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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abierto un nuevo frente en el debate económico al proponer una reforma del Impuesto de Sociedades que reduzca la carga fiscal de las pequeñas y medianas empresas y aumente la aportación de las grandes corporaciones. Su objetivo, afirmó, es avanzar hacia una “fiscalidad justa” que incentive la productividad sin debilitar la recaudación. Durante un desayuno informativo celebrado en Madrid, Díaz sostuvo que el verdadero reto para el tejido empresarial español no es la reducción de la jornada laboral, sino una estructura tributaria que considera desequilibrada. Según los cálculos que presentó, las microempresas pagan un tipo efectivo medio del 16,5 %, frente a un 5 % en las grandes corporaciones. “Es una anomalía que quienes menos capacidad tienen soporten una presión fiscal mayor. Si queremos justicia económica, la contribución debe ser proporcional al tamaño y los beneficios”, afirmó. La ministra defendió una revisión integral del Impuesto de Sociedades para rebajar los tipos efectivos a autónomos y pymes y aumentar la tributación de los grandes grupos empresariales, en línea con las recomendaciones de la OCDE sobre fiscalidad progresiva. Aunque evitó detallar cifras concretas, aseguró que la medida no afectará a la estabilidad presupuestaria y que podría reforzar la competitividad de las pequeñas empresas, que representan más del 95 % del tejido productivo español. Díaz también propuso reformar el sistema de IVA aplicado a los autónomos, incorporando la directiva del IVA franquiciado que ya opera en varios países europeos. Con esta modificación, los profesionales y pequeños negocios con facturación inferior a 85.000 euros solo tendrían que presentar una declaración informativa anual, evitando adelantar impuestos por servicios no cobrados. “El actual sistema penaliza la liquidez y castiga el esfuerzo emprendedor”, afirmó. Otro de los ejes de su plan apunta…
La prensa nacional pone la lupa sobre la nueva propuesta del Ministerio de Trabajo que planea endurecer el registro horario a través de un Real Decreto. Según informa la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), esta medida podría significar una caída del 27% en los salarios de los trabajadores, reduciendo sus ingresos en al menos 7.000 euros anuales. La CNC advierte que la disminución salarial podría restar atractivo al sector de la construcción, el cual ya enfrenta un déficit significativo de mano de obra, estimado en 700.000 trabajadores. Esta brecha laboral dificulta la ejecución de obras cruciales, muchas de las cuales están comprometidas con la Comisión Europea. La organización subraya que el endurecimiento del registro horario representa una «amenaza» para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y para los fondos europeos del Plan de Recuperación. Esta cruzada contra las horas extras sólo empeoraría la ya de por sí injusta limitación y las rigideces que ya existen en España La CNC argumenta que el límite actual de 80 horas extras anuales en España es restrictivo en comparación con la media de la Unión Europea, que asciende a 450 horas. La organización empresarial sostiene que estas horas deberían ser flexibles y remuneradas a un nivel superior al de las horas ordinarias. Según la patronal, permitir una mayor flexibilidad en el régimen de horas extraordinarias podría traer beneficios económicos significativos. Una ampliación del límite de horas extras podría proporcionar al Estado ingresos adicionales de más de 5.015 millones de euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF. Esto podría cubrir un 2,6% del coste total de las pensiones. La CNC insta al Gobierno a delegar en la negociación colectiva la posibilidad de ampliar las horas extras, con el objetivo de equiparar la legislación española a la media europea. La organización…
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, protagonizó un intercambio de acusaciones en el Congreso con Junts per Catalunya debido a la postura de la formación catalana respecto a la reducción de la jornada laboral. Según Díaz, Junts ya no representa al independentismo, sino a intereses de la patronal y «aquellos que se están forrando». Este tenso debate tuvo lugar durante la discusión de las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, que buscan detener el avance legislativo de una de las medidas estrella del Ejecutivo. La ministra criticó duramente a Junts por sus argumentos contra el proyecto, describiéndolos como «irreales». Según Díaz, se inspiran en declaraciones similares a las que se hicieron en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que predecían la destrucción de puestos de trabajo. En apoyo de su posición, recordó que España ha alcanzado un récord de 3,4 millones de trabajadores autónomos. «Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando», señaló Díaz desde la tribuna del Congreso. La ministra también destacó que las empresas catalanas han visto sus beneficios aumentar, con sectores como el comercio y la hostelería reportando ganancias significativas en los últimos años. Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, respondió contundentemente a las críticas de Díaz. Reclamó que las políticas de la ministra no solo son equívocas, sino que también están perjudicando al país, afirmando que «Las personas que suben la persiana cada día […] no deben dar crédito de su ignorancia». Nogueras defendió que Junts busca proteger a los pequeños empresarios y autónomos que serían, según su visión, los más afectados por la reducción de la jornada…
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha expresado que el actual salario mínimo interprofesional (SMI) se queda «corto», a pesar de haber experimentado un significativo aumento del 61% en los últimos años. Atribuye esta insuficiencia a la escalada desmedida de ciertos bienes, especialmente el precio de la vivienda, cuyo coste se ha disparado «de manera brutal» desde 2018. Álvarez argumenta que la vivienda ha dejado de estar al alcance no solo de quienes perciben el SMI, sino también de aquellos trabajadores que superan el salario medio nacional. En sus declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, subrayó que «hoy la vivienda no está al alcance no solo de la gente que cobra el SMI, sino de trabajadores y trabajadoras que están por arriba del salario medio de nuestro país». Reconociendo que el problema no puede ser resuelto únicamente mediante incrementos del SMI, Álvarez insiste en que todavía queda «un trecho importante» para alcanzar el objetivo de que esta renta mínima represente el 60% del salario medio. En este sentido, planea solicitar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que convoque a la mesa de negociación para adecuar el SMI a la situación económica actual del país. Además, el líder sindical ha enfatizado la importancia de trasponer la directiva sobre salarios mínimos. Esto permitiría evitar que los complementos salariales se vean afectados por el incremento del SMI y aseguraría que en Ceuta, Melilla y las islas se mantenga un diferencial del 25% necesario por las características únicas de estas regiones. Álvarez destacó la urgencia de que el SMI refleje «la situación que vive el país» y que se realicen los ajustes necesarios para proteger a las regiones insulares y las dos ciudades autónomas.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso que busca reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación a las plataformas digitales. El objetivo principal es evitar la precarización de las condiciones laborales y perseguir conductas fraudulentas que puedan surgir a través del trabajo ofertado por estas plataformas. En su iniciativa, el PSOE identifica que el auge de las plataformas digitales ha generado situaciones complejas donde es difícil establecer si se trata de relaciones laborales por cuenta ajena, propia, colaborativa o incluso voluntaria. Esto ha originado un aumento en los conflictos laborales, como el caso que en 2020 llevó al Tribunal Supremo a determinar que la relación entre Glovo y sus repartidores debía considerarse laboral. Ante este panorama, el PSOE solicita al Gobierno que intervenga en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración de un Convenio que promueva trabajo decente en plataformas digitales. Esta iniciativa busca establecer un sistema de gobernanza internacional que asegure derechos mínimos para los trabajadores, incluyendo salud, seguridad, responsabilidad en el uso de datos y control de algoritmos. El objetivo es establecer una Garantía Laboral Universal que proteja a todos los trabajadores de plataformas digitales. Asimismo, la proposición destaca la necesidad de informar a la población trabajadora, especialmente a los jóvenes, sobre las oportunidades y riesgos de las plataformas digitales, en particular las que operan bajo modelos de colaboración o voluntariado. Para ello, se sugiere una serie de campañas de concienciación. Por último, el PSOE propone promover la participación sindical y la creación de órganos de representación unitaria dentro de las plataformas digitales. Esta medida busca garantizar que los trabajadores tengan un mayor control y voz en sus condiciones laborales, fortaleciendo así su posición frente a las empresas que operan en…
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha puesto en duda que el Gobierno cuente con los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar la polémica reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, prevista para 2025. Garamendi ha criticado duramente el enfoque adoptado por el Gobierno, especialmente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha acusado de utilizar el Día del Trabajador con fines partidistas. "Usó el 1 de Mayo para hacer política en lugar de diálogo", ha lamentado. Pero la polémica ha ido más allá del debate técnico o económico. El líder de la patronal ha denunciado la creciente agresividad en el discurso institucional hacia quienes no apoyan la reforma. En particular, ha afeado al ministro de Transformación Digital, Óscar López, que tildara de "fachas" y "ultras" a los críticos con la medida, así como al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien calificó de “timo a la democracia” cualquier intento de frenar su debate parlamentario. "¿Qué pasa, que se es democrático solo cuando uno hace lo que otro dice?", ha cuestionado con dureza. Además, ha recordado que la medida costará unos 23.000 millones de euros, un impacto económico que, advierte, recaerá especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas. En su intervención, también ha señalado que el discurso del Gobierno carece de realismo económico y está cargado de populismo. "En la empresa privada, cuando las cosas van mal, hay una cosa que se llama quiebra. En lo público, cuando van mal, se llama déficit", ironizó. El presidente de la patronal ha asegurado que la CEOE está en contacto con todos los grupos parlamentarios para expresar su oposición a esta reforma. "Queremos que se nos oiga", insistió. Más allá del aspecto legislativo, Garamendi ha denunciado un ambiente creciente de…
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado una promesa contundente relacionada con la reducción del impuesto sobre la renta. Según sus declaraciones, este impuesto podría quedar «muy reducido» o incluso «completamente eliminado» cuando entren en vigor los aranceles a los productos extranjeros que ha anunciado. Trump manifestó en su cuenta de Truth Social: «Cuando empiecen los aranceles, el impuesto de la renta de mucha gente se verá sustancialmente reducido e incluso completamente eliminado». El mandatario indicó que las personas que más se beneficiarán de estas medidas serán aquellas que ganan menos de 200.000 dólares anuales, aproximadamente 175.000 euros. Además, aseguró que su administración está impulsando la creación de una considerable cantidad de puestos de trabajo, a raíz de la construcción y planificación de nuevas plantas y fábricas en todo el país. La creación de un nuevo organismo recaudador cambiará el panorama fiscal en Estados Unidos Trump destacó la importancia del nuevo organismo que se encargará de recaudar los aranceles y otros ingresos provenientes del extranjero. Este papel será fundamental, ya que anteriormente recaía en el Departamento de Comercio, el Representante de Comercio de Estados Unidos y la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras. El presidente concluyó con entusiasmo: “¡¡¡Será una BONANZA PARA ESTADOS UNIDOS!!! ¡¡¡EL SERVICIO DE INGRESOS EXTRANJEROS ES UNA REALIDAD!!!”.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha declarado rotundamente que el Gobierno español no proporcionará recursos públicos para que las empresas despidan a trabajadores. Esta afirmación surge tras la oposición del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a vincular las ayudas a las empresas afectadas por los aranceles de Estados Unidos con la prohibición de despidos. Díaz ofreció estas declaraciones a su llegada al Consejo informal de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Epsco) en Polonia. Respondiendo a las inquietudes planteadas por Garamendi, quien sugirió que en situaciones de impacto estructural las compañías podrían necesitar despidos para ajustar sus operaciones, la ministra insistió en que el enfoque del Gobierno es proteger el empleo y prohibir los despidos. El Ejecutivo va a «salvar» a las empresas y al tejido productivo, pero que esto se hará manteniendo el trabajo Yolanda Díaz destacó que mecanismos de protección como el ERTE ordinario o el mecanismo RED ya están disponibles para las empresas y los trabajadores que lo necesiten. Afirmó con confianza que no van a dejar caer a ninguna empresa ni a ningún trabajador, enfatizando que la nueva política arancelaria de EE.UU. solo afecta a menos del 5% de la economía española. La importancia de la Epsco Por otro lado, la ministra subrayó que la reunión del Epsco es «clave» en el contexto político actual. Señaló que Europa debe ofrecer alternativas eficaces ante la situación actual, como mancomunar recursos y deuda, y abogó por una Europa que priorice los derechos laborales. Díaz concluyó reiterando la necesidad de una respuesta colectiva frente a los desafíos impuestos por los aranceles y el riesgo de retrocesos democráticos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha ofrecido un mensaje de tranquilidad y serenidad a empresas y trabajadores españoles en respuesta a los recientes aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Unión Europea. Durante su llegada al debate ‘Diálogo por el futuro del trabajo’, organizado por Talento Futuro en el Espacio Bertelsmann, Díaz fue cuestionada sobre la posibilidad de que España, siguiendo la sugerencia del presidente francés Emmanuel Macron, suspendiera inversiones en Estados Unidos. Díaz aseguró que el Gobierno de España está preparado para actuar si la situación lo requiere, destacando que las exportaciones norteamericanas en España no representan más del 5 por ciento del total. En este contexto, enfatizó que «si es menester, por supuesto estamos preparados de la mano del diálogo social para actuar en los sectores», añadiendo que dichas áreas están «muy localizadas». La ministra también subrayó que cualquier respuesta a estas medidas arancelarias debe ser de carácter europeo y mancomunado. Propuso la creación de un fondo de contingencia dentro de la Unión Europea para abordar esta situación, recordando que este jueves el Gobierno lanzó una línea de financiación destinada a las empresas que asciende a más de 14.000 millones de euros. El presidente estadounidense ha anunciado un arancel del 25% a la importación de vehículos extranjeros desde esta medianoche No obstante, Trump también ha impuesto un 20% de aranceles a todos los productos provenientes de la Unión Europea desde el 9 de abril, mientras que las importaciones desde China serán gravadas con un 34%.
La reforma destinada a mejorar la compatibilidad entre la pensión y el trabajo, acordada con los agentes sociales y aprobada por el Gobierno en diciembre pasado, se implementará el próximo 1 de abril. Esta nueva normativa introduce modificaciones en las modalidades de jubilación activa, demorada y parcial, con el objetivo de ofrecer a los trabajadores una salida del mercado laboral más progresiva y flexible. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ione Belarra, ha afirmado que se trata de medidas que facilitan a los trabajadores que el tránsito hacia su jubilación tenga la suficiente flexibilidad para adaptarse a las condiciones y situaciones de cada uno de ellos . En el caso de la jubilación activa, que permite a los jubilados compaginar su pensión con el trabajo, la reforma elimina el requisito de poseer una carrera de cotización completa, facilitando así el acceso a esta modalidad. Desde el Ministerio de Inclusión, se ha destacado que esta medida tiene una especial incidencia desde la perspectiva de género, beneficiando a colectivos con carreras de cotización más cortas e intermitentes, como ha sido históricamente el caso de las mujeres debido al cuidado de hijos u otros familiares. La jubilación activa permitirá a los ciudadanos compaginar trabajo y pensión, incrementando el porcentaje aplicable en la prestación según una escala de tiempo. Por ejemplo, si la jubilación se retrasa un año, el porcentaje de la pensión será del 45%; si se retrasa dos años, el 55%; y si se hace por cinco años o más, se podrá llegar a percibir hasta el 100%. Además, por cada año de actividad profesional ininterrumpida, el porcentaje de la pensión se incrementará cinco puntos porcentuales, sin superar el 100% de la misma. Adicionalmente, la reforma mejora la jubilación demorada, al ofrecer un incentivo adicional del 2% por cada seis…