El sistema operativo más utilizado en España entra en su cuenta atrás. A partir del 14 de octubre de 2025, Microsoft dejará de actualizar Windows 10, una decisión con consecuencias directas para millones de usuarios y, sobre todo, para las empresas que aún no han dado el salto a Windows 11.
El anuncio marca un punto de inflexión tecnológico. El fin del soporte no solo implica dejar de recibir parches de seguridad y asistencia técnica: en la práctica, supone que buena parte del parque informático anterior a 2018 quedará desfasado. ¿El motivo? Los estrictos requisitos técnicos de Windows 11, como la necesidad de contar con un chip TPM 2.0 o procesadores de última generación.
Tres caminos para los usuarios
Ante este escenario, Microsoft ofrece tres alternativas. La primera, actualizar a Windows 11, siempre que el equipo lo permita. La segunda, optar por el programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU), que tendrá un coste estimado de 30 euros anuales para particulares. La tercera, continuar con Windows 10 sin soporte, con el consiguiente riesgo de vulnerabilidades y brechas de seguridad.
Y hay una cuarta, aunque no es la preferida por Microsoft: utilizar un sistema operativo alternativo, como puede ser Linux. Francia ha sido uno de los países europeos pioneros en adoptar software libre en el sector público, con la Gendarmería Nacional como uno de los casos más destacados y emblemáticos.
La Gendarmería tenía un parque de más de 70,000 ordenadores, y la licencia de Windows representaba un gasto importante. Pasar a una distribución gratuita y de código abierto, en este caso Ubuntu, supuso un ahorro millonario en el presupuesto anual.
La estrategia es clara: incentivar —cuando no forzar— la renovación de dispositivos. En las últimas semanas, muchos usuarios han empezado a recibir mensajes a pantalla completa recomendando el cambio a Windows 11. Incluso algunas funciones de seguridad han quedado limitadas para los equipos más antiguos.
Un problema para empresas; una decisión forzada para usuarios
Para las empresas, la transición no es solo una cuestión técnica: implica costes relevantes en licencias, sustitución de hardware, migración de datos y formación de empleados. Para el usuario medio, supone una posible obsolescencia programada que puede afectar tanto al bolsillo como a la experiencia digital.
En paralelo, algunos usuarios empiezan a explorar alternativas como Linux, especialmente en entornos educativos o con recursos limitados. Pero esa vía, aunque viable, presenta desafíos: requiere conocimientos técnicos, y muchas aplicaciones populares no cuentan con versiones compatibles.
