El plan de control tributario 2022 busca reducir la brecha creciente de 38.000 millones de economía "en B" que sufre España cada año
El pasado 31 de enero se publicó la Resolución de 26 de enero de 2022 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022. Se trata de un proyecto marcado por el haber y el deber, diseñado para intentar reducir la cifra de economía sumergida y de contabilidad “en B” de España, que provoca un fraude fiscal de 800 euros anuales “per cápita”.
“Lo más significativo de este plan va a ser el control, una vez que se apruebe una norma reglamentaria que establezca las certificaciones de las aplicaciones y programas de contabilidad. Para evitar así, que exista la posibilidad de que haya softwares de doble contabilidad”, afirma José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
Esto es lo más significativo en el lado del haber, pues de cara a la evasión tributaria, como comenta Mollinedo, “la sola tenencia de esos programas -que ofrecen una contabilidad A y otra B- no certificados es causa suficiente de una infracción tributaria”.
José María Mollinedo (Gestha): “La economía sumergida crece a más velocidad que lo que la Agencia Tributaria puede descubrir, y esto significa que no estamos haciendo bien nuestro trabajo”
España frente Europa
Sobre la media europea, España cuenta con una economía sumergida que supone un impago de impuestos de 38.000 millones de euros al año. Dividiéndolo entre la población, aproximadamente 47 millones de españoles, sale a más de 800 euros por persona. “Quien tiene que pagar impuestos, no quiere pagar más, pues prefiere que esos 38.000 millones salgan de la economía sumergida”, analiza.
Además de continuar con la inversión en la red de filtraje, “hay que apostar decididamente por un cambio organizativo en la Agencia Tributaria y en el Ministerio de Hacienda en general, porque esto no solo ocurre con el control tributario”, analiza Mollinedo desde una perspectiva marcada por un contexto económico en el que la reforma fiscal está en ciernes. Un escenario en el que, con total probabilidad, el esfuerzo tributario exigido a los contribuyentes será mayor que el actual.
El grueso de la comprobación
La investigación está centrada en las discrepancias entre la información que figura en las bases de datos tributarias y las declaraciones de los contribuyentes. Asimismo, como afirma Mollinedo, los estudios de economía sumergida que se han realizado hasta el momento indican una tendencia claramente creciente.
Es verdad que los resultados de la AEAT también tienen una tendencia creciente, pero no lo suficiente como para reducir la economía sumergida. Un reflejo de la actualidad sería pasear por la calle y ver una oficina de la administración tributaria en la que hay particulares que han olvidado alguna parte de su declaración de la renta. El ejemplo que pone Mollinedo es el bono joven del alquiler: “cuando se tenga que declarar y no se haga, que se les llame”.
“La economía sumergida aumenta a más velocidad que lo que la Agencia Tributaria puede descubrir, y esto significa que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Es decir, no incidimos con suficiente intensidad contra el fraude fiscal porque este aumenta”, recalca Mollinedo. Como conclusión: no hay tendencia que indique que vaya a descender.
¿Cómo combatir la evasión tributaria?
Diferenciamos dos cuestiones principales: elusión y evasión. La elusión queda vinculada con aprovechar al máximo las ventajas fiscales que establece la normativa de cada impuesto para pagar la menor cantidad. “Esto cuando se producen situaciones ‘abusivas’ deben modificarse”, como se ha modificado, por ejemplo, con las sicavs.
Con efectos para este 2022, se ha establecido una tributación mínima para las compañías que facturan más de 20 millones de euros del 15% de su base imponible. Al fin y al cabo, Mollinedo entiende que “cuanto más ambiciosa sea la medida, más efectos provoca”.
Por otro lado, la evasión se verifica a través de dos mecanismos formados por las personas dedicadas a la lucha del control tributario y las competencias. Desde la perspectiva del Técnico de Hacienda, “si tenemos la mitad de los efectivos que la media de las administraciones tributarias europeas, no es difícil que tengamos algo más del doble de economía sumergida”. Él denuncia que sería necesario contar con 26.000 efectivos más de los 27.000 que son ahora.
“Si lo más grande no se investiga, sigue creciendo”, comenta. De ahí la idea de que hay que dedicar el grueso de la investigación a lo más complejo, de tal forma que, centrando la atención en los fraudes más grandes, la economía sumergida podría reducirse. Las grandes fortunas ya no incurren en discrepancias, dado que tienen, en su mayoría, un departamento de fiscalidad o tributación.
Novedades en el plan
A la espera del desarrollo reglamentario, hoy es necesario controlar la titularidad y las operaciones que se realizan con monedas virtuales. El planteamiento desarrolla un control doble. Por un lado, se va a obtener de las entidades que intervienen con monedas virtuales, para saber qué operaciones pueden existir entre monedas. Y, por otro lado, “a los titulares se les va a exigir como una obligación semejante a la de bienes en el exterior”. Es decir, que identifiquen esas criptomonedas que puedan estar alojadas en servidores fuera de nuestro país.
A finales de enero, la justicia europea declaró ilegal el régimen sancionador de la declaración de bienes en el extranjero por parte de Hacienda. Mollinedo sintetiza, “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado recientemente en contra de las sentencias tan duras y de la imprescriptibilidad que se establecía”. Una cuestión que no afecta a las monedas virtuales porque en la ley no se establece la imprescriptibilidad, pero en ella sí se remarca las sanciones correspondientes por la falta de declaración.
José María Mollinedo (Gestha): “Tenemos la mitad de los efectivos que la media de las administraciones tributarias europeas y algo más del doble de economía sumergida”
Los 'mariachis' y las sicavs
En estas últimas semanas se ha hablado de la reconversión de las sociedades de inversión de capital variable (sicav). “Cuando finalice el plazo transitorio que se ha dado para su disolución o su conversión en otros segmentos colectivos de inversión, nos daremos cuenta de por qué desde hace tanto tiempo los técnicos del Ministerio de Hacienda estábamos reclamando una modificación del régimen de las sicavs”, sentencia Mollinedo.
Los accionistas, conocidos en el argot financiero como ‘mariachis’, gracias a la ley de lucha contra la evasión tributaria, no podrán convertir las sicavs en sociedades de inversión de capital privado o familiar.
Actualmente, se están reconvirtiendo o liquidando buena parte de las sicavs, que estaban en manos de estas grandes fortunas, porque, como comenta el técnico, “saben que ya dejan de tributar al 1% y a partir de que finalice el plazo transitorio van a tributar al 25%”. A lo que añade que, por ende, todas aquellas sicavs que en realidad eran instituciones o vehículos de inversión privada para evitar el pago de impuestos por las grandes fortunas, “van a desaparecer”.
Por ello, la Agencia Tributaria a través del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 va a tener bastante trabajo sobre ellas para verificar su control.
Las viviendas de lujo
La cuestión más novedosa del plan es detectar el origen o titular de las viviendas de lujo, instrumentalizadas a través de sociedades interpuestas domiciliadas en Gibraltar o bien en otros paraísos fiscales, repartidas por España. “En realidad el cliente siempre es el mismo, la misma persona”, confirma Mollinedo.
Hablamos de las propiedades de las grandes empresas, que no solo poseen viviendas de lujo, pues se le suman embarcaciones de recreo y aeronaves de uso particular que vehiculan a través de empresas de alquiler. Estas son las cuestiones que están en el haber del plan.
En el lado del deber
“No hay un aumento de plantilla para este año”, esa es la realidad confirmada por José María Mollinedo. El proceso es el siguiente: se crea la oferta de empleo público, pero desde la convocatoria de las oposiciones hasta que culminan y se pasa por el proceso de formación en la escuela de Hacienda Pública, “pues pasan fácilmente dos años, entonces no se va a visibilizar el aumento de plantilla”, recalca.
Como consecuencia de las jubilaciones en este sector, Mollinedo afirma que “vamos a perder efectivos en los próximos años si no se toman decisiones respecto al aumento de plantilla mucho más numerosas” ¿En qué se traduce esta falta? En que los delitos contra la Hacienda Pública no se puedan investigar. Una situación que afecta a los técnicos, que son aquellos que tienen las competencias para proponer sanciones, liquidar deudas o investigar.
