vivienda

La Conferencia Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha mostrado su desacuerdo con la previsión de aumento de las tasas turísticas en regiones como Baleares y Barcelona. En vez de enfocarse en este tipo de medidas, la CEHAT insta a las administraciones a prestar atención a temas cruciales como la vivienda y la infraestructura. Críticas del presidente de la patronal hotelera Jorge Marichal, presidente de la patronal, criticó durante la presentación del Smart Observatory Invierno-Primavera 2026 esta medida, considerándola simplemente un intento recaudatorio. Según Marichal, el sector turístico no debería ser visto como un chivo expiatorio. No somos el problema, somos la gran solución para España ha reiterado Marichal, destacando el valor indiscutible que el turismo aporta al país. Reclamos en infraestructura y vivienda La CEHAT ha manifestado que las administraciones deben dejar de escurrir el bulto y centrarse en mejorar las infraestructuras. Es crucial que las tasas generen un valor añadido, especialmente en aeropuertos como el de Tenerife Sur, que enfrenta críticas pese al incremento de las tasas. En el ámbito de la vivienda, la patronal ha solicitado medidas para hacer más accesible su adquisición, aumentando la oferta disponible. La falta de acceso adecuado a la vivienda se traduce en una crisis de captación de talento que afecta a muchas empresas hoteleras.
En el horizonte del 2026, el panorama inmobiliario español se perfila con retos significativos. Según Idealista, los precios de la vivienda seguirán elevándose, mientras que la oferta continuará disminuyendo tanto en venta como en alquiler. Este fenómeno se atribuye a lo que denominan «la incertidumbre legislativa» y la «falta de acuerdos mínimos», obstáculos que dificultan la aprobación o modificación de leyes que mejorarían la accesibilidad a la vivienda. El análisis de Idealista describe la situación actual como una «emergencia nacional», animando a las instituciones a recuperar la confianza en los datos y estadísticas. «Es vital adoptar un enfoque basado en el consenso y en decisiones fundamentadas en datos,» afirma la empresa. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, alerta sobre un desequilibrio cada vez más pronunciado entre propietarios e inquilinos, atribuible a una legislación que busca proteger a los inquilinos con contratos vigentes, pero que a su vez excluye a aquellos que buscan vivienda. El mercado del alquiler refleja una competencia feroz, donde más de 50 interesados compiten por cada anuncio publicado en Idealista, iniciando un proceso de ‘casting’ en cada intento de conseguir un arrendamiento. En estas condiciones tan estrictas, los más afectados son las familias monoparentales, con menores, mayores de 65 años y aquellos que deben afrontar el pago del alquiler con un solo ingreso. La «elitización» del mercado ha llevado al paulatino rechazo sistemático de vastos colectivos, exacerbando la exclusión que sienten los inquilinos. En cuanto a la venta de viviendas, el mercado se sustenta principalmente sobre la vivienda usada, una situación que, según Idealista, «hace tiempo que no es suficiente». Mientras se criminaliza la construcción, que actualmente produce unas 100,000 unidades al año, se necesitan políticas que impulsen tanto la construcción como la formación de nuevos trabajadores en el sector. La demanda sigue siendo «elevadísima,» aunque muchos compradores…
El sector inmobiliario sigue en una espiral ascendente con el precio de la vivienda usada incrementándose un 7,8% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2.091 euros por metro cuadrado. Esto representa un aumento del 0,4% respecto a octubre, según los datos proporcionados por Hogaria.net. El aumento de los precios afecta a 48 de las 52 provincias de España. Hogaria.net atribuye esta tendencia al dinamismo de la demanda, que supera ampliamente a la oferta. La construcción ha estado en parálisis durante una década, provocando una brecha entre la oferta disponible y la necesidad urgente de vivienda, especialmente en áreas con alta demanda laboral. El mercado de compraventa también se ha visto influido por la inestabilidad y la escasez del mercado de alquiler, lo que impulsa a muchos inquilinos a comprar propiedades como alternativa. Esto ha sido descrito por el portal inmobiliario como «pura gasolina» para el aumento incesante de precios de las viviendas en venta. Para Hogaria.net, la solución pasa por movilizar suelo público, acelerar la burocracia para rehabilitar y construir, e incentivar la vivienda asequible El informe destaca una tendencia preocupante: el incremento de las disparidades territoriales. Las provincias con los precios más altos son Islas Baleares, Madrid, Guipúzcoa, Málaga y Barcelona, mientras que provincias como Ciudad Real y Palencia presentan los precios más bajos. La brecha entre el norte, la costa y el interior no para de crecer Madrid y Barcelona, dos de las ciudades más grandes de España, también reflejan esta tendencia. En noviembre, el precio en Madrid aumentó un 0,8%, alcanzando los 4.953 euros por metro cuadrado, mientras que en Barcelona llegó a 4.711 euros con un incremento del 0,7%.
La plataforma de alquiler inmobiliario Airbnb ha retirado 2.479 anuncios irregulares de habitaciones a petición del Ayuntamiento de Barcelona desde la entrada en vigor de la nueva regulación de los pisos turísticos en la ciudad. El anuncio fue realizado por el teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, durante la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles, en respuesta a una pregunta del concejal de BComú, Marc Serra. Valls detalló que Airbnb concentra el 99% de los anuncios de habitaciones de uso turístico y ha desactivado los mencionados 2.479 anuncios tras la petición del consistorio. «No es para estar extraordinariamente satisfechos, pero están cambiando un poco de actitud», agregó el teniente de alcalde, sugiriendo una leve mejora en la cooperación por parte de Airbnb. La acción municipal es claramente insuficiente El concejal Marc Serra enfatizó la insuficiencia de las medidas municipales, resaltando que aunque este año se han iniciado casi 350 casos, algunos estudios indican la existencia de alrededor de 3.000 pisos turísticos ilegales aún operando en Barcelona. Por su parte, desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento ha realizado un total de 18.856 inspecciones y ha abierto 1.727 procedimientos disciplinarios relacionados con viviendas compartidas sin permiso y pensiones encubiertas.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que busca ofrecer seguridad a los propietarios de viviendas mediante una cobertura especial para protegerlos de eventuales impagos de rentas de alquiler, específicamente para contratos firmados con jóvenes menores de 35 años y personas vulnerables. Esta medida será gestionada por las comunidades autónomas de régimen común, así como por las ciudades de Ceuta y Melilla, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para estos colectivos. Requisitos y gestión de las comunidades autónomas Para optar a esta cobertura, los arrendadores deben cumplir varios requisitos: firmar contratos con los grupos mencionados, asegurar que las rentas no superen el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria y suscribir un compromiso relativo al aval. Además, las comunidades autónomas podrán establecer criterios adicionales si lo consideran necesario, ya que son las responsables de gestionar estos avales y coberturas. El aval cubrirá el impago de rentas y eventuales daños al inmueble, además del coste de los suministros adeudados. Los beneficiarios incluyen no solo personas físicas, sino también comunidades si estas tienen un seguro acordado con los arrendadores. Hasta ahora, no se ha aprobado una línea presupuestaria específica ni se ha detallado el importe disponible, pero los contratos vigentes serán cubiertos hasta el 30 de enero de 2025. Compromiso gubernamental Además, las comunidades autónomas deberán informar semestralmente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre la aplicación de estas coberturas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, expresó que esta medida busca proporcionar garantías reales a los propietarios, evitando discursos que «alimentan el miedo» en el sector inmobiliario. Este real decreto responde a una promesa hecha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras peticiones recibidas de Junts, con una dedicación especial hacia los arrendamientos a segmentos jóvenes y vulnerables de la sociedad.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que transforma la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) en «Casa 47 Entidad Pública Empresarial». Este nuevo enfoque amplía el rol de Sepes, pasando de la urbanización y entrega de suelos y viviendas a una gestión integral del ciclo residencial del parque público de vivienda estatal. Cambios en la estructura organizativa La reestructuración incluye la eliminación de la Dirección General de Sepes para dar paso a la Presidencia de Sepes, sin alterar el rango o retribuciones de su equipo directivo. La transformación busca adaptarse a las nuevas necesidades de la gestión de vivienda, permaneciendo como una Entidad Pública Empresarial (EPE) adscrita al ministerio correspondiente. Durante la presentación del proyecto, se detallaron aspectos relevantes de los contratos de alquiler que ofrecerá Casa 47. Estos contratos tendrán una duración inicial de hasta 75 años, distribuidos en una primera fase de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de acceso a la vivienda. Además, los alquileres estarán marcados por un criterio de asequibilidad, con un tope del 30% de la renta media por comunidades. Para maximizar su alcance, Casa 47 dirigirá sus ofertas al 60% de la población que tiene ingresos entre 2 y 7,5 veces el Iprem Innovaciones y proyectos futuros Se prevé la creación de un portal online en 2026 que facilitará la consulta de promociones y requisitos, además de posibilitar la formalización de solicitudes de vivienda. En cuanto al origen de los inmuebles, Casa 47 se nutrirá de construcciones propias y de inmuebles del Estado de diversos ministerios y la Sociedad de Gestión de Activos, habiendo ya recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos. Adicionalmente, la entidad ha licitado proyectos para más de 1.600 viviendas en todo el país y lanzará una oferta…
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha expresado su preocupación ante la nueva medida del Gobierno español de incorporar 40.000 viviendas de la Sareb al parque de vivienda pública a precios asequibles. Según Álvarez, esta iniciativa es «insuficiente» para resolver el problema de la vivienda en España. El líder sindical ha instado a un «gran pacto de Estado» que implique al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, con el fin de encontrar una solución efectiva y coordinada. Álvarez ha manifestado que para abordar el problema de la vivienda son necesarias medidas a diferentes plazos. «Nosotros pensamos que hay medidas que hay que tomar a cortísimo plazo, que pasan por limitar los precios del alquiler, y otras medidas que hay que situar a medio plazo, que son desarrollos urbanísticos y ayudas a todos los ciudadanos», ha afirmado. En este sentido, subraya que estas ayudas no deberían ser exclusivas para los jóvenes, sino que deben incluir a aquellos que, aunque no tan jóvenes, también necesitan apoyo para acceder a una vivienda. El líder sindical realizó estas declaraciones en un homenaje celebrado en el Cementerio Civil de Madrid por el centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias Posse, el fundador de UGT y del PSOE. En este contexto, aprovechó para compartir su perspectiva sobre otra cuestión de importancia: las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Con respecto a las negociaciones para el incremento del SMI, Álvarez ha expresado que el Ministerio de Trabajo todavía no ha fijado una fecha para convocar la mesa. No obstante, ha reiterado la propuesta sindical, que busca un aumento del 7,5% para 2026 si se decide que el SMI tribute en el IRPF. «Nuestra propuesta es que se suba el salario mínimo interprofesional un 7,5%, que es justamente lo que nosotros pensamos…
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la transformación de Sepes en Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda anunciada por el presidente Pedro Sánchez. Como garante del artículo 47 de la Constitución, Casa 47 gestionará todo el ciclo de vida de los inmuebles, desde la adquisición hasta la entrega de llaves. La titular del ramo, Isabel Rodríguez, destacó que la entidad se fundamentará en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y atención a la ciudadanía. Entre las novedades, el Gobierno lanzará una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que Casa 47 ofrecerá como alquiler asequible. Los contratos de alquiler podrán durar hasta 75 años, iniciando con un contrato de 14 años y con renovaciones automáticas cada 7 años siempre que se mantengan las condiciones de acceso. El precio de los alquileres gestionados por Casa 47 estará limitado de tal manera que nadie destine más del 30% de su sueldo a pagar un arrendamiento. Así, la renta se calculará sobre el sueldo medio del territorio correspondiente, con factores correctores en zonas de menor tensión de precios para no exceder el costo actual del alquiler. Acceso y cartera de propiedades Para acceder a estas viviendas asequibles, se establecerá un requisito de renta entre 1.200 y 4.500 euros mensuales, calculado sobre el 60% de las rentas medias y trabajadoras. Un portal online facilitará la gestión y adjudicación de viviendas a partir de 2026. Casa 47 incorporará inmuebles y suelos del Estado y propiedades de la Sareb. Hasta ahora, se han licitado proyectos para más de 1.600 viviendas y desbloqueado proyectos urbanísticos en ciudades como Sevilla, Ibiza y Valencia. Próximamente, se espera aprobación municipal para proyectos en Málaga y Madrid. Además, el Consejo de Ministros aprobará ayudas para compensar a propietarios en caso de impago en arrendamientos a…
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), comúnmente denominada ‘banco malo’, ha puesto en marcha un proceso de licitación para contratar una empresa que certifique la adecuación de unos 12.000 activos inmobiliarios, entre viviendas y suelos. Estos activos deben cumplir con los requisitos para ser traspasados al futuro parque público de alquiler asequible, que ahora gestionará Sepes bajo el nuevo nombre de Casa 47. Este esfuerzo forma parte de la estrategia gubernamental para fomentar un parque público de viviendas en alquiler a precios asequibles. Hasta el momento, se han identificado 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos con un valor de aproximadamente 5.900 millones de euros, que podrían contribuir al parque, con capacidad para albergar más de 55.000 viviendas. Para ello, el Consejo de Ministros estableció el verano pasado un conjunto de requisitos, tanto geográficos como económicos y técnicos, asegurando que los edificios cumplan con estándares de habitabilidad y no presenten patologías estructurales. Sareb ha detallado en su licitación que carece de los medios y recursos necesarios para cumplir con los requisitos de certificación exigidos en los plazos estipulados. La licitación responde a la necesidad de atender la solicitud de Sepes, que se transformará en Casa 47, basada en la necesidad de traspasar activos cumpliendo los criterios del Consejo de Ministros. El servicio de certificación se ofrecerá únicamente cuando sea específicamente solicitado por Sareb o sus servicers, Aliseda/Anticipa e Hipoges. Los activos a certificar estarán previamente identificados en un perímetro que será proporcionado. La empresa adjudicataria deberá visitar todos los componentes de cada inmueble y emitir un informe exhaustivo. Este informe incluirá un check list de requisitos cumplidos, evidencia fotográfica y cualquier incidencia detectada. El valor del contrato asciende a 4,4 millones de euros, y las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 17 de diciembre a…
En un movimiento estratégico, el Gobierno español aprobará la transformación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la nueva Entidad Estatal de Vivienda denominada Casa 47. Esta iniciativa fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez hace un año, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. Durante la presentación oficial de la entidad, Isabel Rodríguez, ministra implicada en este proyecto, anunció que Casa 47 gestionará el ciclo completo de los inmuebles, desde la adquisición de suelos hasta la entrega de llaves. Este organismo se basa en cuatro pilares fundamentales: planificación, construcción, desarrollo comunitario y atención a la ciudadanía. Una de las innovaciones más destacadas es el lanzamiento de una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más inmuebles que se ofrecerán como alquiler asequible. Los contratos gestionados por Casa 47 podrán extenderse hasta 75 años, comenzando con un contrato inicial de 14 años y prórrogas automáticas de 7 años, bajo la condición de que se mantengan la mayoría de los requisitos de acceso. Isabel Rodríguez enfatizó durante la presentación que Casa 47 tiene como objetivo construir con «rigor» y «seriedad», asegurando que las viviendas sean «dignas» y de «calidad», acorde con el mandato constitucional El Gobierno ha estipulado que los precios de alquiler gestionados por Casa 47 se limitarán para que ninguna persona destine más del 30% de sus ingresos al arrendamiento. Este esquema está diseñado para ajustarse al sueldo medio de cada región y, en áreas sin tensión de precios, se aplicarán factores correctivos para evitar superaciones del costo actual del alquiler. Para acceder a estas oportunidades de alquiler, las personas deberán tener rentas mensuales entre 1.200 y 4.500 euros, lo cual permitirá que el 60% de la clase media…