cada país. El sindicato CCOO ha propuesto establecer por ley que el salario mínimo represente el 60% del salario medio neto limitando también la compensación y absorción, además de asegurar los incrementos salariales en empresas sujetas a licitación pública. Por su parte, desde UGT, Patricia Ruiz ha destacado la importancia de que la subida del SMI se haga «efectiva», dada la existencia de cláusulas de compensación y absorción que en ocasiones anulan estos incrementos.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, protagonizó un intercambio de acusaciones en el Congreso con Junts per Catalunya debido a la postura de la formación catalana respecto a la reducción de la jornada laboral. Según Díaz, Junts ya no representa al independentismo, sino a intereses de la patronal y «aquellos que se están forrando». Este tenso debate tuvo lugar durante la discusión de las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, que buscan detener el avance legislativo de una de las medidas estrella del Ejecutivo. La ministra criticó duramente a Junts por sus argumentos contra el proyecto, describiéndolos como «irreales». Según Díaz, se inspiran en declaraciones similares a las que se hicieron en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que predecían la destrucción de puestos de trabajo. En apoyo de su posición, recordó que España ha alcanzado un récord de 3,4 millones de trabajadores autónomos. «Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando», señaló Díaz desde la tribuna del Congreso. La ministra también destacó que las empresas catalanas han visto sus beneficios aumentar, con sectores como el comercio y la hostelería reportando ganancias significativas en los últimos años. Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, respondió contundentemente a las críticas de Díaz. Reclamó que las políticas de la ministra no solo son equívocas, sino que también están perjudicando al país, afirmando que «Las personas que suben la persiana cada día […] no deben dar crédito de su ignorancia». Nogueras defendió que Junts busca proteger a los pequeños empresarios y autónomos que serían, según su visión, los más afectados por la reducción de la jornada…
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha expresado que el actual salario mínimo interprofesional (SMI) se queda «corto», a pesar de haber experimentado un significativo aumento del 61% en los últimos años. Atribuye esta insuficiencia a la escalada desmedida de ciertos bienes, especialmente el precio de la vivienda, cuyo coste se ha disparado «de manera brutal» desde 2018. Álvarez argumenta que la vivienda ha dejado de estar al alcance no solo de quienes perciben el SMI, sino también de aquellos trabajadores que superan el salario medio nacional. En sus declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, subrayó que «hoy la vivienda no está al alcance no solo de la gente que cobra el SMI, sino de trabajadores y trabajadoras que están por arriba del salario medio de nuestro país». Reconociendo que el problema no puede ser resuelto únicamente mediante incrementos del SMI, Álvarez insiste en que todavía queda «un trecho importante» para alcanzar el objetivo de que esta renta mínima represente el 60% del salario medio. En este sentido, planea solicitar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que convoque a la mesa de negociación para adecuar el SMI a la situación económica actual del país. Además, el líder sindical ha enfatizado la importancia de trasponer la directiva sobre salarios mínimos. Esto permitiría evitar que los complementos salariales se vean afectados por el incremento del SMI y aseguraría que en Ceuta, Melilla y las islas se mantenga un diferencial del 25% necesario por las características únicas de estas regiones. Álvarez destacó la urgencia de que el SMI refleje «la situación que vive el país» y que se realicen los ajustes necesarios para proteger a las regiones insulares y las dos ciudades autónomas.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha hecho un llamado este martes a Coalición Canaria (CC) para que apoye en el Congreso la reducción de la jornada laboral, enfatizando la necesidad de «reducir el tiempo» de trabajo en las empresas españolas. En el marco de una asamblea general del sindicato en Tenerife, Álvarez anunció que trasladará esta propuesta al presidente de Canarias y secretario general de CC, Fernando Clavijo. Álvarez ha destacado que el archipiélago debe «dar un paso adelante» ya que es una de las comunidades más afectadas por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), evidenciando que «la negociación colectiva no funciona todo lo bien que debería de funcionar». Para contrarrestar esto, solicitó un fortalecimiento del sindicalismo en el subsector turístico y hostelero. Aunque ha habido avances significativos en el convenio colectivo de Santa Cruz de Tenerife, Álvarez afirma que «hay que ir más allá» y equipararlo con lo firmado en Baleares. Si nosotros tuviéramos en Canarias la representación que tenemos en Baleares, de más del 50%, yo les puedo asegurar que los convenios colectivos de Canarias de la hostelería no serían los que son, mejoraríamos de manera muy importante Además, critica que la jornada laboral en el sector hostelero de Canarias «es un escándalo» comparada con Navarra y Guipúzcoa, donde se trabaja 37,5 horas semanales con precios de hoteles similares. «Hay cadenas de hoteles que les ha ido muy bien y que quieren continuar ese proceso», añadió. Por otro lado, Álvarez se mostró crítico con las dificultades que enfrentan las familias para acceder a una vivienda digna. Subrayó la importancia de que el Gobierno central «tiene que avanzar», pero que actualmente «no hay manera» debido a que ciertos actores buscan prioritariamente la convocatoria de elecciones, complicando posibles soluciones. El urbanismo no puede contemplar sólo la construcción…
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado desde Ginebra que el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) ha contribuido de manera significativa al buen funcionamiento de la economía española y al aumento de los salarios. En el segundo foro de la Coalición Mundial para la Justicia Social, Díaz ha señalado que el aumento del SMI ha demostrado que elevar los salarios no destruye empleos, sino que los impulsa. Esta medida es, según la ministra, una política feminista, redistributiva y de sentido común. En su intervención, Díaz ha participado en un debate sobre la relevancia de los salarios dignos como motor de desarrollo social y económico. Ha subrayado que los salarios son la principal fuente de ingresos para la mayoría de los trabajadores en todo el mundo. No obstante, millones de personas no ganan lo suficiente para mantener un nivel de vida decente, tal y como ha afirmado el Ministerio de Trabajo en un comunicado. La ministra aboga por la justicia social y cohesión a través del fomento del salario digno, una medida que está ganando fuerza a nivel internacional. Asimismo, Díaz ha recordado que, desde 2018, el SMI en España ha aumentado un 61% sin que esto haya afectado negativamente al empleo o la economía. «Desmontamos mitos neoliberales: nos dijeron que subir el salario mínimo destruiría empleo y frenaría el crecimiento», ha declarado. «Hoy España tiene la tasa de paro más baja en 17 años y es el país que más crece en la UE», ha añadido, resaltando la importancia de campañas para asegurar que ningún convenio colectivo quede por debajo del SMI. Elevar el salario mínimo ha permitido que las buenas cifras macroeconómicas lleguen a las familias trabajadoras, reequilibrando la relación entre beneficios y salarios Antes de su participación en el foro, Yolanda Díaz mantuvo…
Casi 7,5 millones de trabajadores en España, lo que representa el 36,9% del total, recibieron en 2023 una remuneración inferior a 15.120 euros anuales, es decir, por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) de dicho año. Esta información se extrae de los últimos datos proporcionados por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) con motivo del Día Internacional del Trabajo. Los expertos destacan que, a pesar de que esta cifra refleja una realidad preocupante, también se ha observado una reducción de la desigualdad salarial, que ha disminuido un 4,7% desde 2003, según el índice de Gini sobre los salarios anuales. Gestha menciona que este avance se ha intensificado a partir de 2019, coincidiendo con las sucesivas subidas del SMI, que ha experimentado un incremento del 139,4% en las últimas dos décadas, pasando de 451,20 euros mensuales en 2003 a 1.080 euros en 2023. Se prevé que la tendencia hacia la reducción de la desigualdad continué con el aumento del SMI a los 1.134 euros actuales. Situación por comunidades y provincias La Comunidad de Madrid lidera el listado autonómico en cuanto a los salarios, aunque aún presenta un 30,1% de trabajadores por debajo del umbral del SMI. Le siguen Cataluña, Aragón y Asturias, todas con cifras cercanas al 32%. En contraste, Extremadura y Andalucía se encuentran a la cabeza del mapa de la precariedad laboral, donde el 47% de los empleados en ambas comunidades no superan los 15.120 euros anuales, junto con Murcia, Ceuta, Melilla y Canarias, que también superan el 39%. Entre las provincias, Barcelona muestra un 30,3% de trabajadores con salarios por debajo del umbral marcado. Aunque esta cifra puede parecer baja, su relevancia se ve eclipsada por el alto coste de vida en la capital catalana. Otras provincias como Zaragoza, Guadalajara, A Coruña, Valladolid y Soria también presentan…