Capital habla con Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas y Ransés Pérez Boga, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado, sobre la situación del fraude fiscal en España
La realidad sobre las cuestiones que engloban a la Hacienda Pública va más allá. “No existe una Hacienda Pública, sino tres niveles de Administraciones Tributarias: central, autonómica y local”. Así lo explica Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. Las cuestiones a las que se enfrentan estas entidades derivan en retos como, por ejemplo, mover sus maquinarias administrativas para adaptarse a un mundo más global y digitalizado. “La Agencia Tributaria es puntera en este aspecto”, comenta.
Del mismo modo, Ransés Pérez Boga, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado, expone que los problemas a los que hacen frente son los siguientes: el gran fraude fiscal, la baja conciencia fiscal, la existencia de paraísos fiscales, la reforma institucional de la AEAT para adaptarla al siglo XXI y las dificultades de controlar al comercio internacional y electrónico. También, el auge y opacidad de las operaciones con criptomonedas, las cuales, aclara, son “difícil de controlar por Hacienda”.
Desde el punto de vista de Luis del Amo, la finalidad y transformación de las administraciones debe traducirse en una renovación de las plantillas en las que la media de edad sea elevada. Hecho que Pérez Boga confirma: “En los próximos cinco años se jubilará el 25% de la plantilla, por lo que se corre el riesgo de una reducción drástica del personal y, el mejor de los pasos es un rejuvenecimiento de plantilla, es decir, sustituir funcionarios con experiencia por otros noveles”.
Dentro del contexto laboral, del Amo considera necesario un cambio en el sistema de trabajo que, hasta ahora, consistía en recibir autoliquidaciones y comprobarlas. Por ello, otro de los retos es un plan de trabajo en el que “prime la asistencia al contribuyente, la relación cooperativa y la detección precoz de los problemas”, añade Luis del Amo ante un último desafío que consiste en “saber explotar la ingente cantidad de información que recibe la Agencia Tributaria y que cada vez va a ser mayor”.
Fraude en la actividad económica
Ante la incógnita planteada sobre qué actividades económicas están siendo salpicadas por fraude, Luis del Amo apunta que “es difícil saberlo, sobre todo si se habla de economía sumergida, precisamente por su propia naturaleza”. No obstante, “se puede pensar que la ocultación de ingresos es más sencilla cuando se trata de actividades económicas cuyos destinatarios son consumidores finales”.
Idea que el presidente de los Inspectores de Hacienda comparte, añadiendo que los sectores que generan más fraude son el hostelero, comercio minorista, turístico, servicio doméstico, profesionales o, trabajos y reparaciones en domicilios. “Son el núcleo duro de la economía sumergida y, en muchos de esos sectores, es habitual la pregunta: ¿con IVA o sin IVA?”.
Además, Pérez Boga anota que en el sector de los profesionales está despuntando un fraude instrumentado a través de estructuras de interposición de sociedades, para reducir la progresividad del IRPF. En este sector, vinculado a aquellos profesionales con actividades de alto valor añadido, se están detectando deslocalizaciones ficticias de contribuyentes hacia países o territorios de menor tributación.
“Finalmente, en el sector de los que comercial con hidrocarburos, abundan las tramas para evadir estos altos tributos”, declara Pérez Boga.
Impuestos a revisar
El sistema impositivo, “aunque precisa de estabilidad para que los agentes económicos tengan seguridad jurídica y no se planteen problemas de cumplimiento”, como dice el secretario técnico, “debe de estar en continua evolución, porque se tiene que adaptar a la realidad económica y social que cambia y, cada vez, con mayor rapidez”.
Para Luis del Amo es necesario reorganizar y modernizar, sobre todo, los impuestos ligados a la financiación autonómica. “Por un lado, hay que decidir si conviene mantener el Impuesto sobre el Patrimonio, inexistente en la mayor parte de los países europeos, y que se puede utilizar por algunas Comunidades Autónomas para competir fiscalmente. Por otro lado, si es conveniente tener un Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que tiene mucho más sentido, y en qué condiciones”, opina.
Asimismo, considera que “habría que modernizar la modalidad de Actos Jurídicos Documentados y armonizar algunos impuestos propios de las Comunidades Autónomas que se articulan de forma muy distinta para gravar -normalmente de contenido medioambiental- los mismos hechos imponibles”. En cuanto a los impuestos troncales como IRPF, Impuesto sobre Sociedades o IVA, únicamente necesitarían un análisis y revisión de sus beneficios fiscales.
En relación con el IRPF, Pérez Boga cree que “habría que recuperar la progresividad de este, favorecida por los tipos proporcionales del ahorro, así como eliminar el sistema de módulos, generador de facturas falsas”. Además, comenta que “en el IVA habría que aminorar algunos tipos reducidos, eliminar el sistema de módulos, así como generalizar el sistema de inversión de sujeto pasivo para las operaciones y sectores en las que más fraude hay”.
Por último, sería necesario revisar los impuestos medioambientales, “por su doble efecto positivo, tanto recaudatorio como para desincentivar usos contratos al medio ambiente y a la salud”, manifiesta Pérez Boga.
En el concepto de impuestos locales
Tal y como manifiesta la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL), en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que afecta al sector de la construcción, existe un alto nivel de fraude en las declaraciones de los costes de ejecución material de las obras que exige intervenciones constantes por parte de las inspecciones tributarias locales.
En el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el ámbito de ciertos grupos empresariales, numerosas sociedades pretenden evitar su tributación o rebajarla, simulando su no pertenencia a un grupo. Ello motiva su exención fraudulenta si el Importe Neto de la Cifra de Negocio individual no alcanza el millón de euros.
En el conocido como “Plusvalía”, también se produce fraude por la falta de autoliquidación o declaración (según lo tenga establecido el municipio) cuando se lleva a cabo una transmisión de vivienda, local o terreno, así como en algunas operaciones mercantiles de fusiones o absorciones.
En la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros -conocida por Tasa del 1’5%, porque grava con ese porcentaje los ingresos brutos obtenidos en el municipio, y que afecta a sectores estratégicos de la economía nacional como la electricidad, el gas y las telecomunicaciones-, el fraude consiste en declarar ingresos inferiores a los reales.
Son ejemplos de irregularidades en el ámbito de la tributación local que deben ser corregidas por las inspecciones de las entidades locales mediante la comprobación e investigación.
Además, para la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), es importante para tal fin, apostar firmemente por reforzar los recursos tecnológicos y humanos, en su caso, de las Administraciones Tributarias, e invertir, igualmente, en tareas preventivas. Asimismo, facilitando al máximo el cumplimiento voluntario y promocionado una cultura cívica fiscal.
Dentro de este contexto, según Luis del Amo, considera que entre los tributos locales existe “un nivel de fraude muy bajo, fundamentalmente porque la mayor parte están relacionados con bienes inmuebles, siendo el principal, con diferencia, el IBI”.
Además, en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica hay un problema en el punto de conexión -determinar el municipio donde se paga- porque, como indica del Amo, “es el municipio del domicilio de la persona o entidad propietaria”. Hoy, las flotas de vehículos de alquiler tributan en municipios que, para competir en este sentido, fijan un impuesto muy reducido.
En el concepto de impuestos estatales
¿En qué impuestos hay más fraude y cómo combatirlo? “El fraude, en términos estatales, también se realiza por personas o entidades, normalmente en las que desarrollan actividades económicas cuyo destinatario es el consumidor final -por lo que es difícilmente detectable- y se concreta en varios impuestos”, sentencia el secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas. La evasión fiscal se encuentra en el IRPF-IVA y en el Impuesto sobre Sociedades-IVA.
“Sin embargo, también existe un fraude en el IRPF por los trabajos clandestinos y en Transmisiones Patrimoniales, cuando, por ejemplo, se paga parte de la adquisición de un inmueble con dinero negro”, anota del Amo explicando que, en este último, existiría fraude en el impuesto personal del vendedor. “A veces consiste simplemente en aprovecharse de beneficios fiscales a los que no se tiene derecho”, aclara.
Como concluye Pérez Boga, “es el en IVA, derivado de las tramas de fraude y de las facturas falsas. En el IRPF, derivado de la economía sumergida”. Plantea unas soluciones comunes: aumentar los medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria, mejorar los procedimientos tributarios de control, dar facultades a la AEAT para perseguir los grandes fraudes, profundizar en la colaboración con los contribuyentes, y potenciar el cumplimiento voluntario, la transparencia en la rendición de cuentas, e invertir en campañas de concienciación fiscal.
