temporalidad

La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) ha calificado de "rotundo fracaso" el proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que buscaba reducir la temporalidad en el empleo público. Según la organización, lejos de solucionar el problema del abuso de la temporalidad en las administraciones públicas españolas, el proceso ha generado frustración entre miles de interinos y ha evidenciado deficiencias estructurales. En particular, Ansiti resalta que los resultados del proceso de estabilización en la Administración Local han sido "decepcionantes". La conversión de puestos interinos en plazas fijas ha sido mínima, dejando a casi la mitad de los interinos en una situación de precariedad laboral con amenaza de ceses. Lorenzo Campillo, presidente de Ansiti, señaló que el actual sistema no ha sabido valorar la trayectoria de compañeros con décadas de experiencia, con datos que reflejan que un preocupante 46% de los interinos, 470 personas, quedarán fuera del proceso de estabilización a pesar de estar en situación de abuso de temporalidad. Es crucial adoptar medidas que garanticen la estabilidad laboral de miles de profesionales que sostienen el funcionamiento de la administración pública, evitando así nuevas condenas europeas La situación no solo tiene implicaciones nacionales, sino que también subraya el incumplimiento de España con las directrices de la Unión Europea en materia de temporalidad. Ansiti destaca que, en comparación con el resto de países de la UE, los trabajadores interinos españoles están discriminados, siendo España el único país que no ha transpuesto la Directiva europea 1999/70/CE. Campillo insta al Gobierno a reflexionar sobre los resultados y a atender las demandas de los interinos. Convertir esas plazas en fijas o indefinidas implica un reconocimiento de su experiencia y antigüedad, garantizando la estabilidad laboral Ansiti aboga por una modificación de la normativa que evite futuros abusos en la…
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado al Gobierno a eliminar la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y a establecer sanciones ejemplares para los gestores públicos que hagan un uso indebido de la temporalidad. Esta solicitud se realiza en el contexto del recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea debido, entre otros motivos, al incumplimiento del mandato de reducir la temporalidad, que actualmente se encuentra estancada en el 30%, mientras la Ley establece un límite del 8%. Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores de nuestras administraciones CSIF ha subrayado que los gestores públicos que incumplan el límite de temporalidad establecido deben ser sancionados y asumir responsabilidad civil, debido a la precariedad laboral que afecta a numerosos trabajadores en las administraciones. Además, el sindicato ha resaltado que la tasa de reposición, mantenida por el Gobierno en la próxima oferta de empleo, obliga a recurrir a puestos temporales en sectores vitales como la sanidad y la educación. El sindicato ha solicitado una reunión urgente con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, con el objetivo de abordar las condiciones laborales del sector público, prestando especial atención a la temporalidad y a la congelación de las nóminas. Según CSIF, el Gobierno debe incrementar un mínimo del 2,8% los salarios para alinearlos al IPC registrado el año anterior, destacando que está pendiente una subida media de 374 euros por empleado público, lo que representa unos 1.112 millones de euros retenidos.
El Gobierno de España ha decidido elevar de 31,22 a 32,60 euros la cotización adicional que deben satisfacer los empresarios al finalizar los contratos temporales de menos de 30 días. Esta medida se enmarca dentro del aumento de las bases mínimas de cotización para este año, impulsado por la reforma laboral de 2021, cuyo objetivo es combatir la temporalidad y la rotación laboral en el mercado de trabajo. La nueva penalización, que entró en vigor el 1 de enero, se calcula a partir de la base mínima de cotización diaria del grupo 8 (oficiales de primera y segunda), que ha visto un incremento del 4,4% para 2025, alineándose con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en la misma proporción. Sin embargo, esta sobrecotización no se aplica a ciertos tipos de contratos, como aquellos celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores Agrarios, el Sistema Especial para Empleados de Hogar, el Régimen Especial para la Minería del Carbón, los contratos por sustitución, los contratos para la formación y el aprendizaje, y los contratos para la formación en alternancia. La reforma laboral de 2021 incorporó esta penalización como una estrategia para desincentivar a las empresas a realizar contratos de muy corta duración, que en marzo de este año representaron aproximadamente el 32,6% de los 1.166.601 contratos laborales registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En detalle, 380.741 contratos tenían una duración igual o inferior al mes , de los cuales 258.614, es decir, el 22,1% del total, eran contratos de una semana o menos, mientras que otros 55.732 contratos se extendían de 8 a 15 días y 66.385 abarcaban entre 16 días y un mes. En marzo, se formalizaron 508.662 contratos indefinidos, un aumento del 0,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que…
Apenas un 5% de los jóvenes menores de 25 encontraron empleo en el primer trimestre, en su mayoría en una ocupación básica en sectores como Sanidad, Educación u hostelería, según un informe de Asempleo, en el que se resalta que de esos cinco jóvenes que se emplearon entre enero y marzo, cuatro lo consiguieron gracias a un contrato temporal. La patronal de agencias privadas de empleo señala que los buenos datos de afiliación y paro entre los jóvenes observados en el mes de mayo no compensan un año que ha sido "especialmente duro" para los jóvenes. Así, actualmente hay un 13% menos de menores de 25 años afiliados a la Seguridad Social y un 30% menos de jóvenes con contratos de prácticas respecto a mayo de 2019, cuando la pandemia no afectaba a las cifras del mercado laboral. Asempleo avisa de que el descenso de afiliados jóvenes sería aún mayor si se tuvieran en cuenta los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que, aunque computan como afiliados, no están trabajando de manera efectiva. Según el informe, el empleo creció en mayo un 0,17% respecto al mes anterior, aunque entre los menores de 25 esta tasa fue tres veces superior, del 0,6%. Al mismo tiempo, el paro juvenil descendió un 9,3% en mayo. Para Asempleo, estos datos no suponen una sorpresa debido a que el comienzo del periodo estival suele ser un momento propicio para la incorporación de muchos jóvenes al mercado de trabajo. Más de la mitad de los jóvenes ocupados tienen un contrato temporal De los 940.000 jóvenes afiliados a la Seguridad Social, el 53% tiene un contrato temporal, un 33,7% cuenta con un contrato indefinido y un 5% tiene un contrato de formación o prácticas. Respecto a mayo de 2019, a excepción de los…
El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, hizo ayer un llamamiento a los jóvenes "a organizarse en las empresas para mejorar su situación" caracterizada por los contratos temporales y a tiempo parcial y los bajos salarios. "Una tasa de temporalidad del 58% es un disparate", enfatizó al respecto de la precariedad que soportan los jóvenes, que se manifiesta también en la tasa de contratación a tiempo parcial, que dobla la de las personas mayores de 29 años, y porque una de cada tres personas que cobran menos de 14.000€ anuales sean jóvenes, según los datos del informe #GeneraciónMÓVIL: una radiografía de la juventud y 10 propuestas de futuro, que ha presentado esta mañana el sindicato. Los datos del informe que han desgranado los responsables sindicales no dejan lugar a dudas: los jóvenes son la personificación más acentuada de las consecuencias de las políticas de recortes llevadas a cabo durante los años de la crisis. "Unas políticas que hace que los jóvenes no sepamos si vamos a trabajar o no, si vamos a durar en el trabajo, qué salario tendremos", explicó Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas realidades del Trabajo de CC.OO., y que convierte a los jóvenes en nómadas en el mercado de trabajo con trayectorias laborales inestables e imprevisibles, en miembros de una generación móvil. Para Gutiérrez, la precariedad no es un peaje que se deba pagar, una mochila con la que se deba cargar. "No nos resignamos con esta situación; es más, no queremos que la precariedad se normalice, queremos dar la vuelta a este escenario", subrayó. En la misma línea, la secretaria confederal de Política social y Movimientos Sociales, destacó que CC.OO. tiene propuestas y que “este es el momento de asegurar un futuro digno”, muy diferente al panorama actual de "precariedad social" que tiene su origen en…